Carlos Melconian y su equipo se van de la Fundación Mediterránea
El think tank informó que el convenio con el referente de Juntos por el Cambio concluyó al término de los comicios
“Un programa económico integral para el país”. Así se tituló la columna que este lunes firmaron los economistas principales del Ieral en la nacion con Carlos Melconian a la cabeza. Allí destacaron que “esta etapa del plan está terminada, más allá de los reajustes que requiera la dinámica de los próximos meses. La imprescindible sintonía fina formará parte de una nueva etapa de trabajo”. Ese fue el preludio de una decisión que terminó de develarse ayer con la salida de Melconian y todo su equipo tras casi 20 meses de trabajo en los que elaboraron un programa económico para ponerlo a disposición del gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo.
El think tank confirmó la noticia en un comunicado publicado en sus canales oficiales: “En el día de la fecha, viernes 3 de noviembre de 2023, los Sres. miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea reunidos, consideraron y debatieron sobre la continuidad del plan económico que se encargó al Sr. Carlos Melconian. Considerando que el mismo fue concluido en el mes de octubre 2023, el Consejo resuelve dar por finalizado el programa y el vínculo con el Sr. Carlos Melconian, agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado al equipo y a la institución en general. El consejo evalúa los pasos a seguir para garantizar la labor del Ieral y el grupo de investigadores que lo conforman”.
Hasta hace unos días, desde la institución sostenían a Melconian para que hablara con el ganador del balotaje, sea con el libertario Javier Milei o con Sergio Massa si estuvieran interesados en contar con el equipo y el programa, pero al parecer la decisión de salir ya había sido tomada.
Fuentes de la fundación ratificaron a la nacion a fines de la semana pasada que sostenían la decisión de queelprograma“profesional”desarrollado pueda ser instrumentado por la próxima gestión nacional. Antes, en un comunicado, el consejo directivo de la entidad sostuvo que el proyecto fue “un logro significativo en nuestra contribución hacia un futuro más próspero para nuestro país, y está a disposición del próximo presidente de la Nación”.
Después de eso, se cerró el acuerdo de Bullrich y Mauricio Macri con Milei, por lo que se multiplicaron las versiones de que la excandidata impulsaría que el equipo mediterráneo se acercara al libertario. En paralelo, Massa afirmó que, si resulta ganador, elegirá “a los mejores sin dependencia de ninguna condición o cuestionamiento político”.
Sin embargo, varios empresarios empezaron a plantear que no se podía sostener el mismo esquema que antes de la elección y de la derrota de Bullrich. “Es el presidente de la Nación quien tiene que discutir y acordar con las mayorías políticas el respaldo a un programa completo e interrelacionado, para transformarlo luego en las reformas legales y administrativas necesarias para su instrumentación”, resumieron los economistas del Ieral en su columna en la nacion.
Los empresarios del consejo directivo agradecieron “profundamente” la participación del economista en el desarrollo de un programa para el próximo gobierno.
El consejo de administración de la Fundación Mediterránea ya había emitido previamente un comunicado el 24 de octubre, en el que señaló que, como estaba previsto en el cronograma de trabajo del Ieral, quedó “concluido” el programa económico. “Este ambicioso proyecto, en el que reunimos a los mejores especialistas en economía y reforma del Estado, ha sido un logro significativo en nuestra contribución hacia un futuro más próspero para nuestro país, y está a disposición del próximo presidente de la Nación”, insiste.
La institución sostuvo que tuvo el “privilegio” de contar con la “experiencia y dedicación de destacados profesionales en el campo de la economía y la administración pública” que diseñaron propuestas de reformas que “aspiran a contribuir al crecimiento sostenible y al bienestar” del país.
El programa, puntualizó, abarca: macroeconomía, reforma fiscal, impositiva y laboral; energía (gas, petróleo, generación y distribución); planes sociales; reforma del Estado (modernización), integración económica al mundo; políticas sectoriales y regionales en bienes y servicios; reformas al federalismo y la relación naciónprovincias; reforma previsional y desregulación.
A comienzos de diciembre de 2021, Melconian desembarcó en el Ieral, el think tank fundado por Domingo Cavallo en Córdoba en 1977 y de donde salió el equipo de economistas que lo acompañó como ministro. La decisión de incorporarlo generó tensiones entre los empresarios miembros de la fundación, que fueron superadas después de que el economista adhiriera al “federalismo” y al esquema de trabajo que traía el instituto desde sus orígenes.
