PROPUESTA Y VIOLENCIA

Lijo, la Corte y las inversiones
Alejandro Fargosi
La propuesta del juez federal penal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema ha desatado gran oposición en todos los sectores vinculados al Poder Judicial, salvo dentro de algún nicho de Tribunales, hogar de lo más rancio de la “casta” denunciada por el presidente Milei. Su llegada al cargo, sus decisiones judiciales, sus demoras, las actividades de su hermano “operador” judicial, las sospechas de enriquecimiento, las investigaciones nunca empezadas, las carreras de caballos, la falta de antecedentes académicos suficientes… son muchas las razones por las que Lijo no es un candidato lógico para la Corte.
Lo dicen muchas personalidades jurídicas, asociaciones profesionales, academias, colegios de abogados, políticos respetados y entidades empresariales y de la sociedad civil. Las repetidas notas de periodistas como Pagni y Morales Solá son lapidarias. Sin embargo, su pliego sigue vigente y, dado el perverso invento kirchnerista de adhesiones, las recibió de parte de Pro, la UCR y, lógico, del peronismo y del kichnerismo. Cuando esto pasa en otros países, los presidentes retiran al candidato, porque saben que una Corte Suprema no debe ser cuestionable. Ojalá esto se repita en la Argentina.

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Ni siquiera se ha dicho todo, porque existen otros aspectos medulares que debieran impedir la designación de Lijo en la Corte. Veamos algunos. El candidato es penalista y la materia criminal no es propia de la Corte, que está circunscripta a asegurar el cumplimiento de la Constitución, no de las leyes comunes. La materia penal corresponde a las jurisdicciones locales y por eso la Corte solo ha dictado un 8% de sentencias en asuntos vinculados a lo criminal, las muy pocas veces que consideró violadas garantías constitucionales.
El juez Lijo no posee experiencia en la actividad privada, algo muy negativo para integrar la Corte. Los países con estabilidad judicial como la Argentina y Estados Unidos, tienen “carrera judicial” que hace necesario oxigenar a la judicatura con abogados expertos en actividades reales y muy alejados del virus burocrático que inevitablemente invade al Estado y a la Justicia, como enseñó Antonín Scalía, famoso juez de la Corte de EE.UU. Otro de los impedimentos fue tema de una excelente nota de Marcos Buscaglia: la seguridad jurídica.
Hay relación directa entre la certeza que debe generar el sistema legal de un país y su capacidad para atraer inversiones propias y del extranjero. Esto es materia de especial interés en la OCDE y en todas las organizaciones económicas internacionales, porque la falta de confianza en los jueces atenta contra la actividad económica: ellos son quienes interpretan y aplican las leyes. Como dijo Hughes, las leyes dicen lo que los jueces dicen que dice.
Por eso, cuando un gobierno domina o predomina en una Corte Suprema o peor, cuando existen en una Corte jueces influenciables, nadie tiene la seguridad del amparo real de las leyes, ni en sus personas ni en sus patrimonios. Así no hay inversiones, ni progreso, ni trabajo. Para peor, con la nominación de Lijo se potencia a otro de los miembros de la Corte: el juez Lorenzetti, de intensa relación con el kirchnerismo que lo nombró en 2004 y con los sucesivos presidentes desde entonces.
Con todos osciló entre cercanía y lejanía y parece que con el presidente Milei está en la primera y repetida etapa. En su caso, no creo quepan dudas de su poca afinidad con el ideario liberal: logró derogar al magnífico Código Civil de Vélez Sársfield, que fue la base de nuestra libertad y prosperidad perdida. Lo reemplazó –apoyado en y por Cristina Kirchner-– por el Código Civil y Comercial, de pocos méritos, que potencia al Estado a través de la voluntad de los jueces y otros organismos estatales, y tiene el poder de desplazar, reemplazar e invalidar la voluntad individual; o sea, a los individuos y nuestro poder de autodeterminación en libertad.
No es menor que Lijo se jubilaría recién en 2043, así que seríamos regidos por una Corte opinable durante unos 20 años, justamente lo opuesto a lo que, estoy convencido, quiere el presidente Milei. Las inversiones genuinas no vendrán a un país donde la Corte es manejada desde el Poder Ejecutivo: después de Milei, si por el corsi e ricorsi de la historia, vuelve otra oleada estatista, necesitaremos una Corte independiente que haga cumplir las declaraciones, los derechos y garantías que nos da la Constitución, protegiéndonos de una recidiva kirchnerista. Con Lijo y Lorenzetti es seguro que Milei habrá perdido la oportunidad de volver a tener una Corte liberal que perdimos hace casi un siglo. El sacrificio de estos años habrá sido en vano.

