EDITORIAL Y La extradición de Jones Huala

Un país sin nafta ni gasoil
La escasez de combustible que sufren los usuarios obedece a una errónea política que alienta la demanda con precios contenidos y desalienta la oferta
Mientras el problema de la escasez de nafta y gasoil se extendía a todo el país, al tiempo que se generalizaban las largas colas de autos para cargar combustible y crecía el número de estaciones de servicio sin suministro, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, reaccionó demagógicamente, al amenazar a las empresas petroleras con impedirles exportar si hoy por la noche no se alcanza una solución para la crítica situación.
Resulta llamativo que el ministro candidato ignore que es YPF, la compañía controlada por el Estado, la empresa que más aumentó sus exportaciones. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, pasó de exportar 2453 barriles diarios entre enero y marzo de este año a vender 20.246 barriles por día entre julio y septiembre.
En rigor, el problema que se ha exteriorizado en los últimos días es producto de una equivocada política de control de precios y tarifas, que fue y continúa siendo un arma engañosa contra la inflación, que termina destruyendo la producción y la inversión. Se trata de una estrategia que requiere subsidios que incrementan el déficit fiscal y que siempre resultan insuficientes para cubrir los costos de producción. Alienta así la demanda mediante precios contenidos, al tiempo que desalienta la oferta y es susceptible de provocar situaciones de desabastecimiento como la que se vive en estas horas.
Es sabido que, en materia económica, lo que no se ajusta por precio termina ajustándose por volumen. No es ni más ni menos que lo que le está ocurriendo a la Argentina en el mercado de combustibles, aunque esta situación se extienda a vastas áreas de la actividad económica.
En los últimos meses, se profundizó la brecha de precios entre los valores internacionales y los locales. La cotización del petróleo Brent ronda los 89 dólares por barril, en tanto que en la Argentina se comercializa a 56 dólares. Y el litro de nafta súper en las estaciones de la ciudad de Buenos Aires se comercializa a un valor que promedia los 260 pesos, el equivalente a 74 centavos de dólar al tipo de cambio oficial de 350 pesos o a solo 30 centavos de dólar a la cotización del contado con liquidación, que cerró ayer en torno de los 844 pesos. Esos valores parecen ridículos al lado de los de Uruguay (1,94 dólares por litro), Chile (1,50 dólares) o Brasil (1,17 dólares).
La capacidad de refinación permite que el país, exportando alrededor del 20% de su producción total, sea autosuficiente en nafta, aunque no así en gasoil, producto que requiere la importación del 15 al 20% del consumo total.
Es obvio que la distorsión entre los precios internacionales y locales estimula a las empresas argentinas a aumentar sus exportaciones en lugar de vender su producción en el mercado doméstico. Pero la legislación vigente las fuerza a abastecer el mercado interno antes de comercializar combustibles al exterior. No obstante, ninguna empresa puede estar obligada a operar a pérdida, siendo forzada a importar gasoil a un precio superior al que podría venderlo a nivel local.
La actual crisis se profundizó por una conjunción de factores que conformaron una suerte de tormenta perfecta. Por un lado, las importaciones de combustibles se vieron trabadas: YPF vio restringido su acceso a divisas y tuvo tres buques parados sin poder pagarles. Al mismo tiempo, la empresa petrolera estatal tuvo paradas programadas para realizar tareas de mantenimiento en sus dos principales refinerías, lo cual pudo haber resentido la producción.
A todo esto se suma un aumento de la demanda por parte del segmento agrícola –en plena campaña de siembra– y, especialmente, de numerosos usuarios que salieron a llenar el tanque de sus autos para anticiparse a un incremento en los precios de las naftas que parece ineludible, más allá de que la secretaria de Energía, Flavia Royón, lo atribuya irresponsablemente a una “psicosis”.
Es claro que un gobierno intervencionista puede intentar controlar precios o volúmenes de un producto, pero difícilmente pueda controlar ambos al mismo tiempo. En economía, se pueden hacer muchas cosas, menos evitar las consecuencias.
Un gobierno intervencionista puede intentar controlar precios o volúmenes de un producto, pero difícilmente pueda controlar ambas cosas al mismo tiempo
En economía se pueden hacer muchas cosas, menos evitar las consecuencias

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La extradición de Jones Huala

Resulta contundente el dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recomendando a la Corte Suprema de Justicia que debe ser confirmada la extradición a Chile del líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, para que termine de cumplir allí la condena a nueve años de prisión por el incendio de una casa en la localidad de Río Bueno, en el sur del país trasandino, y por portación ilegal de armas de fuego.
Jones Huala se escapó de prisión cuando debía cumplir la pena impuesta hasta 2024. La policía de Río Negro lo capturó en una vivienda de El Bolsón, en febrero pasado, tras haberse mantenido prófugo durante casi un año. Cuando el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, concedió la extradición hacia fines de julio pasado, los abogados del condenado apelaron la medida que ahora Casal aconseja concretar.
Entre los inaceptables argumentos de la defensa del violento cabecilla, se apeló al supuesto carácter político de la condena, a lo que Casal respondió que el juicio en Chile respetó el debido proceso, la defensa en juicio y la revisión pertinente.
Más allá de que la Corte disponga finalmente la extradición de Jones Huala, la decisión final debe ser tomada por el Poder Ejecutivo, y es allí donde se encienden todas las alarmas, pues el gobierno de Alberto Fernández no ha hecho más que permitir, justificar y amparar que continuara la violencia ejercida por este tipo de grupos de seudomapuches, que vienen asolando la Patagonia, despojando de sus tierras a propietarios privados y reclamando para sí inexistentes derechos también sobre tierras públicas.
Sin ir más lejos, en junio del año pasado, miembros de RAM quemaron por completo la oficina de la Secretaría de Bosques del Chubut, ubicada junto a la planta de gas del Paraje Pedregoso, cerca de la localidad de El Hoyo, donde ese grupo de facinerosos ya había atacado maquinarias de la empresa que llevaba adelante la construcción de un gasoducto
Como hemos manifestado reiteradamente desde estas columnas, la comunidad mapuche se encuentra en la mayoría de los casos integrada pacíficamente a nuestra sociedad, con su propia cultura y sus costumbres, y por ello no debe ser homologada a grupúsculos que hacen uso de ese origen para la reivindicación de derechos territoriales donde nunca han estado, transformando su actuar en una verdadera extorsión para conseguir beneficios o reconocimientos de falsos derechos.
El Poder Ejecutivo debe dejar de ser cómplice y defender a una ciudadanía brutalmente atacada por violentos cuyo artero accionar ya se encuentra debidamente probado en nuestro país y en el exterior.

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