PROTESTA Y SANTIAGO MIGNONE

EE.UU. contra La Salada: dura crítica a la venta de productos falsificados
En su informe anual sobre propiedad intelectual, el gobierno de Biden señala el uso de las redes sociales para la comercialización de esa mercadería y la venta callejera
José Luis Brea La Salada, siempre bajo la lupa de los organismos de los Estados Unidos por la venta de productos falsificados
Estados Unidos volvió a poner este año a la Argentina dentro de una lista prioritaria de países a observar (priority watch list) por sus “desafíos de larga data” a la propiedad intelectual, con La Salada nuevamente en el centro de la mira como mercado de productos falsificados y piratería. Hace al menos una década que el gobierno norteamericano viene quejándose sistemáticamente de ese complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como “uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica” de comercio irregular.
Pero no es lo único apuntado: el último informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) –2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement– también denuncia en el país la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet debido a la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.
“Siguen siendo altas las ventas de productos falsificados en otras locaciones físicas en mercados más pequeños y a través de vendedores callejeros, en el barrio de Once en Buenos Aires y a lo largo de todo el país”, señala el reporte al que todo el mundo conoce como “la 301”.
El gobierno norteamericano se muestra crítico con la poca respuesta del Estado ante estos delitos. “La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias”, lamenta el USTR.
Fuentes de la Secretaría de Comercio dijeron, ante la consulta de la nacion, que “en el caso de La Salada hay facultades concurrentes: fiscalización la tiene la Nación; también tienen las provincias y los municipios. Nosotros como gobierno estamos desarrollando un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, que hemos repuesto, porque esto no es solo un episodio que pase en La Salada, sino que se verifica en todo el país; se necesita una visión coordinada con todas las jurisdicciones. Ya estamos incorporando tecnología y por supuesto que la venta ilegal está en la agenda”.
El organismo norteamericano señala como otro desafío actual que “los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos”. En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, “continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención” de personal. “La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023”, insiste el informe.
Es por esa razón que para lograr una mejora en materia de protección de patentes, incluyendo las de pequeñas y medianas empresas, Estados Unidos urge a la Argentina a ratificar el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y a asegurar transparencia y el debido proceso en la protección de los llamados productos de origen en particular si el país avanza dentro del tratado Unión Europea-mercosur.
Cambio de gobierno
La evaluación de EE.UU. sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados. “Este año, por el cambio de gobierno esto lo vamos a hacer en junio. Está La Salada, está la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley”, explica Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.
Por su parte y a raíz de este informe, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), emitió un comunicado en el que destaca que “si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EE.UU. ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas”.
Y agrega: “A diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en la Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012. Las pautas de patentabilidad argentinas están diseñadas para evitar que se obtengan patentes para desarrollos menores de evergreening en el sector farmacéutico y biotecnológico, evitando la extensión indebida de los monopolios y favoreciendo la competencia, mientras que aseguran el reconocimiento de las patentes para las verdaderas invenciones”.
Por último, se afirma que este cambio de visión puede explicarse a partir del diálogo con el ustrdes plegado por la embajada argentina en EE.UU., la Cancillería, y los representantes de la industria farmacéutica nacional. “Los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los EE.UU. y la jurisprudencia de sus tribunales”, agregaron.
“Es cierto. La industria farmacéutica argentina ha evolucionado mucho. Hoy no solo produce para el mercado interno: está en el mundo produciendo o, en otros lugares, distribuyendo. En función de eso además ahora ese sector pide que la FDA reconozca los procedimientos de la Anmat. Hay discrepancias con Estados Unidos, pero la industria argentina está buscando ser reconocida. No quiere el PCT, pero veremos -como nuevo gobierno- cómo evolucionan estos y otros temas”, agrega Cima.
En el informe del USTR además de la Argentina, en la lista observación prioritaria aparecen, por distintos motivos, otros países. Son Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. En la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.

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“Para que haya recuperación, hay que darle herramientas al Gobierno”
El ejecutivo de PWC fue elegido como nuevo presidente de IDEA; reclamó apoyo en el Congreso para el gobierno de Javier Milei

