El “Frente Popular de la Casta”, rival imaginario de Milei
La ley de financiamiento universitario mostró al Gobierno los escollos políticos que enfrenta, pero también los rostros en la marcha de una dirigencia a la que atribuye el fracaso argentino
Francisco Olivera
En el fragor de la manifestación del miércoles, la segunda multitudinaria en su contra, y seguramente inquieto ante la posibilidad de que la oposición reúna los votos para ratificar la ley de financiamiento universitario en el Congreso, el Gobierno encontró de todos modos motivos para celebrar a medida que iba detectando en la protesta presencias de líderes con los que ha decidido confrontar públicamente. Massa, Cristina Kirchner, Pablo Moyano, Espinoza, Rodríguez Larreta, Lousteau: lo más destacado de una dirigencia a la que Milei le atribuye el fracaso argentino y hasta la responsabilidad de su arribo al poder. El “Frente Popular de la Casta”, lo definió con ironía el analista Pablo Touzón.
El adversario soñado. La Casa Rosada lo expuso en el comunicado que emitió esa misma noche y el Presidente lo repitió al día siguiente en un almuerzo con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quien felicitó por el debate con Emiliano Yacobitti en los estudios de TN. El contrapunto con esta oposición, apuntalado además desde anteayer por el reclamo de varios intendentes peronistas para que Cristina Kirchner conduzca el PJ, incluye sin embargo algunos riesgos. El más elemental es económico: darles vida y posibilidades de competir en las legislativas de 2025 a proyectos que el mercado rechaza no ayuda a bajar el riesgo país, sino todo lo contrario.
La otra advertencia es conceptual. Identificar a la universidad con todos los vicios de la política puede ser tentador, pero al mismo tiempo engañoso, porque hay una parte importante de la clase media argentina que la sigue considerando, con razón o no, una bandera no contaminada. La educación gratuita funciona todavía en la cabeza de muchos sectores como la parte de la Argentina que hay que mantener o en todo caso recuperar. Es lo que queda de la “justicia social”.
Queda por ver, además, qué actitud real está dispuesto a tomar el Gobierno al respecto. ¿Avanzar a fondo exponiendo en serio, como insinuó Álvarez frente a Yacobitti, la falta de transparencia de muchos convenios universitarios? ¿O todo quedará en la retórica? La cuestión pone en juego la capacidad transformadora de Milei. Hasta ahora, la misma administración que expone a la conducción de la UBA viene conviviendo sin inconvenientes con el dúo que conduce el PAMI, Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, director y subdirector del organismo, respectivamente, ambos provenientes de la Facultad de Medicina y parte de ese universo militante. Es un área en la que, como en tantas otras, avanza con paso firme Santiago Caputo.
Leguízamo y Zamparolo tienen desde hace tiempo una relación inmejorable con el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, que ha pasado a ser uno de los funcionarios más gravitantes del Gobierno. Padre de Rodrigo, exsocio de Caputo en la consultora de comunicación, Lugones estrenó esta semana el cargo con una decisión explosiva: echó al consejo de administración del Hospital Garrahan por haberles dado a los empleados un bono de 500.000 pesos. ¿Exceso de celo fiscal? En el Gobierno lo atribuyen más bien a un escarmiento no admitido o acaso una advertencia: tres de los funcionarios de ese consejo habían sido designados por Mario Russo, el ministro echado la semana pasada. Oscar Imventarza, Silvia Prieri y Andrés Scarzi. Hay que entender los despidos en el contrapunto que Caputo y Lugones tienen todavía con Sandra Pettovello, que fue quien llevó en su momento a Russo al ministerio.
El “triángulo de hierro” avanza. Y en algunos rincones del Estado se reacomoda. Esta semana, por ejemplo, Jorge Horacio Menem, primo de Eduardo “Lule” Menem, el segundo de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, fue ascendido a director de Reingeniería de Procesos Aduaneros de la AFIP, un área estratégica donde se desempeñaba Maximiliano Luengo, durante muchos años hombre de confianza de Ricardo Echegaray. La Aduana es uno de los ámbitos en los que el Gobierno todavía convive con funcionarios cercanos a Sergio Massa. De la dirección que pasó ahora a conducir Menem dependen decisiones que conciernen, por ejemplo, a proveedores de monitoreo satelital para la fiscalización de mercadería y cultivos. Hay seis autorizados, algunos con una historia interesante. Dos de ellos, RSI Group y Sistelcom, pertenecen a empresarios de buena relación con Echegaray. Todo es ultrasensible en la Aduana.
