Desde julio, las prepagas harán reintegros en doce cuotas y se volverán a liberar los precios
Acuerdo. La devolución del dinero cobrado de más a los afiliados se actualizará con la tasa pasiva del Banco Nación; esos montos podrían quedar neutralizados con las cuotas sin techo
Silvia Stang
El sector de la salud sufre demoras para turnos, pérdida de médicos en cartillas y copagos
Funcionarios del Gobierno y directivos de 41 entidades de medicina prepaga llegaron finalmente a un acuerdo en la madrugada de ayer, referido al reintegro de dinero a los afiliados y a los incrementos que tendrán en adelante las cuotas de los planes de salud. En medio de la tensión, al pacto se llegó tras unas 15 horas de deliberaciones, que se llevaron a cabo en el marco de una audiencia a la cual había citado Juan Rafael Stinco, el juez a cargo de la causa presentada en abril por la Superintendencia de Servicios de Salud por supuesta cartelización para la fijación de precios en el sector.
Según el acta firmada y lo comunicado a desde ambas la nacion partes, a partir de julio las entidades devolverán, en un plazo de 12 meses, lo cobrado entre enero y mayo, en concepto de incremento, que se haya excedido del índice de inflación oficial de cada mes previo. Las 12 cuotas en las que se hará ese reintegro serán mensuales y consecutivas y se ajustarán según la tasa pasiva del Banco Nación (es la que se paga por los depósitos a plazo fijo).
Se tratará, en rigor, de un mecanismo por el cual durante un año se descontarán montos en las facturas. Y la particularidad es que ello ocurrirá a partir del mismo mes en que las prepagas volverán a quedar liberadas de reglas para definir los incrementos de las cuotas. Por eso, el efecto podría quedar relativizado o incluso neutralizado.
Concretamente, para calcular el monto que deberá ser contabilizado a favor de los asociados, por cada período se considerará cuál fue la inflación del mes previo y se calculará la cuota que hubiera resultado de aplicarle a la del período inmediato anterior ese índice para determinar el reajuste. Ese importe se restará de la cuota efectivamente abonada por los usuarios. La cuenta se hará por cada mes implicado y la diferencia total será el monto a reintegrar, al que se le aplicará la actualización ya mencionada.
Por ejemplo, para enero se tendrá en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado, que fue de 25,5%. Los aumentos de ese primer mes del año fueron de alrededor de 40% en prácticamente todos los casos, por lo tanto, surgirán montos en exceso (según la regla determinada ayer) bastante significativos.
Recálculo y reintegros
Los precios de febrero deberán recalcularse con la inflación de enero, que fue de 20,6% (por lo general, en ese segundo mes del año hubo subas de cuotas cercanas al 30%); los de marzo, con el IPC de febrero, que fue de 13,2%; los de abril, con el 11%, que fue la suba de precios de marzo, y los de mayo, con el índice de 8,8% (inflación de abril).
Una vez determinado y actualizado el monto total en cada caso –que resultará de un porcentaje diferente de la cuota según la prepaga–, la devolución se hará efectiva entre julio de este año y agosto de 2025.
Un punto central del acuerdo es que desde julio los precios quedarán nuevamente liberados, tal como lo habían estado desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido por el Poder Ejecutivo en diciembre último, y hasta abril, cuando desde el propio Gobierno se empezó a cuestionar a las entidades por el nivel de los incrementos y se tomaron dos acciones: por un lado, se dispuso una medida basada en una presentación hecha en enero por referentes de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y, por el otro, hubo una presentación de una denuncia de la Superintendencia de Servicios ante la Justicia, por supuesta cartelización para fijar precios.
Esa causa judicial es la que finalmente dio lugar al acuerdo al que se llegó ayer a la madrugada, ya que, luego de otorgar la medida cautelar pedida por la Superintendencia, el juez Stinco, quien está a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 3, convocó a una audiencia de partes (a pedido de las empresas de medicina prepaga), en la cual surgió lo pactado con respecto a la devolución de dinero y a los próximos incrementos. El trámite judicial ahora queda extinguido.
Con respecto a las cuotas correspondientes a junio, el criterio que se seguirá es el de aumentos según la inflación de abril, tal como algunas empresas ya le están comunicando a sus afiliados.
Con respecto a julio y los períodos siguientes, el texto de lo pactado indica que los precios “se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”.
El acta contempla también que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.
Las cuotas de las prepagas estuvieron formalmente bajo regulación del Estado a partir de la entrada en vigencia de la ley sectorial, en 2012. Y fueron liberadas por el DNU 70, una de las primeras medidas tomadas por el actual gobierno de Javier Milei. Así, mientras que en 2023 la inflación fue de 211,4%, los precios de los planes de salud aumentaron, todos por igual y con habilitación de las autoridades, un 137,4%.
