El Gobierno dio un paso clave en Diputados para aprobar el paquete de leyes económicas
Incluye una reforma laboral acotada, el blanqueo y Ganancias para los sueldos más altos
Laura Serra
El diputado José Luis Espert presidió el largo plenario de comisiones, donde se firmaron los dictámenes
Con cambios de último momento, el oficialismo consiguió finalmente ayer aprobar en comisión y dejar listos para votar en el recinto de la Cámara de Diputados la nueva “Ley de bases”, que incluye una reforma laboral acotada y el paquete fiscal, que vuelve a imponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Los libertarios están convencidos de que el próximo lunes tendrán los votos para sacar los dos proyectos en general y en particular, tal vez con algunas modificaciones que no alterarían su espíritu.
El envión de los libertarios tomó cuerpo ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allí, en una primera reunión y con el apoyo de un amplio sector de la oposición dialoguista, el oficialismo se alzó con 61 firmas que apoyaron la versión acotada de la “Ley de bases”.
Para la obtención del dictamen, el Gobierno realizó numerosas concesiones en la redacción del texto a lo largo de las negociaciones que mantuvo en el último mes.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por acercar posiciones, el grueso del bloque de la UCR anticipó que planteará disidencias parciales, mientras que los diputados Pablo Juliano y Fernando Carbajal votarán en contra.
La bancada Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, se mostró dividida: la Coalición Cívica y el socialismo, junto a Margarita Stolbizer, presentarán sendos dictámenes de minoría, mientras que el resto de sus integrantes plantearán disidencias en varios artículos. Lo mismo hará la bancada Innovación Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Misiones y Neuquén. A su vez, los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda anticiparon su rechazo al dictamen.
Así las cosas, el oficialismo solo cuenta con el apoyo incondicional de Pro, que suscribió el dictamen libertario. Esto augura una discusión compleja cuando se discuta, artículo por artículo, durante la sesión en el recinto el lunes próximo.
Una situación similar se vivió en enero pasado: en aquella oportunidad el oficialismo se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto original de la Ley de Bases ante el rechazo a varios de sus artículos por parte de la oposición.
Tras aquel fracaso, el Gobierno redefinió su estrategia legislativa y reformuló la iniciativa con el aporte de los bloques de oposición dialoguista tras sucesivas rondas de negociaciones en la Casa Rosada, encabezadas por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Este nuevo texto contiene, entre sus puntos más relevantes, la inclusión de una reforma laboral acotada, que omite aquellos artículos que generan conflicto con los líderes de la CGT; un régimen de incentivos a las grandes inversiones y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar sujetas a privatización una decena de empresas públicas.
En este punto, el de las privatizaciones, el oficialismo debió dar marcha atrás en con la idea de privatizar el Banco Nación y a las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros. En la última versión del dictamen, al menos, esta entidad ya no figura en el listado de empresas a ser privatizadas.
También a instancias de la oposición dialoguista, el Gobierno accedió a recortar drásticamente el listado de empresas a ser privatizadas. Allí se incluyen Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
En tanto, se propone que sean privatizadas de manera parcial las empresas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales.
No fue la única concesión que debió hacer el oficialismo para obtener el dictamen. A última hora también dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS); debió ceder ante la presión de los gobernadores, que pretendían colar, en ese artículo, la obligación por parte de la Nación de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales.
El paquete fiscal
En el segundo turno del debate en la comisión de Presupuesto, que presidió José Luis Espert, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del paquete de reformas fiscales que envió el Gobierno el cual contempla, entre otros puntos, la reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.
Incluye también un blanqueo de capitales no regularizados; una nueva moratoria impositiva y modificaciones en los topes de facturación del monotributo.
Al igual que sucedió con el dictamen de la Ley de Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de esta iniciativa para acercar posiciones con los bloques de oposición dialoguista y acordar un dictamen mayoritario. La estrategia tuvo un éxito relativo, ya que los bloques de la UCR, HCF e Innovación Federal lo suscribieron con disidencias. UP y los bloques de izquierda presentaron dictámenes en rechazo. Los puntos principales son:
Impuesto a las ganancias.
El proyecto reinstala la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual pero, ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral.
Blanqueo de capitales.
El proyecto establece que los activos por hasta los US$ 100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
Bienes Personales
Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC.
Monotributo
El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
Moratoria impositiva.
Incluye una amplia moratoria que permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.