La Fundación Mediterránea nació del impulso de los empresarios Fulvio Pagani (fundador de Arcor), Pedro Venturi y Piero Astori. En la actualidad, referentes del sector productivo de la Argentina vienen conversando sobre la percepción de que no hay equipos formados para hacerse cargo de “viabilizar” la economía del país. Incluso, están los que creen que Juntos por el Cambio no está preparándose como esperaban por si tiene la oportunidad de llegar nuevamente al poder
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Uno de los titulares de las tarjetas admitió ser “ñoqui” y que simulaba trabajar
Es uno de los 48 empleados “manipulados” por Rigau; la fiscal investiga a Claudio y Facundo Albini, cercanos a Massa
Hugo Alconada Mon
Chocolate Rigau y Facundo Albini, con un grupo de militantes
LA PLATA.– El hombre está nervioso. Ruega que su nombre no salga a la luz. Es dueño de una de las 48 tarjetas de débito que Julio “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron. Es uno de los empleados de la Legislatura bonaerense imputado por la fiscal Betina Lacki como presuntos partícipes de un fraude contra la administración pública, un delito no excarcelable. La fiscal los acusa de ser “ñoquis”. El hombre que dialoga con la nacion lo es.
“Nunca fui a trabajar; cobraba cero guita”, admite el hombre “ñoqui”, pero argumenta que aceptó por necesidad y señala como responsable al clan de Claudio y Facundo Albini. “Directamente me ofrecieron obra social y jubilación, a cambio de entregar la tarjeta [de débito] que nunca manejé yo”, cuenta.
La fiscal tiene a los Albini en la mira. Claudio, el padre, durante años director del área de Personal de la Legislatura, donde tejió una relación estrecha y fluida con Sergio Massa. Era uno de sus “bolseros”. Y Facundo, el hijo, entró a la Cámara de Diputados provincial a los 18 años, donde ascendió hasta convertirse en director de Control y Gestión de Secretaría Administrativa antes de ser electo concejal en La Plata, en 2019, por el Frente Renovador. Hoy es apoderado de Unión por la Patria a nivel provincial.
Los Albini deberán dar explicaciones en tribunales. La fiscal Lacki pidió la detención de ambos tras imputar a Claudio como presunto jefe de una asociación ilícita que habría defraudado a la administración pública provincial de manera reiterada y a su hijo Facundo como integrante de esa misma supuesta banda criminal, en tanto que el juez Federico Atencio rechazó los pedidos de eximición de prisión que ambos habían presentado. En otras palabras, podrían terminar en una celda si avanza la investigación penal.
Perspectiva judicial
Los 48 titulares de las tarjetas de débito que manipuló “Chocolate” Rigau afrontan un horizonte judicial similar. Podrían terminar detenidos. La fiscal Lacki los considera presuntos partícipes en la supuesta maniobra criminal y el juez Atencio también rechazó sus pedidos de eximición de prisión. Eso alteró al hombre “ñoqui”.
“Yo tengo trabajo por las mías”, dice. De manos grandes y avejentadas, labora con ellas, entre La Plata y City Bell. Pide que la nacion no detalle cuál es su oficio verdadero. “Lo que necesitaba era tener IOMA y sumar años para algún día jubilarme; ya estoy grande, ¿sabe? Y los Albini me ofrecieron eso”, plantea. “Nunca imaginé todo lo que pasó después”.
Eso que “pasó después” no solo fue la detención de “Chocolate” Rigau, sino todo un intento por acallar lo ocurrido, según cuenta el hombre, que se negó a que la nacion difundiera su nombre por temor a terminar en prisión.
“Tras la detención del tipo ese [por Rigau], me llamó una abogada para decirme qué tenía que declarar en tribunales”, dice. Ocurrió el mes pasado, precisa, pero se niega a dar el nombre de esa mujer que habría orquestado el presunto encubrimiento de un delito.
El hombre “ñoqui” no fue, sin embargo, el único de los 48 titulares de tarjetas de débito que recibió un llamado cuando la Justicia empezó a moverse. Al menos otros siete fueron contactados desde la Legislatura y así lo admitieron cuando los convocó a declarar la fiscal Lacki por primera vez, según reconstruyó la nacion. Aun así, ninguno de esos siete aportó su nombre, ya fuera por desconocimiento, olvido o complicidad.
