El Gobierno modificará el piso de Ganancias para que esté entre $1,5 y $2 millones
Entre hoy y mañana Milei terminará de definirlo y estará incluido en el paquete fiscal que se remitirá en los próximos días al Congreso; no se incorporaría una cláusula retroactiva
Cecilia Devanna
El Gobierno termina este fin de semana de pulir el proyecto de ley por el cual busca reinstaurar el impuesto a las ganancias a partir del establecimiento de un piso que estaría entre $1,5 y $2 millones. La intención es enviar la iniciativa al Congreso esta semana. Los gobernadores que estuvieron en la Casa Rosada precisaron que a ellos les transmitieron que la idea es que se ubique entre $1,6 y $1,8 millones. En esta versión no se incorporaría una cláusula retroactiva por el período no abonado, como el propio Gobierno había sugerido.
La versión final de la nueva “Ley de bases” y el capítulo fiscal se terminan de definir por estas horas entre la más altas terminales de la administración libertaria. En el Palacio de Hacienda, a cargo de Luis Caputo, se pulen los números de uno de los aspectos más sensibles: el del impuesto a las ganancias. La restitución de la cuarta categoría cuyo monto aún no está totalmente definido podría ubicar el nuevo piso para pagar el gravamen entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, según dejaron trascender a la nacion desde las filas oficialistas. Los gobernadores que hablaron con la Casa Rosada, parte de los cuales se reunieron, tuvieron acceso a una precisión mayor: estaría entre 1,6 y 1,8 millones.
En ambos casos se trata de una diferencia sustancial con la primera opción que se barajó en el Gobierno, a comienzos de año, y que estaba en 1,2 millones de pesos. Algo que quedó definitivamente descartado este viernes por la noche por el propio titular de la cartera de Economía. “Tiene que tener un piso razonable. No va a ser de $ 1,2 millones”, aseguró Caputo. Actualmente, el piso mínimo de Ganancias abarca a 2,3 millones de personas.
En el texto del capítulo fiscal que incluye Ganancias quedará completamente salvado el vacío legal que inicialmente abrió dudas sobre la posibilidad de que quienes vuelvan a tributar tuvieran que pagar el retroactivo por el último trimestre del año pasado. “Se cierra el círculo y nadie pagará retroactivamente”, afirmaron parte de las fuentes consultadas. “En el texto se subsana el error de (Sergio) Massa. Queda saldado”, ampliaron. Había sido el ministro Guillermo Francos quien había agitado esa posibilidad.
Aunque al no estar definido el mínimo no imponible no se puede conocer con exactitud el número de personas que deberían volver a pagar, las estimaciones de los tributaristas apuntan a que estaría alrededor o ligeramente debajo de los 800.000 contribuyentes que dejaron de tributarlo con la decisión electoralista de Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial.
Al escenario de cálculo del universo alcanzado por la medida se suma de momento la histórica falta de estadísticas de cuántas personas pagan Ganancias en cada período. Y la estimación también se dificulta por elementos como las deducciones y el estado civil de las personas que pueden hacer que eventualmente, pese a sus salarios, no terminen pagando el impuesto.
“Se está terminando de pulir. Es una discusión entre los gobernadores del norte y los del sur. Hay que encontrar el equilibrio”, dijo una altísima fuente de Gobierno a este diario sobre el piso que se definirá en las próximas horas. “Es para resolver un problema de la provincias”, completó, y resaltó que aún quedaban pendientes charlas con algunos de los mandatarios provinciales, aunque en términos de reuniones la del jueves habría sido la última.
En la sede del Gobierno detallaban en las últimas horas que Ganancias, que en adelante se llamará “impuesto a los ingresos personales”, “tendrá menos incidencia de lo que se suponía” y destacaban que “la clave es la progresividad”, con escalas que irían del 5 al 35%, según los ingresos. “No tendrá un impacto fuerte en el sueldo. En algunos casos será de alrededor de 20.000 pesos”, detallaban.
Dentro del capítulo fiscal también estará el blanqueo, uno de los puntos sobre los que aún no abundan detalles. De hecho ni siquiera los tienen los gobernadores de Juntos por el Cambio que este jueves estuvieron reunidos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en la Casa Rosada. El tema genera muchas expectativas respecto de sus alcances.
