DESDE ADENTRO E INFLACIÓN

Un relato que convence a propios, pero no a ajenos
Florencia DonovanKristalina Georgieva y Luis Caputo
El mundo empresario está expectante, hasta ilusionado, con un Milei que promete una profunda transformación de la economía. Sin embargo, aún no parecedispuestoatransformaresa ilusión en acción. el FMi, aunque está asombrado con el gran ajuste libertario, tampoco tiene planes de abalanzarse sobre otro acuerdo con el país.
Más allá de las diatribas del Presidente en redes sociales, que tan hábilmente contribuyen a alimentar un relato casi tanto o más pegadizo que el que supo elaborar el kirchnerismo, para la casta global y la política, las formas muchas veces juegan tanto como la macro.
“Teníamos al CEO global que pensaba venir esta semana a la Argentina para reunirse con el Presidente, pero ni siquiera nos respondieron el pedido de audiencia. El CEO directamente suspendió el viaje”, relataba algo frustrado un ejecutivo de una multinacional, que ya tiene presencia en el país y ahora tiene en estudio una inversión de varios miles de millones de dólares. Con la excepción de Sean Rad, fundador de Tinder, o de su encuentro groupie en los Estados Unidos con Elon Musk, de X y Tesla, Milei prácticamente no recibe a ejecutivos de compañías, no importa la jerarquía que tengan. En el Registro Público de Audiencias no figura ni un solo encuentro empresario desde que asumió, en diciembre pasado. Algunos CEO globales que visitaron el país, como Jakob Stausholm, CEO global de Rio Tinto, o Jane Fraser, de Citi, tuvieron que contentarse con ser recibidos por la canciller Diana Mondino o el ministro Luis Caputo. Una cuestión de formas que pocos pueden explicar.
En las grandes compañías, con todo, el foco en estos días pasa por el Congreso y la “Ley de bases”, que, según anticipan varios mandatarios provinciales, esta vez tiene altas chances de salir. En particular, la atención de las grandes empresas pasa por el capítulo que apunta a establecer un Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). En la industria minera, tal vez una de las de mayor potencial por estos días, el tema es clave. Hay cuatro proyectos de cobre que esperan señales políticas (y cambiarias) para arrancar: José María, Los Azules, Taca Taca y Pachón. “Todos estamos viendo qué pasa con José María, del grupo Lundin, que ya tiene el estudio de factibilidad. Si arranca, después vienen los otros tres. Pero el inversor necesita ver el liberalismo, una hoja de ruta, que se la cuenten”, explicó un exsecretario de Minería. Cualquier proyecto de cobre hoy supera, con creces, todo el negocio del litio.
El timing lo es todo
En el negocio minero, el timing lo es todo. De hecho, hay al menos 40 proyectos de litio en el norte del país que están prácticamente paralizados por problemas de financiamiento. El ajuste en términos de personal ya arrancó en ese sector: hay algunos despidos y adelantos de vacaciones. El derrumbe en el precio internacional del mineral, que pasó de negociarse a un récord de US$70.000 la tonelada después de la pandemia a US$13.500 ayer, obligó a todos a revisar los planes de negocios. “Las cuatro empresas que ya estaban funcionando siguen. Lo mismo que Livent, que tiene garantizada la demanda de China, o Galan. Pero las que estaban en etapas más iniciales están con problemas”, apuntó una fuente. Quienes operan en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, además, están a la espera de que el gobierno provincial de Raúl Jalil cumpla un fallo de la Corte Suprema provincial que pone en jaque a la actividad. La Corte le exigió el mes pasado al Ministerio de Minería provincial que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de toda la industria que está en el salar. Hasta que lo presente, no puede emitir nuevos permisos ambientales. Las empresas, que casi en forma anual deben renovar sus permisos, podrán operar hasta que les venzan sus habilitaciones actuales (algunas tienen permisos hasta para dos años). Las nuevas compañías que quieren ingresar deberán esperar. Quienes conocen la política de la provincia aseveran que el fallo responde a una decisión de Jalil de no incrementar el financiamiento de la Justicia. Problemas de “casta”, diría Milei. Pero la política juega en todos los niveles.
