¿Amiguismo y obediencia, o idoneidad y profesionalismo? El otro debate sobre el Estado
Designaciones polémicas y “auditorías” ideológicas generan interrogantes sobre una reforma necesaria y bien encaminada en la estructura pública
Luciano Román
Milei convirtió a la motosierra en un símbolo del ajuste en el Estado
Un mérito indiscutible le cabe al gobierno de Milei: puso en debate la dimensión y el financiamiento del Estado en la Argentina. Logró instalar ideas básicas y fundamentales, como que el Estado no es un barril sin fondo y que el déficit fiscal es una gigantesca trampa que estrangula cualquier posibilidad de desarrollo. También se ha lanzado a combatir una intrincada trama de regulaciones que complican la vida de los ciudadanos, desalientan la inversión y favorecen la corrupción. No solo ha puesto esos temas en el centro de la agenda, sino que ha avanzado con reestructuraciones y reformas que apuntan a sanear y transparentar el andamiaje público. A veces lo ha hecho con más estridencia que eficacia, pero hay progresos innegables y una aparente vocación para ir a fondo en el desmantelamiento de distorsiones y corruptelas enquistadas en la laberíntica burocracia estatal. Sin embargo, el énfasis en la motosierra, la desregulación y el ajuste parecería mucho más marcado del que se pone en otras necesidades cruciales, como la institucionalidad, la profesionalización y la ecuanimidad en la selección de servidores públicos.
Algunos cambios resonantes, como la reestructuración de la Afip o la reforma del organismo de Inteligencia, no han incluido una selección rigurosa ni transparente de nuevos cuadros de conducción. Para cubrir los puestos más encumbrados se ha recurrido a “amigos”, en algunos casos, o a viejos referentes de esas mismas estructuras que exhiben algo más parecido a un prontuario que a un curriculum.
Resulta indispensable, por supuesto, la voluntad de “resetear” áreas medulares del Estado que habían sido colonizadas por una cultura opaca de utilización política y privilegios sectoriales. Como siempre, sin embargo, es importante el “qué”, pero también el “cómo”. Si la “disolución” de la vieja Afip hubiera ido acompañada por un llamado a concurso nacional para cubrir las máximas jefaturas de la DGI y de la Aduana, hoy estaríamos hablando de un verdadero cambio de fondo. Si se hubiera conformado un jurado de intachable idoneidad técnica y probada independencia para evaluar a los aspirantes a cubrir esos cargos del escalafón nacional, se hubiera dado una poderosa señal a los inversores y a toda la sociedad. Se hubiera inaugurado, de algún modo, la era de un Estado profesional, donde la solvencia le ganara a la militancia y al amiguismo, y donde la ecuanimidad se impusiera frente a la discrecionalidad política.
Tras el traumático relevo en la Cancillería, el Presidente ahora ha puesto el foco sobre el servicio exterior, pero no tanto en su idoneidad como en su “pureza doctrinaria”. El Gobierno anunció una auditoría ideológica entre el personal de carrera que parece remitir, en su formulación y su espíritu, a un proceso inquisidor con tintes de caza de brujas. ¿Se quiere un Estado más eficiente o más “puro” en términos doctrinarios? ¿Se proponen estructuras más competentes y profesionales o más alineadas con el dogma oficialista? ¿Se propicia una atmósfera de libertad y pluralismo o de disciplinamiento y temor?
Tras el despido de Mondino se anunció una auditoría ideológica en la Cancillería
Por supuesto que es el Presidente el que marca la orientación y los lineamientos de la política exterior, como de toda la gestión de gobierno. Si se hubiera incumplido una instrucción o no se hubiera seguido un procedimiento de consulta, estaríamos frente a una falla de idoneidad, no frente a una deslealtad ideológica. La distinción es fundamental: tiene que ver con la forma en la que se concibe el Estado. ¿Debe ser una estructura profesional, ecuánime y competente, o una maquinaria leal, uniforme y obediente?
Son preguntas que remiten a una cuestión de fondo: ¿cómo se combate la cultura kirchnerista que colonizó el Estado con espíritu de apropiación? ¿con los mismos métodos, pero en sentido contrario? ¿o con una apuesta a los concursos y al escalafón que priorice a los mejores por encima de “los propios”?
Hace pocas semanas el Gobierno anunció un examen para empleados públicos, que se tomará y corregirá través de una plataforma digital para evitar, precisamente, que el proceso se vea contaminado por simpatías o afinidades. Es una medida en la dirección correcta porque apunta a medir la idoneidad y la solvencia con parámetros ecuánimes, alejados de la discrecionalidad y el acomodo. Sin embargo, esa idea parece limitada y hasta incluso contradictoria con otras decisiones gubernamentales que marchan en la dirección contraria.
