LA OPINIÓN DE CLAUDIO JACQUELIN,

A falta de un plan, anuncios y medidas para relanzar la gestión
Claudio Jacquelin
Alberto Fernández intentará esta semana compensar lo que la gestión no le da ni la construcción política le presta. En vías de consumirse el sustento que le otorgó la administración de la pandemia, se propone relanzar el Gobierno con el anuncio de sesenta medidas económicas y tributarias, más el envío al Congreso del proyecto de reforma judicial. No le faltan ambición ni necesidades.
En la cantidad de iniciativas yen sus efectos paliativos inmediatos radicarían la fuerza y el impacto del combo económico por anunciar. Así lo imaginan en el Gobierno. No habría riesgo, por lo tanto, de contradecir el rechazo presidencial a los planes económicos.
Más que frente a la presentación de un programa, se estaría ante una revalorización de la técnica del patchwork. La reunión de piezas (o parches) destinadas a cubrir la contingencia busca construir la imagen de una administración activa. No importa que se vean las costuras.
Diferente sería el espíritu del proyecto de reforma judicial, que prometen enviar a la Cámara de Diputados en las próximas 48 horas (si es que el émulo del general Alais, encargado de hacerlo llegar, no encuentra otro motivo de retraso). La iniciativa en la que más se ha involucrado y que más representa al Presidente tendría las características de un plan integral. Aunque habrá que revisar si no se colaron algunas inconsistencias y otras cosas tras su paso por la oficina validadora del Instituto Patria. Fernández pone en juego su condición más autovalorada, la de profesor (adjunto) de Derecho Penal.
El entusiasmo y la expectativa que los anuncios generan en la Casa Rosada y en las oficinas propaladoras aledañas no disipan algunas dudas, incluso dentro del propio Gobierno, sobre el impacto que tendrán en la ciudadanía. Las miradas escépticas se posan especialmente en la modificación del servicio de justicia, aunque no queda indemne la batería económica.
“No va a ser fácil que la gente común, desbordada de necesidades, vea en la reforma judicial algo que la vaya a beneficiar. Tampoco está asegurado que logremos evitar que, a los que les preocupa la corrupción, la interpreten como un proyecto para consagrar la impunidad de Cristina y los suyos. Se va a necesitar una estrategia de comunicación muy eficiente y de voceros indiscutidos que la expliquen y la avalen. Y, aun así, tal vez no alcance”, se sincera un alto funcionario preocupado por el presente, pero mucho más por el futuro del gobierno que integra.
No es casual que en esa inquietud aparezcan las menciones y las dudas sobre eficiencia y comunicación. Fuera del universo pandémico, el balance no arroja resultados positivos para el Gobierno en esos rubros. El problema tendría una misma raíz: algunos déficits en la conducción política, que no termina de fijar un rumbo, de ordenar la interna del Frente de Todos, de ampliar la base de sustentación propia del Presidente y de construir voceros que acompañen o amplifiquen la voz presidencial, cada vez más desgastada por uso y abuso.
A pesar de la lenta pero sostenida caída de la imagen del Gobierno y del Presidente, los altos números que siguen mostrando las encuestas resultan un peligroso y anestesiante placebo, según admiten altos funcionarios que conservan el espíritu crítico y miran con preocupación el tiempo transcurrido sin cambios de fondo o con áreas donde la subejecución (para no decir la inacción) es norma.
Uno de los colaboradores presidenciales se lo manifestó recientemente al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de participar en una reunión en la que se procuraba endulzar cada sinsabor de la realidad con sondeos de opinión. El embrujo encuestadoril amenaza con atrapar incluso al alter ego presidencial, que hasta hace menos de dos meses relativizaba la importancia, así como la profundidad, de esos números.
La sombra de Macri
Un extraño e inquietante paralelismo entrevieron hace pocos días un actual funcionario y un exintegrante de los equipos macristas en una charla telefónica. “Macri no hacía ni nos dejaba hacer política para ampliar su base de sustentación porque confiaba en el apoyo que tenía en las encuestas y en la gestión. Al final, cuando falló la gestión, se encontró con que no tenía suficiente soporte político. ¿No temés que a Alberto le pase lo mismo: que la gestión no le alcance y que le falte sustento político propio para afrontar los problemas que se van a venir sin tener que hacerle más concesiones a Cristina?”, preguntó el macrista desencantado. El albertista angustiado sigue pensando para sí cuál sería la respuesta más adecuada sin atentar contra la sinceridad que el vínculo amerita ni admitir parecidos que lo flagelarían.