El capítulo también incluirá modificaciones de excepciones del sistema tributario y cambios en impuestos a los bienes personales, donde, según explican fuentes con acceso al tema, “sube la escala y cambia la fórmula”. Otros impuestos internos, como el que se aplica al tabaco, también registrarán cambios.
El proyecto de la “Ley de bases” y el capítulo fiscal llegarían juntos al Congreso. Sobre la “Ley de bases” se toma lo que se mandó inicialmente y sobre eso se hará un nuevo dictamen y se escribirán los nuevos artículos que no estaban en aquella primera versión, detallaron las fuentes consultadas. Irá junto al capítulo fiscal, pero con una diferenciación, porque este último no llegó a tener trámite parlamentario como sí sucedió con la primera. “Irán a la par, pero son dos leyes distintas”, describen.
En la “Ley de bases”, que tendrá entre 10 y 12 capítulos o títulos, estarán incluidos: reforma del Estado, facultades delegadas y empresas a privatizar. Todo lo vinculado con los regímenes carburíferos, mineros, lo referente al sector energético y el régimen de grandes inversiones. Todo apuntando al desarrollo económico vía desregulación y regímenes de promoción.
En los planes también está incluir el capítulo de la reforma laboral que inicialmente estaba incorporado en el DNU 70/2023, y que quedó frenado por la Justicia, tras una serie de amparos. La inclusión fue pedida principalmente por la oposición dialoguista, a varios de cuyos prin- cipales referentes recibió el Gobierno en la sede de Interior a lo largo de las últimas semanas. Todo indica que puede que esté adentro, pero en Balcarce 50 aclaran que todavía no está incluida. La enviará la oposición en las próximas horas y desde el Gobierno son claros al señalar que “si lo que mandan está alineado, no va a haber ningún problema en introducirla tal cual”. La idea es que lo que se incluya tenga posibilidades de pasar el filtro legislativo. Para eso podrían introducirse modificaciones sustanciales, como dejar afuera la eliminación de los aportes sindicales obligatorios y la prohibición de protesta. El texto sí mantendría aspectos de la versión del DNU, como el reemplazo del sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, la prolongación del período de prueba y la reducción de multas por no registración.
Los borradores de la “Ley de bases” y el capítulo fiscal serán enviados a gobernadores y jefes de bloques apenas estén, con la idea de cerrar todo y cumplir con los tiempos propuestos desde hace semanas por Balcarce 50: que el 17 entren en comisión, el 24 se traten en el recinto de la Cámara baja y para mayo ya estén en el Senado.
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Los gobernadores de JXC esperan a ver el proyecto
Ganancias y las cajas jubilatorias son los temas que más preocupan a los mandatarios
Gabriela Origlia
Los gobernadores de JXC, el último jueves en la Casa Rosada
CÓRDOBA.– Los gobernadores esperan, en las próximas horas, recibir el nuevo proyecto de restitución de Ganancias a la cuarta categoría con un piso de entre $1,6 millones y $1,8 millones. También aguardan que se publique la corrección o modificación del DNU que eliminó las partidas de financiamiento para las 13 cajas previsionales de las provincias no transferidas a la Nación. Esos son los compromisos asumidos, aseguran, por los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse. De ese modo, ratifican que están dispuestos a acompañar la ley ómnibus y el Pacto de Mayo.
Desde el grupo de mandatarios de Juntos por el Cambio (JXC), cuatro de los asistentes confirmaron a la nacion que durante el encuentro del último jueves en la Casa Rosada no hubo “letra fina” sobre Ganancias, aunque Francos y Posse tomaron nota de sus planteos y les aseguraron que se elevaría el piso de $1,2 millones que había adelantado el ministro del Interior, además de aceptar que se bajarían las alícuotas para los trabajadores que empiecen a tributar.
Los mandatarios en general se opusieron siempre al regreso del impuesto por el costo político que implica; por eso insistieron en subir el mínimo no imponible aplicando un criterio de “razonabilidad” para “no empujar a la pobreza” a un grupo importante de trabajadores. Los patagónicos, incluso, entienden que podría haber un esquema especial para los petroleros, que por su nivel de sueldos quedarían comprendidos en su totalidad.