¿Cuáles fueron los mecanismos de selección y consulta para proponer a un oscuro burócrata con antecedentes vidriosos al frente de la DGI? ¿O para designar como titular de la SIDE a un funcionario sin trayectoria ni experiencia en el complejo mundo de la inteligencia? En esos casos se ha perdido la oportunidad de escuchar opiniones de especialistas, de organizaciones prestigiosas y colegios profesionales de todo el país que tal vez podrían haber aportado nombres, pero sobre todo ideas para dotar a esos nombramientos de mayor institucionalidad. En general se ha actuado con lógica facciosa y de componenda política, no con perspectiva de Estado.
Algo parecido había ocurrido, en los inicios del gobierno, con el despido de Osvaldo Giordano de la Anses. Su designación había surgido de un proceso virtuoso: la consulta con gobernadores. Se lo reconocía como un funcionario solvente e intachable. En apenas dos semanas de gestión descubrió el negociado de los seguros. Pero el voto supuestamente “desleal” de su mujer en el Congreso lo eyectó del Ejecutivo. El mensaje fue desconcertante: la obediencia (y no solo la propia, sino la de “los suyos”), por encima de la capacidad.
La salida de Osvaldo Giordano de la Anses dejó dudas e interrogantes
Es paradójico, pero al intentar combatir al kirchnerismo con su misma lógica, hasta aparecen en escena nombres “importados” de la “década perdida”. El nuevo jefe de la DGI parece haber mutado de entusiasmo, pero fue un obediente funcionario de la Afip de aquellos años. Llegó a encabezar, incluso, operativos intimidatorios contra empresas perseguidas por el kirchnerismo. En la SIDE vuelven a tallar los nombres de siempre como operadores oscuros de un sistema que, desde hace años, reclama institucionalidad y transparencia.
La Argentina ha extraviado la lógica del concurso. Uno de los grandes daños que le hizo el populismo al Estado es la destrucción de la carrera administrativa y de las líneas técnicas en los organismos públicos, que así perdieron calidad e independencia de los gobiernos de turno. Se arrinconó a los profesionales de carrera para reemplazarlos por una militancia obsecuente que no era llamada a administrar y gestionar, sino a hacer lo que le pedían, aunque fuera inconfesable. Uno de los casos más burdos fue el del INDEC, pero está muy lejos de haber sido una excepción. Obediencia y uniformidad ideológica fueron los requisitos esenciales para “acomodarse” en el Estado. La regla regía para cualquier estamento.
Hoy mismo, en la provincia gobernada por Kicillof, hasta los elencos artísticos oficiales piden primero disciplina partidaria antes que saber actuar, cantar o bailar. Basta recordar el caso del cantante lírico Christian Peregrino, que fue “bajado” del Réquiem de Verdi por pronunciarse en las redes a favor de Milei. Parece un dato anecdótico, pero ilustra hasta qué extremo llega en el kirchnerismo la idea de apropiación ideológica del Estado.
En los ámbitos en los que sobreviven mecanismos de evaluación y concursos, como el de la magistratura, se las han ingeniado para desnaturalizarlos y habilitar la discrecionalidad política. Hay que ver lo que pasa, por ejemplo, con el orden de mérito de los candidatos a jueces: se establece por los antecedentes y por los resultados de un examen, pero después se puede cambiar arbitrariamente por la impresión que dé el candidato en una entrevista personal. Lo ha explicado muy bien el exconsejero Pablo Tonelli en una columna : alguien puede pasar del lugar 30 en el que quedó por un examen a liderar una terna por la evaluación subjetiva que se haya hecho de su actuación en una entrevista. Son trampas que esconden los reglamentos, pero que consolidan la cultura de la discrecionalidad y el acomodo.
Combatir el amiguismo y la obsecuencia es tan importante como combatir el sobredimensionamiento y la corrupción en el Estado.
Concursos confiables y rigurosos serían una garantía de calidad en el servicio público, pero también una defensa contra el “Estado pendular”, en el que cada uno barre a los que están para poner a “los propios”. Sería también una señal de estabilidad y de confianza, valores que no solo dependen de la macroeconomía y que son cruciales para atraer inversiones. Tal vez no estemos demasiado lejos si hubiera voluntad de escuchar.
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Ultimátum del Gobierno a Aerolíneas: amenaza con pedir el proceso preventivo de crisis si los gremios no bajan el conflicto
Según pudo saber la decisión salió de Casa Rosada tras la escalada del conflicto con los gremios; suma tensión en medio de las medidas de fuerza
Delfina Galarza
Paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas en aeroparque
En pleno conflicto entre el Gobierno y el sector aeronáutico tras el reciente paro sorpresivo llevado adelante el miércoles por la tarde por trabajadores de Intercargo, que afectó el funcionamiento en Aeroparque, el Gobierno dio un ultimátum a los gremios que operan dentro de Aerolíneas Argentinas. Según pudo saber desde la Casa Rosada tomaron la decisión de instar a los sindicatos a presentar una propuesta que contemple la operatividad sin conflictos de la empresa estatal. En caso contrario, avanzará con un plan preventivo de crisis. En principio, la reunión entre las partes será este viernes a las 14.