Imposible que este modo de abrirse paso no vaya afectando intereses o egos dentro de la propia administración. Será interesante ver, por ejemplo, cómo reaccionan Caputo y Lugones a las ideas que Federico Sturzenegger prepara para la industria farmacéutica. La primera se dio a conocer anteayer: el Gobierno autorizará a la provincia de Mendoza a importar 25 medicamentos de la India por fuera de los lineamientos de la Anmat. Los términos y el alcance de la medida se van a tratar la semana próxima en una reunión entre Lugones y los funcionarios del gobernador Alfredo Cornejo, pero llama la atención que Sturzenegger ya haya anticipado todo por Twitter. “En las próximas horas el gobernador @alfredocornejo recibirá una carta del ministro de Salud, @milugones, que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina. La carta de @milugones confirmará que la ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia. En español, esto quiere decir que el gobernador no tiene necesidad de autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos”, publicó. Más detalles sobre lo todavía no ocurrido, imposible. ¿Temía el ministro de Desregulación que alguien se arrepintiera? Dato ilustrativo: hasta la semana pasada, Sturzenegger venía preparando la medida con Russo, con quien se entendía a la perfección.
Será la primera de una serie de decisiones. Sturzenegger suele atribuir los problemas del sector a dos responsables corporativos, la CGT y los laboratorios. Dicen que, por ejemplo, no se lleva bien con Hugo Sigman, dueño del grupo Elea y quien en general asume los reclamos de la industria frente al Gobierno. Sigman y la CGT tienen, a su vez, bueno y frecuente trato con Lugones. ¿Viene entonces otra interna?
Lo que Sturzenegger cuestiona son en realidad los precios, que ubica en niveles superiores incluso a los de Estados Unidos. “Está obsesionado con ese tema”, dijo a este diario un lobista que admite que el ministro tiene siempre 20 minutos iniciales de humor difícil en las reuniones con estas cámaras, pero que se va aplacando hacia el final. No serán de todos modos las únicas discusiones. Tarde o temprano la CGT o Héctor Daer reaccionarán ante la reaparición de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, que acaba de anunciar que, tal como lo permite el decreto 70, que redactó Sturzenegger, dará servicios sin la intermediación de las obras sociales. ¿La reivindicación de las prepagas ante Milei y Luis Caputo, después del enfrentamiento que tuvieron en abril por los precios de las cuotas? Observación vital: Lugones ha tenido sus encontronazos con Belocopitt.
“Viene una batalla campal”, anticipó a un empresario. Tal vez por eso en La Libertad Avanza no se atreven todavía a anticipar un desenlace. Consideran, con razón, al sector farmacéutico entre los más poderosos del mundo. “Esta era la última industria”, se lamentó alguien que conoce bien a Milei. La pelea con el “Frente Popular de la Casta” parece en cambio más rendidora
La educación gratuita funciona todavía en la cabeza de muchos sectores como la parte de la Argentina que hay que mantener o en todo caso recuperar. Es lo que queda de la “justicia social”
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La pesadilla de las expensas
Urge descentralizar la negociación salarial de los encargados de edificios y reducir los costos impositivos que afrontan los copropietarios e inquilinos
Las expensas en los edificios de la ciudad de Buenos Aires se incrementaron en promedio el 6,58% durante agosto último y ya acumulan una suba del 114,9% a lo largo de 2024. Se trata de una cifra superior a la inflación del mismo período medida por el índice de precios al consumidor (106,8%), y que da cuenta de cómo este gasto se ha transformado en una pesadilla para una gran parte de la población, ya se trate de copropietarios o inquilinos.
Los datos surgen del relevamiento de la plataforma Consorcio Abierto, según el cual el valor promedio de las expensas en el distrito porteño superó en agosto los 201.000 pesos, siendo el salario de los encargados de edificios el principal componente de los costos, dado que representa más del 30%, seguido de los servicios públicos, el mantenimiento del edificio y la limpieza.
La morosidad continúa siendo muy elevada, por cuanto ronda el 35%, en tanto que las expensas con deuda subieron el 7,2% solo en agosto. Hoy el 17% de las unidades funcionales de cada edificio acumula deudas con el consorcio, de acuerdo con el citado rastreo.
La situación podría ser incluso peor si la Legislatura porteña, al aprobar el 26 de septiembre último los cambios del Código Urbanístico, no hubiera rechazado una propuesta de legisladores peronistas que planteaban la obligatoriedad de hacer una vivienda para encargados en edificios con más de 25 departamentos que se construyan en adelante. Esta idea había sido derogada por el actual Código, votado en 2018, de tal modo que la construcción o no de esa vivienda queda sujeta a la voluntad de los desarrolladores inmobiliarios.