Respecto de las alícuotas de Ingresos Personales -como pasará a llamarse el impuesto a las ganancias-, los gobernadores ratificaron que deben ser progresivas, desde el 5%. “Quedamos en que sería así, 5%, 9% hasta llegar a 35%, para atenuar el impacto en los que empiecen a pagar. Además, el piso más alto”, resumió un mandatario de la región centro consultado por este medio.
Sobre las transferencias de la Anses, fijadas por ley, para las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, la incertidumbre es mayor. Mientras unos sostienen que “todavía está todo en el aire” porque los representantes de la Rosada se limitaron a ratificar que la “plata está”, otros interpretan que aceptaron “corregir” el DNU por el que se eliminaron los artículos del presupuesto 2023 prorrogado, que obligaba a la Anses a girar el dinero. Pese a ello, desde la asunción de Javier Milei se dejaron de enviar esos fondos.
El esquema de retomar las transferencias sería hacia adelante, mientras que la deuda acumulada se cancelaría con la emisión de un bono, lo que es una práctica común en estos casos. Este diario, en función de los cálculos de varias provincias, adelantó que este mes la Nación debería girar a Buenos Aires $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6500 millones; Formosa, $2260 millones; La Pampa, $1720 millones; Misiones, $1790 millones, y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones. Amenaza de judicialización Desde que salió el decreto, los gobernadores de las provincias afectadas -incluso los más cercanos a la Rosadale hicieron saber a Francos que están dispuestos a ir a la Corte Suprema de Justicia con el reclamo. Por el monto en juego, es un tema crucial para las finanzas provinciales. No hay avances en los pedidos de las provincias de reiniciar obras públicas claves, de lo que vienen pidiendo precisiones a la Nación, y tampoco se habló en los últimos contactos de los subsidios para el transporte.
La decena de gobernadores de JXC señala que “no hay argumentos” para no apoyar la “Ley de bases”. El puntano Claudio Poggi afirma que todos les van “a transmitir” a sus legisladores “la necesidad de que salga”, aunque admitió que cada provincia tiene “sus particularidades” y que “el equilibrio fiscal nacional no debe lograrse a expensas del desequilibrio fiscal” de esos distritos.
El santafesino Maximiliano Pulla ro está en la misma posición; comenta que los artículos de la primera versión de la ley que no iba a acompañar -como retenciones, biocombustibles y el previsional- se eliminaron, por lo que “se avanzó mucho”. En su caso, quiere analizar “en detalle” el blanqueo por la pelea encarada en su provincia contra el narcotráfico. Entiende que es “clave” que no haya “aspectos” contradictorios entre ambos temas.
El gobernador Rogelio Frigerio convocará a los legisladores nacionales de JXC de Entre Ríos y, según dijo a la prensa, les transmitirá “lo que hablé con el gobierno nacional y lo que yo entiendo que necesita” la provincia. También el chubutense Ignacio Torres se alineó con el apoyo a la ley.
El cordobés Martín Llaryora viene dialogando con Francos y, desde su entorno, aseguran que “vienen bien”. Que la Caja de Jubilaciones de Córdoba -por la que la provincia ya tiene presentaciones judiciales del año pasado- tuvo auditorías realizadas “recientemente”. Lo más urgente, dijeron, es “regularizar” los envíos mensuales y definir la manera de cobrar la deuda.
Hasta el momento Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, es el único mandatario que adelantó que no acompañará. “Somos una de las provincias que menos recursos reciben”, insistió el viernes en una entrevista con FM San Jorge. Después de mostrarse preocupado por la situación social, advirtió que “si este tipo de consecuencias y complicaciones es lo que va a traer la ‘Ley de bases’, la verdad es que, claramente, no voy a estar de acuerdo”.
El gobierno nacional focalizó las negociaciones entre los mandatarios de JXC, pero aún no convocó al resto de los gobernadores, sobre todo a los que considera refractarios a la administración del presidente Javier Milei. “Nada”, respondieron ayer desde el entorno del bonaerense Axel Kicillof, ante la consulta de si la Casa Rosada los había contactado. Por lo visto, la gestión libertaria no considera que puede convencer a los representantes del PJ.