Los últimos avances de Cristina Kirchner y de varios habitués del Instituto Patria, que se animan a destratar a ministros y funcionarios nacionales de cuño albertista, se expresan con la suficiencia de no temer que eso se interprete como una desautorización al propio Presidente. Una verdadera relativización para las afirmaciones de otra pura sangre del albertismo, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, quien sostiene que “no hay dos terminales de poder, el Presidente es el que tiene el liderazgo”.
Mientras esas voces disonantes se reproducen, más elocuente se vuelve el silencio de quienes pueden darle consistencia al discurso y sustento a la gestión de Fernández, admiten con inquietud en las cercanías del despacho presidencial.
“Hay al menos cinco dirigentes de peso o con áreas muy importantes a cargo que deberían apoyar y darle volumen al Presidente, pero no se los oye sino para lo que a ellos les interesa y cuando hablan lo contradicen o no logran que alguien los escuche”, se lamentaba un ministro que tenía en su lista a Cristina y a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a Wado de Pedro y a Martín Guzmán, entre otros.
En este contexto cobra aún más significación la jibarización de los gobernadores, así como la falta de conducción de los intendentes del conurbano, muchos de los cuales ya dejaron de ser la esperanza de la construcción albertista en el territorio bonaerense para convertirse en un dolor de cabeza.
La inconsulta avanzada para estatizar la empresa Edesur es uno de esos casos que desvelan a los funcionarios que se asoman al abismo de los problemas sin ponerse el barbijo en los ojos. Uno de ellos, que conoce las entrañas de las administraciones del conurbano, sabe que algunos de los impulsores de esa medida, luego relativizada por el jefe de Gabinete, actuaron en beneficio y defensa propios. Todo se reduce, dice, a ocultar responsabilidades (que pueden llegar hasta el Código Penal) y sacarse la presión de encima de quienes padecen deficiencias del servicio eléctrico.
Algunos de esos jefes comunales deberían explicar qué hicieron ellos o sus antecesores con los fondos que las gestiones kirchneristas les enviaban de forma directa (eludiendo y minando a Daniel Scioli) para las obras de infraestructura en asentamientos y villas. Los problemas en la provisión de servicios no serían imputables (solamente) a las empresas.
Otro ejemplo de autonomía, falta de conducción y, por qué no, de impunidad acaba de quedar expuesto con la nula reacción pública de parte de las máximas autoridades oficialistas ante el escándalo protagonizado (otra vez) por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Pese a ser filmado admitiendo que “encubre” el delivery de droga en ambulancias municipales, el silencio de la gobernación y de la Presidencia fue estrepitoso.
La lealtad y el agradecimiento podrían confundirse a veces con el encubrimiento o la complicidad. La Universidad de José C. Paz (Unpaz), tutelada por Ishii, ofició como refugio laboral y fuente de ingresos durante los años macristas para buena parte de los integrantes del círculo de amigos y colaboradores más estrechos del actual gobernador Axel Kicillof. La mayoría de ellos son ministros u ocupan altos cargos en la gobernación. El intendente de José C. Paz no podrá ser imputado por imprevisión.
Las efervescencias y los desatinos de los jefes comunales del conurbano no solo se explican por fallas de la política, sino también por los déficits de la gestión. La crítica situación socioeconómica resalta y dispara otros problemas. Si bien la asistencia social estaría llegando, los problemas de coordinación por el loteo que existe en el ministerio de Daniel Arroyo complican muchas veces esta asistencia.
Pero el problema que empieza a tornarse más acuciante es el de la inseguridad. Allí es donde un albertista crítico vuelve a poner el ojo para hacer foco en lo más profundo de la cuestión, más allá de los espectaculares enfrentamientos entre la ministra nacional Sabina Frederic y su par provincial Sergio Berni. “Es inadmisible que después de siete meses la única política que aparezca sea la misma de los últimos 20 años: desplegar la Gendarmería”. Más parches. Otro revival del patchwork.
Son muchos los que advierten que para su relanzamiento el Gobierno tal vez necesite algo más que 60 medidas y alguna flor.