La controversia en torno a Figueroa frena dos juicios contra Cristina Kirchner
Los casos Hotesur y pacto con Irán quedaron congelados luego de que se revocara el sobreseimiento de la vicepresidenta
Hernán Cappiello
La incertidumbre que rodea la situación de Ana María Figueroa, dejada cesante por la Corte Suprema como jueza tras cumplir 75 años y nombrada nuevamente por decreto de Alberto Fernández tras el tardío acuerdo que le dio el Senado, está bloqueando una definición sobre dos causas de Cristina Kirchner: Hotesur/Los Sauces y el memorándum con Irán. El conflicto de poderes generado entre el Gobierno y la Corte logró frenar los casos.
La consecuencia puede ser parte de una estrategia de defensa.
Lo cierto es que los dos casos quedaron congelados después de que la Cámara de Casación decidió que se debía revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y juzgarla en estos dos procesos.
La indefinición sobre Figueroa frena asimismo la decisión de la Casación sobre qué jueces deben ser los que juzguen a la vicepresidenta, pues se debería avanzar con estos procesos, dado que el Código Procesal permite hacerlo. Solo impide fijar fecha de juicio cuando están pendientes recursos ante la propia Casación o la Corte Suprema.
Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario contra el fallo de los jueces de la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone que revocó su sobreseimiento y ordenó que se la juzgue por el caso Hotesur/ Los Sauces y la causa por la firma del pacto con Irán.
Además, Oscar Parrilli, uno de los acusados en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, recusó a los jueces Petrone y Barroetaveña. Dijo que eran “dos jueces claramente macristas, y como no les gustó lo que decidía el tribunal, hicieron sortear un nuevo tribunal y poner otro” para realizar un nuevo juicio.
El primer paso que deben dar Barroetaveña y Petrone es decidir sobre la recusación de ambos en el caso del pacto con Irán y sobre los recursos extraordinarios en el caso de Hotesur y Los Sauces. La incertidumbre sobre el estatus de Figueroa bloquea esas decisiones porque puede ser tildada de nula. La recusación puede ser rechazada in limine (sin más trámite) por ambos jueces y seguir adelante con el caso. Pero si la admiten –cuestión improbable–, otra sala debería decidir sobre ellos.
Asimismo, deben decidir si rechazano no los recursos extraordinarios, previa vista al fiscal Mario Villar en Hotesur/Los Sauces, y Javier de Luca, en el memorándum. Los jueces Barroetaveña y Petrone es probable que rechacen el recurso extraordinario sobre la base de que no va contra una sentencia definitiva. Así las cosas, los acusados pueden acudir a la Corte directamente mediante un recurso de queja.
Pero todo este trámite está paralizado y la organización de los juicios contra Cristina Kirchner también, por la incertidumbre acerca de Figueroa, que la semana pasada no se presentó en los tribunales a pesar de contar con nuevo acuerdo del Senado y un decreto presidencial que la nombra jueza por cinco años más.
Nadie sabe qué va a ocurrir: algunos jueces creen que el Ministerio de Justicia enviará una nota a la Casación informando sobre el acuerdo y el decreto para que asuma; otros creen que Figueroa buscará judicializar con un amparo su situación, que en última instancia debería ser resuelta por conjueces de la Corte; y otros creen que no pasará nada y todo quedará como hasta ahora, bloqueado como parte de una estrategia para frenar los casos contra Cristina Kirchner.
Los jueces de la Sala I de la Casación, Barroetaveña, Petrone y Figueroa, tenían estos casos en sus manos desde hace un año y medio y no terminaban de dictar una sentencia. Se demoró la circulación del expediente Hotesur/Los Sauces, que estuvo en la vocalía de Figueroa desde fines del año pasado hasta mediados de año, cuando se volvió a demorar.
En el ínterin, Figueroa, una jueza afín al kirchnerismo que votó en sintonía con las posiciones de Cristina Kirchner en las causas donde le tocó intervenir, cumplió 75 años el 9 de agosto y el Gobierno no logró darle un nuevo acuerdo en el Senado para prorrogar su mandato por cinco años más.
La Corte, empujada por la Casación, declaró a la jueza cesante un mes después, el 6 de septiembre pasado. Sin Figueroa, Barroetaveña y Petrone avanzaron con el dictado de las sentencias en los casos Hotesur/ Los Sauces y el pacto con Irán.
Con dos votos coincidentes, el 18 de septiembre revocaron los sobreseimientos sin juicio y mandaron a hacer ambos juicios orales contra la vicepresidenta y un grupo de exfuncionarios. En el caso Hotesur/ Los Sauces, mantuvieron el procesamiento de Máximo Kirchner, pero dejaron afuera a Florencia Kirchner, por entender que no tenía autonomía para tomar decisiones sobre las sociedades comerciales familiares y sus negocios con Lázaro Báez y Cristóbal López.