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Los puntos conflictivos que demoran el acuerdo por la “Ley de bases”
Esta semana ingresaría el nuevo proyecto, pero hay diferencias por las delegaciones, Bienes Personales y fondos fiduciarios
CÓRDOBA.– Los gobernadores esperan, en las próximas horas, recibir el nuevo proyecto de restitución de Ganancias a la cuarta categoría con un piso de entre $1,6 millones y $1,8 millones. También aguardan que se publique la corrección o modificación del DNU que eliminó las partidas de financiamiento para las 13 cajas previsionales de las provincias no transferidas a la Nación. Esos son los compromisos asumidos, aseguran, por los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse. De ese modo, ratifican que están dispuestos a acompañar la ley ómnibus y el Pacto de Mayo.
Desde el grupo de mandatarios de Juntos por el Cambio (JXC), cuatro de los asistentes confirmaron a la nacion que durante el encuentro del último jueves en la Casa Rosada no hubo “letra fina” sobre Ganancias, aunque Francos y Posse tomaron nota de sus planteos y les aseguraron que se elevaría el piso de $1,2 millones que había adelantado el ministro del Interior, además de aceptar que se bajarían las alícuotas para los trabajadores que empiecen a tributar.
Los mandatarios en general se opusieron siempre al regreso del impuesto por el costo político que implica; por eso insistieron en subir el mínimo no imponible aplicando un criterio de “razonabilidad” para “no empujar a la pobreza” a un grupo importante de trabajadores. Los patagónicos, incluso, entienden que podría haber un esquema especial para los petroleros, que por su nivel de sueldos quedarían comprendidos en su totalidad.
Respecto de las alícuotas de Ingresos Personales -como pasará a llamarse el impuesto a las ganancias-, los gobernadores ratificaron que deben ser progresivas, desde el 5%. “Quedamos en que sería así, 5%, 9% hasta llegar a 35%, para atenuar el impacto en los que empiecen a pagar. Además, el piso más alto”, resumió un mandatario de la región centro consultado por este medio.
Sobre las transferencias de la Anses, fijadas por ley, para las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, la incertidumbre es mayor. Mientras unos sostienen que “todavía está todo en el aire” porque los representantes de la Rosada se limitaron a ratificar que la “plata está”, otros interpretan que aceptaron “corregir” el DNU por el que se eliminaron los artículos del presupuesto 2023 prorrogado, que obligaba a la Anses a girar el dinero. Pese a ello, desde la asunción de Javier Milei se dejaron de enviar esos fondos.
El esquema de retomar las transferencias sería hacia adelante, mientras que la deuda acumulada se cancelaría con la emisión de un bono, lo que es una práctica común en estos casos. Este diario, en función de los cálculos de varias provincias, adelantó que este mes la Nación debería girar a Buenos Aires $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6500 millones; Formosa, $2260 millones; La Pampa, $1720 millones; Misiones, $1790 millones, y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones. Amenaza de judicialización Desde que salió el decreto, los gobernadores de las provincias afectadas -incluso los más cercanos a la Rosadale hicieron saber a Francos que están dispuestos a ir a la Corte Suprema de Justicia con el reclamo. Por el monto en juego, es un tema crucial para las finanzas provinciales. No hay avances en los pedidos de las provincias de reiniciar obras públicas claves, de lo que vienen pidiendo precisiones a la Nación, y tampoco se habló en los últimos contactos de los subsidios para el transporte.
La decena de gobernadores de JXC señala que “no hay argumentos” para no apoyar la “Ley de bases”. El puntano Claudio Poggi afirma que todos les van “a transmitir” a sus legisladores “la necesidad de que salga”, aunque admitió que cada provincia tiene “sus particularidades” y que “el equilibrio fiscal nacional no debe lograrse a expensas del desequilibrio fiscal” de esos distritos.
El santafesino Maximiliano Pulla ro está en la misma posición; comenta que los artículos de la primera versión de la ley que no iba a acompañar -como retenciones, biocombustibles y el previsional- se eliminaron, por lo que “se avanzó mucho”. En su caso, quiere analizar “en detalle” el blanqueo por la pelea encarada en su provincia contra el narcotráfico. Entiende que es “clave” que no haya “aspectos” contradictorios entre ambos temas.
