EDITORIALES

La creciente degradación institucional bonaerense
La falta de acuerdos para la designación de jueces conduciría a una parálisis operativa de la Suprema Corte de Justicia provincial en poco tiempo más
La gravísima situación que atraviesa el Poder Judicial bonaerense, con casi un tercio de cargos sin cubrir que incluyen al máximo tribunal provincial, se traduce en la virtual paralización del funcionamiento de un servicio esencial.
Desde el 19 de abril pasado el ministro Daniel Fernando Soria ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el sistema de rotación anual establecido por la Constitución bonaerense y la ley orgánica del Poder Judicial.
El doctor Soria integra este alto tribunal desde 2002 y ya lo presidió entre 2007 y 2008, y también durante la pandemia derivada del coronavirus. Ante una situación en extremo crítica y de máxima gravedad, gestionó con profesionalismo y rigor el área de administración de justicia del Poder Judicial de la provincia. Los resultados fueron visibles. En coordinación con el Ministerio Público, lideró la implementación de procesos en formato digital y garantizó la adecuada prestación del servicio de justicia sin descuidar los niveles de seguridad de la salud en los ámbitos laborales.
En la actualidad, ese Poder Judicial que enfrentó con éxito los traumas y severos obstáculos que impuso el coronavirus se halla en estado de descomposición, como la totalidad del Estado provincial. Se trata de una crisis institucional sin precedentes.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que se integra con siete miembros, solo cuenta con cuatro desde hace mucho tiempo pues no se cubrieron las restantes tres vacantes. En lo que se ha vuelto un más que cuestionable hábito del gobernador Axel Kicillof, quien debe proponer los candidatos, por falta de acuerdos con la oposición para hacer avanzar los nombramientos que requieren el acuerdo posterior del Senado, esta situación dentro del Poder Judicial se extiende a un 30 por ciento de los cargos de jueces, fiscales, defensores y asesores que permanecen sin cubrirse. Casi 800 magistrados aguardan designación, según reconocen en la Comisión de Acuerdos del Senado, a los que se suma la falta de unos 2000 agentes.
La manifiesta denegación de justicia que afecta a la ciudadanía implica, en rigor, también el incumplimiento por parte del Estado de normas de tratados internacionales.
A esto se suma una indefinición presupuestaria. La provincia de Buenos Aires no aprobó un presupuesto para el ejercicio 2024, motivo por el cual se prorrogó el del año anterior. Con el incremento exponencial de los precios de bienes y servicios, se ha producido un indiscutible deterioro de las partidas presupuestarias disponibles, que representa otro motivo que afecta la prestación del servicio.
A partir del 1° de junio próximo, con motivo de la jubilación del doctor Luis Genoud, la Suprema Corte pasará a tener tres ministros activos y cuatro vacantes. La ley y la Constitución fijan que en el referido tribunal deben coincidir en cada resolución al menos cuatro integrantes. Como consecuencia, considerando que las vacancias provocan limitaciones o la necesidad de recurrir a jueces subrogantes para cuestiones administrativas, de superintendencia o decisiones sobre ingreso de personal, el máximo tribunal provincial no podrá dictar acordadas ni resoluciones. Se verá, así, en los hechos impedido de funcionar.
Por otra parte, para el dictado de sentencias e interlocutorios, habrán de requerirse integrantes de la Cámara de Casación Penal que cubran cargos por subrogación, comenzando por su presidente, que cambia anualmente. Si hubiera consenso de los tres ministros de la Suprema Corte, con un subrogante que coincida con la decisión se obtendría la mayoría necesaria. Pero el subrogante podría opinar en sentido contrario al de los tres ministros; entonces, se convocaría a otro subrogante, que podría también estar en contra. Y así a un tercer subrogante, que a su vez podría no coincidir con los ministros de la Suprema Corte. Y a un último subrogante, que podría opinar como los anteriores subrogantes y no como los ministros.
Mediante este proceso, hipotético pero absolutamente posible, se podría llegar al dictado de una sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que no tenga el voto favorable de ningún miembro de ese tribunal, sino lo contrario, emitida con cuatro votos de subrogantes, integrantes de un tribunal inferior. Estaríamos, por tanto, ante una sentencia de la Suprema Corte bonaerense dictada contra la opinión de todos sus integrantes. Algo inaudito.
A este nivel de degradación institucional ha llevado el gobernador Kicillof al primer estado argentino, la provincia de Buenos Aires.

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Daño a la memoria histórica
Aficionados de la fotografía denunciaron que durante el fin de semana del 13 y el 14 de abril pasado se inundó, una vez más, el emblemático edificio del Archivo General de la Nación (AGN), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, en su sede de Leandro N. Alem 246. Cerca de 1500 cajas con negativos fotográficos históricos que se atesoran allí se dañaron; entre ellos, material del antiguo diario Crítica, de YPF, de Agua y Energía y del fondo Witcomb, uno de los archivos más antiguos del país, con más de mil imágenes que hace tiempo debieron haberse mudado a un lugar seguro.
De nada valen las aclaraciones oficiales respecto de que no habrían tenido que ver las lluvias y que fue por la “vandalización de la red de agua corriente, específicamente el robo del medidor instalado en la vereda”, según confirmó el ministerio. El verdadero origen del problema, insistimos, radica en que hace rato que estos valiosos materiales debieron haber sido trasladados a otra dependencia que asegurara su conservación.
Abel Alexander, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, considera que fue “una tragedia anunciada”. Desde hace décadas, él y muchos de sus pares vienen denunciado la desidia del Estado en la preservación del patrimonio y la memoria histórica de los argentinos. Parte del archivo Witcomb, compuesto por más de 350.000 negativos de los siglos XIX y XX, se conserva en los subsuelos del edificio del AGN, en los que ingresaron entre 30 y 40 centímetros de agua, donde los viejos caños que recogen las aguas de la lluvia están rotos y los sumideros, repetidamente tapados.
Este lamentable suceso asume mayor gravedad al recordar que la misma historia se repite luego de 40 años. En efecto, en 1984, un grupo de investigadores fotográficos promovió la exposición “La colección Witcomb en el Archivo General de la Nación”, integrada por 80 fotografías históricas de la colección depositadas en el AGN. La muestra buscaba, en realidad, denunciar la negligencia del Estado en el cuidado del patrimonio fotográfico del país, ya que miles de negativos habían sido gravemente dañados entonces a raíz de las filtraciones de agua en el sótano donde estaban guardadas.
Nada ha cambiado 40 años después. La colección sigue en el sótano y se sigue inundando.
Esperamos que el director del AGN, Emilio Perina, active un plan de remediación y conservación para que nunca más este valioso patrimonio histórico sufra por la negligencia de los funcionarios y el desinterés del Estado. Perina no puede aducir culpas ajenas o desconocimiento. Cuando ocupó la misma función durante el gobierno de Mauricio Macri, inauguró la nueva sede del AGN en Parque Patricios. Ni antes ni ahora se ocupó de rescatar este patrimonio fotográfico mudándolo fuera de los inundables sótanos de la institución. La penosa historia de la colección Witcomb en manos del Estado simboliza la decadencia de nuestro país.

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