Abogada sin nombre
Ramón Alberto Sosa detalló ante la fiscal Lacki que lo llamó “alguien de Legales”. Aportó poco más. “Me hicieron preguntas de si conocía a Julio y si yo le había dado la tarjeta”, adujo. También Daniel Mederos admitió que lo llamaron “los legales de la Cámara”. Contó que debió presentarse un sábado, en el “subsuelo de la Cámara”. ¿Para qué? “Me hicieron las mismas preguntas que ahora”, explicó en tribunales.
Por su parte, Sheila Maroni contó que la llamaron “por la declaración interna” desde una Dirección de la Legislatura, pero obvió precisar cuál sería esa repartición, en tanto que el consuegro de Chocolate Rigau, Diego Koster, afirmó primero que nadie lo abordó, pero luego se rectificó: “Bah, sí. De Sumarios se contactaron; una señora, la verdad que no sé cómo se llama, para saber por qué Julio tenía la tarjeta mía”.
Los tres restantes titulares de tarjetas de débito tampoco recordaron –o dijeron no recordar– el nombre de quien los contactó desde la Legislatura. “Me llamaron de Legales para hacer una declaración. Me contactaron telefónicamente y me hice presente y me pidieron detalles y datos personales”, testificó Rosana Delgado. “No sé el apellido y nombre. Me dieron una copia, pero no tenía los datos de quién me tomó la declaración”, abundó, para luego aducir que tampoco sabía en qué expediente interno de la Cámara había declarado.
El hombre “ñoqui” que teme terminar detenido y que dialogó con la nacion bajo reserva de su nombre cuenta otras derivaciones del escándalo. “Desde que estalló el quilombo tengo que ir a la Legislatura una hora, todos los días, por las tardes, a poner la cara”, dice, aunque cuenta que no tiene oficina, computadora, escritorio o siquiera silla. Es una gran simulación. “A veces estoy ahí un rato, parado en un pasillo, con el teléfono”, dice.
La maniobra podría ser otro esfuerzo por encubrir el desfalco al Estado bonaerense de quienes se encuentran en los eslabones superiores a Rigau, cuya defensa presentó dos recursos para anular la investigación o, al menos, la apertura de su teléfono celular; ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver ambos planteos. Mientras tanto, el hombre “ñoqui” ignora cuánto tiempo durará esta fase en que debe simular que trabaja, ni cuándo le ordenarán que deje de gastar como si ese dinero fuera una contraprestación real. “Al menos ahora”, dice, “cobro”
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Cristina recurrió a la Corte por los juicios en puerta
Planteó un recurso para evitar que se avance con los procesos de Hotesur-los Sauces y el pacto con Irán
LA PLATA.– El hombre está nervioso. Ruega que su nombre no salga a la luz. Es dueño de una de las 48 tarjetas de débito que Julio “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron. Es uno de los empleados de la Legislatura bonaerense imputado por la fiscal Betina Lacki como presuntos partícipes de un fraude contra la administración pública, un delito no excarcelable. La fiscal los acusa de ser “ñoquis”. El hombre que dialoga con la nacion lo es.
“Nunca fui a trabajar; cobraba cero guita”, admite el hombre “ñoqui”, pero argumenta que aceptó por necesidad y señala como responsable al clan de Claudio y Facundo Albini. “Directamente me ofrecieron obra social y jubilación, a cambio de entregar la tarjeta [de débito] que nunca manejé yo”, cuenta.
La fiscal tiene a los Albini en la mira. Claudio, el padre, durante años director del área de Personal de la Legislatura, donde tejió una relación estrecha y fluida con Sergio Massa. Era uno de sus “bolseros”. Y Facundo, el hijo, entró a la Cámara de Diputados provincial a los 18 años, donde ascendió hasta convertirse en director de Control y Gestión de Secretaría Administrativa antes de ser electo concejal en La Plata, en 2019, por el Frente Renovador. Hoy es apoderado de Unión por la Patria a nivel provincial.
Los Albini deberán dar explicaciones en tribunales. La fiscal Lacki pidió la detención de ambos tras imputar a Claudio como presunto jefe de una asociación ilícita que habría defraudado a la administración pública provincial de manera reiterada y a su hijo Facundo como integrante de esa misma supuesta banda criminal, en tanto que el juez Federico Atencio rechazó los pedidos de eximición de prisión que ambos habían presentado. En otras palabras, podrían terminar en una celda si avanza la investigación penal.