El gobernador Rogelio Frigerio convocará a los legisladores nacionales de JXC de Entre Ríos y, según dijo a la prensa, les transmitirá “lo que hablé con el gobierno nacional y lo que yo entiendo que necesita” la provincia. También el chubutense Ignacio Torres se alineó con el apoyo a la ley.
El cordobés Martín Llaryora viene dialogando con Francos y, desde su entorno, aseguran que “vienen bien”. Que la Caja de Jubilaciones de Córdoba -por la que la provincia ya tiene presentaciones judiciales del año pasado- tuvo auditorías realizadas “recientemente”. Lo más urgente, dijeron, es “regularizar” los envíos mensuales y definir la manera de cobrar la deuda.
Hasta el momento Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, es el único mandatario que adelantó que no acompañará. “Somos una de las provincias que menos recursos reciben”, insistió el viernes en una entrevista con FM San Jorge. Después de mostrarse preocupado por la situación social, advirtió que “si este tipo de consecuencias y complicaciones es lo que va a traer la ‘Ley de bases’, la verdad es que, claramente, no voy a estar de acuerdo”.
El gobierno nacional focalizó las negociaciones entre los mandatarios de JXC, pero aún no convocó al resto de los gobernadores, sobre todo a los que considera refractarios a la administración del presidente Javier Milei. “Nada”, respondieron ayer desde el entorno del bonaerense Axel Kicillof, ante la consulta de si la Casa Rosada los había contactado. Por lo visto, la gestión libertaria no considera que puede convencer a los representantes del PJ.
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Los puntos conflictivos que demoran el acuerdo por la “Ley de bases”
Esta semana ingresaría el nuevo proyecto, pero hay diferencias por las delegaciones, Bienes Personales y fondos fiduciarios
Laura Serra
La versión acotada de la llamada “Ley de bases” y el paquete de reformas fiscales tendrán la semana próxima una instancia definitoria con vistas al Pacto de Mayo. Mientras en la Casa Rosada exudan confianza y aseveran que el acuerdo está avanzado y casi cerrado, entre los legisladores y los gobernadores no reina ese mismo optimismo. Si bien los textos fueron remozados con el aporte de la oposición dialoguista, aún persisten algunos puntos sobre los que no hay consenso.
La cuestión no es menor, ya que la discusión en particular de algunos de los artículos más conflictivos del proyecto original fue lo que hizo naufragar la media sanción en la Cámara de Diputados en febrero pasado, pese a que días antes había obtenido un amplio apoyo (144 votos a favor) en la votación general.
Entre los puntos sobre los que todavía no está cerrado el acuerdo figuran los siguientes:
Delegaciones legislativas. Si bien en la nueva versión las delegaciones legislativas se presentan más acotadas que en el proyecto original (las limita a las materias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa por el plazo de un año), el Gobierno incluyó un artículo por demás polémico por el cual pretende obtener amplias facultades en materia de desregulación económica.
Se trata del artículo 71, que establece que, por el plazo de un año, el Poder Ejecutivo estará facultado a “disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate”.
Como toda limitación, se establece que el Ejecutivo “deberá justificar estos extremos de forma suficiente”.
Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales anticiparon su rechazo a este artículo. “No pasa”, advirtieron. Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Está destinado a las grandes inversiones, con foco en los sectores de la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. A todos ellos les ofrece importantes incentivos aduaneros, tributarios y cambiarios.
La oposición dialoguista, si bien coincide en la necesidad de incentivar inversiones con alicientes fiscales y reglas estables en materia cambiaria y tributaria, advierte que algunos de los beneficios contenidos en el proyecto parecen, a priori, excesivos para aquellas empresas y sectores que ingresen en el régimen, lo que podría operar como una suerte de subsidio encubierto que afectaría la libre competencia con aquellos que quedaran fuera de él.
Desde el radicalismo, Alejandro Cacace les marcó a los funcionarios algunos aspectos a corregir, por caso, la exención del pago del 7% del impuesto a las ganancias para las empresas que lograsen retener utilidades por más de tres años. Además, se incluye la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos, como también propone dejar exentas las exportaciones luego de transcurridos 3 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.
