BAJO LA LUPA Y EL ESCENARIO ECONÓMICO

Casi la mitad de las empresas públicas exhiben irregularidades, falta de control o ineficiencias
La información surge de los últimos informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) publicados en 2023 con datos a 2022; involucra a 13 de las 29 compañías no financieras de la administración del Estado nacional; varias de ellas están incluidas en el listado “privatizable” del proyecto de Ley de Bases
Ignacio Grimaldi
En Aysa hubo retrasos en un pago durante la gestión de Malena Galmarini

El presidente Javier Milei y su alegoría de la motosierra llevaron todas las miradas al ajuste. Aplicado esto en el universo de las empresas públicas, la caída de las transferencias del Gobierno concentró casi toda la atención. Pero en relación a su funcionamiento, presentó pedidos de acceso a la información pública de todos los reportes del organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), sobre las auditorías a las compañías estatales no financieras. De allí se desprende que cerca de la mitad tienen observaciones por presuntas irregularidades, falta de control que permita una satisfactoria fiscalización de fondos o ineficiencia.



Las empresas señaladas son Enarsa, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica, Arsat, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, INTEA, Polo Tecnológico Constituyentes, Fabricaciones Militares, Fadea y Corredores Viales. Entre ellas predominan las observaciones de la Sigen sobre obras públicas puntuales, contrataciones y compras sin documentación respaldatoria, ociosidad de empleados, deudas no cobradas con entidades del Estado que comprometería la operación de la compañía y la utilización de equipamiento viejo que provocaría riesgos en el servicio brindado.
Esta información está basada en los últimos informes de Sigen, publicados durante 2023, que hacen referencia a 2022. Las auditorías sobre el ejercicio del año pasado aún no fueron publicadas porque el organismo actualmente trabaja en ellas.
Enarsa, una de las empresas auditadas por Sigen.
Enarsa
La Sigen calificó como “de carácter irregular” la suspensión de obras del Gasoducto NEA. “Fue decidida sin efectuar el análisis pertinente respecto de las consecuencias de la misma”, informó. Además, la auditoría indica que la determinación habría sido comunicada a las firmas contratistas antes de que el Directorio de la compañía haya tomado tal decisión. En ese sentido, afirma haber verificado inconsistencias en la entrega y registro de los bienes en posesión de los contratistas.
Otra auditoría realizada por la Sigen describe “graves deficiencias” en la gestión de documentación de respaldo correspondiente a la obra de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Pte. Néstor Kirchner y Gdor. Jorge Cepernic. Según el informe, dicha situación “impide conocer la operatoria real de los distintos procesos sustantivos y de apoyo que conforma la ejecución de la obra”. En otras palabras, lo que sostuvo dicho organismo de control es que esto dificultaría conocer el grado de avance del proyecto, que tal como admiten desde Enarsa, ha sufrido marchas y contramarchas.
Sobre estas observaciones, desde la empresa comentaron a LA NACION: “Son materia de revisión. Las irregularidades que se detecten serán llevadas a los ámbitos que corresponda”.

Aysa
El informe resaltó el desembolso de $101.524.955 en concepto de intereses por retrasos en un pago durante la gestión de Malena Galmarini. “Falta evidencia de un análisis de los motivos que justifiquen las causas por las cuales se han abonado fuera de término”, sostiene la auditoría. Se trata de órdenes de compra correspondientes a obras del Sistema Riachuelo.
Un dossier de la Unidad de Auditoría de la compañía adjudicó dichas demoras a la pandemia. El equipo de prensa de Malena Galmarini convalida esa versión. Pese a esto, el organismo de control no pudo corroborar la existencia de un análisis de los motivos que ocasionaron el pago fuera de término y, en consecuencia, el de esos intereses.