El polémico artículo fue bautizado por la legisladora del bloque Confianza Pública Graciela Ocaña como “ley Francella”, en referencia al personaje de la serie El encargado que ha protagonizado con éxito el actor Guillermo Francella. En la primera temporada de esa ficción televisiva, se presenta el intento de un consorcio de copropietarios de eliminar la vivienda del encargado para construir en su lugar una pileta de natación.
Finalmente, hubo mayoría de votos en la Legislatura para rechazar el artículo que buscaba restablecer la obligatoriedad de que los edificios tuvieran vivienda para el portero, sin importar la dimensión del inmueble ni la cantidad de unidades funcionales que posea.
Los salarios de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) han experimentado aumentos que se hallan por encima de las posibilidades de la mayoría de los consorcistas y de quienes alquilan un departamento en la Capital Federal. Se trata de una situación facilitada por la virtual ausencia de peso y representatividad de los propietarios e inquilinos en la negociación paritaria, por lo que el mencionado gremio impone sus demandas prácticamente a su gusto y sin mayor resistencia.
Puede pensarse que este escenario favorece claramente a los encargados, que además de un buen sueldo gozan de beneficios y pagos adicio30 nales que no existen en otras actividades, además de vivienda en el edificio en la mayoría de los casos.
Sin embargo, los incrementos constantes de las expensas y de la morosidad están perjudicando a los propios trabajadores. A tal punto que, con el propósito de reducir costos, no pocos consorcios de copropietarios están desprendiéndose de los encargados y delegando las tareas de limpieza de sus edificios en personal doméstico por horas, cuando no en los propios consorcistas. Del mismo modo, otros consorcios resuelven prescindir del encargado para alquilar el espacio empleado como vivienda permanente de este y así sumar una renta que permita afrontar los abultados costos de la propiedad horizontal.
Es imperioso avanzar hacia una descentralización de la negociación colectiva, para que la discusión salarial y de las condiciones de trabajo quede a cargo de cada consorcio y sus empleados.
Asimismo, el Estado podría contribuir a que las expensas dejaran de resultar impagables, reduciendo el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos en edificios destinados a vivienda, además de limitar los aumentos de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y del impuesto inmobiliario.
El sector afronta una auténtica situación de emergencia que exige soluciones antes de que la mayoría de los consorcistas no pueda pagar las expensas ni, mucho menos, hacerse cargo de las tan indispensables tareas de mantenimiento que requieren los edificios.
En el fragor de la manifestación del miércoles, la segunda multitudinaria en su contra, y seguramente inquieto ante la posibilidad de que la oposición reúna los votos para ratificar la ley de financiamiento universitario en el Congreso, el Gobierno encontró de todos modos motivos para celebrar a medida que iba detectando en la protesta presencias de líderes con los que ha decidido confrontar públicamente. Massa, Cristina Kirchner, Pablo Moyano, Espinoza, Rodríguez Larreta, Lousteau: lo más destacado de una dirigencia a la que Milei le atribuye el fracaso argentino y hasta la responsabilidad de su arribo al poder. El “Frente Popular de la Casta”, lo definió con ironía el analista Pablo Touzón.
El adversario soñado. La Casa Rosada lo expuso en el comunicado que emitió esa misma noche y el Presidente lo repitió al día siguiente en un almuerzo con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quien felicitó por el debate con Emiliano Yacobitti en los estudios de TN. El contrapunto con esta oposición, apuntalado además desde anteayer por el reclamo de varios intendentes peronistas para que Cristina Kirchner conduzca el PJ, incluye sin embargo algunos riesgos. El más elemental es económico: darles vida y posibilidades de competir en las legislativas de 2025 a proyectos que el mercado rechaza no ayuda a bajar el riesgo país, sino todo lo contrario.
La otra advertencia es conceptual. Identificar a la universidad con todos los vicios de la política puede ser tentador, pero al mismo tiempo engañoso, porque hay una parte importante de la clase media argentina que la sigue considerando, con razón o no, una bandera no contaminada. La educación gratuita funciona todavía en la cabeza de muchos sectores como la parte de la Argentina que hay que mantener o en todo caso recuperar. Es lo que queda de la “justicia social”.
Queda por ver, además, qué actitud real está dispuesto a tomar el Gobierno al respecto. ¿Avanzar a fondo exponiendo en serio, como insinuó Álvarez frente a Yacobitti, la falta de transparencia de muchos convenios universitarios? ¿O todo quedará en la retórica? La cuestión pone en juego la capacidad transformadora de Milei. Hasta ahora, la misma administración que expone a la conducción de la UBA viene conviviendo sin inconvenientes con el dúo que conduce el PAMI, Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, director y subdirector del organismo, respectivamente, ambos provenientes de la Facultad de Medicina y parte de ese universo militante. Es un área en la que, como en tantas otras, avanza con paso firme Santiago Caputo.
