Ingeniero, médico o dueña de un banco: las mil caras de una banda de estafadores
En el expediente figuran 75 imputados identificados que perjudicaron a 40 damnificados; se estima que el botín que obtuvieron por las estafas llega a US$8.000.000
- Gabriel Di Nicola
Cuando D. S. atendió el teléfono, su interlocutora se presentó como Sarah Sis Kwasi y dijo ser presidenta del Banco de Desarrollo Agrícola (BDA) de Ghana y le explicó que se comunicaba con él para informarle que era el beneficiario de una herencia que le había dejado un familiar que acaba de morir y que, para poder cobrar lo que le correspondía, solo tenía que hacer una transferencia de dinero para habilitar el pago. Para darle veracidad al relato, le enviaron una fotografía que simulaba ser un documento bancario donde se acreditaba que le correspondían 8.400.000 de dólares. Era una trampa. La víctima lo supo después.
En la app de citas Tinder, A. M. F. conoció a una persona que se presentó como ingeniero geofísico de los Estados Unidos que trabajaba en Pakistán en la reparación de tuberías. La mujer recibió fotos y las charlas continuaron por correo electrónico y chats de Whatsapp. El supuesto ingeniero prometió una pronta visita a la Argentina. Antes, le dijo, le iba a llegar un paquete con regalos, dinero y documentación personal. De pronto, hubo un inconveniente, le explicó su enamorado, y la encomienda había quedado retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza. En realidad era una puesta en escena. A. M. F. fue contactada por el supuestamente representante de una empresa de logística que le exigió 1300 dólares para poder recuperar el envío postal. Era otra trampa y la víctima transfirió $ 2.765.840.
M. L. L. también cayó en la trampa de los mismos estafadores. A ella la engañaron, primero por Facebook, con la historia de un supuesto cardiólogo de los Países Bajos que estaba en una misión humanitaria en Yemen. La mujer, después de conversaciones por Whatsapp y el chat de Hangouts, se sintió enamorada y no dudó cuando la persona que ella creía que era médico le pidió ayuda para pagar una intervención de su hijo y para abonar “una fianza” para que él pudiera viajar a la Argentina. Ella no lo dudó y transfirió dinero en varias oportunidades.
Hubo más casos de gente que cayó en la trampa de una organización criminal transnacional que operaba en la Argentina. Según consta en el expediente judicial habría más de cuarenta damnificados.
El presunto jefe de la banda habría sido identificado por fuentes judiciales, Obinna Chukwuemeka Ejikeme, conocido por el apodo de Bobby, está prófugo y con pedido de captura internacional. Se sospecha que estaría refugiado en la ciudad de Lagos, en Nigeria.
Una multinacional del delito
A principios de este mes, luego de una extensa investigación, en la denominada Operación Internacional Jackal, detectives de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a 17 sospechosos. Se trató de la tercera etapa de una pesquisa que comenzó en 2021 y tiene 75 imputados.
“Corresponde reiterar aquello afirmado en la introducción de la resolución del 4 de julio de 2022 en el contexto de la cual se acreditó la existencia de una estructura detrás de los hechos que se identificaron y fueron incorporando al objeto procesal, sumamente compleja y creada específicamente para cometer delitos -en su mayoría sobre el patrimonio de las personas y para obtener un elevado flujo de dinero, por sumas millonarias- con integrantes que ocupaban distintas jerarquías y roles”, sostuvo el juez Manuel de Campos, a cargo del expediente.
En las últimas horas ,el magistrado procesó a 22 sospechosos con prisión preventiva y trabó embargados sobre los bienes de los estafadores hasta cubrir la suma de $ 60.000.000 en cada uno de los casos.
Entre los imputados hay ciudadanos argentinos, peruanos, paraguayos, colombianos y venezolanos. La investigación continúa porque falta identificar a otros integrantes de la organización criminal.
En julio del año pasado, en la resolución a la que hizo referencia el juez de Campos, se explicó: “Esta investigación sirve para observar y comprobar las severas consecuencias causadas por el crimen organizado, sea porque, al contar con mayores recursos, pudo afectar a un mayor número de personas, o por qué consiguió expandirse a gran velocidad, generando serias dificultades para que, desde el propio estado de derecho se le imponga un límite y se lo reprima”. En esa oportunidad procesó a 32 sospechosos.
La investigación que lleva adelante el juez de Campos comenzó a principios de 2019 a partir de la denuncia de un empresario que fue víctima de la organización.
En esta tercera etapa de la investigación, los detectives de la PFA tuvieron la colaboración de agentes del FBI de los Estados Unidos y de personal de la Policía Nacional de España, quienes aportaron información y la localización de cuentas en el extranjero y datos de otras células de origen nigeriano que operan en distintas partes del mundo, conocidas como Black Axe.
“Esta organización criminal está liderada por delincuentes nigerianos que reclutaban a venezolanos y colombianos para cometer estafas y extorsiones a empresas y personas incautas que caían en sus trampas”, explicaron en su momento fuentes de la Policía Federal.
Tras las detenciones, los detectives de la Policía Federal estimaron el botín de la organización criminal en US$ 8.000.000. Fuentes judiciales destacaron el trabajo hecho por los detectives de la División Delitos Tecnológicos del Departamento Ciberdelito y de los especialistas de División Lavado de Activos, áreas que dependen de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a cargo del comisario general Alejandro Ñamandú.
“Cada actuación individual, cada aporte en concreto y cada eslabón de la cadena que se fue generando con la concatenación, fue igual de relevante para la concreción de todo este entramado y de toda esta afectación, lo que grafica que todos los indagados deben responder por igual por su intervención en cada estafa, defraudación y extorsión”, afirmó el juez de Campos al procesar a los sospechosos que integran la organización
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Fariña seguirá preso y deberá cumplir en la cárcel el resto de la condena
resolución. La Justicia revocó el beneficio de la prisión domiciliaria
Leonardo Fariña seguirá preso. Una semana después que un grupo de efectivos de la Policía Federal lo sorprendió en una cueva donde se comercializaba dólar blue y en la que se secuestraron $ 500.000.000, en efectivo, la Justicia decidió revocarle el beneficio de la prisión domiciliaria con el monitoreo de una tobillera electrónica.
A partir de la resolución dictada por el juez Néstor Costabel, que integra el Tribunal Oral Federal N° 4, que condenó a Fariña a tres años y medio de prisión, por presunto lavado de activos en el expediente denominado “la ruta del dinero K”, el acusado volverá a la cárcel, donde ya había estado detenido durante dos años y veinte días.
El magistrado aceptó el planteo realizado por el fiscal federal Abel Córdoba, quien había solicitado que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que violó las obligaciones fijadas por el mencionado tribunal para concederle la posibilidad de cumplir la parte final de la condena, fuera de la cárcel.
Desde hace una semana Fariña está detenido a disposición del juzgado Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesta infracción al régimen penal cambiario.
El “imputado colaborador” en las causas penales vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado por lavado de activos, había sido beneficiado con la libertad condicional y controlado con tobillera electrónica en esa causa donde ya fue sometido a juicio y condenado a tres años y seis meses de prisión.
“El condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran en el momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación”, consideró el juez Costabel.
Fariña debía someterse a “determinadas pautas de conducta” para mantener el beneficio, algo que no podría continuar al estar detenido en otra causa penal.
Ante la imposibilidad de cumplir con las condiciones que se fijaron para concederle el beneficio “corresponde proceder a su inmediata detención a efectos del cumplimiento del resto del tiempo de la condena firme oportunamente impuesta”, concluyó la resolución judicial
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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