ESCALADA DE TENSIÓN Y ESTAFA

Gastón Granados. El intendente que intentó echar al libertario y sucederá al “sheriff”
El jefe comunal electo de Ezeiza protagonizó una escalada de tensión con simpatizantes libertarios; su padre, Alejandro, encadenó siete mandato
Granados, anteayer, en el acto de Milei en Ezeiza
Gastón “Gato” Granados, intendente electo de Ezeiza, irrumpió anteayer con un grupo de militantes peronistas antes de la llegada de Javier Milei a un acto de La Libertad Avanza en el centro de esa localidad, que su familia gobierna desde su creación como municipio, en 1995. Continuador de un apellido que es sinónimo de poder, Granados empezará en diciembre su primer mandato como intendente, tras siete períodos consecutivos de su padre, Alejandro “Sheriff” Granados, que hizo un culto de la seguridad como marca de gestión. La estructura familiar en el gobierno incluye, además, a Dulce Granados, la esposa del intendente saliente, que es la presidenta del Concejo Deliberante. Un auténtico clan.
En lo electoral, Ezeiza está blindada para todo aquel ajeno a los Granados. Y el distrito también parece blindado en términos de seguridad, la razón que con mayor frecuencia se esgrime para explicar sus 28 años ininterrumpidos de triunfos en las urnas.
En medio de empujones, el hijo del intendente dijo que no se iba a retirar hasta que finalizara el acto del candidato a presidente por La Libertad Avanza. Sin embargo, se fue del lugar (Paso de la Patria y Ramos Mejía) tras una intervención de su padre, que dijo a LN+ que se trató solo de “un momento de tensión y adrenalina”. En esa escaramuza que no pasó a mayores, Hugo Matzkin, exjefe de la policía bonaerense, acompañó al Gato.
Granados padre le dejó el control de la intendencia a su hijo Gastón en reiteradas oportunidades, por licencias (como la que se tomó durante la pandemia de coronavirus). Jefe de Gabinete, secretario de Obras Públicas e “intendente interino”, el hijo del jefe comunal está habituado a manejar los hilos del poder, que ahora ejercerá por el voto popular, tras haber ganado el 22 de octubre con el 60,2% de los votos.
Desde que Ezeiza existe como distrito (es un desprendimiento de Esteban Echeverría), manda el apellido Granados. Alejandro, uno de los representantes de los llamados “barones del conurbano”, ganó en 1995, con el 54,5% de los votos; en 1999, con el 58,7%; en 2003, con el 46,3%; en 2007, con el 52%; en 2011, con el 66,7%; en 2015, con el 49,4%, y en 2019, con el 63,5%. En 2015, Gastón fue segundo en la lista de concejales, y en 2019 ocupó el primer lugar, puesto que lo dejaba como primera opción de reemplazo del intendente. Así, suplantó a su padre cuando se tomó licencia en medio de la pandemia.
En licencias anteriores de Alejandro, su reemplazante en la intendencia había sido Oscar Cicco, un hombre de su confianza. Una de ellas fue en 2013, cuando fue ministro de Seguridad bonaerense, en el gobierno de Daniel Scioli.
Gastón es hijo del primer matrimonio de Alejandro Granados, que está casado con Dulce Granados (Isabel Beatriz Visconti), presidenta del Concejo Deliberante de Ezeiza. Desde ese puesto, le tomó juramento como intendente a su esposo en 2019. Estuvo, al igual que su marido, entre los personajes que se vacunaron contra el coronavirus con anticipación, al figurar como “personal de salud”.
En Ezeiza confluyen terminales de poder de distinta índole. Es el distrito en el que está ubicado el aeropuerto internacional, y la familia Granados tiene en las cercanías el Hotel Holiday Inn. El origen de Alejandro Granados es el rubro gastronómico. Heredó de su padre la parrilla El Mangrullo. Fue menemista, duhaldista y kirchnerista.
Ezeiza también alberga el predio de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Allí, en mayo del año pasado, El Gato compartió un partido con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Martín Insaurralde. El equipo del distrito es Tristán Suárez, de estrechos vínculos con la municipalidad, a tal punto que Alejandro y Gastón Granados (que, además, es hincha de Racing) fueron presidentes. Alejandro es el mandamás actual.