Después de esa sentencia, el 28 de septiembre el Senado le dio acuerdo a Figueroa en una ajustada votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, la oficialista Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero). Cristina Kirchner se ausentó de la sesión.
Tras ese acuerdo, el presidente Alberto Fernández firmó el pasado 3 el decreto 502/2023, donde hace un “nuevo nombramiento” de la magistrada por cinco años y, además, señaló que se hace operativo desde “el 9 de agosto pasado”.
Acá se plantea un problema: Figueroa no pudo haber sido designada el 9 de agosto porque aún no tenía acuerdo del Senado, que le fue otorgado el 28 de septiembre. Por lo que el decreto no se corresponde con lo ocurrido en la realidad.
Esto ya genera dudas sobre esa norma, que mereció una denuncia penal contra Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria, presentada por los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti. La causa la tienen el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.
El decreto presidencial que pone a Figueroa en funciones desde el 9 de agosto pasado le da un argumento más a Cristina Kirchner en su defensa judicial. La vicepresidenta recurrió la reapertura de los casos Hotesur/Los Sauces y su argumento constitucional para llegar a la Corte es que faltó el voto de Figueroa, lo que violó el principio del juez natural. Lo cierto es que cuando se firmó ese fallo Figueroa ya no era jueza, por decisión de la Corte.
Un asunto adicional que deja el affaire Figueroa es su impacto en el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López fue absuelto por la supuesta retención indebida de 8000 millones de pesos en impuesto a los combustibles y Ricardo Echegaray fue condenado por concederle esos planes de pago especiales. Figueroa, Barroetaveña y Petrone participaron de la audiencia donde se debatió si se debe confirmar ese fallo o revocarlo y ahora deben votar. Pero sin Figueroa, solo quedaban dos jueces que podrían haber sacado la sentencia si es que estaban en un todo de acuerdo.
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Diputados y una sesión cargada de desafíos para Milei
El libertario tendrá que definir entre apoyar a Massa o a Juntos por el Cambio en los cambios en el IVA y en alquileres
Laura Serra
Será la última sesión antes de las elecciones y todo anticipa un clima por demás caldeado en la Cámara de Diputados. Dos temas acapararán el debate: la reforma de la ley de alquileres y el programa de devolución del IVA en las compras de artículos de la canasta básica, la última martingala proselitista del ministro y candidato Sergio Massa. En el medio de la pulseada entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, Javier Milei y su tropa libertaria enfrentarán el incómodo desafío de no caer en las redes de sus dos rivales.
Candidato ascendente en la carrera presidencial, el foco de atención se posará en Milei a la hora de votar. El primer test a sortear vendrá con el programa Comprá sin IVA, que el oficialismo quiere ofrendarle a su candidato Massa como trofeo electoral. La bancada de Juntos por el Cambio está de acuerdo con esta reducción del impuesto, aunque con una condición: que el costo fiscal –que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó en 1,24 del PBI para 2024– no se financie con más emisión del Banco Central, para evitar que se dispare la inflación.
“Nosotros coincidimos en que se reduzca el IVA en los artículos de la canasta básica, es más: elaboramos un dictamen superador en el que proponemos incluir a los trabajadores informales en el beneficio –explicó Mario Negri, jefe del bloque radical–. En lo que no estamos de acuerdo es en que esto sea un acto de demagogia a 15 días de las elecciones y a dos meses del cambio de gobierno. Por eso decimos que hay que restringir la posibilidad de que esto se financie con emisión y que la ley debe regir hasta el 9 de diciembre. Que no sea este gobierno el que le imponga la política tributaria al próximo”.
Juntos por el Cambio presentó un proyecto alternativo. El oficialismo ya anticipó que no la aceptará; frente a esta negativa, los opositores se abstendrán en la votación.
¿Qué hará Milei? El libertario ya ha dicho que defiende la reducción de impuestos –“todos los impuestos son un robo”, alegó cuando votó con el oficialismo la reforma en el impuesto a las ganancias–, por lo que la lógica indica que votará a favor del programa de devolución del IVA.
La cuestión, sin embargo, no se presenta tan simple para el libertario. En esta oportunidad Juntos por el Cambio lo desafía con una contrapropuesta, ya que propone lo mismo –reducir el impuesto–, aunque sin apelar al atajo de la emisión monetaria. Milei deberá optar. ¿Apoyará sin chistar el proyecto de Massa? ¿O irá a los pies de JxC cuando estos propongan restringir las facultades del Banco Central, un postulado que él también abraza? Si opta por lo primero no hará otra cosa que abonar las suspicacias sobre un pacto electoral con el ministro candidato. Patricia Bullrich, su rival en la carrera presidencial, lo espera con los dientes afilados.
Alquileres
El segundo desafío sobrevendrá con la discusión de la ley de alquileres. La Cámara de Diputados tiene solo dos opciones: ratificar su media sanción original, que impulsó JxC junto a un sector de la oposición, o convalidar el texto con los cambios que le impuso el kirchnerismo en el Senado la semana pasada.