“Si bien coincidimos con el espíritu de la iniciativa, así planteado parece un régimen hecho a medida de los inversores amigos del Gobierno. El desequilibrio es muy fuerte frente a las pequeñas y medianas empresas”, advirtió, por su parte, Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal).
Bienes Personales. Propone un régimen que le permite al contribuyente adherido adelantar el pago del impuesto este año a tasa reducida durante los períodos fiscales 20232027, por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no podrá ser inferior al 75% del total, con tasas que van del 0,5% al 0,75% (en la actualidad es del 2,25%). Los contribuyentes que opten por este régimen gozarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038, “respecto del impuesto sobre los bienes personales y de todo otro tributo nacional que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente”.
“Es un descuento desmesurado hacia adelante que beneficia sobre todo a los sectores más ricos. Así no lo vamos a apoyar”, advierten desde la UCR.
Fondos fiduciarios. Se faculta al Ejecutivo a modificar o bien liquidar los fondos fiduciarios públicos; aquellos que sean eliminados, sus recursos deben redirigirse al Tesoro nacional. En la oposición advierten que algunos fondos fiduciarios se nutren de recursos provenientes de impuestos que son coparticipables, por lo que cuestionan que la Nación se apodere de ellos.
Ganancias. La discusión entre el Gobierno y los mandatarios provinciales gira alrededor del piso mínimo a partir del cual un contribuyente debería pagar el impuesto, el cual es coparticipable. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que subirá el piso previsto originalmente, de 1,2 millones de pesos. En la reunión con los gobernadores se barajó incrementarlo a 1,8 millones y revisar la progresividad de las alícuotas, como así también las exenciones al tributo (en el borrador del proyecto fueron eliminadas).
Reforma laboral. A instancias de los bloques dialoguistas, el Gobierno incorporaría en la “Ley de bases” el capítulo sobre reforma laboral incluido en el DNU 70/23 y que fue suspendido por la Justicia. Empero, los legisladores pedirán modificar algunos puntos; el más conflictivo es el que propicia la derogación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados.
“Podría ocurrir lo contrario: que los empleadores contraten en negro a sabiendas de que no serán castigados con multas”, advierten Cacace y Agost Carreño.
En el Gobierno confían en que las conversaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores terminen por pulir los puntos más conflictivos para que las leyes se aprueben a tiempo. El bloque de Pro ya anticipó su respaldo irrestricto; el grueso de la UCR también prestará su apoyo y, de hecho, el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, mantiene un intercambio fluido con los funcionarios en torno a la letra chica de la iniciativa.
La bancada de Hacemos Coalición Federal, en tanto, esperará a ver la versión final que envíe el Ejecutivo, aunque se descuenta que su voto será dividido. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, necesitados de fondos frescos, muestran voluntad de acompañar al Gobierno, pero evitan dar señales taxativas hasta comprobar que algunos de sus planteos fueron atendidos. A los funcionarios les dejaron en claro que todavía falta.
La versión acotada de la llamada “Ley de bases” y el paquete de reformas fiscales tendrán la semana próxima una instancia definitoria con vistas al Pacto de Mayo. Mientras en la Casa Rosada exudan confianza y aseveran que el acuerdo está avanzado y casi cerrado, entre los legisladores y los gobernadores no reina ese mismo optimismo. Si bien los textos fueron remozados con el aporte de la oposición dialoguista, aún persisten algunos puntos sobre los que no hay consenso.
La cuestión no es menor, ya que la discusión en particular de algunos de los artículos más conflictivos del proyecto original fue lo que hizo naufragar la media sanción en la Cámara de Diputados en febrero pasado, pese a que días antes había obtenido un amplio apoyo (144 votos a favor) en la votación general.
Entre los puntos sobre los que todavía no está cerrado el acuerdo figuran los siguientes:
Delegaciones legislativas. Si bien en la nueva versión las delegaciones legislativas se presentan más acotadas que en el proyecto original (las limita a las materias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa por el plazo de un año), el Gobierno incluyó un artículo por demás polémico por el cual pretende obtener amplias facultades en materia de desregulación económica.