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Investigan en Neuquén una estafa con planes sociales que llegaría a $153 millones
Las maniobras incluyen el uso de tarjetas de débito, un modus operandi similar al del caso bonaerense de Chocolate Rigau

Paz García PastormerloRío negro...Omar Gutiérrez, el gobernador saliente de Neuquén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Justicia de Neuquén investiga un entramado similar al de la causa de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero peronista que fue sorprendido y detenido con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense en su poder. En el caso de la provincia patagónica, pusieron el foco en una organización delictiva que realizaba estafas con planes sociales. La causa ya tiene 31 imputados.
La Justicia provincial confirmó la prisión preventiva para dos de los acusados. Se trata de Ricardo Soiza, que ocupaba la Dirección General de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, durante la administración del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Así como Soiza y Osuna, también el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera Tomás Siengentharler son investigados como líderes de la asociación ilícita. Ese delito también se le atribuye, en carácter de jefe, a Néstor Pablo Sanz, que era director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social.
A principios de este mes, Sanz realizó una declaración ante la fiscalía en la que reconoció su participación en el delito que se le atribuye. Tal como publicó el Río Negro, que accedió a la declaración, el imputado advirtió que la maniobra delictiva se originó en 2015. Entre otros detalles, aportó los nombres de los funcionarios que presuntamente ejecutaron la estafa y de quienes se beneficiaron de ella.
En concreto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén investiga supuestas maniobras desplegadas por un grupo de personas que, con distintas funciones y responsabilidades, realizó estafas a través de la gestión de un plan social destinado a cubrir necesidades surgidas por el desempleo. Según la teoría fiscal, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018. Sin embargo, los beneficiarios no recibían el total del monto asignado.
La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.
Tal como indicaron en el Ministerio Público, mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores cumplían, con roles y funciones concretas. El dinero de los planes sociales era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes solo recibían una fracción del plan.
Al parecer, la maniobra se hizo inicialmente con cheques y, a partir de la pandemia, continuó a través de las tarjetas de débito. Según contó Sanz, a partir de listados de personas vulnerables (aptas para recibir un subsidio por desocupación), se creaba una cuenta de caja de ahorro en el Banco Provincia de Neuquén.
El circuito ilegal
La información era enviada a los punteros políticos, quienes debían avisar a los beneficiarios que fueran a buscar su tarjeta de débito. Esas personas debían activar la cuenta y luego entregar la tarjeta y el PIN. Cuando el dinero de los subsidios se depositaba en las cuentas, los extractores retiraban $20.000 por día.
Tal como indicó Sanz en su declaración, el efectivo iba al despacho de Soiza. “El segundo o tercer día de pago, cuando terminaba la extracción, se citaba a cada referente político, se le entregaba un sobre que contenía lo que se le daba a cada beneficiario y el referente iba y le pagaba”, reveló.
Las pruebas que hasta el momento recolectó la fiscalía permiten atribuir conductas a las personas imputadas entre septiembre de 2020 y julio 2022, con un perjuicio total a la administración pública estimado en $153.377.900. Claro que el monto sería mucho mayor, si se tiene en cuenta la declaración de Sanz: el imputado afirmó que la maniobra que él conoce se remonta a 2015 –durante el primer gobierno de Omar Gutiérrez– y atravesó diversas gestiones ministeriales.
A Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, la fiscalía les atribuye el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, con 9303 hechos en concurso real, en carácter de coautores.
Asimismo, hay otras 26 personas imputadas por integrar la asociación ilícita. Entre ellas, particulares y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, con distintos niveles de participación en la maniobra delictiva.
Las defensas de Soiza y Osuna habían solicitado prisión domiciliaria. Sin embargo, a pedido del fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Narváez, la Justicia confirmó la prisión preventiva de ambos. Si bien ratificaron la decisión de otra jueza de Garantías, esta vez los magistrados modificaron el plazo de la medida cautelar: la detención fue fijada en 2 meses en lugar de seis.
Con la prisión preventiva se busca neutralizar el riesgo de que, en libertad, los imputados entorpezcan la investigación, destruyan u oculten evidencias o incluso influencien a otras personas. Sanz también tiene prisión preventiva y sus defensores solicitaron la domiciliaria: consideran que, por su “colaboración” en la investigación, no hay riesgo de entorpecimiento.
Sin embargo, Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicaron que la declaración de Sanz no fue suficiente para considerar que no podría realizar maniobras en contra de la investigación, por lo que ratificaron la necesidad de que continúe en una unidad de detención.
Los fiscales agregaron que, al contrastar su testimonio con el de otros coimputados, pudieron confirmar que “en la declaración ocultó o alteró información respecto del beneficio que obtuvo a nivel personal por su participación en las estafas”. Los jueces abordarán este viernes el pedido de prisión domiciliaria.

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