CRECE EL ESCÁNDALO.....

La Justicia investiga los nexos del espionaje ilegal con fuerzas de seguridad
El fiscal pidió datos a la PSA por su vínculo con Zanchetta; la Federal compró informes
Hernán Cappiello
La investigación en la causa del espionaje ilegal en torno del exagente Ariel Zanchetta tomó una dinámica que puede terminar complicando a las fuerzas de seguridad. Una de las ramas que quedaron en la mira fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el supuesto vínculo que tendría con Zanchetta. Esa es la razón por la que el fiscal Gerardo Pollicita le requirió que en menos de 24 horas le informe si el espía entró o salió de los “edificios centrales” de la fuerza desde 2009 hasta la fecha, con detalle de días y horas. El detonante de esa relación es la participación que habría tenido la PSA en la revelación del viaje a Lago Escondido que hicieron jueces, funcionarios y empresarios.
Al mismo tiempo, la Justicia investiga las compras de información que hacía la Policía Federal al oscuro sitio del que se abastecía Zanchetta, Sudamericadata, ya clausurado, que contenía datos privados de imposible acceso por las vías legales.
La investigación en la causa de espionaje ilegal que se inició a partir de los dispositivos secuestrados al exagente policial Ariel Zanchetta parece dirigirse ahora hacia el vínculo con las fuerzas de seguridad. Uno de esos ejes apunta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Ante la sospecha de que hubiera relación entre Zanchetta y la PSA (la fuerza de seguridad más cercana al kirchnerismo), el fiscal Gerardo Pollicita pidió formalmente a la fuerza que le informe en 24 horas si el espía entró o salió de los “edificios centrales” de la fuerza desde 2009 hasta la fecha, con detalle de días y horas, según pudo saber
“Se están revisando libros físicos y eso lleva tiempo. Nos dieron 24 horas para responder, el oficio llegó el viernes y se va a responder hoy a última hora”, dijeron fuentes de la fuerza, que afirmaron que por el momento no hay indicios de Zanchetta.
Este reclamo se activó a partir de que Zanchetta ofrecía informes de los chats del viaje que hicieron a Lago Escondido jueces, funcionarios y empresarios. Zanchetta declaró ante la Justicia que la fuente de esos mensajes fue el jefe de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. “No hay una Dirección de Inteligencia de PSA en Bariloche”, dijo una fuente de la fuerza.
Esta información está tratando de ser corroborada o descartada, ya que hace juego con otro dato que viene investigando la Justicia sobre el vuelo a Bariloche de los funcionarios judiciales. El viaje se realizó en un avión privado que decoló de San Fernando.
Cuando el avión estaba en la pista, un cuatriciclo con un efectivo de la PSA se acercó, sacó fotos y filmó desde afuera hacia un hangar en un espacio donde podían circular solo aviones. De esto hay evidencia en las imágenes de las cámaras de San Fernando y los pilotos que advirtieron del riesgo para el efectivo, porque podían encender los motores del avión y lastimarlo. Esa persona sería un efectivo de inteligencia de PSA.
Cuando la aeronave aterrizó en Bariloche, desde allí se filtró el rol con la identidad de los pasajeros. Las cámaras mostraron a un funcionario del Orsna que le saca la foto a esa planilla.
“Lo del vuelo trasciende un fin de semana y se hizo una investigación interna y el lunes siguiente hay una imagen de un funcionario del Orsna que se acerca a una oficina donde saca una foto de la información con la declaración de vuelo, donde consta quiénes viajaron. De ahí surge ese documento que se ve en redes sociales. Una oficial de la PSA lo dejó pasar a la oficina para sacar esa foto y esa oficial fue apartada. Fue parte de una investigación interna de la propia PSA, porque nosotros no difundimos ese material”, dijo una fuente de la fuerza.
“Las únicas imágenes difundidas son las que hizo pública la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare en un dictamen donde se ve la llegada de los viajeros en las cámaras del aeropuerto”, indicó.
El ofrecimiento de los chats de los viajeros el 4 de diciembre pasado al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade es uno de los motivos por los cuales el legislador está bajo la lupa de la Justicia. Tailhade aclara que para ese día los chats ya se conocían y que él no respondió a ese mensaje de Zanchetta.
Las decenas de terabytes de información de los dispositivos secuestrados al espía Zanchetta activaron esta semana no solo la causa principal donde está preso por realizar actividades ilegales de inteligencia para el kirchnerismo, sino que esas evidencias dispararon la realización de nuevas medidas de prueba en las causas en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y el atentado contra Cristina Kirchner, dijeron fuentes judiciales a la nacion.
En la causa por la muerte de Nisman, el fiscal Pollicita compartió con su colega Eduardo Taiano un archivo de 12 páginas que estaba en la computadora Toshiba de Zanchetta donde menciona que “Conrado sabe qué pasó con Nisman”, según publicó Clarín y confirmaron fuentes del caso a la nacion.