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Al final, el oficialismo presentó una reforma laboral limitada
Retrocedió en su pelea con los sindicatos; se amplió el período de prueba y se eliminaron las multas al empleo no registrado
Delfina Celichini
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, al presentar el proyecto en Diputados
La batalla del Gobierno contra los sindicatos se frenó. Tras una una interminable serie de reuniones de último momento, el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron un nuevo texto de la “ley de Bases” en la que se incorpora una “modernización laboral” acotada. Se quitaron los artículos resistidos por los sindicatos, entre ellos el de la llamada “cuota sindical”.
El oficialismo cedió para evitar una nueva postergación y lograr la media sanción del paquete de leyes entre el lunes y martes de la semana próxima.
A principios de abril, la cúpula de la CGT se reunió en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. En esa cumbre, la reforma laboral fue la columna vertebral de la conversación, y a la que la tríada sindical le dio el visto bueno siempre y cuando sea una “versión light”. Por eso, el último borrador de la “ley de Bases” que el Gobierno le remitió a los legisladores, donde se replicaba, con pocas modificaciones, el capítulo entero de reforma laboral, enfureció a los gremios.
Frente a este panorama, el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, avisó que no acompañaría la nueva versión de la reforma laboral. Según pudo saber la intención del legislador, así como de parte de su bloque, es postergar la discusión con los sindicatos una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo. El radicalismo, autor de uno de los proyectos de reforma laboral más ambiciosos, anticipó que solo votaría la nueva “ley de Bases” si se incorporaba en el texto este capítulo. Los puntos más importantes excluidos del capítulo laboral son:
Cuota sindical. Es el artículo, por demás cuestionado por la CGT, que limitaba el descuento compulsivo, a todos los trabajadores (afiliados o no), de la llamada “cuota sindical”. Es decir, una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo que, históricamente, sirvió para financiar a los gremios.
Bloqueos sindicales. Se quitó el artículo que consideraba como “justa causa” de despido a la participación en bloqueos sindicales o tomas de establecimiento. En cambio, se determinó que este punto sea incorporado al Código Penal, donde se buscará que una persona que impida ingresar a otra un establecimiento comercial o industrial pueda ser reprimido con seis meses a tres años de prisión.
Ultraactividad. No se avanzará en la eliminación del principio laboral que establece que un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Su desarticulación hubiese implicado que, en caso de no haber acuerdo de partes entre gremios y empleadores, se abran las negociaciones por rama de actividad, mermando la injerencia de los sindicatos.
Multas. Se quitan las sanciones económicas a empleadores por presentar trabajadores no registrados. Se busca, con esta medida, evitar la “industria del juicio laboral” que, según indicó el diputado radical Martín Tetaz durante su intervención en el plenario de comisiones, “no funcionó para incorporar trabajadores al trabajo registrado”.
Las reformas que quedaron en el capítulo laboral de la “ley de Bases”:
Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.
Fondo de cese laboral (al estilo Uocra). Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo.
Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.
Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.
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En la Casa Rosada confían en el apoyo de 18 gobernadores para el Pacto de Mayo
Cuentan a favor con mandatarios de Juntos por el Cambio y de algunos peronistas
Con cambios de último momento, el oficialismo consiguió finalmente ayer aprobar en comisión y dejar listos para votar en el recinto de la Cámara de Diputados la nueva “Ley de bases”, que incluye una reforma laboral acotada y el paquete fiscal, que vuelve a imponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Los libertarios están convencidos de que el próximo lunes tendrán los votos para sacar los dos proyectos en general y en particular, tal vez con algunas modificaciones que no alterarían su espíritu.
El envión de los libertarios tomó cuerpo ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allí, en una primera reunión y con el apoyo de un amplio sector de la oposición dialoguista, el oficialismo se alzó con 61 firmas que apoyaron la versión acotada de la “Ley de bases”.
Para la obtención del dictamen, el Gobierno realizó numerosas concesiones en la redacción del texto a lo largo de las negociaciones que mantuvo en el último mes.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por acercar posiciones, el grueso del bloque de la UCR anticipó que planteará disidencias parciales, mientras que los diputados Pablo Juliano y Fernando Carbajal votarán en contra.
La bancada Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, se mostró dividida: la Coalición Cívica y el socialismo, junto a Margarita Stolbizer, presentarán sendos dictámenes de minoría, mientras que el resto de sus integrantes plantearán disidencias en varios artículos. Lo mismo hará la bancada Innovación Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Misiones y Neuquén. A su vez, los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda anticiparon su rechazo al dictamen.
Así las cosas, el oficialismo solo cuenta con el apoyo incondicional de Pro, que suscribió el dictamen libertario. Esto augura una discusión compleja cuando se discuta, artículo por artículo, durante la sesión en el recinto el lunes próximo.
Una situación similar se vivió en enero pasado: en aquella oportunidad el oficialismo se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto original de la Ley de Bases ante el rechazo a varios de sus artículos por parte de la oposición.
