Esperan que la caída de los salarios privados se acentúe por el impacto del ajuste
Los sueldos del sector formal retrocederían más de 6% por la inflación, pero analistas anticipan que el poder de compra sufrirá más por la normalización de los precios relativos
Francisco Jueguen
El polémico salariazo en el Senado no llegará a la calle, allí donde están los ciudadanos. Los enojos que se multiplicaron en estas horas no son solo por los elevados sueldos en mano que se lleva la política –superan los $4 millones más alguna sorpresita extra hallada a último momento–, la baja calidad del servicio que prestan los legisladores o por el intento de ocultar la decisión con una maniobra –o pacto– muy torpe.
La irritación se esparce porque los privilegios se mantienen: según varios informes de economistas privados, los salarios de los trabajadores privados registrados caerán este año como consecuencia de la alta inflación. Pero, además, el reacomodamiento de los precios relativos –con valores de bienes y servicios moviéndose muy por arriba del IPC en algunos segmentos y las paritarias “pisadas”– profundizará más de lo previsto la pérdida de capacidad de compra de la clase media.
Un trabajo elaborado por la consultora Abeceb, que conduce el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica, estimó que el salario real en el sector privado formal podría caer en promedio 6,1% en 2024. Sin embargo, el mismo trabajo afirmó que el ingreso disponible podría reducirse más del doble producto del “fuerte reacomodamiento” de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público, combustibles y medicamentos.
Abeceb señaló que la inflación interanual en marzo fue de 290%, pero los precios de muchos bienes o servicios claves para la vida cotidiana superaron con creces esta magnitud: electricidad y gas aumentaron el 300%; bebidas alcohólicas, 302%; alimentos, 306%; azúcar, chocolate y golosinas, 349%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; aguas minerales, gaseosas y jugos, 386%.
“Un trabajador que en promedio en 2024 va a ganar $1.340.000 y que su salario le creció por debajo de la inflación y le va a caer en términos reales 6,1%, lo que le quede para gastar, después de pagar el alquiler, combustible, transporte, luz, gas (estos componentes que aumentan muy por encima de la inflación), va ser $840.000, lo que implica una caída de 15,5% respecto del ingreso disponible que tenía el año pasado en términos reales”, explicó.
Como si hubiera anticipado la decisión de la “casta” política, el Ieral también se ocupó de la situación de los salarios en la Argentina en su último trabajo enviado ayer. “Los ajustes de las remuneraciones pueden comenzar a ‘dejar de perder’ contra la inflación en el mes a mes, pero esto no está asegurado para el 85% de la masa salarial, compuesta por trabajadores privados formales e informales y por estatales de las distintas jurisdicciones, por problemas de empleo, de productividad y presupuestarios, en ese orden”, indicó el instituto cordobés.
“Jubilaciones y planes sociales, luego del piso de principios de marzo, podrían empatar o registrar una leve recuperación, pero ese segmento pondera en torno al 15% de la masa salarial total”, agregó.
Pese a una incipiente recuperación salarial tras el sablazo de diciembre –la devaluación y el sinceramiento de precios– en el marco ahora de una desinflación gradual, la situación del empleo también comienza a hacer ruido. Es que la economía se enfría, por lo menos para los trabajadores que no dependen de la política, como los senadores.
Según la información procesada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en enero, el empleo asalariado registrado del sector privado se contrajo un 0,5% con respecto al mes previo. Esto significa que alrededor de 30.000 personas fueron desvinculadas.
“Con este último resultado, se verifica el quinto mes de caída del empleo asalariado registrado privado. La magnitud de la caída resulta relevante si se tiene en cuenta que hay que retrotraerse a septiembre de 2019 para encontrar una contracción similar, sin considerar los dos primeros meses del período de la pandemia de Covid-19”, escribieron los técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Según Sudamericana Visión, la consultora del exministro Martín Guzmán, entre agosto y enero se perdieron más de 70.000 puestos de empleo formal privado.
Los mismos analistas indicaron que, tras la caída real de 11% de los salarios del empleo privado registrado de diciembre –la más importante en más de 30 años–, el salario promedio real presenta una incipiente tendencia creciente en los dos primeros meses del año. Esto, indicaron, permitió recuperar una parte “relevante” de la capacidad de compra perdida. “Entre los principales factores que explican esta recuperación de los salarios reales se encuentran: la desaceleración del aumento del IPC en enero y febrero, y la dinámica de la negociación colectiva, que adaptó rápidamente las demandas salariales al nuevo escenario inflacionario”, dijeron.