El gobierno de Mendoza es consciente del momentum de la minería. El gobernador Alfredo Cornejo visitó esta semana una feria minera en Chile, y cuenta con que el Senado provincial le apruebe la semana que viene el Código de Procedimientos Mineros, necesario para que la actividad despegue. La idea luego es aprobar como distrito minero la zona de Malargüe Oriental, lo que habilitaría unos 200 proyectos mineros. La gente del grupo Luksic (en la Argentina, dueños de CCU, pero en Chile también con fuerte presencia minera) le pidió al gobierno nacional reunirse con los gobernadores Cornejo y Marcelo Orrego, de San Juan. Junto con Chubut, Mendoza es una de las provincias que hasta ahora nunca habían logrado superar la presión que los movimientos ambientalistas ejercen sobre la política. O la política no tuvo la capacidad de seducirlos. Está por verse. Los sondeos de opinión que manejan ahora en la provincia muestran que el rechazo a la actividad minera es actualmente casi inexistente. La recesión podría lograr lo que la política no pudo.
Más allá de la “Ley de bases”, también el sector privado mira cada vez con más inquietud la política cambiaria. Economistas afines al Gobierno, como Domingo Cavallo, empiezan a alertar que atrasar el tipo de cambio podría ser un error. Sin embargo, en el Gobierno insisten en que no tienen planes de mover la tasa de crawl (ajuste) cambiario. “No vamos a devaluar”, insiste un funcionario del equipo económico. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a darles competitividad a las empresas, pero sin comprometer el superávit fiscal”, dice.
Por lo pronto, en los próximos días saldrá una resolución para reducir los aranceles para los insumos plásticos, imprescindibles para gran parte de la industria. Para contener la caída del consumo, otro punto débil del plan económico, también hay planes de renovar en mayo el programa Cuota Simple, con el cual el gobierno libertario reemplazó el Ahora 12 del kirchnerismo. Y ya hay quienes piensan en una serie 4 del Bopreal, el bono que se emitió para saldar la deuda de importadores, para seguir retirando pesos del mercado.
Un número casi mágico
En el Gobierno admiten ahora que el levantamiento del cepo también podría demorar algo más de lo previsto. Hay un número casi mágico que miran a diario para ello: el de las reservas. “Cuando estén en US$10.000 millones netas positivas vamos a poder sacar el cepo”, aseguran ahora. Ese saldo por el momento está apenas por encima de cero. La especulación es que los dólares de la cosecha ayuden para que el cepo (aunque no todas las restricciones) sea historia hacia el segundo semestre. En el primer trimestre, algunas mineras aceleraron la liquidación de sus exportaciones aprovechando que, según su interpretación, desde diciembre –y hasta que se apruebe el nuevo capítulo fiscal– no tienen que pagar retenciones. Solo Barrick, que extrae oro en Veladero, provincia de San Juan, liquidó más de US$220 millones sobre un total estimado para el año de US$800 millones.
En el FMI, en tanto, miran el plan con cautela, sobre todo con un Brasil que también está dejando depreciar su real frente al dólar, que subió 8,4% en el año. El organismo de crédito no quiere ser responsable de financiar el atraso cambiario, como lo hizo tantas otras veces en el pasado. En una cena anteanoche en Washington, organizada por el banco Barclays, Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, dejó trascender entre banqueros que no hay grandes quejas con respecto a la Argentina por ahora. Una vez finalizada la revisión de mayo el organismo podría avanzar en un programa que incluya algo de dinero fresco. “Lo están postergando. El tema es que ellos ven que la Argentina tiene que ir a un esquema cambiario y monetario para poder hablar de un nuevo programa”, confió uno de los presentes. También en el board del FMI hay quienes coinciden en esperar al menos hasta septiembre para ver cómo evolucionan el plan y la política.