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Limar las asperezas a los golpes
Mario A. Fernández Moreno
Párense de manos fue un espectáculo de boxeo celebrado a fines de 2023, con el Luna Park lleno y picos de 410.000 espectadores por streaming, que se convirtió hace unos días en telón de fondo para una inusual plataforma política, a partir del desafío del vicerrector de la UBA al vocero presidencial a un combate de puños para limar así sus asperezas personales (todo parece indicar que más del primero hacia el segundo) a raíz de diferencias con motivo de ciertas decisiones del Gobierno.
El asombro y la indignación por la propuesta violenta “refinada” de un funcionario público a otro, ante una pregunta esperada y lo que parece una respuesta premeditada, eclipsa el oscuro contenido filosófico que aquella encierra, que es mucho peor de lo que aparenta. La escena, se quiera o no, instala la pésima idea del valor de la fuerza y que “todo vale” para el más fuerte o, lo que es lo mismo, que impera un estado de anomia que la mayoría creíamos superado. Lo anterior marca la histórica dicotomía entre el derecho de la fuerza, frente a la fuerza del derecho: si ganase la velada boxística el retador... ¿tendría derecho a imponer su punto de vista? Posiblemente no, pero el exitismo y la victoria podría confundir a muchos y hacerlos pensar que sí. Típico de las acciones agresivas, brutales y salvajes que se imponen por vía de hechos consumados: cuando ocurren, siempre hace falta una lucha cruda en el plano legal para, después de mucho, caer en la cuenta de que el violento carecía de argumentos.
El rol de la educación queda también desdibujado en la afrenta, pues flaco favor hace la autoridad universitaria al enaltecer la solución de un diferendo por fuera del intelecto, la razón y la ciencia. Máxime cuando desde larga data circulan en la opinión pública serias y fundadas sospechas de adoctrinamiento en el ámbito educativo. Es evidente que en una universidad así el conocimiento cedería su lugar (como ya ha ocurrido a veces) a la compulsión, ya que pocos darían un paso al frente para manifestar sus desacuerdos ante semejante quiebre del diálogo. ¿Qué lugar quedaría para el espíritu crítico en claustros donde el jab y el uppercut, o la “bajada de línea”, se imponen a la evidencia y la discusión académica?
En paralelo, el silencio sepulcral de las demás autoridades de la UBA y afines (léase sindicatos docentes y sectores políticos alineados con el retador), (no) llama la atención, pues la falta de rechazo a determinada situación ha funcionado siempre como una forma retorcida (y en cierto punto cobarde, por qué no) de reivindicar, por vía oblicua, aquello que es funcional a ciertas estrategias de acción de determinados actores sociales, pero inconveniente aceptar en público por el indudable repudio que podrían generar.
El papel de los posicionamientos partidarios, políticos e ideológicos cuando se es funcionario público, también toma un cariz especial, porque es evidente que, antes que ellos, son los escrúpulos los que deben guiar su actividad, mucho más todavía en ámbitos encaminados a la formación de la ciudadanía que luego, se supone, sostendrá el Estado de Derecho, la instituciones de la República y la Democracia.
Aunque mitigado por el uso de ciertas reglas (las boxísticas) el hecho representa una nueva variante moderna del uso de la violencia para fines políticos, a pesar de que la historia ha demostrado una y mil veces el efecto devastador del empleo de medios compulsivos a la hora de actuar en sociedad. Ese es el gran peligro que subyace al espectáculo mencionado, en caso de ser protagonizado por funcionarios y bajo la impronta que delineó Emiliano Yacobitti. Bajo ese prisma, predicar con el ejemplo violento es un mensaje que hiere sin dudas las bases fundamentales de la sociedad, y a eso corresponde decir: “paren la mano”