Tras aquel fracaso, el Gobierno redefinió su estrategia legislativa y reformuló la iniciativa con el aporte de los bloques de oposición dialoguista tras sucesivas rondas de negociaciones en la Casa Rosada, encabezadas por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Este nuevo texto contiene, entre sus puntos más relevantes, la inclusión de una reforma laboral acotada, que omite aquellos artículos que generan conflicto con los líderes de la CGT; un régimen de incentivos a las grandes inversiones y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar sujetas a privatización una decena de empresas públicas.
En este punto, el de las privatizaciones, el oficialismo debió dar marcha atrás en con la idea de privatizar el Banco Nación y a las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros. En la última versión del dictamen, al menos, esta entidad ya no figura en el listado de empresas a ser privatizadas.
También a instancias de la oposición dialoguista, el Gobierno accedió a recortar drásticamente el listado de empresas a ser privatizadas. Allí se incluyen Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
En tanto, se propone que sean privatizadas de manera parcial las empresas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales.
No fue la única concesión que debió hacer el oficialismo para obtener el dictamen. A última hora también dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS); debió ceder ante la presión de los gobernadores, que pretendían colar, en ese artículo, la obligación por parte de la Nación de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales.
El paquete fiscal
En el segundo turno del debate en la comisión de Presupuesto, que presidió José Luis Espert, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del paquete de reformas fiscales que envió el Gobierno el cual contempla, entre otros puntos, la reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.
Incluye también un blanqueo de capitales no regularizados; una nueva moratoria impositiva y modificaciones en los topes de facturación del monotributo.
Al igual que sucedió con el dictamen de la Ley de Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de esta iniciativa para acercar posiciones con los bloques de oposición dialoguista y acordar un dictamen mayoritario. La estrategia tuvo un éxito relativo, ya que los bloques de la UCR, HCF e Innovación Federal lo suscribieron con disidencias. UP y los bloques de izquierda presentaron dictámenes en rechazo. Los puntos principales son:
Impuesto a las ganancias.
El proyecto reinstala la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual pero, ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral.
Blanqueo de capitales.
El proyecto establece que los activos por hasta los US$ 100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
Bienes Personales
Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC.
Monotributo
El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
Moratoria impositiva.
Incluye una amplia moratoria que permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.
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Al final, el oficialismo presentó una reforma laboral limitada
Retrocedió en su pelea con los sindicatos; se amplió el período de prueba y se eliminaron las multas al empleo no registrado
Delfina Celichini
La batalla del Gobierno contra los sindicatos se frenó. Tras una una interminable serie de reuniones de último momento, el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron un nuevo texto de la “ley de Bases” en la que se incorpora una “modernización laboral” acotada. Se quitaron los artículos resistidos por los sindicatos, entre ellos el de la llamada “cuota sindical”.
El oficialismo cedió para evitar una nueva postergación y lograr la media sanción del paquete de leyes entre el lunes y martes de la semana próxima.
A principios de abril, la cúpula de la CGT se reunió en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. En esa cumbre, la reforma laboral fue la columna vertebral de la conversación, y a la que la tríada sindical le dio el visto bueno siempre y cuando sea una “versión light”. Por eso, el último borrador de la “ley de Bases” que el Gobierno le remitió a los legisladores, donde se replicaba, con pocas modificaciones, el capítulo entero de reforma laboral, enfureció a los gremios.
Frente a este panorama, el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, avisó que no acompañaría la nueva versión de la reforma laboral. Según pudo saber la intención del legislador, así como de parte de su bloque, es postergar la discusión con los sindicatos una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo. El radicalismo, autor de uno de los proyectos de reforma laboral más ambiciosos, anticipó que solo votaría la nueva “ley de Bases” si se incorporaba en el texto este capítulo. Los puntos más importantes excluidos del capítulo laboral son:
Cuota sindical. Es el artículo, por demás cuestionado por la CGT, que limitaba el descuento compulsivo, a todos los trabajadores (afiliados o no), de la llamada “cuota sindical”. Es decir, una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo que, históricamente, sirvió para financiar a los gremios.
Bloqueos sindicales. Se quitó el artículo que consideraba como “justa causa” de despido a la participación en bloqueos sindicales o tomas de establecimiento. En cambio, se determinó que este punto sea incorporado al Código Penal, donde se buscará que una persona que impida ingresar a otra un establecimiento comercial o industrial pueda ser reprimido con seis meses a tres años de prisión.
Ultraactividad. No se avanzará en la eliminación del principio laboral que establece que un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Su desarticulación hubiese implicado que, en caso de no haber acuerdo de partes entre gremios y empleadores, se abran las negociaciones por rama de actividad, mermando la injerencia de los sindicatos.