Milei es partidario de derogar, lisa y llanamente, la ley de alquileres que se aprobó en 2020, pero esta opción no está en juego en esta oportunidad.
Todo indica, entonces, que el libertario y su tropa votarán en contra de ambos textos. El que auspicia JxC –la media sanción de Diputados– propone reducir la vigencia de los contratos de tres a dos años, con actualizaciones cada cuatro meses según un índice pactado entre las partes. El oficialismo, en cambio, insiste en sostener los contratos trienales, con incrementos semestrales y ajustados al índice Casa Propia, basado en el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
La votación se presenta muy ajustada. Tanto, que incluso no se descarta un empate en 124 votos. Las negociaciones están al rojo vivo.
La llave para definir la votación la tendrán, una vez más, los bloques que se ubican en el medio de la grieta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Entre ellos, la bancada libertaria, que con su posición de rechazo, podría –tal vez involuntariamente– levantarle el brazo ganador al oficialismo.
Será la última sesión antes de las elecciones y todo anticipa un clima por demás caldeado en la Cámara de Diputados. Dos temas acapararán el debate: la reforma de la ley de alquileres y el programa de devolución del IVA en las compras de artículos de la canasta básica, la última martingala proselitista del ministro y candidato Sergio Massa. En el medio de la pulseada entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, Javier Milei y su tropa libertaria enfrentarán el incómodo desafío de no caer en las redes de sus dos rivales.
Candidato ascendente en la carrera presidencial, el foco de atención se posará en Milei a la hora de votar. El primer test a sortear vendrá con el programa Comprá sin IVA, que el oficialismo quiere ofrendarle a su candidato Massa como trofeo electoral. La bancada de Juntos por el Cambio está de acuerdo con esta reducción del impuesto, aunque con una condición: que el costo fiscal –que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó en 1,24 del PBI para 2024– no se financie con más emisión del Banco Central, para evitar que se dispare la inflación.
“Nosotros coincidimos en que se reduzca el IVA en los artículos de la canasta básica, es más: elaboramos un dictamen superador en el que proponemos incluir a los trabajadores informales en el beneficio –explicó Mario Negri, jefe del bloque radical–. En lo que no estamos de acuerdo es en que esto sea un acto de demagogia a 15 días de las elecciones y a dos meses del cambio de gobierno. Por eso decimos que hay que restringir la posibilidad de que esto se financie con emisión y que la ley debe regir hasta el 9 de diciembre. Que no sea este gobierno el que le imponga la política tributaria al próximo”.
Juntos por el Cambio presentó un proyecto alternativo. El oficialismo ya anticipó que no la aceptará; frente a esta negativa, los opositores se abstendrán en la votación.
¿Qué hará Milei? El libertario ya ha dicho que defiende la reducción de impuestos –“todos los impuestos son un robo”, alegó cuando votó con el oficialismo la reforma en el impuesto a las ganancias–, por lo que la lógica indica que votará a favor del programa de devolución del IVA.
La cuestión, sin embargo, no se presenta tan simple para el libertario. En esta oportunidad Juntos por el Cambio lo desafía con una contrapropuesta, ya que propone lo mismo –reducir el impuesto–, aunque sin apelar al atajo de la emisión monetaria. Milei deberá optar. ¿Apoyará sin chistar el proyecto de Massa? ¿O irá a los pies de JxC cuando estos propongan restringir las facultades del Banco Central, un postulado que él también abraza? Si opta por lo primero no hará otra cosa que abonar las suspicacias sobre un pacto electoral con el ministro candidato. Patricia Bullrich, su rival en la carrera presidencial, lo espera con los dientes afilados.
Alquileres
El segundo desafío sobrevendrá con la discusión de la ley de alquileres. La Cámara de Diputados tiene solo dos opciones: ratificar su media sanción original, que impulsó JxC junto a un sector de la oposición, o convalidar el texto con los cambios que le impuso el kirchnerismo en el Senado la semana pasada.
Milei es partidario de derogar, lisa y llanamente, la ley de alquileres que se aprobó en 2020, pero esta opción no está en juego en esta oportunidad.
Todo indica, entonces, que el libertario y su tropa votarán en contra de ambos textos. El que auspicia JxC –la media sanción de Diputados– propone reducir la vigencia de los contratos de tres a dos años, con actualizaciones cada cuatro meses según un índice pactado entre las partes. El oficialismo, en cambio, insiste en sostener los contratos trienales, con incrementos semestrales y ajustados al índice Casa Propia, basado en el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
La votación se presenta muy ajustada. Tanto, que incluso no se descarta un empate en 124 votos. Las negociaciones están al rojo vivo.
La llave para definir la votación la tendrán, una vez más, los bloques que se ubican en el medio de la grieta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Entre ellos, la bancada libertaria, que con su posición de rechazo, podría –tal vez involuntariamente– levantarle el brazo ganador al oficialismo.
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