El acuerdo al que finalmente se arribó alcanza a las siguientes empresas y entidades de medicina prepaga: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, Opdea, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, EnSalud, Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad, Cobensil, Medin Sasma, Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, Medical’s, Osdipp, Asistencia Sanitaria Integral, Bristol Medicine, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (Simeco).
Los números del sector
En rigor, las empresas de medicina prepaga venían advirtiendo desde hacía años sobre un rezago entre el aumento de sus costos (algunos de ellos muy disparados por arriba del resto de las subas, como el caso de los medicamentos) y las subas de las cuotas cobradas a los afiliados. En los últimos tiempos, el nivel de los servicios se resintió para los pacientes, con demoras en los turnos, salidas de médicos y profesionales de las cartillas, cobro o intentos de cobro de copagos o bonos contribución, y congelamiento de importes de reintegros.
Además, se siguieron retrasando los honorarios y salarios del personal, algo que quedó en evidencia la semana última, con el inicio de un plan de lucha en clínicas y centros privados de atención por parte del sindicato de la sanidad, que está a la espera de la negociación por los ingresos, luego de que ya venció el acuerdo anterior.
En diciembre último, con la liberación dispuesta por el gobierno entonces recién asumido, las empresas comunicaron que para enero habría reajustes de alrededor de 40%. Según las entidades, el dinero cobrado fue usado para pagar prestaciones.
En una entrevista publicada el domingo Hugo Magonza, director del Cemic y nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) –entidad que nuclea a financiadores y prestadores–, dijo que “no hubo abuso ni cartelización” y afirmó que “los aumentos fueron destinado a los prestadores y a pagar servicios”.
Y agregó: “Lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo con otras áreas de la economía. Durante más de 12 años, los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”.
Según sus datos, entre 2012 (cuando se puso en vigencia la ley de regulación) y 2023, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%.
Dado que señalan que el dinero ya fue utilizado para pagar servicios, en el sector resistían la posibilidad de tener que hacer devoluciones a los afiliados. Tal cosa no había sido establecida por la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de abril último (una medida que, en rigor, tuvo alcance solo para siete empresas, a las que obligó a bajar precios), pero sí fue incluida en la medida cautelar otorgada por el juez Stinco. Hasta ayer no rigió, en la práctica, la obligación de hacer reintegros, mientras que ahora sí, deberán concretarse según lo pactado. “Hicieron socialismo con la plata de otro y es verdaderamente insólito”, dijo ayer por la mañana un referente del sector privado, tras calificar el acuerdo como “forzoso”. “El Banco Central hace poco mostró que había atraso en la tarifa y que las prepagas habían aumentado los precios para cubrir costos”, agregó.
Durante la extensa audiencia de este lunes, las prepagas habían consensuado una propuesta de devolución de dinero a los afiliados, que fue rechazada casi de inmediato por los representantes oficiales. Por la noche del lunes, desde el Gobierno se anunció un acuerdo en el que no estaba la liberación de cuotas desde julio y en el que, en cambio, se mencionaba que los precios se iban a ajustar, al igual que el monto a reintegrar, según la tasa pasiva del Banco Nación. Pero referentes del sector privado negaron en esas horas que se había producido un acuerdo y, finalmente, se logró firmar un acta y cerrar la reunión cerca de la 1.30 de la madrugada de ayer.
En tanto, la crisis se hace patente en el sistema de salud. La semana pasada, tal como informó la nacion, el sindicato de trabajadores de la salud intensificó sus reclamos. Las interrupciones de servicios en las clínicas convocadas por el sindicato se sumaron a otros efectos que pesan en definitiva sobre los pacientes, como las demoras para conseguir turnos, las salidas de médicos de las cartillas y el cobro o intentos de cobros de copagos o bonos contribución para recibir atención. Todos síntomas de una falta de revisión a fondo de viejos problemas del sector.
Un punto central es que desde julio los precios quedarán nuevamente liberados
En el sector decían que el dinero ya lo habían usado para pagar servicios
Funcionarios del Gobierno y directivos de 41 entidades de medicina prepaga llegaron finalmente a un acuerdo en la madrugada de ayer, referido al reintegro de dinero a los afiliados y a los incrementos que tendrán en adelante las cuotas de los planes de salud. En medio de la tensión, al pacto se llegó tras unas 15 horas de deliberaciones, que se llevaron a cabo en el marco de una audiencia a la cual había citado Juan Rafael Stinco, el juez a cargo de la causa presentada en abril por la Superintendencia de Servicios de Salud por supuesta cartelización para la fijación de precios en el sector.
