LOS PRINCIPALES PLANTEOS
Ciudad de Buenos Aires
◗ Reclamo por el traslado de presos a las cárceles porteñas
Córdoba
◗ Reclamo por recursos coparticipables
◗ Medida cautelar por la suspensión de los fondos para compensar las cajas jubilatorias
Jujuy
◗ Declarar inconstitucional los cambios al impuesto a las ganancias que dictó Sergio Massa
Chaco
◗ Protesta por la rebaja del impuesto a las ganancias
Corrientes
◗ Reclamo por fondos coparticipables y el pago de sus intereses
◗ Una demanda por las diferencias del sistema previsional
◗ Declarar inconstitucionales los cambios al impuesto a las ganancias que dictó Sergio Massa
La Pampa
◗ Dejar sin efecto la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público
Chubut
◗ Contra la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público
◗ Recurso por la rebaja del impuesto a las ganancias
◗ Un pedido de devolución de los subsidios al transporte
Formosa
◗ Una demanda por la suspensión del fondo compensador de las cajas previsionales de las provincias
La Rioja
◗ Una demanda por supuestas deudas coparticipables
◗ Un amparo por la suspensión del Fondo de Incentivo Docente
La Corte suma demandas por US$1000 millones de fondos recortados a las provincias
Se define en medio de las negociaciones por la ley ómnibus y la candidatura de Lijo
Hernán Cappiello
La cifra no para de crecer. La Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes de partidas de educación, transporte, cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros rubros, por unos 1000 millones de dólares.
La mayoría de las demandas ya tienen dictamen de la Procuración General, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya comenzaron a circular para que los jueces resuelvan. Nada parece anticipar una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos se están moviendo.
Esta gigantesca masa de recursos en definición tiene como telón de fondo la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores por el futuro de la ley ómnibus. Y, además, la tensión por la controvertida candidatura del juez Ariel Lijo a juez de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Así se desprende de un relevamiento realizado sobre la información del Poder Judicial referida a las causas que tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios desde que Javier Milei asumió el gobierno.
Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus con las reformas del Estado que pretende el oficialismo, los mandatarios provinciales presentan en los tribunales una catarata de demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo.
La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados. Habrá novedades a mediano plazo.
Este relevamiento global incluye un muestreo anterior realizado que arrojaba un cifra de reclamo equivalente a 600.000 millones de pesos.
Ese monto creció. Hoy, los reclamos totales por estas causas suman 944.660.601.582 pesos. Casi un billón de pesos. Esta suma no incluye los 500.000 millones de pesos que le reclama la ciudad de Buenos Aires a la Nación por coparticipación federal. Según fuentes del gobierno porteño, la cifra asciende a 1,2 billones de pesos cuando se actualiza por intereses.
Los reclamos son variopintos: la ciudad de Buenos Aires reclama los fondos de coparticipación federal que le recortó Alberto Fernández, pero esa negociación está en manos de la política. En otra demanda, le reclama al Estado nacional lugar para los presos alojados en comisarías.
Chaco, por su parte, le pidió a la Corte la inconstitucionalidad del decreto que modificó el impuesto a las ganancias y le reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos.
Chubut le reclama 400 millones de pesos por el fondo compensador del transporte, que le quitó la Nación; por el decreto que modificó Ganancias demanda otros 37.000 millones de pesos, y por la retención de su coparticipación federal exige unos 10.500 millones de pesos.
Córdoba le reclama a la Nación por fondos retenidos de la caja previsional no transferida unos 130.000 millones de pesos en tres causas, mientras que Corrientes le reclama por incumplimiento en el Consenso Fiscal 2017 y 2021 unos 24.000 millones de pesos. Por los cambios en Ganancias, además, le pide 68.000 millones de pesos.
Formosa, a su vez, le reclama al Estado nacional fondos previsionales por 25.000 millones de pesos.
También hay reclamos de Jujuy por los cambios en el impuesto a las ganancias, de La Pampa por el fondo del transporte y de la La Rioja por la quita de su coparticipación federal y la quita del fondo de incentivo docente, además de la nulidad del DNU 70/23 que presentó ante la Corte.