Contenidos Públicos
La auditoría resalta la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de pagos sin contrato. Dichas erogaciones alcanzan los $77.798.796,79. “Realizar pagos bajo esta modalidad implica un desvío del procedimiento que debe tener carácter excepcional y debe estar debidamente justificado”, señala el informe. Precisamente, en él se advirtió la falta de justificación técnica sobre la razonabilidad del bien o servicio contratado. Las por entonces autoridades de la empresa no emitieron comentarios ante la consulta 

FadeA (Fábrica de Aviones)
El informe habla de demoras en las emisiones de órdenes de compra que producen consecuencias adversas como la falta de planificación y de facturación a tiempo. Pero, además, soslaya que otro efecto negativo se refleja en “horas subutilizadas”, que afectan el costo de ventas en $1.576.412.008. “Dicha ociosidad corresponde al costo laboral (horas de trabajo valorizadas) que no fueron asignadas a órdenes productivas, sino a tareas de asistencia al área de producción”, explicó.
Fuentes de la empresa contactadas admitieron una “ralentización de la producción” en relación con la supuesta ociosidad e informaron que la compañía actualmente desarrolla una auditoría para conocer el grado de ejecución de todos sus contratos.
FadeA, señalada por presunta ociosidad. Fuentes de la empresa hablan de una "ralentización de la producción"

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Radio y Televisión Argentina (RTA)
“Se observan omisiones e irregularidades respecto de la operatoria”, describió la Sigen. Sostiene que se habría incumplido el procedimiento establecido por el reglamento de compras y contrataciones de la compañía. “No se pudo constatar el reintegro por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a RTA SE por la suma total de $7.323.666, correspondientes a las órdenes de pago objeto de la presente auditoría.”, indicó.
La por entonces presidenta de la empresa, Rosario Lufrano, remitió documentación  que muestra que dicha observación hace referencia a la gestión anterior. De todos modos, hasta el último informe de la Sigen, ese dinero continúa sin aparecer.
Otro antecedente es el hallazgo de un bolso con $4 millones en la TV Pública, que motivó la presentación de una denuncia por parte de Lufrano por “irregularidades” detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo.

Nucleoeléctrica
Las observaciones más relevantes de la Sigen se centran en la Cuarta Central Nuclear Argentina, también conocida como Atucha III. El informe detalla que “el presidente de NASA [Nucleoeléctrica] firmó un contrato con la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC)” antes de que fuera tratado y aprobado en el Directorio de la empresa. Incluso, agrega que la Comisión Fiscalizadora habría tomado conocimiento del convenio con el gobierno chino “a través de los medios de comunicación” sin haber recibido documentación ni antecedentes sobre el contrato.
Pese a esto, la empresa explicó que el contrato “está correctamente aprobado” y no tiene constancia de lo detallado por la Sigen.

INTEA
El apartado que analiza los estados contables de la empresa incluyó un párrafo que sostiene: “No se ha podido corroborar la existencia de $32.181.266.- (un 1,89% de los activos totales de la entidad)”. A su vez, informó que la compañía no habría tomado inventario físico de sus bienes, que a fin de año contabilizarían $187.380.266. El faltante de los más de $32 millones se explica a raíz de que la auditoría pudo verificar la existencia de activos por un monto de $155.198.980. LA NACION consultó al equipo de prensa de INTEA pero no obtuvo respuesta.

Ferrocarriles Argentinos
En este caso, la auditoría remarcó una conducta llamativa de las autoridades de las empresas ferroviarias. “La participación en los Directorios por parte de los directores titulares pertenecientes a las compañías controladas se ve habitualmente delegada a sus suplentes”. Las empresas aludidas son Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Operador Ferroviario y Belgrano Cargas.
La empresa auditada respondió, ante la consulta  que no hará comentarios al respecto.
Ferrocarriles Argentinos, una empresa cuyo directorio tiene observaciones de Sigen.Ministerio de Transporte

Arsat
La Sigen describió riesgos operativos y financieros en la empresa dedicada a tecnología satelital. Según muestra la auditoría, entre distintas dependencias del Estado le deben a la compañía $31.116 millones. El exministerio de Educación y Jefatura de Gabinete son las dos áreas qué más dinero deberían abonarle a ARSAT.
Ante la consulta  desde la empresa admitieron “el gran descalabro económico” y detallaron que trabajan para ordenar la documentación y los presupuestos respaldatorios.

