Qué asalariados y por qué tienen una deuda con el fisco por el impuesto de 2023
con actualizaciones de la tabla de alícuotas dispuestas por decreto se redujeron las retenciones mensuales de los sueldos, pero no disminuyó el importe del tributo en sí; si no se aprueba una ley, con los sueldos de mayo habrá retenciones retroactivas
Silvia Stang
Por cómo se hicieron algunos cambios en 2023, un grupo de empleados tiene una deuda por Ganancias
Si el Congreso no aprueba una ley que ratifique algunos de los cambios hechos en el esquema de Ganancias durante 2023 a través de decretos y al calor de la campaña electoral, un grupo de empleados tendrá próximamente descuentos de sus salarios por el impuesto correspondiente al año pasado. Es una situación advertida por especialista en el tema desde hace varios meses. Se trata de retenciones que se producirían con los salarios de mayo que, en general, se percibirán en los primeros días de junio (la liquidación de Ganancias por 2023 se iba a hacer con los sueldos de abril, pero la AFIP dispuso una prórroga).
¿Por qué se llegó a esta situación? El año pasado hubo dos decretos, el 415 y el 427, que dispusieron que la AFIP modificaría los valores de la tabla utilizada para calcular el monto a descontar de los salarios en concepto de Ganancias. Ese cambio efectivamente se hizo, pero no implicó una actualización de las cifras usadas para el cálculo del tributo en sí (sino solo de las cifras usadas para calcular los descuentos de los salarios, que funcionan como un anticipo del saldo anual a pagar).
Es decir, una cosa es el cálculo de las retenciones y otra es el cálculo del impuesto en sí mismo. Esto último no fue modificado. Así, en plena campaña electoral, hubo medidas impulsadas por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, que lograron que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes. Pero las medidas no produjeron la reducción del monto del tributo en sí, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere una ley.
El Congreso podría aprobar una ley solo para evitar el efecto de los saldos a favor del fisco por el impuesto de 2023. Pero lo cierto es que el tema quedó atado, por cuestiones políticas y no técnicas, a la reforma más integral que busca el Gobierno, para que el impuesto alcance a más empleados que los que actualmente están tributando. Es un cambio buscado para recaudar más tanto para la Nación como para las provincias, ya que Ganancias es coparticipable, y las jurisdicciones vieron una disminución de los recursos recibidos a partir de las modificaciones aprobadas para 2023 y para 2024.
¿De cuánto sería el efecto para los bolsillos? Según estimaciones hechas por la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernandez Sabella & Smudt, para quien tuvo una remuneración mensual bruta de $1 millón el año pasado, el monto a favor del Estado que surgiría en la liquidación del definitiva del impuesto por 2023 sería de unos $100.000. Para simplificar y aportar una estimación ilustrativa, en los ejemplos se consideró que los salarios mantuvieron sus importes durante el año (algo que, claro está, no ocurrió). Un empleado con ese nivel de sueldo pagó Ganancias entre enero y septiembre y quedó liberado desde octubre, con el decreto 427. Otro caso: con un sueldo de $2 millones, el impuesto a retener sería de $156.000, en tanto que si el salario fue de $3 millones en 2023, el monto rondaría los $715.000.
El primero de los decretos mencionados, el 415 –de agosto de 2023– le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, con el objetivo de “reducir el monto de las retenciones”. Y dispuso que se recalcularan con el esquema actualizado los descuentos de Ganancias de los salarios percibidos en los meses previos del año, a partir de enero. Por esto último, la normativa tuvo alcance para todos los asalariados que habían tenido descuentos por el impuesto en uno o más meses de 2023. La medida provocó la devolución de parte de dinero antes retenido a un grupo de empleados, que ahora tienen una deuda latente con el fisco.
En los considerandos del decreto 415 ya se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley para procurar que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para calcular el impuesto, y no solo las retenciones. El punto se incluyó en la iniciativa sobre el presupuesto 2024, nunca considerada.
El segundo decreto, el 473, fijó la vigencia de tablas especiales para las retenciones de los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto alcanzó a quienes siguieron pagando Ganancias en esos meses.
A diferencia de la manera en que se establecieron los cambios de valores de la tabla de alícuotas, las subas del piso salarial para tributar (el llamado mínimo no imponible) fueron dispuestas utilizando facultades especiales delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo. Por eso, se considera que ese punto en particular no necesita ratificación.