Multas. Se quitan las sanciones económicas a empleadores por presentar trabajadores no registrados. Se busca, con esta medida, evitar la “industria del juicio laboral” que, según indicó el diputado radical Martín Tetaz durante su intervención en el plenario de comisiones, “no funcionó para incorporar trabajadores al trabajo registrado”.
Las reformas que quedaron en el capítulo laboral de la “ley de Bases”:
Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.
Fondo de cese laboral (al estilo Uocra). Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo.
Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.
Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.
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En la Casa Rosada confían en el apoyo de 18 gobernadores para el Pacto de Mayo
Cuentan a favor con mandatarios de Juntos por el Cambio y de algunos peronistas
Jaime Rosemberg
Cuando faltan 30 días para una reunión que se considera clave en el primer período de mandato, el gobierno de Javier Milei confía en sumar a “la mayoría” de los gobernadores para firmar el Pacto de Mayo, el 25 del mes próximo, en la ciudad de Córdoba.
Aún bajo los efectos del golpe político que significó la multitudinaria marcha en contra del ajuste a las universidades públicas, en la Casa Rosada creen que la convocatoria a los mandatarios provinciales corre “por carriles separados” a las discusiones en el Congreso.
En la Casa Rosada confían en la presencia de 18 gobernadores, mientras aguardan expectantes que se defina de modo positivo la situación con el santiagueño Gerardo Zamora.
Por el momento, cinco gobernadores kirchneristas no dan pistas ni señales de querer estar, aunque en el Gobierno puntualizan que “ninguno de ellos dijo públicamente que no va a venir”, un índice que alienta alguna tímida esperanza de tener asistencia completa en el escenario cordobés.
En principio, en Balcarce 50 dan por descontado que los diez gobernadores que responden a Juntos por el Cambio (5 de la UCR, 3 de Pro y los “independientes” Claudio Poggi, de San Luis, y Marcelo Orrego, de San Juan), estarán allí presentes para apoyar los diez puntos en los que se basa el pacto. “El mensaje es que vamos a acompañar los cambios en la macroeconomía, ahí vamos por el mismo camino”, expresaron cerca de los gobernadores radicales que dialogan seguido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado de la negociación con las provincias.
Uno de ellos, el mendocino Alfredo Cornejo, pasó ayer por el despacho del titular de la cartera política.
En ese grupo no hay uniformidad: mientras Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio (Pro) avanzan más cerca de la gestión libertaria, otros mandatarios, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres(Chubut), sostienen un tono distinto, con reclamos puntuales.
De hecho, el chubutense no apoya la suba del piso del pago del impuesto a las Ganancias, una de las zanahorias de la Casa Rosada para lograr apoyo de los gobernadores. “Hay distintos tonos, incluso Frigerio hizo una demanda ante la Corte (fondos adeudados de la caja de jubilaciones). Pero van a estar todos”, resumen con optimismo en un despacho de la Casa Rosada.
En tren de sumar apoyos, en Gobierno cuentan con el respaldo de mandatarios de partidos provinciales, como el cordobés Martín Llaryora, el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua, y los patagónicos Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), aunque estos últimos acentuaron sus críticas por reclamos regionales en las últimas semanas.
Del mundo peronista, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) han dado repetidas muestras de apoyo, y según pudo saberla nacion, incluso intentan atraer a sus pares para que apoyen, o cuando menos para que no dificulten la gestión del Gobierno.
“No nos puede unir el no, el país está fundido y hay que ayudar, la gente no quiere que salgamos a combatir”, expresaron cerca de uno de los peronistas más proclives a dar apoyo al pacto, que, apuesta a fijar coincidencias para lograr el equilibrio fiscal, la baja del gasto público al 25 por ciento del PBI, y reformas en lo tributario, laboral, previsional y política.
Precisamente esos puntos convierten en más que difícil la presencia de Axel Kicillof, que logró su reelección y es, hoy por hoy, el principal referente territorial del kirchnerismo. “La respuesta es siempre la misma. Si nos llaman para trabajar, ahí estaremos, pero para la foto, nada”, afirmaron cerca del gobernador bonaerense. Los también kirchneristas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) también han dado muestras de rechazo a las políticas del Gobierno.
“No hay nada confirmado ni postura oficial, pero por lógica y trayectoria el gobernador va a estar inclinado hacia dónde esté ubicado el peronismo”, afirmaron cerca del gobernador formoseño.