Misiones y Río Negro plantearon reclamos por el recorte de fondos docentes, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio por el fondo de fortalecimiento fiscal, Santiago del Estero presentó otro planteo por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional.
El monto de las demandas toma relevancia en un momento de tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema.
El Gobierno pretende de la Corte que dicte fallos que le allanen el camino: por ejemplo, que convalide la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que plantea una reforma del Estado, o que rechace los planteos provinciales contra el recorte de fondos nacionales.
El trasfondo de Lijo
La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado.
El 20 de marzo, el Presidente contestó con la postulación a la Corte del juez federal Ariel Lijo, que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legisladores.
Algunos gobernadores ven en la postulación de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla una invitación a negociar en un tablero más amplio, no solo la vacante que dejó la jueza Elena Highton en la Corte y la que se producirá el 29 de diciembre cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
Los mandatarios miran una lista más grande: la de las vacantes que existen en todo el Poder Judicial federal y nacional, en particular en la Cámara en lo Penal Económico (cuatro cargos vacantes), ya que allí tramitan las causas de contrabando y de contrabando de estupefacientes que ingresan por la frontera.
De todos modos, observan con interés también las tres vacantes de la Cámara Federal de Casación, la de cuatro juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py 2002, la de dos vacantes en la Cámara Federal porteña, sumados los cargos estratégicos en los juzgados federales de sus provincias.
Por ejemplo, faltan dos jueces de tribunal oral federal en Catamarca; un juez federal electoral y dos camaristas federales en Chaco; otro juez federal en Chubut, más un camarista y dos jueces de tribunal oral federal.
En Córdoba hay que cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, una de un tribunal oral, pero el cargo estratégico es el de juez federal con competencia electoral. Lo mismo sucede en Corrientes y en Jujuy, donde también hay que designar a un juez federal. En Tucumán se busca juez federal electoral y en Mendoza ocurre algo similar, pues está vacante el juzgado federal con competencia electoral y hay tres asientos libres en la Cámara Federal.
Así ocurre en todas las provincias de norte a sur, incluida Santa Fe, donde hacen falta un camarista federal y dos jueces federales.
Todo esto sin contar los 85 pliegos que tiene el Poder Ejecutivo en su poder. Fueron retirados del Senado cuando ganó Milei y ahora debe volver a enviarlos. Debe elegir a un postulante de la terna que elevó el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.
Así están planteadas las cosas en dos tableros: el de la política, donde los gobernadores negocian la ley ómnibus, el proyecto para reponer la cuarta categoría de Ganancias y un nuevo acuerdo fiscal de cara al Pacto de Mayo.
En paralelo se juegan las fichas en el otro tablero, el judicial, donde se acumulan las demandas contra el Estado nacional.
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Schiaretti: “Hay que darle la oportunidad de gobernar a Milei”
Se mostró de acuerdo con las líneas generales del Pacto de Mayo
La cifra no para de crecer. La Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes de partidas de educación, transporte, cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros rubros, por unos 1000 millones de dólares.
La mayoría de las demandas ya tienen dictamen de la Procuración General, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya comenzaron a circular para que los jueces resuelvan. Nada parece anticipar una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos se están moviendo.
Esta gigantesca masa de recursos en definición tiene como telón de fondo la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores por el futuro de la ley ómnibus. Y, además, la tensión por la controvertida candidatura del juez Ariel Lijo a juez de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Así se desprende de un relevamiento realizado sobre la información del Poder Judicial referida a las causas que tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios desde que Javier Milei asumió el gobierno.
Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus con las reformas del Estado que pretende el oficialismo, los mandatarios provinciales presentan en los tribunales una catarata de demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo.
La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados. Habrá novedades a mediano plazo.
Este relevamiento global incluye un muestreo anterior realizado que arrojaba un cifra de reclamo equivalente a 600.000 millones de pesos.
Ese monto creció. Hoy, los reclamos totales por estas causas suman 944.660.601.582 pesos. Casi un billón de pesos. Esta suma no incluye los 500.000 millones de pesos que le reclama la ciudad de Buenos Aires a la Nación por coparticipación federal. Según fuentes del gobierno porteño, la cifra asciende a 1,2 billones de pesos cuando se actualiza por intereses.