La medida necesaria para evitar que se determinen deudas con la AFIP fue incluida en el proyecto de ley sobre Ganancias que el Gobierno envió al Congreso en enero y que, pocos días después, decidió que no impulsaría. Recientemente, el tema de la reforma volvió a ganar protagonismo, pero no se conoce aún cuál es la propuesta oficial definitiva.
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Si el Congreso no aprueba una ley que ratifique algunos de los cambios hechos en el esquema de Ganancias durante 2023 a través de decretos y al calor de la campaña electoral, un grupo de empleados tendrá próximamente descuentos de sus salarios por el impuesto correspondiente al año pasado. Es una situación advertida por especialista en el tema desde hace varios meses. Se trata de retenciones que se producirían con los salarios de mayo que, en general, se percibirán en los primeros días de junio (la liquidación de Ganancias por 2023 se iba a hacer con los sueldos de abril, pero la AFIP dispuso una prórroga).
¿Por qué se llegó a esta situación? El año pasado hubo dos decretos, el 415 y el 427, que dispusieron que la AFIP modificaría los valores de la tabla utilizada para calcular el monto a descontar de los salarios en concepto de Ganancias. Ese cambio efectivamente se hizo, pero no implicó una actualización de las cifras usadas para el cálculo del tributo en sí (sino solo de las cifras usadas para calcular los descuentos de los salarios, que funcionan como un anticipo del saldo anual a pagar).
Es decir, una cosa es el cálculo de las retenciones y otra es el cálculo del impuesto en sí mismo. Esto último no fue modificado. Así, en plena campaña electoral, hubo medidas impulsadas por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, que lograron que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes. Pero las medidas no produjeron la reducción del monto del tributo en sí, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere una ley.
El Congreso podría aprobar una ley solo para evitar el efecto de los saldos a favor del fisco por el impuesto de 2023. Pero lo cierto es que el tema quedó atado, por cuestiones políticas y no técnicas, a la reforma más integral que busca el Gobierno, para que el impuesto alcance a más empleados que los que actualmente están tributando. Es un cambio buscado para recaudar más tanto para la Nación como para las provincias, ya que Ganancias es coparticipable, y las jurisdicciones vieron una disminución de los recursos recibidos a partir de las modificaciones aprobadas para 2023 y para 2024.
¿De cuánto sería el efecto para los bolsillos? Según estimaciones hechas por la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernandez Sabella & Smudt, para quien tuvo una remuneración mensual bruta de $1 millón el año pasado, el monto a favor del Estado que surgiría en la liquidación del definitiva del impuesto por 2023 sería de unos $100.000. Para simplificar y aportar una estimación ilustrativa, en los ejemplos se consideró que los salarios mantuvieron sus importes durante el año (algo que, claro está, no ocurrió). Un empleado con ese nivel de sueldo pagó Ganancias entre enero y septiembre y quedó liberado desde octubre, con el decreto 427. Otro caso: con un sueldo de $2 millones, el impuesto a retener sería de $156.000, en tanto que si el salario fue de $3 millones en 2023, el monto rondaría los $715.000.
El primero de los decretos mencionados, el 415 –de agosto de 2023– le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, con el objetivo de “reducir el monto de las retenciones”. Y dispuso que se recalcularan con el esquema actualizado los descuentos de Ganancias de los salarios percibidos en los meses previos del año, a partir de enero. Por esto último, la normativa tuvo alcance para todos los asalariados que habían tenido descuentos por el impuesto en uno o más meses de 2023. La medida provocó la devolución de parte de dinero antes retenido a un grupo de empleados, que ahora tienen una deuda latente con el fisco.
En los considerandos del decreto 415 ya se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley para procurar que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para calcular el impuesto, y no solo las retenciones. El punto se incluyó en la iniciativa sobre el presupuesto 2024, nunca considerada.
El segundo decreto, el 473, fijó la vigencia de tablas especiales para las retenciones de los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto alcanzó a quienes siguieron pagando Ganancias en esos meses.
A diferencia de la manera en que se establecieron los cambios de valores de la tabla de alícuotas, las subas del piso salarial para tributar (el llamado mínimo no imponible) fueron dispuestas utilizando facultades especiales delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo. Por eso, se considera que ese punto en particular no necesita ratificación.
La medida necesaria para evitar que se determinen deudas con la AFIP fue incluida en el proyecto de ley sobre Ganancias que el Gobierno envió al Congreso en enero y que, pocos días después, decidió que no impulsaría. Recientemente, el tema de la reforma volvió a ganar protagonismo, pero no se conoce aún cuál es la propuesta oficial definitiva.