Supuestamente alude a Joaquín Conrado Pereyra, un hombre cercano al exjefe del Ejército César Milani. En la computadora de Zanchetta hay un documento escrito en mayúsculas donde dice trabajar en un grupo de espías en el que estaba Pereyra.
Hay otros archivos que mencionan a Nisman. Los secretarios de la fiscalía de Pollicita y los de Taiano especializados en el caso intercambiaron información esta semana y tomaron una decisión: buscar el número y el nombre de Zanchetta en la base de datos de las inusuales llamadas que cruzaron espías cercanos a Fernando Pocino, funcionario de la AFI cercano al kirchnerismo, en el fin de semana en que Nisman estaba muerto en su departamento y nadie lo sabía. Estas nuevas medidas de prueba esperan que arroje más datos.
Se analizó si este documento de 12 páginas ya estaba en la causa sobre la muerte de Nisman para determinar si Zanchetta incurrió en otro caso de espionaje sobre el expediente o si es un dato nuevo. Al parecer es un dato que no estaba incluido en el sumario.
La otra causa donde impactaron la detención de Zanchetta y sus registros es el caso donde se investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el que están presos Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte. Es que entre las miles de consultas que realizó Zanchetta se encontró que un día antes del ataque del 1° de septiembre del año pasado buscó datos de Diego Carbone, comisario de la Policía Federal y jefe de la custodia de Cristina Kirchner. Luego del episodio hizo otras búsquedas sobre Sabag Montiel y Uliarte.
Pero el dato sorprendente es la búsqueda antes del ataque. Esa información fue comunicada por el fiscal Pollicita a su colega Carlos Rívolo, que investiga el atentado. Y el fiscal ya dispuso algunas medidas de prueba, por ejemplo, verificar si los nombres de todas las pistas que se siguen en torno al ataque aparecen en las decenas de terabytes de información de los dispositivos de Zanchetta para determinar si hay algún nexo entre el espía y atentado, dijeron fuentes judiciales.
Algunas coincidencias sugestivas en la sucesión de acontecimientos que se vienen dando en torno al caso Zanchetta permitieron a los investigadores elaborar la teoría de que hay un modus operandi detrás de la actividad del espía: consiste en que primero le encargan averiguar datos sensibles sobre un determinado objetivos, luego filtrar esos datos en una publicación de prensa, aunque sea intrascendente, luego usar esa publicación para iniciar un expediente judicial o buscar algún impacto en algún caso judicial en trámite

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La Policía Federal también compró datos del oscuro proveedor del espía Zanchetta
Era información de la firma Sudaméricadata, que fue clausurada; proveía datos sensibles como el sueldo, propiedades, sociedades, celulares, patentes, numeros de serie de vehículos y hasta fotos
Hernán Cappiello
Ariel Zanchetta
El espionaje político de alto nivel con terminales en el kirchnerismo, puesto al descubierto por la Justicia, reveló además un hallazgo inesperado: la principal base de datos que consultaba el espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, considerada irregular porque contenía datos íntimos de los espiados, era una fuente habitual de consulta de la Policía Federal y sus conclusiones alimentaron decenas de expedientes judiciales, dijeron  altas fuentes de la fuerza.
Además de realizar cámaras ocultas, seguimientos y consultar fuentes propias, Zanchetta se valía de los servicios de la empresa Sudaméricadata. Se trata de una firma constituida el 24 de noviembre de 2020, está instalada en San Miguel y sus gerentes son el ingeniero Mario Fernando Ares de 63 años y Silvia Gladys Duarte, psicopedagoga.
La empresa fue clausurada por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Gerardo Pollicita porque cuando le pidieron información sobre las personas consultadas por Zanchetta, la firma envió información errónea, supuestamente para despistar a los investigadores e impedir identificar a los espiados.
Esta empresa brinda información patrimonial, como cualquier base de datos comercial, pero además datos íntimos de las personas, como su número de celular privado, el monto exacto de lo que ganan cada mes, dónde viven hasta con fotos de la casa, los números de patente, chasis y de motos de sus vehículos. Esta información no está disponible en el mercado en las empresas habituales.
No obstante, entre los clientes de Sudamericadata se encuentra por ejemplo la Policía Federal, que hace consultas y paga por ellas. Esos datos se colocan en los sumarios policiales, que terminan siendo la base las investigaciones judiciales: “Decenas de elevaciones a juicio se sustentaron en estos informes que usa la policía, hace centenares de sentencias que contienen datos de la empresa. El Estado, nosotros no podemos manejar esa información y sí los privados. Y encima tenemos que hacer licitaciones y pagarles”, se indignó un alto jefe policial en diálogo 
Ariel Zanchetta y Fabián Rodríguez
Según la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Bases de Datos, Sudamericadata no se encuentra inscripta en ese registro.