Leguízamo y Zamparolo tienen desde hace tiempo una relación inmejorable con el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, que ha pasado a ser uno de los funcionarios más gravitantes del Gobierno. Padre de Rodrigo, exsocio de Caputo en la consultora de comunicación, Lugones estrenó esta semana el cargo con una decisión explosiva: echó al consejo de administración del Hospital Garrahan por haberles dado a los empleados un bono de 500.000 pesos. ¿Exceso de celo fiscal? En el Gobierno lo atribuyen más bien a un escarmiento no admitido o acaso una advertencia: tres de los funcionarios de ese consejo habían sido designados por Mario Russo, el ministro echado la semana pasada. Oscar Imventarza, Silvia Prieri y Andrés Scarzi. Hay que entender los despidos en el contrapunto que Caputo y Lugones tienen todavía con Sandra Pettovello, que fue quien llevó en su momento a Russo al ministerio.
El “triángulo de hierro” avanza. Y en algunos rincones del Estado se reacomoda. Esta semana, por ejemplo, Jorge Horacio Menem, primo de Eduardo “Lule” Menem, el segundo de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, fue ascendido a director de Reingeniería de Procesos Aduaneros de la AFIP, un área estratégica donde se desempeñaba Maximiliano Luengo, durante muchos años hombre de confianza de Ricardo Echegaray. La Aduana es uno de los ámbitos en los que el Gobierno todavía convive con funcionarios cercanos a Sergio Massa. De la dirección que pasó ahora a conducir Menem dependen decisiones que conciernen, por ejemplo, a proveedores de monitoreo satelital para la fiscalización de mercadería y cultivos. Hay seis autorizados, algunos con una historia interesante. Dos de ellos, RSI Group y Sistelcom, pertenecen a empresarios de buena relación con Echegaray. Todo es ultrasensible en la Aduana.
Imposible que este modo de abrirse paso no vaya afectando intereses o egos dentro de la propia administración. Será interesante ver, por ejemplo, cómo reaccionan Caputo y Lugones a las ideas que Federico Sturzenegger prepara para la industria farmacéutica. La primera se dio a conocer anteayer: el Gobierno autorizará a la provincia de Mendoza a importar 25 medicamentos de la India por fuera de los lineamientos de la Anmat. Los términos y el alcance de la medida se van a tratar la semana próxima en una reunión entre Lugones y los funcionarios del gobernador Alfredo Cornejo, pero llama la atención que Sturzenegger ya haya anticipado todo por Twitter. “En las próximas horas el gobernador @alfredocornejo recibirá una carta del ministro de Salud, @milugones, que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina. La carta de @milugones confirmará que la ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia. En español, esto quiere decir que el gobernador no tiene necesidad de autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos”, publicó. Más detalles sobre lo todavía no ocurrido, imposible. ¿Temía el ministro de Desregulación que alguien se arrepintiera? Dato ilustrativo: hasta la semana pasada, Sturzenegger venía preparando la medida con Russo, con quien se entendía a la perfección.
Será la primera de una serie de decisiones. Sturzenegger suele atribuir los problemas del sector a dos responsables corporativos, la CGT y los laboratorios. Dicen que, por ejemplo, no se lleva bien con Hugo Sigman, dueño del grupo Elea y quien en general asume los reclamos de la industria frente al Gobierno. Sigman y la CGT tienen, a su vez, bueno y frecuente trato con Lugones. ¿Viene entonces otra interna?
Lo que Sturzenegger cuestiona son en realidad los precios, que ubica en niveles superiores incluso a los de Estados Unidos. “Está obsesionado con ese tema”, dijo a este diario un lobista que admite que el ministro tiene siempre 20 minutos iniciales de humor difícil en las reuniones con estas cámaras, pero que se va aplacando hacia el final. No serán de todos modos las únicas discusiones. Tarde o temprano la CGT o Héctor Daer reaccionarán ante la reaparición de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, que acaba de anunciar que, tal como lo permite el decreto 70, que redactó Sturzenegger, dará servicios sin la intermediación de las obras sociales. ¿La reivindicación de las prepagas ante Milei y Luis Caputo, después del enfrentamiento que tuvieron en abril por los precios de las cuotas? Observación vital: Lugones ha tenido sus encontronazos con Belocopitt.