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Deuda: por una medida del gobierno anterior, el país debería pagar US$20.000 millones apenas vuelva a crecer
Ariel Coremberg*
Los bonos cupón PBI fueron emitidos con el fin de incentivar a los acreedores a entrar en el canje de deuda pública del 2 de junio de 2005. Se trató de fijar un aliciente o sweetener, según la jerga financiera, para lograr ese objetivo. Básicamente, se trata de un warrant, un instrumento financiero que genera un pago si la Argentina crece más de 3% (una cláusula gatillo promedio, fijada como potencial de crecimiento), y si el nivel del volumen físico del PBI supera la línea de base o el producto potencial, según lo establecido en el prospecto.
La intervención del Indec manipuló la serie del PBI (con base 1993) para mostrar que la economía argentina crecía a tasas chinas y en forma vigorosa entre 2008 y 2015. Al comienzo de la intervención del organismo de estadística, se suponía que la manipulación de los datos oficiales se refería únicamente a los datos de inflación. En 2013, el PBI oficial manipulado de los primeros tres trimestres avizoraban que la Argentina iba a crecer “falsamente” por arriba de la cláusula, gatillando el pago “erróneo” del cupón PBI.
Advertido tardíamente el gobierno de entonces sobre las consecuencias económicas de pegarse un tiro en el pie con su propio relato de “la Argentina crece más que Australia”, el ministro de Economía Axel Kicillof, decidió cambiar el año base de la serie PBI 1993 a 2004 en un solo día, con el fin de no pagar erróneamente el cupón. Cabe aclarar que un cambio de año base para una estadística del PBI toma no menos de dos años.
El prospecto de los bonos establecía que si se cambiaba el año base del PBI se debía definir una nueva línea de base (rebasement)a partir de un año a determinar. Esta definición quedo pendiente hasta fines de 2022.
Sin previo aviso ni análisis alguno, el 15 de diciembre de 2022 el Ministerio de Economía, mediante una resolución oficial, comunicó que 2012 sería el año del rebasement. De esta manera, la nueva línea base cuya superación por el PBI efectivo dispararía el pago del cupón quedó establecida en un nivel mucho más bajo que si se hubiese elegido cualquier otro año para el rebasement. Esta decisión oficial aumentó enormemente la posibilidad de pagar el monto pendiente de la deuda pública por adelantado muchísimo antes que a su vencimiento, en 2035.
Una cuestión que no hubiese sucedido en caso de haberse elegido 2004, como era esperable, dado que es el año base de la nueva serie del PBI. Haber elegido 2012 resulta raro, también, dado que el nuevo Indec había observado la serie PBI base 1993 desde 2008 en adelante.
La resolución oficial de fines de 2022 afecta los intereses económicos de la Argentina y beneficia a los fondos “buitres”, que tienen mayores probabilidades de cobrar por anticipado la deuda pública instrumentada por el cupón PBI.
Esto se evidencia en el incremento del precio del cupón PBI a partir de esta decisión. La cotización se duplicó en el caso del TVYO (en dólares, serie2) pocos días después de la resolución. Asimismo, resulta llamativo que en los días previos a la citada resolución del Ministerio (15 diciembre 2022) se registró un aumento extraordinario de compras del cupón PBI, cuyo volumen fluctuaba entre 0 y 1000, a un máximo de 254.000 en tan solo 15 días.
La resolución oficial del Ministerio de Economía deja como herencia una enorme presión financiera para el país, dado que el esfuerzo de pago del cupón PBI se deberá realizar antes de lo previsto, por una deuda pendiente de 20.000 millones de dólares.
Este monto equivale a casi 10% del PBI, algo que supera lo que Argentina debería pagar por el juicio de YPF. La suma que se deberá pagar por adelantado, gracias a una sola resolución del 15 de diciembre de 2022, equivale a más de la mitad de los sobornos por el caso Cuadernos, a cuyo monto acumulado se llegó tras 11 años.
La insólita resolución del Gobierno de Alberto Fernández que beneficia a los acreedores de la Argentina se deberá cumplimentar ni bien nuestro país salga de la recesión, e implica una hipoteca para la futura reactivación tan esperada por todos los argentinos.
“Una resolución de fines de 2022 afecta los intereses económicos de la argentina y beneficia a los fondos buitres”
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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