Corte Suprema y Rechazo

El Gobierno envió al Senado los pliegos de Lijo y García-Mansilla
Corte suprema. Fueron comunicados antes de que Milei viajara a EE.UU.; el juez federal ya tendría los votos de los dos tercios del Senado para llegar al máximo tribuna
Hernán CappielloEl juez federal Ariel Lijo
El Gobierno envió anoche al Senado los pliegos del juez Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla como candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo en medio de la catarata de anuncios de cambios en el gabinete y a pesar de las severas impugnaciones que recibió el juez federal por las denuncias y sospechas que acumuló en los últimos años, que apuntan tanto a su patrimonio como al manejo de las causas de corrupción, sin olvidar sus limitados antecedentes académicos. La Casa Rosada tampoco validó los cuestionamientos que recibió García-Mansilla, principalmente enfocados en su visión de los derechos sexuales y en que al postularlo no se tuvo en cuenta la cuota de género en el máximo tribunal.
Fuentes oficiales dijeron anoche a que los pliegos habían la nacion sido enviados horas antes de que el presidente Javier Milei iniciara su viaje a Estados Unidos, donde esta semana se reunirá CEO de empresas tecnológicas. El plazo se vencía este jueves.
Lijo, postulado por el Gobierno a instancias del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, ya cuenta con los votos suficientes como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas que son parte del proceso de selección. Así lo confirmaron a fuentes del la nacion Senado, funcionarios judiciales y allegados al propio juez, que en las últimas semanas se reunió con gobernadores y senadores para apuntalar su postulación.
Lo mismo ocurriría con GarcíaMansilla, según el Gobierno. Con Lijo, el oficialismo pretende seducir a los senadores del peronismo y a Cristina Kirchner, asediada por varias causas de corrupción, y con García-Mansilla Milei busca tener un juez de la Corte alineado con sus ideas conservadoras en cuestiones de género y contra el aborto legal.
Los pliegos llegaron al Senado a pesar de las severas objeciones que recibió Lijo, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.
El mensaje enviado al Senado y firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señala que “se recibieron presentaciones de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico; de los derechos humanos; sindicales y sociales, y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional, y de la ciudadanía en general, destacándose el gran número favorable a su propuesta”.
Solo menciona las positivas, que destacan su “acreditada idoneidad”, su “trayectoria”, “su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del derecho penal”. Sin señalar maestrías ni doctorados, resalta el título de Lijo como especialista en Administración de Justicia otorgado por la UBA y los cursos que realizó allí y en la Universidad del Museo Social Argentino. Subrayan también su “idoneidad” y la “solidez y vastedad” de sus antecedentes. “Demostró solvencia jurídica, seriedad intelectual, independencia y objetividad de criterio en cada una de sus decisiones”, dice el mensaje oficial firmado por Milei.
La defensa oficial
Casi palabra por palabra, estas expresiones se contraponen con quienes impugnaron la postulación de Lijo, que critican su falta de independencia, los antecedentes de las denuncias en su contra y su falta de idoneidad y experiencia en materia constitucional 
El mensaje oficial enviado al Senado afirma que esos cuestionamientos “fueron sólidamente aclarados [por Lijo] en ocasión de formular su descargo, no revistiendo ninguno de ellos entidad suficiente”.
En el pliego de García-Mansilla se destacan su “acreditada idoneidad [...], su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos de los que es autor y su reconocida solvencia intelectual”. Enumeran que es abogado de la Universidad del Salvador y que completó una maestría en leyes en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, donde se especializó en derecho constitucional norteamericano. También, que es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y decano de esa facultad.
En el caso de los académicos, las objeciones estuvieron dirigidas a cuestionar sus posicionamientos sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos, que podrían afectar la eficacia de los derechos humanos, y la ausencia de candidatas mujeres para el cargo. Y en las adhesiones se destacan los apoyos de la academia.
Lijo llegó a la consideración de Milei a través del juez Lorenzetti, que se ganó la confianza del Presidente. El propio Lorenzetti intervino para conseguir adhesiones en la Justicia Federal. El expresidente de la Corte quiere recuperar poder en el tribunal e incidir en quién podría integrarlo, ya que aspira a que el recambio modifique la actual mayoría que integran los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, donde siempre queda en minoría en los temas de gestión.
En el trámite de apoyos y objeciones, que culminó el 9 de mayo, Lijo sumó 3578 adhesiones y 328 impugnaciones. García-Mansilla recogió 3126 avales y 110 objeciones a su candidatura. En total se recibieron 7142 presentaciones a favor y en contra.