Carlos Manzoni
Santiago Mignone es el nuevo presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y desde ese lugar muestra un fuerte optimismo por el camino que ha emprendido el gobierno de Javier Milei. Opina que se han logrado objetivos que para la actual gestión son inquebrantables, como la eliminación del déficit fiscal y el freno de la emisión monetaria, pero agrega, sobre el debate en el Congreso: “Para que haya recuperación, hay que darle al Gobierno las herramientas legislativas que necesita”.
El ejecutivo, senior partner de PWC, es director de IDEA hace ya una década y formó parte de su Comité Ejecutivo en los últimos tres años, comenta, además, que en el próximo Coloquio, que será el número 60 y se realizará el 16,17 y 18 de octubre, en Mar del Plata, se tratarán muchos temas que estuvieron siempre en la agenda empresarial y que, según su visión, el actual Gobierno ha tomado en cuenta.
El encuentro, que tendrá como presidenta a Gabriela Renaudo, group country manager de Visa Argentina y Cono Sur, constará de cinco ejes fundamentales: la reinserción de la Argentina en el mundo, el empleo, el tema fiscal, el aspecto institucional y la cuestión social.
–¿Cómo ve la relación del empresariado con el Gobierno?.
–Tenemos diálogo razonable. Además, ha tomado mucho de la agenda que nosotros venimos proponiendo. Por ejemplo, la reforma laboral que se está tratando ahora [en el Congreso de la Nación) o alguno de los temas fiscales. .
–¿Cree que se está ordenando la economía?
–El Gobierno tomó ciertas decisiones inquebrantables, como eliminar el déficit fiscal y dejar de emitir moneda. Estamos en el medio de un proceso de reordenamiento de precios relativos, con algún impacto recesivo, que es inevitable en estos casos. Ahora, todavía falta resolver el aspecto cambiario y la eliminación de impuestos distorsivos que afectan la actividad económica.
–¿Qué falta para resolver esos aspectos que señala?
–Las herramientas legislativas para darle continuidad o aceleración a ese proceso. Hoy, muchas cosas se incluyeron en el DNU, pero preferimos que se haga mediante una ley, porque la legislación implica acuerdos y los acuerdos dan sostenibilidad. A esta altura, es necesario que el Poder Legislativo otorgue eso, para poder llevar adelante las políticas para las cuales fue votado este Gobierno.
–¿En la cuestión laboral qué están pidiendo ustedes?
–El punto más crítico a resolver, y que creo que están todos de acuerdo en esto, es todo lo que tiene que ver con la litigiosidad laboral, que está basada en las multas que multiplican la indemnización por dos o por tres y que no van al Estado, sino que van al empleado o al abogado del empleado. Lo mismo con la actualización de las deudas laborales, que es algo que pedimos y que el Gobierno ha tomado.
–¿Cuáles son los otros temas de su agenda que tomó el gobierno de Javier Milei?
–La reducción del gasto público, toda la cuestión de la auditoría de los fondos fiduciarios y todo lo que tiene que ver con la inserción de la Argentina en el mundo, que se relaciona además con solucionar el tema cambiario. No se puede pretender comerciar con el mundo con todo el ruido cambiario que tenemos hoy acá.
–¿Les preocupa que lo que sucedió con las prepagas –que fueron obligadas a retrotraer sus aumentos de cuotas– pueda ocurrirles a otros sectores?
–Estas son todas peleas coyunturales, que están en medio de un proceso complejo de reordenamiento de precios relativos y que afectan más o menos el ahorro de las familias. A mí me gusta ver las cosas en un período más largo, porque en el corto plazo siempre va a haber algo de fricción o contradicción. El juego sigue.
–¿Cómo analizan el impacto que tiene el ajuste de tarifas en las empresas privadas?
–Repito, en un proceso de reacomodamiento de precios relativos siempre habrá tensiones. Está en el funcionario el tiempo que le pueda dar a las empresas para minimizar ciertos impactos. En lo que sí estoy convencido es en que hay que proteger es a los sectores sociales que están por debajo de la línea de la pobreza.
–¿Cuál es la forma de empezar a solucionar estos problemas, entonces?
–La única forma de salir es corrigiendo, estabilizando la macroeconomía e incentivando el crecimiento. Eso es inversión, pero antes que todo hay que dar estabilidad de normas y sustentabilidad de las políticas. Ahí volvemos a la necesidad de que se le den al Gobierno los instrumentos legislativos que necesita para consolidar sus medidas.
–Pero ¿usted cree que hay consenso en el diagnóstico?
–Creo que hay un consenso bastante amplio, porque los tres candidatos que tuvieron mayor posibilidad de llegar al Gobierno hablaban de equilibrio fiscal, de reducir la inflación y de que el sistema cambiario no podía seguir así. Ahora bien, ganó uno de los tres; entonces, al menos hay que darle los instrumentos para que haga lo que propone.
–¿Con eso habría un despegue del país?
–Yo creo que el país tiene enormes posibilidades de que se produzca un despegue, porque tiene recursos naturales y humanos extraordinarios. Tiene lo que el mundo compra: minería, energía, agroindustria modelo en el mundo, economía del conocimiento de excelencia y turismo. Ahora, hay que darles el marco jurídico y reglamentario para que eso despegue.

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