Los reclamos son variopintos: la ciudad de Buenos Aires reclama los fondos de coparticipación federal que le recortó Alberto Fernández, pero esa negociación está en manos de la política. En otra demanda, le reclama al Estado nacional lugar para los presos alojados en comisarías.
Chaco, por su parte, le pidió a la Corte la inconstitucionalidad del decreto que modificó el impuesto a las ganancias y le reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos.
Chubut le reclama 400 millones de pesos por el fondo compensador del transporte, que le quitó la Nación; por el decreto que modificó Ganancias demanda otros 37.000 millones de pesos, y por la retención de su coparticipación federal exige unos 10.500 millones de pesos.
Córdoba le reclama a la Nación por fondos retenidos de la caja previsional no transferida unos 130.000 millones de pesos en tres causas, mientras que Corrientes le reclama por incumplimiento en el Consenso Fiscal 2017 y 2021 unos 24.000 millones de pesos. Por los cambios en Ganancias, además, le pide 68.000 millones de pesos.
Formosa, a su vez, le reclama al Estado nacional fondos previsionales por 25.000 millones de pesos.
También hay reclamos de Jujuy por los cambios en el impuesto a las ganancias, de La Pampa por el fondo del transporte y de la La Rioja por la quita de su coparticipación federal y la quita del fondo de incentivo docente, además de la nulidad del DNU 70/23 que presentó ante la Corte.
Misiones y Río Negro plantearon reclamos por el recorte de fondos docentes, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio por el fondo de fortalecimiento fiscal, Santiago del Estero presentó otro planteo por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional.
El monto de las demandas toma relevancia en un momento de tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema.
El Gobierno pretende de la Corte que dicte fallos que le allanen el camino: por ejemplo, que convalide la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que plantea una reforma del Estado, o que rechace los planteos provinciales contra el recorte de fondos nacionales.
El trasfondo de Lijo
La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado.
El 20 de marzo, el Presidente contestó con la postulación a la Corte del juez federal Ariel Lijo, que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legisladores.
Algunos gobernadores ven en la postulación de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla una invitación a negociar en un tablero más amplio, no solo la vacante que dejó la jueza Elena Highton en la Corte y la que se producirá el 29 de diciembre cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
Los mandatarios miran una lista más grande: la de las vacantes que existen en todo el Poder Judicial federal y nacional, en particular en la Cámara en lo Penal Económico (cuatro cargos vacantes), ya que allí tramitan las causas de contrabando y de contrabando de estupefacientes que ingresan por la frontera.
De todos modos, observan con interés también las tres vacantes de la Cámara Federal de Casación, la de cuatro juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py 2002, la de dos vacantes en la Cámara Federal porteña, sumados los cargos estratégicos en los juzgados federales de sus provincias.
Por ejemplo, faltan dos jueces de tribunal oral federal en Catamarca; un juez federal electoral y dos camaristas federales en Chaco; otro juez federal en Chubut, más un camarista y dos jueces de tribunal oral federal.
En Córdoba hay que cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, una de un tribunal oral, pero el cargo estratégico es el de juez federal con competencia electoral. Lo mismo sucede en Corrientes y en Jujuy, donde también hay que designar a un juez federal. En Tucumán se busca juez federal electoral y en Mendoza ocurre algo similar, pues está vacante el juzgado federal con competencia electoral y hay tres asientos libres en la Cámara Federal.
Así ocurre en todas las provincias de norte a sur, incluida Santa Fe, donde hacen falta un camarista federal y dos jueces federales.
Todo esto sin contar los 85 pliegos que tiene el Poder Ejecutivo en su poder. Fueron retirados del Senado cuando ganó Milei y ahora debe volver a enviarlos. Debe elegir a un postulante de la terna que elevó el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.
Así están planteadas las cosas en dos tableros: el de la política, donde los gobernadores negocian la ley ómnibus, el proyecto para reponer la cuarta categoría de Ganancias y un nuevo acuerdo fiscal de cara al Pacto de Mayo.
En paralelo se juegan las fichas en el otro tablero, el judicial, donde se acumulan las demandas contra el Estado nacional.
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Schiaretti: “Hay que darle la oportunidad de gobernar a Milei”
Se mostró de acuerdo con las líneas generales del Pacto de Mayo
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial, aseveró ayer que “hay que darle la oportunidad de gobernar” al presidente Javier Milei y, en esa línea, planteó que su espacio “va a acompañar, siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo”.
