EDITORIALES

En qué línea aérea deben viajar los funcionarios
Un decreto de Cristina Kirchner disponía que solo debían usar Aerolíneas o, en su defecto, LADE, restringiendo así la libertad de elegir
La decisión del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, de derogar la adhesión provincial a un decreto de 2012 de Cristina Kirchner por el que se obliga a los funcionarios públicos a viajar exclusivamente por Aerolíneas Argentinas representa un paso indiscutiblemente importante para la libertad de las personas –sean funcionarios o no– de elegir en qué forma circular libremente por el territorio argentino, tal como dispone la Constitución nacional.
Aquel decreto de la entonces presidenta –consecuencia de la ley de 2008 por medio de la cual se declararon de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de Aerolíneas, Austral y las de sus empresas controladas– va todavía mucho más allá, ya que extiende la exclusividad a los viajes que también se hacen al exterior. Y dispone que si Aerolíneas Argentinas no vuela una determinada ruta, no cuenta con pasajes para la fecha requerida o no tiene lugares disponibles, los funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad o los terceros cuyos trabajos debe financiar el Estado están obligados a contratar los servicios de Líneas Aéreas del Estado (LADE). Decreta, además, que en caso de no poder hacerlo por ninguna de esas dos empresas solo pueden viajar por otras mediando “únicamente decisión fundada de su máxima autoridad”.
Esas disposiciones, tan regulatorias como asfixiantes, obligan también a tramitar los pasajes mediante Optar SA, la operadora mayorista de servicios turísticos de Aerolíneas. Un negocio circular y, por lo tanto, cerrado.
La adhesión neuquina a aquel decreto presidencial había sido decidida por el entonces gobernador
Jorge Sapag en 2013. Recientemente, Figueroa emitió otro instrumento de ese tipo para derogar la medida de Sapag. A partir de ahora –dice el nuevo documento–, “la contratación de los pasajes que se requieran para el traslado por vía aérea de los empleados, funcionarios o asesores contratados bajo cualquier modalidad del sector público provincial podrá realizarse directamente a través de las páginas web de las distintas aerolíneas que operen en los aeropuertos en territorio provincial”.
Figueroa, quien en su momento formó parte del Movimiento Popular Neuquino, rompió con esa fuerza en 2023 y ganó los comicios con el apoyo de Pro, lo que significó el fin de seis décadas de dominio del movimiento de los Sapag en el distrito.
A la hora de fundamentar su decisión, sostuvo: “Actualmente se ha ampliado la oferta de conectividad de las aerolíneas que operan en los aeropuertos provinciales, incluyendo empresas de bajo costo que prestan los servicios que oportunamente puedan requerir las actividades institucionales” de los funcionarios. Se alineó así con la decisión del actual gobierno nacional de establecer para el país una política de cielos abiertos, favoreciendo la competencia entre las líneas aéreas que llegan hoy a la provincia, como Flybondi y JetSmart, con costos incluso menores a los cobrados por Aerolíneas, lo cual, sin dudas, permitirá un ahorro a las arcas públicas.
En su megadecreto de necesidad y urgencia de comienzos de gestión, el presidente Javier Milei derogó y modificó leyes que rigen la aviación comercial, habilitando a aerolíneas que demuestren solvencia técnica y financiera a explotar rutas domésticas e internacionales sin necesidad de tratados bilaterales con otras naciones.
Aunque faltan aún ampliaciones y reglamentaciones de cómo se llevarán adelante muchos de los cambios propuestos por el actual gobierno, está claro que regulaciones como las que durante todos sus mandatos solía ordenar el kirchnerismo para las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, “invitando” a los distritos y a los otros poderes del Estado a adherirse a ellas, no buscaban ni facilitar el comercio ni ejercer el consagrado derecho de elegir libremente cómo usar un servicio, en este caso polémicamente reestatizado, y por lo cual la Argentina fue demandada judicialmente y obligada a pagar una indemnización millonaria.
Es de esperar que otros gobiernos distritales que hayan oportunamente adherido a semejante despropósito se liberen de aquellas burdas amarras, de modo de tener la libertad de gestionar de la forma más adecuada para contribuir a sanear las ya de por sí delicadas cuentas públicas.
El kirchnerismo ha instaurado regulaciones de todo tipo; es hora de revisar esas normas restrictivas tendientes a controlar y a favorecer a determinados sectores por cuestiones ideológicas

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Aprovechar el talento
MADRID.– España está desaprovechando una de las mejores palancas de que puede disponer para garantizar su progreso económico y un mayor bienestar de los ciudadanos: aprovechar el talento de los inmigrantes. Uno de cada dos extranjeros universitarios que trabajan en el país (el 54%) está sobrecualificado: su nivel de estudios es superior al que requiere su empleo. Son casi un millón de los 1,8 millones de extranjeros con formación universitaria. España es, tras Italia y Grecia, el tercer país europeo con más inmigrantes sobrecualificados, según una investigación de varios medios, entre ellos El País, a partir de los datos de la Encuesta Europea de Población Activa. La diferencia con los nacidos en España es de casi 21 puntos, la quinta brecha más alta de Europa, y se ha mantenido estable a lo largo de la última década.
Para aprovechar todo el potencial de la mano de obra inmigrante es necesario un esfuerzo especial por facilitar que el talento que llega de fuera tenga el mejor desarrollo. Distintos handicaps confluyen para estancar este problema. Uno de los principales obstáculos reside en la homologación de los títulos universitarios no nacionales. El nuevo sistema puesto en marcha por el Gobierno hace algo más de un año ha agilizado el proceso, pero necesita un rediseño de toda su gestión, como reconoció recientemente la ministra de Universidades, Diana Morant. El año pasado se resolvieron 18.000 homologaciones, pero con un volumen de solicitudes desbordante (entre 4000 y 5000 al mes) y un proceso burocrático criticado por muchos inmigrantes, pues la situación no avanza lo que sería preciso.
Los extranjeros con estudios superiores también sufren más desempleo, tienen menores ingresos y están infrarrepresentados en los sectores con mayor valor añadido. La brecha resulta más preocupante en el caso de las mujeres.
La inmigración y los desafíos que abre es uno de los grandes y más complejos debates de nuestro tiempo, en el que no existen respuestas fáciles. No ayuda en este aspecto el sesgo contra el inmigrante (especialmente si es de otra etnia) latente en tantos españoles y también las empresas, aunque no quieran reconocerlo. Pero el hecho, según los cálculos de la investigación, de que España pierda casi un punto del PIB por el desperdicio del talento extranjero debe instar a la reflexión para que se remuevan los obstáculos que contribuyen a un inexplicable despilfarro.

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