Para hacer sus informes Zancheta se nutría de fuentes legales abiertas, de otras de acceso restringido para fuerzas de seguridad con una clave y de otras bases desconocidas e ilegales. Por ejemplo, obtuvo información de bancos de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (entradas y salidas del país y vehículos de los investigados) para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso.
Pero también accedió ilegítimamente a dos bases de datos desconocidas para el Estado: una “Base Nacional de Antecedentes”, con la que Zanchetta tenía acceso a información sobre los antecedentes de las personas, datos personales, apodos, antecedentes laborales y penales, modalidades delictivas, vínculos familiares o pedidos de captura de Interpol. Y a la llamada “Base Nacional de Telefonía Móvil”, mediante la cual accedía a los números de celulares, domicilio y titularidad de las líneas de los “objetivos”. El Registro Nacional de Base de Datos informó a la Justicia que desconocía su existencia.
Entre 2016 y 2023 Zanchetta realizó más de 12.000 consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales. Así obtuvo información sobre miles de personas, incluyendo domicilios, sueldos, propiedades inmuebles, titularidad de automotores, participaciones societarias, teléfonos, correos electrónicos, situación fiscal, laboral y crediticia registrada, datos electorales e información sanitaria.
Sudamericadata, según escribió en su dictamen el fiscal Pollicita, era una de estas fuentes
Los responsables de Sudamericadata Group no respondieron correctamente los requerimientos formulados en esta causa, ocultaron y alteraron datos obrantes en su poder y que, además, la base de datos de dicha compañía no se adecua a la normativa vigente y obtiene datos que provienen de fuentes desconocidas”, escribió Policita y asi fundamentó que la allanaran y clausuraran.
La justicia evaluó pedir la detención de Ares, al considerar que con la información errónea brindada supuestamente intentó perjudicar la investigación, pero esa idea fue dejada de lado por el momento, hasta profundizar la pesquisa.
Según fuentes judiciales habría algún grado de conocimiento entre Zanchetta y Ares y que se habría desempeñado en la AFIP años atrás hasta que fue desvinculado. La información no pudo ser corroborada por la AFIP en lo inmediato.
Fabián Conu Rodriguez ingresa a los tribunales de Comodoro Py
De Sudaméricadata, Zanchetta obtuvo informes sobre la ministra Victoria Tolosa Paz, que le habían encargado el subdirector de la AFIP y expresidente de Télam Fabián “Conu” Rodríguez. En esos informes hallados en la computadora del acusado, sistematizó la información sobre Tolosa Paz, “que incluía la reunión de antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, facturación promedio según balances de ella y de una sociedad vinculada a ella, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel -de la que recolectaba características y una foto satelital”, escribió Pollicita.
El informe acompaña capturas respecto de los vehículos registrados a nombre de la ministra, con detalle de dominio y fecha exacta de adquisición y una captura de pantalla de una consulta de titularidad de dominio de un inmueble registrado a nombre de su esposo, Enrique Albistur, dueño del departamento de Puerto Madero donde vivió Alberto Fernández hasta ser presidente con imágenes satelitales. Más adelante, se incluyen datos acerca del presunto testaferro de Albistur, la sociedad en la que se desempeña como Director y un inmueble bajo su titularidad en Miami, EEUU y foto del empresario saludando desde la cubierta de un yate.
Estos datos fueron luego publicados por Zanchetta en el sitio Enclave. Y cobró pór ellos, en pagos gestionados por Rodríguez a través del otorgamiento de pauta oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que concedía el Ministerio de Comunicación Pública. Rodríguez fue subsecretario de Coordinación de Medios desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de ser funcionario público en la AFIP. Zanchetta agradeció a Rodriguez la especial atención de “Agostina”, quien le gestionó al pago.
Otro de los datos obtenidos por Zanchetta de Sudamericadata es el de los sueldos de la jueces de la Cámara de Casación que el kirchnerismo tenía en la mira. Los consultó (no están disponible esa información las bases de datos comerciales) y los publicó en Enclave, el sitio web destinado a estas operaciones y financiado por Rodríguez.
Fue hallado en la notebook Toshiba de Zanchetta un archivo de Word, que con la nota “Justicia pornográfica: los jugosos y millonarios sueldos de los jueces macristas de Comodoro Py”, que fue publicada, con mínimas correcciones de estilo, en el sitio Enclave.ar33 que revela los sueldos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ricardo Bustos Fierro. Esa información fue obtenida por Zanchetta el 8 de septiembre de 2022 a través Sudamericadata, pero disimuló el origen con un collage con la plantilla de Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud de la ANSES.
El fiscal Gerardo Pollicita

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA