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La Justicia rechazó un pedido de Cristina para frenar el juicio por Irán
Además se sortearon los tres jueces del tribunal que realizará ese proceso oral; dos de ellos ya condenaron a la vicepresidenta por la causa Vialidad; designaron a otro magistrado para la causa de Hotesur
Hernán Cappiellojuez de tribunal oral Rodrigo Gutiérrez Uriburu juez de tribunal oral
Cristina Kirchner recibió ayer malas noticias de los tribunales. La Cámara de Casación Penal rechazó su recurso para evitar el juicio por la firma del pacto con Irán, por lo que ahora solo le queda intentar un recurso directo de queja ante la Corte. Y en coincidencia con esta decisión fueron sorteados ayer los tres jueces que realizarán el juicio oral por ese caso y el que completará el tribunal para el juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces.
Los jueces sorteados para el juicio por la firma del pacto con Irán son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Dos de ellos –Basso y Giménez Uriburu– ya condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión. Basso incluso votó en disidencia y se pronunció por imponerle una condena todavía más grave, ya que además de fraude, entendió que debía ser condenada por asociación ilícita. Basso fue además elegido la semana pasada presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la lista Bordó, la más crítica del Gobierno.
El tercer juez sorteado para el caso de la firma del pacto con Irán es Javier Ríos, que juzgó y absolvió a Cristóbal López en el caso Oil Combustibles y condenó, en cambio, a Ricardo Echegaray en esa causa.
Ahora, tras la notificación sobre la integración tribunal, se abre un período de tres días en los que los acusados en el caso del memorándum con Irán pueden recusar a los jueces en la medida en que entiendan que no les dan garantías de imparcialidad. En cuanto a Giménez Uriburu, la defensa de Cristina Kirchner lo cuestionó durante el caso Vialidad porque señaló que había jugado al fútbol amateur en el club Liverpool con el fiscal Diego Luciani y que había participado en una ocasión en un torneo que se disputó en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Esa recusación de Giménez Uriburu fue rechazada.
Por otra parte, se designó al juez José Michilini para completar el tribunal que juzgará a la vicepresidenta y a su hijo, Máximo Kirchner, entre otros acusados, en el caso Hotesur-Los Sauces. Se trata de una causa por lavado de dinero. La sospecha es que empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López pagaron alquileres a empresas de los Kirchner a cambio de beneficios que obtuvieron por contratos con el Estado.
Michilini fue uno de los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en el caso de la firma del pacto con Irán, al entender que no había motivos para juzgarla, decisión que revocó la Cámara de Casación Penal. También rechazó el sobreseimiento de la vicepresidenta en el caso del dólar futuro.
En el tribunal oral del caso Hotesur-Los Sauces la jueza titular es Adriana Palliotti y oficia como juez subrogante –hasta fines de noviembre– Fernando Canero, uno de los jueces que tiene además el caso de los cuadernos de las coimas contra la vicepresidenta.
El sorteo de los jueces fue realizado por la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky, y estuvo a cargo del secretario del tribunal, Juan Montesano, que utilizó un bolillero manual, con bolillas atérmicas, de madera, enfrente de abogados de los acusados y querellantes para garantizar la transparencia del trámite.
En ambas causas, la defensa de Cristina Kirchner planteó ante la Cámara de Casación un recurso extraordinario contra el fallo que revocó su sobreseimiento, reabrió los expedientes y ordenó realizar los dos juicios orales.
Pero ayer, los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques rechazaron ese recurso de la vicepresidenta para evitar ser juzgada por la causa en que se investiga la firma del memorándum con Irán. Los jueces dijeron que “no se ha demostrado un caso de gravedad institucional” para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora las defensas pueden recurrir ante la Corte mediante un recurso de queja. De todos modos, se podrá avanzar con la organización del juicio oral. Hay un precedente de la Corte, Olariaga, que señala que la sentencia se puede ejecutar cuando se rechaza el recurso extraordinario, por eso desde ese momento es posible avanzar con el juicio.
Además, los jueces rechazaron los recursos extraordinarios de Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Angelina Abbona, Andrés Larroque y Oscar Parrilli. Los jueces de la Casación Barroetaveña, Petrone y Mahiques dijeron que “la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”. Barroetaveña y Basso habían resuelto hace un mes rechazaron reabrir la causa del memorándum con Irán y ordenaron realizar el juicio oral

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Piden reforzar la seguridad de la vicepresidenta por amenazas
La solicitud la presentó “de manera urgente” el fiscal Gerardo Pollicita ante un planteo de los abogados de Cristina Kirchner
La vicepresidenta Cristina Kirchner, ayer, en la Confitería Del Molino
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer reforzar la seguridad de la vicepresidenta Cristina Kirchner ante un planteo de sus abogados, que denunciaron nuevas “amenazas” contra la exmandataria por parte de la agrupación Revolución Federal.
Los letrados también reclamaron que se ordene medidas de prueba respecto de los hechos alegados y se profundice la investigación sobre la organización.
De acuerdo con lo informado a la agencia Télam por fuentes judiciales, el fiscal hizo la solicitud luego de ser consultado al respecto por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que tiene a su cargo la causa contra miembros de Revolución Federal, la organización acusada de haber difundido mensajes violentos y haber hecho “escraches” con el “fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”.
Según trascendió, el planteo fue respecto de una serie de mensajes publicados en las redes sociales por integrantes de la agrupación el día de las elecciones generales y durante las jornadas previas, algunos de los cuales decían: “Mañana CFK vuelve a Buenos Aires. Mañana vuelve Revolución Federal”, “Cierre de campaña de Milei (…) la estocada final ¡Cristina vas a correr!”, “Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada”, “¿Adónde es el búnker de Milei? ¿Es verdad que es en Uruguay y Juncal?”.
Pollicita consideró en su resolución que debe informarse al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se tomen “los recaudos” que se consideren necesarios en relación con la seguridad de la expresidenta.
El fiscal le pidió al juez medidas de prueba en la causa para preservar los mensajes denunciados por los abogados de la vicepresidenta, que pidieron “de manera urgente” el refuerzo en su seguridad.
En un escrito, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal insistieron en su reclamo de medidas de prueba a raíz de “nuevos posteos en redes sociales de integrantes de la agrupación en alusión a su intención de protagonizar nuevos hechos de violencia y advirtieron que el atentado contra la Vicepresidenta [ocurrido el 1º de septiembre del año pasado] fue precedido por mensajes como estos, provenientes, en parte, del propio Leonardo Sosa”, en alusión a uno de los imputados en la causa.
Los abogados reclamaron e insistieron ante el juez por el “inmediato secuestro del celular de Leonardo Sosa, con el fin de conocer el entramado que dio lugar al retorno de la agrupación Revolución Federal, cuyo único fin ha sido desplegar la violencia política”. Además pidieron que se lo cite a ampliar su declaración indagatoria ante este nuevo hecho denunciado y “que se realice un relevamiento de las redes sociales de todos los miembros de Revolución Federal”.
“Es necesario que, con carácter de urgente, tome medidas sobre Leonardo Sosa que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner”, agregaron los abogados de la vicepresidenta, que es querellante en esta causa.
Los letrados adjuntaron en su escrito capturas de posteos de Sosa en redes sociales, como una del 13 de octubre último, en la que escribió “Revivió ‘Revolución Federal’”. También advirtieron que la “escalada llegó a un punto culmine al señalar que, a su regreso (de emitir su voto en Santa Cruz) a la vicepresidenta la aguarda Revolución Federal”.
“El hecho, por si solo, puede calificarse como amenazas”, concluyeron.
A principio de mes, en un giro en sintonía con la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner, la detenida Brenda Uliarte, acusada del intento de homicidio de la vicepresidenta, presentó un escrito con el que cambió su estrategia defensiva. Dijo, por primera vez, que “había gente contactada al gobierno anti-K que pagaba” a ella y su novio, Fernando Sabag Montiel.
Ayer, la vicepresidenta abandonó el bajo perfil que mantuvo durante toda la campaña y, tras el resultado favorable a Sergio Massa en las elecciones, se mostró durante una recorrida por la Confitería Del Molino. “Visitando el edificio de la Confitería Del Molino, frente al Congreso de la Nación. En 2014 promulgamos la ley que permitió recuperarlo y restaurarlo para poner en valor un espacio con un enorme valor histórico, cultural y patrimonial”, escribió en su cuenta de la red X.

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