Perspectiva judicial
Los 48 titulares de las tarjetas de débito que manipuló “Chocolate” Rigau afrontan un horizonte judicial similar. Podrían terminar detenidos. La fiscal Lacki los considera presuntos partícipes en la supuesta maniobra criminal y el juez Atencio también rechazó sus pedidos de eximición de prisión. Eso alteró al hombre “ñoqui”.
“Yo tengo trabajo por las mías”, dice. De manos grandes y avejentadas, labora con ellas, entre La Plata y City Bell. Pide que la nacion no detalle cuál es su oficio verdadero. “Lo que necesitaba era tener IOMA y sumar años para algún día jubilarme; ya estoy grande, ¿sabe? Y los Albini me ofrecieron eso”, plantea. “Nunca imaginé todo lo que pasó después”.
Eso que “pasó después” no solo fue la detención de “Chocolate” Rigau, sino todo un intento por acallar lo ocurrido, según cuenta el hombre, que se negó a que la nacion difundiera su nombre por temor a terminar en prisión.
“Tras la detención del tipo ese [por Rigau], me llamó una abogada para decirme qué tenía que declarar en tribunales”, dice. Ocurrió el mes pasado, precisa, pero se niega a dar el nombre de esa mujer que habría orquestado el presunto encubrimiento de un delito.
El hombre “ñoqui” no fue, sin embargo, el único de los 48 titulares de tarjetas de débito que recibió un llamado cuando la Justicia empezó a moverse. Al menos otros siete fueron contactados desde la Legislatura y así lo admitieron cuando los convocó a declarar la fiscal Lacki por primera vez, según reconstruyó la nacion. Aun así, ninguno de esos siete aportó su nombre, ya fuera por desconocimiento, olvido o complicidad.
Abogada sin nombre
Ramón Alberto Sosa detalló ante la fiscal Lacki que lo llamó “alguien de Legales”. Aportó poco más. “Me hicieron preguntas de si conocía a Julio y si yo le había dado la tarjeta”, adujo. También Daniel Mederos admitió que lo llamaron “los legales de la Cámara”. Contó que debió presentarse un sábado, en el “subsuelo de la Cámara”. ¿Para qué? “Me hicieron las mismas preguntas que ahora”, explicó en tribunales.
Por su parte, Sheila Maroni contó que la llamaron “por la declaración interna” desde una Dirección de la Legislatura, pero obvió precisar cuál sería esa repartición, en tanto que el consuegro de Chocolate Rigau, Diego Koster, afirmó primero que nadie lo abordó, pero luego se rectificó: “Bah, sí. De Sumarios se contactaron; una señora, la verdad que no sé cómo se llama, para saber por qué Julio tenía la tarjeta mía”.
Los tres restantes titulares de tarjetas de débito tampoco recordaron –o dijeron no recordar– el nombre de quien los contactó desde la Legislatura. “Me llamaron de Legales para hacer una declaración. Me contactaron telefónicamente y me hice presente y me pidieron detalles y datos personales”, testificó Rosana Delgado. “No sé el apellido y nombre. Me dieron una copia, pero no tenía los datos de quién me tomó la declaración”, abundó, para luego aducir que tampoco sabía en qué expediente interno de la Cámara había declarado.
El hombre “ñoqui” que teme terminar detenido y que dialogó con la nacion bajo reserva de su nombre cuenta otras derivaciones del escándalo. “Desde que estalló el quilombo tengo que ir a la Legislatura una hora, todos los días, por las tardes, a poner la cara”, dice, aunque cuenta que no tiene oficina, computadora, escritorio o siquiera silla. Es una gran simulación. “A veces estoy ahí un rato, parado en un pasillo, con el teléfono”, dice.
La maniobra podría ser otro esfuerzo por encubrir el desfalco al Estado bonaerense de quienes se encuentran en los eslabones superiores a Rigau, cuya defensa presentó dos recursos para anular la investigación o, al menos, la apertura de su teléfono celular; ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver ambos planteos. Mientras tanto, el hombre “ñoqui” ignora cuánto tiempo durará esta fase en que debe simular que trabaja, ni cuándo le ordenarán que deje de gastar como si ese dinero fuera una contraprestación real. “Al menos ahora”, dice, “cobro”
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Cristina recurrió a la Corte por los juicios en puerta
Planteó un recurso para evitar que se avance con los procesos de Hotesur-los Sauces y el pacto con Irán
Hernán Cappiello
Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que revoque las sentencias que ordenaron juzgarla por el caso Hotesur-los Sauces, donde enfrenta acusaciones de lavado de dinero, y por la causa de la firma del memorándum con Irán.