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Unánime rechazo de instituciones jurídicas y sociales
Entidades de la Argentina y del exterior se expresaron en contra de la postulación de Lijo a la Corte Suprema
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, profesores, investigadores y académicos de la Argentina y del exterior, publicaciones especializadas, el Club Político Argentino y algunas figuras políticas identificadas con la lucha contra la corrupción, como Elisa Carrió, expresaron en los últimos meses su fuerte rechazo a la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, como pretende el gobierno de Javier Milei.
En igual sentido se expresaron la Academia Nacional de Derecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el Foro de Convergencia Empresaria, IDEA, Fores, Poder Ciudadano, Será Justicia, Profesores Republicanos, entre otras entidades.
Mientras algunas voces del espectro político –como Mauricio Macri y Martín Lousteau –titulares de Pro y de la Unión Cívica Radical– guardaron silencio y evitaron pronunciarse, en momentos en que los votos de sus senadores podrían resultar decisivos al considerar el pliego del magistrado, las reconocidas instituciones y personalidades públicas basaron sus objeciones en los antecedentes del magistrado, ligado a intereses oscuros de la política, y en la decisión del Presidente de cerrar la puerta al ingreso de mujeres en el alto tribunal, una decisión que conspira contra la paridad de género.
Human Rights Watch, un foro influyente en la política norteamericana, recordó que “numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos han expresado formalmente su preocupación por la nominación y, en especial, por el historial de Lijo como juez federal”. Sostuvo, además, que “si se confirman las nominaciones, no habría ninguna mujer en el tribunal” de cinco miembros.
A las críticas se sumó el diario The Wall Street Journal, que en un artículo de su prestigiosa columnista Mary Anastasia O’Grady, cuestionó severamente la propuesta de Milei y se refirió a los pronunciamientos en contra que suscitó la propuesta.
“Expertos jurídicos, organizaciones cívicas y grupos empresariales que en gran parte apoyan la agenda de Milei quieren que el Presidente retire el nombre del juez Lijo. Las críticas van desde las afirmaciones de que el juez no está cualificado profesionalmente hasta las acusaciones de que, cuando llega a su tribunal un caso en el que están implicadas personas bien conectadas, manipula las cosas para beneficiarlas”, señaló la columnista de The Wall Street Journal.
En una declaración conjunta, varios juristas, profesores e investigadores de universidades públicas y privadas del país y del exterior, pertenecientes a distintas ramas del derecho, afirmaron que “el Estado de Derecho requiere que los tribunales decidan de forma imparcial, motivados por lo que establece el derecho y no por razones personales o de conveniencia política. También requiere que los ciudadanos puedan razonablemente confiar en que los tribunales decidirán de ese modo. Para que esto ocurra, es fundamental que los ciudadanos confíen en la integridad de sus miembros, en particular en los de los tribunales de máxima jerarquía”.
Firmaron la declaración, entre otros, los juristas y profesores Antonio María Hernández, Juan José Ávila, Martín Diego Farrell, Eduardo Rivera López, Emiliano J. Buis, Juan Marco Vaggione, Marcelo Alegre, Martín Böhmer, Paula Gaido, Roberto Gargarella, Alba Ruibal, Andrea Castagnola, Brenda Dvoskin, Claudina Orunesu, Claudio E. Guiñazú, Damián Azrak, Demián Zayat, Federico Ambroggio, Federico De Fazio, Gustavo Maurino, Horacio Javier Etchichury, Ignacio Anitúa, Ignacio Giuffré, Jonás Elfman, Juan González Bertomeu, Juan losa y Laura María Giosa, entre muchos otros

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