En ámbitos diplomáticos, donde el relato libertario por momentos hace demasiado ruido, se muestran prudentes. Quienes se acercan al ministro Caputo con proyectos de financiamiento internacional se sorprenden cuando les responden que no tienen previsto endeudarse con organismos multilaterales, salvo que se trate de proyectos de ayuda social. Hay temáticas que no forman parte de la agenda oficial, el medio ambiente es una de las tantas. En eso el Gobierno es un fiel aprendiz de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Que deporte, turismo y ambiente sean una sola secretaría lo dice todo.
Por momentos, las delegaciones extranjeras ven en el Gobierno un comportamiento difícil de descifrar. Hay quienes aseguran que la relación entre la canciller Diana Mondino y el embajador norteamericano, Marc Stanley, no es la misma desde que Milei decidió visitar a Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), a fines de febrero. Mondino debe hacer malabares para reinterpretar lo que el Presidente deja demasiado claro en la red social X. Esta semana, le tocó viajar a Brasil en son de paz. El 27 y el 28 de este mes tiene previsto ir a China con una delegación de empresarios locales. En el directorio del FMI todos pesan y, como con las empresas, la política y las formas juegan.

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Las prepagas apelarían la decisión del Gobierno
No pueden ir en conjunto; algunas aún evalúan el camino

Ignacio Grimaldi
Un día después de las polémicas medidas oficiales que obligaron a siete prepagas a reajustar sus cuotas por inflación, las empresas de medicina privada seguían aún en estado de “shock”. Varios representantes del sector comentaron a que todavía analizan qué acciones adoptar. Si bien la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio es de “inmediata” entrada en vigor, esto no impide que puedan presentarse apelaciones.
De hecho, una de las empresas con más afiliados confirmó que intentará frenar la medida del Gobierno aunque todavía no elaboró ningún documento formal; el representante de otra compañía indicó que “los abogados analizan qué responder”, y los directivos de Medifé aseguran haberse reunido con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud para entender el alcance total de las medidas. “No podemos no apelar”, explicaron. Fuentes oficiales confirmaron que mantuvieron “conversaciones informales” con las “principales” prepagas afectadas.
Esta segmentación de parte de las prepagas se entiende a partir de la prohibición de reunión entre las empresas, dictada en la resolución del Gobierno, que inhabilita una acción en conjunto como respuesta a la resolución oficial. De esta manera, una presentación de la Unión Argentina de Salud (UAS), que era presidida por Claudio Belocopitt, queda descartada.
A su vez, las empresas de medicina privada aguardan re soluciones del Juzgado 9 de la Cámara Federal Civil y Comercial, en la que el Gobierno presentó la medida cautelar. Esa presentación solicitó ajustar aumentos por inflación, pero además adjuntó una propuesta de reembolso del excedente que las prepagas habrían facturado a sus afiliados. Según ese mecanismo confeccionado por el Ejecutivo, las compañías deberían devolver el dinero en cuotas iguales entre junio y diciembre.
Esto último es lo que más preocupa a las prepagas, dado que calificaron que para ellas sería “inviable”. De todos modos, a diferencia de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, el posible reembolso está incluido en la cautelar y, en consecuencia, su implementación depende de la decisión de la Justicia.
“Todos los abogados están analizando las medidas”, describieron desde otra prepaga. Esta frase explica el motivo por el cual todavía no se registra aún ninguna apelación de las empresas.
Pese a posibles respuestas judiciales de parte de las compañías, en la arena declarativa mantienen una idea que repetían en los días previos a las medidas del Gobierno: “Si todo se mantiene igual, en 30 días no vamos a poder pagar sueldos”.
El Gobierno descree de esa tesis, ya que considera que su propuesta de devolución del dinero cobrado de más es “viable” y las prepagas habrían obtenido rédito financiero con los pagos a 90 o 120 días a los prestadores, tales como clínicas o sanatorios gracias a los que calificó de “excesivos” aumentos

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