La reaparición del dirigente fue en una disertación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, a donde lo invitaron a participar del panel “Entre la gestión y la visión: liderazgo político local y nacional” de la conferencia 2024 que organiza Masters Argentina, una organización que conecta a estudiantes argentinos de posgrado de todo el mundo.
Sobre la ley ómnibus, Schiaretti señaló que su espacio está “dispuesto a darle la oportunidad de gobernar al presidente Milei, que es la misma oportunidad que le dimos a (Mauricio) Macri cuando le votamos las leyes para que ejecute su programa de gobierno, y a Alberto Fernández en 2019”.
Sin embargo, el exgobernador señaló que el apoyo será “siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo, a Córdoba”.
También respondió las consultas sobre su posición con respecto al Pacto de Mayo convocado por Milei para el 25 del mes próximo precisamente en Córdoba. “Lo que tenga que ver con el equilibrio fiscal, nosotros estamos de acuerdo –dijo–. Nos parece que es bueno que haya un acuerdo sobre puntos básicos para la organización del país, como es el pacto fiscal, la reforma impositiva, y la reforma electoral; que haya por ejemplo boleta única en las elecciones nacionales como desde hace muchos años se utiliza en Córdoba”.
Después de dejar el poder en Córdoba, Schiaretti no ha hecho presentaciones públicas y, a través de las redes sociales, tuvo pocas intervenciones. La última relacionada con Malvinas, recordando a los “héroes” y planteando que el país debe sostener el reclamo diplomático por las islas. No ha hablado ni sobre la gestión de Milei ni sobre la de su sucesor, Martín Llaryora.
En la disertación volvió a criticar al “centralismo porteño” y la “decadencia” que dejó el kirchnerismo: “El kirchnerismo profundizó el centralismo, porque al que interesaba administrar la pobreza del conurbano fue a Kirchner. Por eso, en el interior siempre tuvimos la luz más cara, el gas más caro, el transporte más caro”.
CÓRDOBA.– Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial, aseveró ayer que “hay que darle la oportunidad de gobernar” al presidente Javier Milei y, en esa línea, planteó que su espacio “va a acompañar, siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo”.
La reaparición del dirigente fue en una disertación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, a donde lo invitaron a participar del panel “Entre la gestión y la visión: liderazgo político local y nacional” de la conferencia 2024 que organiza Masters Argentina, una organización que conecta a estudiantes argentinos de posgrado de todo el mundo.
Sobre la ley ómnibus, Schiaretti señaló que su espacio está “dispuesto a darle la oportunidad de gobernar al presidente Milei, que es la misma oportunidad que le dimos a (Mauricio) Macri cuando le votamos las leyes para que ejecute su programa de gobierno, y a Alberto Fernández en 2019”.
Sin embargo, el exgobernador señaló que el apoyo será “siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo, a Córdoba”.
También respondió las consultas sobre su posición con respecto al Pacto de Mayo convocado por Milei para el 25 del mes próximo precisamente en Córdoba. “Lo que tenga que ver con el equilibrio fiscal, nosotros estamos de acuerdo –dijo–. Nos parece que es bueno que haya un acuerdo sobre puntos básicos para la organización del país, como es el pacto fiscal, la reforma impositiva, y la reforma electoral; que haya por ejemplo boleta única en las elecciones nacionales como desde hace muchos años se utiliza en Córdoba”.
Después de dejar el poder en Córdoba, Schiaretti no ha hecho presentaciones públicas y, a través de las redes sociales, tuvo pocas intervenciones. La última relacionada con Malvinas, recordando a los “héroes” y planteando que el país debe sostener el reclamo diplomático por las islas. No ha hablado ni sobre la gestión de Milei ni sobre la de su sucesor, Martín Llaryora.
En la disertación volvió a criticar al “centralismo porteño” y la “decadencia” que dejó el kirchnerismo: “El kirchnerismo profundizó el centralismo, porque al que interesaba administrar la pobreza del conurbano fue a Kirchner. Por eso, en el interior siempre tuvimos la luz más cara, el gas más caro, el transporte más caro”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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