El proceso preventivo de crisis, de avanzar, disminuye las chances de los gremios de tomar acciones concretas y acota el despliegue de los jefes sindicales. En definitiva, puede derivar en un cierre de la empresa, aunque justamente por esa misma razón puede jugar a favor del Gobierno para limar las posibilidades de los que se sientan a la mesa a negociar, en este caso, las paritarias.
“Es una posibilidad que ya venía dando vueltas y hoy lo confirmaron”, señalaron fuentes allegadas a la Secretaría de Transporte. El detonante, según deslizan, fue el paro de Intercargo, a pesar de que la empresa de servicios de rampa no opera para Aerolíneas Argentinas. “Fue un gesto del sindicalismo para nosotros cuando se suponía que iban a aflojar”, resumen.
Si bien desde la cartera que conduce Franco Mogetta estaban al tanto de la iniciativa del Ejecutivo, la idea de dar un ultimátum surgió en las últimas horas de Casa Rosada. Algo similar ocurre en Secretaría de Trabajo, donde también estaban enterados de la decisión tomada en Balcarce 50.
Sin embargo, fuentes dentro de Aerolíneas Argentinas aclararon a este medio que dictar un procedimiento preventivo de crisis es “una posibilidad certera” que todavía no está confirmada.
Y sobre ello, precisaron: “No está confirmado porque podría darse la posibilidad de que se retomen las negociaciones en un corto período de tiempo. Hay charlas informales y está la posibilidad real que se retome una mesa de negociación como las que se venían teniendo”. En efecto, quien debe solicitar el procedimiento preventivo de crisis a la Secretaría de Trabajo es la propia empresa estatal.
Proceso preventivo de crisis
Según precisó , el proceso preventivo de crisis es una herramienta que entrega la legislación a una empresa cuando se dan ciertas condiciones para que se ejecute un plan que termine por salvar de la quiebra a la firma.
A través de un expediente administrativo, la empresa deberá probar ante las autoridades a cargo que las condiciones actuales la han llevado a una crisis. En el caso de que la Secretaría de Trabajo acceda al pedido de la empresa, los derechos gremiales quedan disminuidos, al igual que la posición de los jefes sindicales.
Un antecedente reciente es el de Télam que, antes de su cierre, fue comandada por Diego Chaher, por entonces interventor de los medios públicos y actualmente alfil de Santiago Caputo al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Fue el propio Chaher quien meses atrás lanzó un plan de retiros voluntarios en la ex agencia de noticias al que adhirió más del 50% del personal, bajo la tácita advertencia de un eventual cese y ante la amenaza del lanzamiento de un proceso preventivo de crisis, que jamás fue presentado ante la Secretaría de Trabajo, mucho menos homologado por su titular, Julio Cordero.
Más allá de cualquier estrategia, fuentes del Gobierno sostienen que la idea de avanzar con un plan preventivo de crisis ya se venía barajando e incluso fue comunicada a los gremios en más de una oportunidad. Pese a ello, ninguno de los sindicatos involucrados en el conflicto confirmaron a este medio que hayan recibido un ultimátum por parte del Ejecutivo.
En cambio, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a cargo de Pablo Biró, sostuvo que el Gobierno los citó este viernes a las 14 a una reunión paritaria, luego de haber suspendido la semana pasada cualquier instancia de diálogo con los sindicatos tras las medidas de fuerza llevadas adelante en los centros de formación y entrenamiento de pilotos (Cefepra). El cese de actividades dentro de Cefepra provocaron que Aerolíneas Argentinas tuviera que cancelar y reprogramas vuelos en los últimos días ante la falta de pilotos para comandar los Airbus 330.
Pero mientras por la tarde en Casa Rosada evaluaban avanzar con un proceso preventivo de crisis, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a cargo de Pablo Biró, confirmó la suspensión temporal de las medidas de fuerza en Cefepra, en post de retomar las mesas de diálogo con el Gobierno.
“Con relación al reclamo de recomposición salarial que mantenemos con Aerolíneas Argentinas, hemos decidió demostrar nuestra disposición al diálogo”, introduce el comunicado que compartió en X el sindicato que lidera Pablo Biró. “Por esta razón, a partir del jueves 7 de noviembre, suspendemos temporalmente las medidas de acción gremial en Cefepra, las cuales impactan en la actividad de los simuladores de vuelo y cursos teóricos”, detallaron a lo largo del comunicado bajo el argumento de retomar las negociaciones salariales “con un enfoque de buena fe”. Aun así advirtieron: “Si esto no se cumple, retomaremos las acciones programadas”.
Es la primera vez que el sindicato que conduce Biró desiste de una medida de fuerza. Aun así, la marcha atrás no termina de conmover al Gobierno. “Lo de APLA hubiera sido un buen gesto si se daba antes de lo de Intercargo”, reclamaba una fuente del oficialismo con conocimiento del conflicto. Resta ver si el malestar del Gobierno se trasladará este viernes a la reunión con los gremios y si se les exige, o no, una contrapartida para evitar avanzar en un plan preventivo de crisis.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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