Sin embargo, en las entrañas de las grandes empresas no son tan optimistas y creen que los aumentos de sueldo de su personal estarán al filo con la inflación, o sea, con el promedio general de los aumentos, más allá de que otros servicios y bienes de la clase media aumenten más. La última encuesta –de marzo– de SEL Consultores entre 124 grandes empresas de distintos rubros estimó que las firmas esperan una inflación de 195%. Los aumentos previstos para el personal dentro de convenio es de 190% promedio. Para los fuera de convenio, de 195%. Hasta ahora las alzas otorgadas en promedio llegan al 52%. Los incrementos, creen en los departamentos de Recursos Humanos, se dividirán en múltiples cuotas (el 70% los otorgará en seis veces o más). Sin embargo, quizás el verdadero ajuste venga ahora por la cantidad, más allá del precio: el 16% de las grandes compañías consultadas esperan bajas durante este año, mayormente entre operarios y tercerizados. Es un destino al que le escapan los senadores
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Se duplicó el peso de las tarifas en el ingreso de las familias
Ese costo representaba el 6% en diciembre, mientras que en abril significa el 13%
Sofía Diamante
El Gobierno decidió en los primeros cinco meses de gestión recomponer rápidamente parte del costo de los servicios de gas, electricidad, agua y transporte público, y avanzar en regularizar los precios relativos para lograr el objetivo de equilibrio financiero este año.
En este contexto, aumentó el boleto de colectivo en el AMBA alrededor de 410%, desde una tarifa mínima de $52,96 en diciembre a $270 en febrero. También aplicó una fuerte quita de subsidios a la electricidad y gas, y recompuso las tarifas a las empresas distribuidoras y transportistas de esos servicios. El último anuncio fue la suba de 209% en la boleta de AYSA, para el servicio de agua, en un esquema que impactó directamente en el bolsillo de los hogares.
De esta manera, una canasta de servicios públicos del AMBA, que incluye el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, pasó de costar $30.1000 en diciembre a $102.779 este mes, según el análisis que hace el Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
Se trata de un aumento de 241% en apenas cuatro meses, que va en la dirección contraria de la dinámica de los salarios, que pierden poder adquisitivo debido a la aceleración inflacionaria. De hecho, según el IIEP, la canasta de servicios públicos del AMBA pasó de representar el 6% de un salario promedio de un empleado formal al 13% este mes.
Para hacer los cálculos, el IIEP tomó en cuenta el consumo estacional típico de cada mes, que varía según la temperatura en el caso del gas y la electricidad. Por ejemplo, consideró un aumento de 74% en el costo de las boletas de luz de un usuario de altos ingresos (N1). El hogar pasó de pagar $12.441 en diciembre a $21.675, este mes.
En gas se estimó una suba de 561% entre diciembre y abril, ya que un usuario residencial promedio pasó de pagar $2958 a $19.567. En transporte, se estimó el gasto de dos adultos, que van a trabajar en colectivo, y el de un menor en edad escolar. En este caso, el gasto en transporte aumentó 410%, de $8024 a $40.906. Por último, una factura de agua de un hogar medio de la ciudad de Buenos Aires (un departamento chico de tres ambientes), pasó de valer $6677 a $20.631 (209%).
Así, en abril, un hogar promedio del AMBA gasta $102.779 en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, equivalente al 13% del ingreso, cuando en diciembre era menos de la mitad (6%).
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Los acreedores por el juicio de YPF se quieren quedar con el control de la empresa
El fondo Burford reclama las acciones del Estado por el juicio que la Argentina perdió en EE.UU.
Esteban Lafuente
Los fondos de inversión quieren acciones de YPF
Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una indemnización por hasta US$16.000 millones, los demandantes por la expropiación de YPF, en 2012, avanzan en su reclamo contra la Argentina, que incluye un pedido para que se transfiera a su nombre el 51% de las acciones de la petrolera, que hoy pertenecen al Estado.
Así lo revelan documentos que los abogados de los fondos Eton Park y Burford–quellevaneljuiciocontrael país en nombre de dos firmas fundadas por la familia Eskenazi– presentaron ante la Justicia de EE.UU. Los demandantes querían mantener la solicitud en secreto, algo que fue rechazado por la jueza Loretta Preska.
El juicio, que tramita en Estados Unidos, se inició por el incumplimiento de los estatutos de la empresa en el proceso de estatización que llevó adelante el kirchnerismo durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía.
La familia Eskenazi cedió los derechos para litigar al fondo buitre Burford Capital, que obtuvo el fallo a su favor que lo convierte en acreedor de un monto indemnizatorio de 16.000 millones de dólares. Por esa acreencia es que reclama el control mayoritario de la empresa, hasta ahora en manos del Estado.