Fabricaciones Militares
Las dificultades en los controles es el principal señalamiento que surge del informe de la Sigen. La auditoría advierte sobre presuntas ineficiencias en la descripción de las metas cuantificables de la empresa. Esto limitaría “la potencialidad de analizar ejecución presupuestaria [y] magnitud de los desvíos”, explica.
La actual gestión de la empresa le informó que “no tiene sistema contable presupuestario ni de control interno” y que “el único balance que existe data de 2019″.
Intercargo
Esta compañía presta servicios de rampa en aeropuertos. El trabajo de Sigen afirma que “se detectó equipamiento de rampa que no reúne medidas de seguridad” para la operación del servicio. Incluso, detalla que la maquinaria tiene una antigüedad superior a 20 años. Desde la empresa aclararon, en diálogo  que luego de dicha auditoría “se invirtió en equipamiento de rampa. No hay ni riesgo en la prestación del servicio ni en la seguridad operacional”.

Corredores Viales
Las observaciones por deficiencias en la fiscalización se repiten en el caso de Corredores Viales. Sin mencionar ningún perjuicio específico, la auditoría expuso que detectó “debilidades en el sistema de control interno, específicamente con relación a los circuitos de compras y contrataciones”.
Al respecto, la empresa sostiene que actualmente elabora un nuevo “Manual de Compras y Contrataciones”, ajustado a las normas de control.

Polo Tecnológico Constituyentes
El informe de la Sigen explica que si bien la empresa no posee un capital cuantioso, administra millones de pesos del Estado en proyectos vinculados con la ciencia y la tecnología. En ese sentido, el informe reitera la falta de mecanismos de control que “permitan atender posibles desvíos”.
De las empresas recientemente mencionadas, el proyecto de Ley de Bases contiene a Enarsa, Intercargo y RTA en el listado de privatizables. En el grupo de las compañías con posibilidad de otorgar concesiones se encuentran Aysa y Corredores Viales.

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Celos tras una alianza millonaria y medidas para sacudir el tablero
La semana próxima importarán pan de Brasil y está en marcha la llegada de otros alimentos; el Gobierno tomará más decisiones para que los precios locales bajen; una visita china de máximo nivel que revela una disputa millonaria
Pablo Fernández BlancoLuis Caputo está decidido a tomar medidas para que bajen los precios