Se trata del artículo 71, que establece que, por el plazo de un año, el Poder Ejecutivo estará facultado a “disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate”.
Como toda limitación, se establece que el Ejecutivo “deberá justificar estos extremos de forma suficiente”.
Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales anticiparon su rechazo a este artículo. “No pasa”, advirtieron. Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Está destinado a las grandes inversiones, con foco en los sectores de la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. A todos ellos les ofrece importantes incentivos aduaneros, tributarios y cambiarios.
La oposición dialoguista, si bien coincide en la necesidad de incentivar inversiones con alicientes fiscales y reglas estables en materia cambiaria y tributaria, advierte que algunos de los beneficios contenidos en el proyecto parecen, a priori, excesivos para aquellas empresas y sectores que ingresen en el régimen, lo que podría operar como una suerte de subsidio encubierto que afectaría la libre competencia con aquellos que quedaran fuera de él.
Desde el radicalismo, Alejandro Cacace les marcó a los funcionarios algunos aspectos a corregir, por caso, la exención del pago del 7% del impuesto a las ganancias para las empresas que lograsen retener utilidades por más de tres años. Además, se incluye la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos, como también propone dejar exentas las exportaciones luego de transcurridos 3 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.
“Si bien coincidimos con el espíritu de la iniciativa, así planteado parece un régimen hecho a medida de los inversores amigos del Gobierno. El desequilibrio es muy fuerte frente a las pequeñas y medianas empresas”, advirtió, por su parte, Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal).
Bienes Personales. Propone un régimen que le permite al contribuyente adherido adelantar el pago del impuesto este año a tasa reducida durante los períodos fiscales 20232027, por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no podrá ser inferior al 75% del total, con tasas que van del 0,5% al 0,75% (en la actualidad es del 2,25%). Los contribuyentes que opten por este régimen gozarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038, “respecto del impuesto sobre los bienes personales y de todo otro tributo nacional que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente”.
“Es un descuento desmesurado hacia adelante que beneficia sobre todo a los sectores más ricos. Así no lo vamos a apoyar”, advierten desde la UCR.
Fondos fiduciarios. Se faculta al Ejecutivo a modificar o bien liquidar los fondos fiduciarios públicos; aquellos que sean eliminados, sus recursos deben redirigirse al Tesoro nacional. En la oposición advierten que algunos fondos fiduciarios se nutren de recursos provenientes de impuestos que son coparticipables, por lo que cuestionan que la Nación se apodere de ellos.
Ganancias. La discusión entre el Gobierno y los mandatarios provinciales gira alrededor del piso mínimo a partir del cual un contribuyente debería pagar el impuesto, el cual es coparticipable. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que subirá el piso previsto originalmente, de 1,2 millones de pesos. En la reunión con los gobernadores se barajó incrementarlo a 1,8 millones y revisar la progresividad de las alícuotas, como así también las exenciones al tributo (en el borrador del proyecto fueron eliminadas).
Reforma laboral. A instancias de los bloques dialoguistas, el Gobierno incorporaría en la “Ley de bases” el capítulo sobre reforma laboral incluido en el DNU 70/23 y que fue suspendido por la Justicia. Empero, los legisladores pedirán modificar algunos puntos; el más conflictivo es el que propicia la derogación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados.
“Podría ocurrir lo contrario: que los empleadores contraten en negro a sabiendas de que no serán castigados con multas”, advierten Cacace y Agost Carreño.
En el Gobierno confían en que las conversaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores terminen por pulir los puntos más conflictivos para que las leyes se aprueben a tiempo. El bloque de Pro ya anticipó su respaldo irrestricto; el grueso de la UCR también prestará su apoyo y, de hecho, el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, mantiene un intercambio fluido con los funcionarios en torno a la letra chica de la iniciativa.
La bancada de Hacemos Coalición Federal, en tanto, esperará a ver la versión final que envíe el Ejecutivo, aunque se descuenta que su voto será dividido. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, necesitados de fondos frescos, muestran voluntad de acompañar al Gobierno, pero evitan dar señales taxativas hasta comprobar que algunos de sus planteos fueron atendidos. A los funcionarios les dejaron en claro que todavía falta.
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