El conflicto judicial que enfrenta la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo. Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una indemnización por hasta US$16.000 millones, los demandantes avanzaron con su reclamo ante la Argentina, que incluye un pedido para que sean transferidas a su nombre el 51% de las acciones de la petrolera que actualmente pertenecen al Estado.
Así lo revelaron documentos que los abogados de los fondos Eton Park y Burford, que realiza la demanda contra la Argentina en nombre de dos firmas fundadas por la familia Eskenazi (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora), habían presentado en la corte de Loretta Preska. Se trata de pedidos que los demandantes realizaron, con el requerimiento de que se mantuvieran confidenciales, algo que fue rechazado por la jueza.
Según un fallo de la magistrada del Distrito Sur de Nueva York, si bien se reconoce “la importancia del timing en los esfuerzos de aplicación de los demandantes”, en su intención de presionar a la Argentina para alcanzar un acuerdo o cobrar la indemnización mencionada, su planteo sobre la confidencialidad del reclamo es “especulativo”.
Según el documento firmado por Preska, la información sobre el caso, la titularidad de las acciones y el fallo sobre la indemnización “han estado públicamente disponibles por un tiempo”, por lo cual la corte “no está persuadida” por los planteos de los demandantes. En consecuencia, Preska les denegó la solicitud de confidencialidad.
La decisión de Preska revela entonces un fuerte planteo de los demandantes, que solicitaron formalmente la transferencia de la titularidad del 51% de las acciones de YPF que tiene el Estado. Sin decisión de fondo sobre el tema, Preska ya había reconocido que parte de ese paquete accionario (la que están en manos del Estado nacional y no la porción minoritaria que se asignó a las provincias en el marco de la expropiación, un traspaso que nunca se hizo efectivo) podía ser tomado como garantía para evitar embargos. Esto siempre en el marco de la sentencia que el año pasado obligó a la Argentina a pagar una indemnización de más de US$16.000 millones.
Otra embestida
Se trata de un nuevo avance de los abogados de los demandantes, que semanas atrás habían acusado al país de “retacear información” sobre los activos del país en el exterior. Fue con un escrito de 122 páginas presentado ante la corte de la jueza Preska, donde los beneficiarios del fallo confirmado en 2023 argumentan que el país no está cooperando en el proceso de discovery de activos, una instancia judicial que apunta a identificar bienes u otros instrumentos que puedan ser embargados, mientras el país no cumple con la sentencia adversa. En otras palabras, los beneficiarios presionan para averiguar qué activos embargables existen en un procedimiento que es consecuencia del fallo de 2023.
Fue un reclamo que los demandantes realizaron contra un conjunto de activos. Entre ellos, aparecen inicialmente el 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino expropió a Repsol, aunque también consideran otras acciones de la petrolera en manos del Estado, o dinero depositado en cuentas, acreencias, activos u otros bienes financieros de más de US$1 millón. El listado de activos soberanos sobre los que pretenden avanzar los beneficiarios también incluye al swap con China (yuanes en poder del Banco Central argentino) y concesiones que el Estado realizó para la explotación de energía, recursos naturales o infraestructura. A su vez, la presentación apunta a conseguir información sobre empresas estatales y sus bienes, como Arsat, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Banco Nación.
Esa presentación fue realizada por Burford Capital, el fondo legal radicado en Londres que se quedó con los derechos para litigar contra YPF y la Argentina que correspondían a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Se trata de las dos firmas con sede en Madrid (España), a través de las cuales la familia Eskenazi había comprado entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la española Repsol, en una operación también investigada en la Justicia local.
Además de Burford y Eton Park Capital, existen alrededor de 40 demandantes afectados por el caso de la expropiación.
El conflicto judicial se originó por una demanda que en 2015 inició el estudio inglés Burford Capital. En esa demanda, realizada a partir de la compra de los derechos a litigar de las dos firmas de la familia Eskenazi, se cuestiona la forma en que la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. Según los demandantes, el país no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el Estado argentino) debía realizar también una oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas minoritarios de la empresa.
Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una indemnización por hasta US$16.000 millones, los demandantes por la expropiación de YPF, en 2012, avanzan en su reclamo contra la Argentina, que incluye un pedido para que se transfiera a su nombre el 51% de las acciones de la petrolera, que hoy pertenecen al Estado.
Así lo revelan documentos que los abogados de los fondos Eton Park y Burford–quellevaneljuiciocontrael país en nombre de dos firmas fundadas por la familia Eskenazi– presentaron ante la Justicia de EE.UU. Los demandantes querían mantener la solicitud en secreto, algo que fue rechazado por la jueza Loretta Preska.