¿Y Zamora? Desde Balcarce 50 ponen puntos suspensivos, ya que la reunión de Francos con el gobernador santiagueño, hace diez días, habrían alimentado rumores de apoyo a esta. “Visité Santiago del Estero donde me recibió el gobernador Zamora, con quien conversamos sobre los temas importantes para la provincia y el país”, escribió Francos. “Esta es la foto de hoy, es día a día”, se atajan desde el Gobierno, mientras siguen las gestiones para una foto que, hasta el momento, combina dudas con certezas.
Cuando faltan 30 días para una reunión que se considera clave en el primer período de mandato, el gobierno de Javier Milei confía en sumar a “la mayoría” de los gobernadores para firmar el Pacto de Mayo, el 25 del mes próximo, en la ciudad de Córdoba.
Aún bajo los efectos del golpe político que significó la multitudinaria marcha en contra del ajuste a las universidades públicas, en la Casa Rosada creen que la convocatoria a los mandatarios provinciales corre “por carriles separados” a las discusiones en el Congreso.
En la Casa Rosada confían en la presencia de 18 gobernadores, mientras aguardan expectantes que se defina de modo positivo la situación con el santiagueño Gerardo Zamora.
Por el momento, cinco gobernadores kirchneristas no dan pistas ni señales de querer estar, aunque en el Gobierno puntualizan que “ninguno de ellos dijo públicamente que no va a venir”, un índice que alienta alguna tímida esperanza de tener asistencia completa en el escenario cordobés.
En principio, en Balcarce 50 dan por descontado que los diez gobernadores que responden a Juntos por el Cambio (5 de la UCR, 3 de Pro y los “independientes” Claudio Poggi, de San Luis, y Marcelo Orrego, de San Juan), estarán allí presentes para apoyar los diez puntos en los que se basa el pacto. “El mensaje es que vamos a acompañar los cambios en la macroeconomía, ahí vamos por el mismo camino”, expresaron cerca de los gobernadores radicales que dialogan seguido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado de la negociación con las provincias.
Uno de ellos, el mendocino Alfredo Cornejo, pasó ayer por el despacho del titular de la cartera política.
En ese grupo no hay uniformidad: mientras Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio (Pro) avanzan más cerca de la gestión libertaria, otros mandatarios, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres(Chubut), sostienen un tono distinto, con reclamos puntuales.
De hecho, el chubutense no apoya la suba del piso del pago del impuesto a las Ganancias, una de las zanahorias de la Casa Rosada para lograr apoyo de los gobernadores. “Hay distintos tonos, incluso Frigerio hizo una demanda ante la Corte (fondos adeudados de la caja de jubilaciones). Pero van a estar todos”, resumen con optimismo en un despacho de la Casa Rosada.
En tren de sumar apoyos, en Gobierno cuentan con el respaldo de mandatarios de partidos provinciales, como el cordobés Martín Llaryora, el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua, y los patagónicos Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), aunque estos últimos acentuaron sus críticas por reclamos regionales en las últimas semanas.
Del mundo peronista, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) han dado repetidas muestras de apoyo, y según pudo saberla nacion, incluso intentan atraer a sus pares para que apoyen, o cuando menos para que no dificulten la gestión del Gobierno.
“No nos puede unir el no, el país está fundido y hay que ayudar, la gente no quiere que salgamos a combatir”, expresaron cerca de uno de los peronistas más proclives a dar apoyo al pacto, que, apuesta a fijar coincidencias para lograr el equilibrio fiscal, la baja del gasto público al 25 por ciento del PBI, y reformas en lo tributario, laboral, previsional y política.
Precisamente esos puntos convierten en más que difícil la presencia de Axel Kicillof, que logró su reelección y es, hoy por hoy, el principal referente territorial del kirchnerismo. “La respuesta es siempre la misma. Si nos llaman para trabajar, ahí estaremos, pero para la foto, nada”, afirmaron cerca del gobernador bonaerense. Los también kirchneristas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) también han dado muestras de rechazo a las políticas del Gobierno.
“No hay nada confirmado ni postura oficial, pero por lógica y trayectoria el gobernador va a estar inclinado hacia dónde esté ubicado el peronismo”, afirmaron cerca del gobernador formoseño.
¿Y Zamora? Desde Balcarce 50 ponen puntos suspensivos, ya que la reunión de Francos con el gobernador santiagueño, hace diez días, habrían alimentado rumores de apoyo a esta. “Visité Santiago del Estero donde me recibió el gobernador Zamora, con quien conversamos sobre los temas importantes para la provincia y el país”, escribió Francos. “Esta es la foto de hoy, es día a día”, se atajan desde el Gobierno, mientras siguen las gestiones para una foto que, hasta el momento, combina dudas con certezas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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