“Viene una batalla campal”, anticipó a un empresario. Tal vez por eso en La Libertad Avanza no se atreven todavía a anticipar un desenlace. Consideran, con razón, al sector farmacéutico entre los más poderosos del mundo. “Esta era la última industria”, se lamentó alguien que conoce bien a Milei. La pelea con el “Frente Popular de la Casta” parece en cambio más rendidora
La educación gratuita funciona todavía en la cabeza de muchos sectores como la parte de la Argentina que hay que mantener o en todo caso recuperar. Es lo que queda de la “justicia social”
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La pesadilla de las expensas
Urge descentralizar la negociación salarial de los encargados de edificios y reducir los costos impositivos que afrontan los copropietarios e inquilinos
Las expensas en los edificios de la ciudad de Buenos Aires se incrementaron en promedio el 6,58% durante agosto último y ya acumulan una suba del 114,9% a lo largo de 2024. Se trata de una cifra superior a la inflación del mismo período medida por el índice de precios al consumidor (106,8%), y que da cuenta de cómo este gasto se ha transformado en una pesadilla para una gran parte de la población, ya se trate de copropietarios o inquilinos.
Los datos surgen del relevamiento de la plataforma Consorcio Abierto, según el cual el valor promedio de las expensas en el distrito porteño superó en agosto los 201.000 pesos, siendo el salario de los encargados de edificios el principal componente de los costos, dado que representa más del 30%, seguido de los servicios públicos, el mantenimiento del edificio y la limpieza.
La morosidad continúa siendo muy elevada, por cuanto ronda el 35%, en tanto que las expensas con deuda subieron el 7,2% solo en agosto. Hoy el 17% de las unidades funcionales de cada edificio acumula deudas con el consorcio, de acuerdo con el citado rastreo.
La situación podría ser incluso peor si la Legislatura porteña, al aprobar el 26 de septiembre último los cambios del Código Urbanístico, no hubiera rechazado una propuesta de legisladores peronistas que planteaban la obligatoriedad de hacer una vivienda para encargados en edificios con más de 25 departamentos que se construyan en adelante. Esta idea había sido derogada por el actual Código, votado en 2018, de tal modo que la construcción o no de esa vivienda queda sujeta a la voluntad de los desarrolladores inmobiliarios.
El polémico artículo fue bautizado por la legisladora del bloque Confianza Pública Graciela Ocaña como “ley Francella”, en referencia al personaje de la serie El encargado que ha protagonizado con éxito el actor Guillermo Francella. En la primera temporada de esa ficción televisiva, se presenta el intento de un consorcio de copropietarios de eliminar la vivienda del encargado para construir en su lugar una pileta de natación.
Finalmente, hubo mayoría de votos en la Legislatura para rechazar el artículo que buscaba restablecer la obligatoriedad de que los edificios tuvieran vivienda para el portero, sin importar la dimensión del inmueble ni la cantidad de unidades funcionales que posea.
Los salarios de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) han experimentado aumentos que se hallan por encima de las posibilidades de la mayoría de los consorcistas y de quienes alquilan un departamento en la Capital Federal. Se trata de una situación facilitada por la virtual ausencia de peso y representatividad de los propietarios e inquilinos en la negociación paritaria, por lo que el mencionado gremio impone sus demandas prácticamente a su gusto y sin mayor resistencia.
Puede pensarse que este escenario favorece claramente a los encargados, que además de un buen sueldo gozan de beneficios y pagos adicio30 nales que no existen en otras actividades, además de vivienda en el edificio en la mayoría de los casos.
Sin embargo, los incrementos constantes de las expensas y de la morosidad están perjudicando a los propios trabajadores. A tal punto que, con el propósito de reducir costos, no pocos consorcios de copropietarios están desprendiéndose de los encargados y delegando las tareas de limpieza de sus edificios en personal doméstico por horas, cuando no en los propios consorcistas. Del mismo modo, otros consorcios resuelven prescindir del encargado para alquilar el espacio empleado como vivienda permanente de este y así sumar una renta que permita afrontar los abultados costos de la propiedad horizontal.
Es imperioso avanzar hacia una descentralización de la negociación colectiva, para que la discusión salarial y de las condiciones de trabajo quede a cargo de cada consorcio y sus empleados.
Asimismo, el Estado podría contribuir a que las expensas dejaran de resultar impagables, reduciendo el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos en edificios destinados a vivienda, además de limitar los aumentos de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y del impuesto inmobiliario.
El sector afronta una auténtica situación de emergencia que exige soluciones antes de que la mayoría de los consorcistas no pueda pagar las expensas ni, mucho menos, hacerse cargo de las tan indispensables tareas de mantenimiento que requieren los edificios.
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