El juicio, que tramita en Estados Unidos, se inició por el incumplimiento de los estatutos de la empresa en el proceso de estatización que llevó adelante el kirchnerismo durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía.
La familia Eskenazi cedió los derechos para litigar al fondo buitre Burford Capital, que obtuvo el fallo a su favor que lo convierte en acreedor de un monto indemnizatorio de 16.000 millones de dólares. Por esa acreencia es que reclama el control mayoritario de la empresa, hasta ahora en manos del Estado.
El conflicto judicial que enfrenta la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo. Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una indemnización por hasta US$16.000 millones, los demandantes avanzaron con su reclamo ante la Argentina, que incluye un pedido para que sean transferidas a su nombre el 51% de las acciones de la petrolera que actualmente pertenecen al Estado.
Así lo revelaron documentos que los abogados de los fondos Eton Park y Burford, que realiza la demanda contra la Argentina en nombre de dos firmas fundadas por la familia Eskenazi (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora), habían presentado en la corte de Loretta Preska. Se trata de pedidos que los demandantes realizaron, con el requerimiento de que se mantuvieran confidenciales, algo que fue rechazado por la jueza.
Según un fallo de la magistrada del Distrito Sur de Nueva York, si bien se reconoce “la importancia del timing en los esfuerzos de aplicación de los demandantes”, en su intención de presionar a la Argentina para alcanzar un acuerdo o cobrar la indemnización mencionada, su planteo sobre la confidencialidad del reclamo es “especulativo”.
Según el documento firmado por Preska, la información sobre el caso, la titularidad de las acciones y el fallo sobre la indemnización “han estado públicamente disponibles por un tiempo”, por lo cual la corte “no está persuadida” por los planteos de los demandantes. En consecuencia, Preska les denegó la solicitud de confidencialidad.
La decisión de Preska revela entonces un fuerte planteo de los demandantes, que solicitaron formalmente la transferencia de la titularidad del 51% de las acciones de YPF que tiene el Estado. Sin decisión de fondo sobre el tema, Preska ya había reconocido que parte de ese paquete accionario (la que están en manos del Estado nacional y no la porción minoritaria que se asignó a las provincias en el marco de la expropiación, un traspaso que nunca se hizo efectivo) podía ser tomado como garantía para evitar embargos. Esto siempre en el marco de la sentencia que el año pasado obligó a la Argentina a pagar una indemnización de más de US$16.000 millones.
Otra embestida
Se trata de un nuevo avance de los abogados de los demandantes, que semanas atrás habían acusado al país de “retacear información” sobre los activos del país en el exterior. Fue con un escrito de 122 páginas presentado ante la corte de la jueza Preska, donde los beneficiarios del fallo confirmado en 2023 argumentan que el país no está cooperando en el proceso de discovery de activos, una instancia judicial que apunta a identificar bienes u otros instrumentos que puedan ser embargados, mientras el país no cumple con la sentencia adversa. En otras palabras, los beneficiarios presionan para averiguar qué activos embargables existen en un procedimiento que es consecuencia del fallo de 2023.
Fue un reclamo que los demandantes realizaron contra un conjunto de activos. Entre ellos, aparecen inicialmente el 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino expropió a Repsol, aunque también consideran otras acciones de la petrolera en manos del Estado, o dinero depositado en cuentas, acreencias, activos u otros bienes financieros de más de US$1 millón. El listado de activos soberanos sobre los que pretenden avanzar los beneficiarios también incluye al swap con China (yuanes en poder del Banco Central argentino) y concesiones que el Estado realizó para la explotación de energía, recursos naturales o infraestructura. A su vez, la presentación apunta a conseguir información sobre empresas estatales y sus bienes, como Arsat, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Banco Nación.
Esa presentación fue realizada por Burford Capital, el fondo legal radicado en Londres que se quedó con los derechos para litigar contra YPF y la Argentina que correspondían a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Se trata de las dos firmas con sede en Madrid (España), a través de las cuales la familia Eskenazi había comprado entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la española Repsol, en una operación también investigada en la Justicia local.
Además de Burford y Eton Park Capital, existen alrededor de 40 demandantes afectados por el caso de la expropiación.
El conflicto judicial se originó por una demanda que en 2015 inició el estudio inglés Burford Capital. En esa demanda, realizada a partir de la compra de los derechos a litigar de las dos firmas de la familia Eskenazi, se cuestiona la forma en que la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. Según los demandantes, el país no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el Estado argentino) debía realizar también una oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas minoritarios de la empresa.
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