Es el último recurso que le queda para evitar ambos juicios, luego de que se decidió reabrir esos expedientes, donde la vicepresidenta estaba sobreseída.
Los recursos no plantean la recusación de los jueces de la Corte, a los cuales el kirchnerismo quiere destituir mediante un juicio político.
La defensa entiende que no hay razones técnicas para el planteo y no recibió instrucciones de la vicepresidenta para intentar correr a los magistrados del máximo tribunal de estas causas.
En paralelo con el ingreso de estos dos recursos de queja a la Corte Suprema de Justicia, Cristina Kirchner recusó a los jueces que salieron sorteados para juzgarla por el caso de la firma del pacto con Irán, según dijeron a la nacion fuentes allegadas a la vicepresidenta.
Son los magistrados Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos.
La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, planteó que los magistrados intervinieron en alguno de los juicios conectados con la investigación del atentado terrorista ocurrido en 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA.
Por eso, entendió que estos tres jueces no pueden integrar ahora el tribunal que juzgue a los acusados de firmar un pacto internacional con Irán para facilitar la indagatoria de los iraníes y libaneses que están prófugos por la voladura de la AMIA porque ya actuaron antes en casos conexos.
Es el mismo argumento que esgrimió la Cámara de Casación cuando excluyó a la jueza Sabrina Namer de este caso.
Ella fue apartada por la Cámara de Casación porque había sido titular de la UFI-AMIA y allí investigó hechos del atentado que estaban relacionados con la firma del pacto con Irán.
En su recusación, Beraldi entendió que los jueces Basso y Ríos no deberían integrar el tribunal por el caso del memorándum porque actuaron en un juicio en el que absolvieron al exreducidor de autos y ahora abogado Carlos Telleldín, acusado por el ataque a la AMIA.
Argumentó la defensa que su imparcialidad está contaminada por esa intervención.
En el caso del juez Giménez Uriburu, la defensa de la vicepresidenta recordó que él mismo se había excusado de intervenir en una causa relacionada con el ataque a la AMIA por su relación con el exjuez federal Juan José Galeano, el primer magistrado que investigó el atentado. Giménez Uriburu era funcionario en ese juzgado federal.
Para decidir estas recusaciones se deberá designar a un tribunal oral que analice el asunto y luego esa decisión se puede recurrir a la Cámara de Casación.
Al mismo tiempo, los jueces Basso y Giménez Uriburu se excusaron de intervenir en este nuevo juicio contra Cristina Kirchner. Plantearon que tienen mucho trabajo y no pueden conciliar sus agendas.
Giménez Uriburu, además de sus casos de Comodoro Py, interviene en una megacausa de corrupción en Mar del Plata y debe viajar todas la semanas.
Basso tiene los juicios de su tribunal, es suplente en otro tribunal oral que juzgará la segunda parte de la causa Vialidad y es suplente en otro tribunal en La Plata.
Esto congela por ahora una definición sobre la integración del tribunal que realizará ese juicio por el pacto con Irán, al menos hasta que se resuelvan las recusaciones. Pero hay otro asunto que pone en pausa ese juicio y es el recurso de queja de Cristina Kirchner ante la Corte.
Si bien no hay ninguna regla que lo disponga, el criterio de algunos tribunales orales es que no corresponde avanzar con la realización de un juicio, su organización y la definición de una fecha de inicio hasta tanto la Corte no haya resuelto el último recurso de las defensas. Por lo que una definición en este caso y en Hotesur-los Sauces puede demorar. La Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en los casos Hotesur-los Sauces y pacto con Irán. Ordenó realizar los dos juicios orales, pero la puesta en práctica de esa decisión aún debe sortear los planteos de los abogados defensores.
En el caso Hotesur-los Sauces, la vicepresidenta y su hijo Máximo están acusados de lavado de dinero, por los pagos en concepto de alquileres que recibieron de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, que habrían sido –según la hipótesis de la acusación– un retorno por sus negocios con el Estado. En el caso del memorándum con Irán, el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, denunció que Cristina Kirchner buscaba con la firma de ese acuerdo internacional la impunidad de los iraníes acusados del atentado.
Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que revoque las sentencias que ordenaron juzgarla por el caso Hotesur-los Sauces, donde enfrenta acusaciones de lavado de dinero, y por la causa de la firma del memorándum con Irán.
Es el último recurso que le queda para evitar ambos juicios, luego de que se decidió reabrir esos expedientes, donde la vicepresidenta estaba sobreseída.
Los recursos no plantean la recusación de los jueces de la Corte, a los cuales el kirchnerismo quiere destituir mediante un juicio político.
La defensa entiende que no hay razones técnicas para el planteo y no recibió instrucciones de la vicepresidenta para intentar correr a los magistrados del máximo tribunal de estas causas.
En paralelo con el ingreso de estos dos recursos de queja a la Corte Suprema de Justicia, Cristina Kirchner recusó a los jueces que salieron sorteados para juzgarla por el caso de la firma del pacto con Irán, según dijeron a la nacion fuentes allegadas a la vicepresidenta.
Son los magistrados Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos.
La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, planteó que los magistrados intervinieron en alguno de los juicios conectados con la investigación del atentado terrorista ocurrido en 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA.
Por eso, entendió que estos tres jueces no pueden integrar ahora el tribunal que juzgue a los acusados de firmar un pacto internacional con Irán para facilitar la indagatoria de los iraníes y libaneses que están prófugos por la voladura de la AMIA porque ya actuaron antes en casos conexos.
Es el mismo argumento que esgrimió la Cámara de Casación cuando excluyó a la jueza Sabrina Namer de este caso.
Ella fue apartada por la Cámara de Casación porque había sido titular de la UFI-AMIA y allí investigó hechos del atentado que estaban relacionados con la firma del pacto con Irán.
En su recusación, Beraldi entendió que los jueces Basso y Ríos no deberían integrar el tribunal por el caso del memorándum porque actuaron en un juicio en el que absolvieron al exreducidor de autos y ahora abogado Carlos Telleldín, acusado por el ataque a la AMIA.
Argumentó la defensa que su imparcialidad está contaminada por esa intervención.
En el caso del juez Giménez Uriburu, la defensa de la vicepresidenta recordó que él mismo se había excusado de intervenir en una causa relacionada con el ataque a la AMIA por su relación con el exjuez federal Juan José Galeano, el primer magistrado que investigó el atentado. Giménez Uriburu era funcionario en ese juzgado federal.
Para decidir estas recusaciones se deberá designar a un tribunal oral que analice el asunto y luego esa decisión se puede recurrir a la Cámara de Casación.
Al mismo tiempo, los jueces Basso y Giménez Uriburu se excusaron de intervenir en este nuevo juicio contra Cristina Kirchner. Plantearon que tienen mucho trabajo y no pueden conciliar sus agendas.
Giménez Uriburu, además de sus casos de Comodoro Py, interviene en una megacausa de corrupción en Mar del Plata y debe viajar todas la semanas.
Basso tiene los juicios de su tribunal, es suplente en otro tribunal oral que juzgará la segunda parte de la causa Vialidad y es suplente en otro tribunal en La Plata.
Esto congela por ahora una definición sobre la integración del tribunal que realizará ese juicio por el pacto con Irán, al menos hasta que se resuelvan las recusaciones. Pero hay otro asunto que pone en pausa ese juicio y es el recurso de queja de Cristina Kirchner ante la Corte.
Si bien no hay ninguna regla que lo disponga, el criterio de algunos tribunales orales es que no corresponde avanzar con la realización de un juicio, su organización y la definición de una fecha de inicio hasta tanto la Corte no haya resuelto el último recurso de las defensas. Por lo que una definición en este caso y en Hotesur-los Sauces puede demorar. La Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en los casos Hotesur-los Sauces y pacto con Irán. Ordenó realizar los dos juicios orales, pero la puesta en práctica de esa decisión aún debe sortear los planteos de los abogados defensores.
En el caso Hotesur-los Sauces, la vicepresidenta y su hijo Máximo están acusados de lavado de dinero, por los pagos en concepto de alquileres que recibieron de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, que habrían sido –según la hipótesis de la acusación– un retorno por sus negocios con el Estado. En el caso del memorándum con Irán, el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, denunció que Cristina Kirchner buscaba con la firma de ese acuerdo internacional la impunidad de los iraníes acusados del atentado.
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