Luis Caputo entró en una pelea cuerpo a cuerpo que tendrá efectos inmediatos en la vida de los argentinos. El desarrollo de esa disputa, que el ministro de Economía encarna con el convencimiento que se derrama en cada conversación con Javier Milei, conlleva algunas sorpresas que se notarán a partir de esta semana en las góndolas de los supermercados, así como un nuevo capítulo con medidas para sacudir el tablero del comercio y la industria.
El Gobierno espera que en los próximos días llegue pan lactal brasileño para los argentinos. Será de la marca Bauducco, un gigante del país vecino que ya es conocido aquí por sus obleas. La provocación tiene un destinatario evidente: Bimbo, la principal empresa local del rubro, de origen mexicano, que de acuerdo con el cálculo del equipo económico representa el 80% del mercado.
Nada mejor para atraer la mirada de un empresario vernáculo que pedirle ayuda a su archirrival más cercano, Brasil. La gestión de Javier Milei pasó de mirar los grandes cables que mueven la macroeconomía, las finanzas y el dólar a prestarles más atención a los hilos delgados que se entrelazan en la mesa de los argentinos.
Pablo Lavigne es secretario de Comercio. Intenta entender cuál es el motivo por el que el pan lactal cuesta en la Argentina US$5, según sostuvo en conversaciones privadas. Todavía no lo logró, e incluso conversó con Caputo acerca de los fundamentos económicos del precio. “¿Por qué es más caro que en Mónaco, cuando está hecho con trigo argentino?”, se pregunta.
El Gobierno tiene diálogo con algunas empresas que aumentan más de lo que los funcionarios creen recomendable. La respuesta se repite entre compañías y sectores distintos. Dicen que están tratando de recuperar las ganancias que perdieron durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El problema para ellas es que Milei y Caputo no están dispuestos a pagar los platos rotos de la conducción anterior.
La pelea por los precios se corrió de la solemnidad del Banco Central y comenzó a pisar el lodo de las consideraciones particulares. De Brasil también llegarán arroz y otros productos, mientras que hay supermercados que venden cada vez más cerveza polaca para llamarles la atención a Quilmes y a Heineken, entre otros. La mano oficial está detrás de cada movimiento.
El círculo de confianza de Caputo está terminando de analizar otro paquete de medidas que sacará de su zona confortable a una parte de los fabricantes locales de bienes e insumos. Su idea es explotar al máximo los márgenes que permite el Mercosur para bajar los aranceles a la importación de productos que representan 8 de cada 10 dólares que se traen de afuera.
Hay algunos ítems destinados a la producción del campo y de la industria automotriz, como ya contó el propio ministro, pero también muchos otros que incluyen una variedad enorme. Por ejemplo, los electrodomésticos.
Son decisiones que fastidian a algunas empresas que producen en el país cosas que también pueden venir de afuera. Dicen que atentan contra la producción local.
No es un tema que esté en consideración del ministro. Donde los productores locales de bienes e insumos ven una provocación, la conducción económica tiene un plan: quiere alinear los precios del país con el resto del mundo para que el fabricante local, que corre con ventaja, sienta la respiración de un competidor extranjero cercano.
El Gobierno está convencido de que está dibujando el contorno de un campo de juego desregulado en el que se desarrollará la economía. Ya tomó nota, también, de los efectos no deseados de ese nuevo trazo, pero lo atribuye a un uso transgresor de reglas por parte de algunos exponentes del sector privado. El caso ejemplar es el de las prepagas.
Tras la polémica con el negocio de la salud, Comercio comenzó a dar más pasos para controlar esa clase de problemas en el futuro. Algunos movimientos son tan profundos que van incluso en contra de quienes los instrumentan.
Hoy, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia depende de Comercio. El objetivo del Gobierno es que hacia diciembre próximo esté conducida por un tribunal, algo que le restaría poder directo a Economía, pero aumentaría la legitimidad del organismo encargado de controlar casos de cartelización o monopolio.
Es el principio de un camino mucho más largo. Al interior del equipo económico asumen que el plan para aumentar la dosis de capitalismo en la Argentina solo será exitoso el día que la Secretaría de Comercio ya no tenga casi funciones.
En el Banco Central también empezó a germinar una línea de traciones bajo que desencadenará tensiones en un sector con intereses en disputa. Agustín Pesce es uno de los directores del Banco Central. Está repensando la normativa que regula el negocio de los proveedores de servicios de pago (PSP).
Detrás de esa nomenclatura compleja se encuentra uno de los negocios de mayor crecimiento en los últimos años, como el de las billeteras virtuales. El organismo monetario quiere darle más competencia a una actividad que domina Mercado Pago, de Mercado Libre, cuyo fundador es Marcos Galperin, defensor de la gestión de Milei.
La pelea por los precios involucra lugares lejanos y alianzas impensadas. Aunque casi nadie aquí lo conoce, Li Huifeng es un hombre cada vez más importante para la vida de los argentinos. Se trata del gerente general del imperio conocido como la China Banknote Printing and Minting Corporation (Cbpmc), una imprenta gigante que fabrica la moneda de ese país y tiene la vocación de expandirse por el mundo. Una de sus estapreferidas es la Argentina.
Huifeng estuvo la semana pasada en el país encabezando una comitiva de al menos cuatro ejecutivos de primer nivel. Se reunió con funcionarios del Banco Central y de otras dependencias del Estado.
La visita pasó desapercibida para el gran público, pero marcó un antes y un después en la relación de la Argentina con China y el triángulo diplomático que terminan de conformar con Estados Unidos, nunca exento de tensiones. Fue, de hecho, la corroboración de que está en marcha un juego de celos, millones y desconfianzas que involucran a empresas asiáticas, norteamericanas y europeas alrededor de un bien preciado para el ciudadano de a pie: los billetes con los que todos los días gira la rueda de la economía.
Aunque el presidente Javier Milei acusa a China de comunista, la delegación que llegó al país estuvo envuelta en una fuerte convicción capitalista. Los números valen cualquier tregua ideológica, para ambos lados.
La Cbpmc se convirtió en el principal proveedor argentino de billetes provenientes del exterior, algo que encendió ya varias alarmas. Es un camino que inició la gestión anterior, pero profundizó la actual. Suficiente para justificar más de 40 horas de viaje en avión de ejecutivos importantes.
El gobierno argentino parece pensar lo mismo. El Banco Central recuperó una vieja modalidad que se usó en la época de Federico Sturzenegger para hacer licitaciones directas para comprar billetes sin pasar por Casa de Moneda, la imprenta oficial del Estado.
Esta última, una empresa pública que por ahora no está a la venta, es la gran perdedora. Entre las herencias que recibió, les debe plata a proveedores de todo el mundo y billetes al Banco Central. Es decir, incumplió contratos. Incluso tiene máquinas en cajas que no puede desembalar porque no le pagó al proveedor.
La conducción actual intentará dar vuelta esa situación con una renovación de los procesos internos. Para producir más, necesita dinero, pero la Jefatura de Gabinete no quiere capitalizar compañías del Estado, salvo casos imponderables.
De forma preliminar, empezó a hacer algunos trabajos preparatorios para un eventual billete de $50.000, que no está definido. Es una etapa inicial que contempla revisar el stock de tintas y papeles. Pero la nueva denominación choca contra un muro importante: Economía es más partidario de que aumenten las transacciones por vía electrónica –mucho más transparentes– que el uso de dinero físico. otro motivo para darles un nuevo énfasis a los medios digitales.
Es un escenario que favorece la importación de billetes. El mes próximo llegarán a Buenos Aires desde China los nuevos papeles de $10.000. Es un suministro clave para que no falte plata en la calle. La imprenta que hace el yuan, además, se quedó con otra licitación para hacer una provisión importante de papeles de $20.000 en diciembre de este año.
Hay motivos para pensar que China tiene en juego más que dinero detrás de estas decisiones. Hasta fines del año pasado, la Argentina tenía pagos atrasados por más de US$7 millones, al igual que con otros proveedores internacionales. Ambos países están discutiendo mediante notas cómo cancelar ese rojo. Sin embargo, Huifeng no habló de la plata que le deben en su paso por el país. Es probable que esté más interesado en la expansión futura.
Algo similar le pasa a Estados Unidos. Crane, una empresa de ese país, se apuró para quedarse con la provisión de una tanda de billetes de $10.000. Llegarán en diciembre, junto con los chinos. Nadie ve allí una casualidad.
Los funcionarios argentinos se miraron al rostro cuando vieron los precios de la firma norteamericana, acostumbrada a pasar cifras más altas. Cotizó por debajo de los US$60 el millar.
La administración de los precios es una forma de marcar la influencia de un país en otro mediante la provisión de bienes. Lo saben los proveedores habituales de Francia y Alemania, a quienes la competencia entre Estados Unidos y China dejó en el camino. Hablan de valores ridículos, justo lo que necesita un país que no tiene plata. Ya presentaron sus reclamos a los funcionarios argentinos y sugirieron que hay un peligro detrás de adjudicarle la provisión de un bien estratégico a una potencia no occidental.
Nada de esto parece preocuparle al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien está más interesado en no tener un solo proveedor dominante antes que por la bandera que representa.
El contexto obliga al pragmatismo de Bausili también por otras cosas. La semana próxima liderará una misión argentina a China para mantener abierto el swap que abrió Alberto Fernández. Dinero físico y dinero en crédito. La revolución libertaria no subestima la ayuda que pueda llegar bajo el signo rojo de la hoz, el martillo y las estrellas
La pelea por los precios se corrió de la solemnidad del Banco Central y comenzó a pisar el lodo de las consideraciones populares
Aunque el presidente Javier Milei acusa a China de comunista, la delegación que llegó al país estuvo envuelta en una fuerte convicción capitalista

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