Según el acta firmada y lo comunicado a desde ambas la nacion partes, a partir de julio las entidades devolverán, en un plazo de 12 meses, lo cobrado entre enero y mayo, en concepto de incremento, que se haya excedido del índice de inflación oficial de cada mes previo. Las 12 cuotas en las que se hará ese reintegro serán mensuales y consecutivas y se ajustarán según la tasa pasiva del Banco Nación (es la que se paga por los depósitos a plazo fijo).
Se tratará, en rigor, de un mecanismo por el cual durante un año se descontarán montos en las facturas. Y la particularidad es que ello ocurrirá a partir del mismo mes en que las prepagas volverán a quedar liberadas de reglas para definir los incrementos de las cuotas. Por eso, el efecto podría quedar relativizado o incluso neutralizado.
Concretamente, para calcular el monto que deberá ser contabilizado a favor de los asociados, por cada período se considerará cuál fue la inflación del mes previo y se calculará la cuota que hubiera resultado de aplicarle a la del período inmediato anterior ese índice para determinar el reajuste. Ese importe se restará de la cuota efectivamente abonada por los usuarios. La cuenta se hará por cada mes implicado y la diferencia total será el monto a reintegrar, al que se le aplicará la actualización ya mencionada.
Por ejemplo, para enero se tendrá en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado, que fue de 25,5%. Los aumentos de ese primer mes del año fueron de alrededor de 40% en prácticamente todos los casos, por lo tanto, surgirán montos en exceso (según la regla determinada ayer) bastante significativos.
Recálculo y reintegros
Los precios de febrero deberán recalcularse con la inflación de enero, que fue de 20,6% (por lo general, en ese segundo mes del año hubo subas de cuotas cercanas al 30%); los de marzo, con el IPC de febrero, que fue de 13,2%; los de abril, con el 11%, que fue la suba de precios de marzo, y los de mayo, con el índice de 8,8% (inflación de abril).
Una vez determinado y actualizado el monto total en cada caso –que resultará de un porcentaje diferente de la cuota según la prepaga–, la devolución se hará efectiva entre julio de este año y agosto de 2025.
Un punto central del acuerdo es que desde julio los precios quedarán nuevamente liberados, tal como lo habían estado desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido por el Poder Ejecutivo en diciembre último, y hasta abril, cuando desde el propio Gobierno se empezó a cuestionar a las entidades por el nivel de los incrementos y se tomaron dos acciones: por un lado, se dispuso una medida basada en una presentación hecha en enero por referentes de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y, por el otro, hubo una presentación de una denuncia de la Superintendencia de Servicios ante la Justicia, por supuesta cartelización para fijar precios.
Esa causa judicial es la que finalmente dio lugar al acuerdo al que se llegó ayer a la madrugada, ya que, luego de otorgar la medida cautelar pedida por la Superintendencia, el juez Stinco, quien está a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 3, convocó a una audiencia de partes (a pedido de las empresas de medicina prepaga), en la cual surgió lo pactado con respecto a la devolución de dinero y a los próximos incrementos. El trámite judicial ahora queda extinguido.
Con respecto a las cuotas correspondientes a junio, el criterio que se seguirá es el de aumentos según la inflación de abril, tal como algunas empresas ya le están comunicando a sus afiliados.
Con respecto a julio y los períodos siguientes, el texto de lo pactado indica que los precios “se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”.
El acta contempla también que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.
Las cuotas de las prepagas estuvieron formalmente bajo regulación del Estado a partir de la entrada en vigencia de la ley sectorial, en 2012. Y fueron liberadas por el DNU 70, una de las primeras medidas tomadas por el actual gobierno de Javier Milei. Así, mientras que en 2023 la inflación fue de 211,4%, los precios de los planes de salud aumentaron, todos por igual y con habilitación de las autoridades, un 137,4%.
El acuerdo al que finalmente se arribó alcanza a las siguientes empresas y entidades de medicina prepaga: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, Opdea, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, EnSalud, Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad, Cobensil, Medin Sasma, Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, Medical’s, Osdipp, Asistencia Sanitaria Integral, Bristol Medicine, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (Simeco).
Los números del sector
En rigor, las empresas de medicina prepaga venían advirtiendo desde hacía años sobre un rezago entre el aumento de sus costos (algunos de ellos muy disparados por arriba del resto de las subas, como el caso de los medicamentos) y las subas de las cuotas cobradas a los afiliados. En los últimos tiempos, el nivel de los servicios se resintió para los pacientes, con demoras en los turnos, salidas de médicos y profesionales de las cartillas, cobro o intentos de cobro de copagos o bonos contribución, y congelamiento de importes de reintegros.
Además, se siguieron retrasando los honorarios y salarios del personal, algo que quedó en evidencia la semana última, con el inicio de un plan de lucha en clínicas y centros privados de atención por parte del sindicato de la sanidad, que está a la espera de la negociación por los ingresos, luego de que ya venció el acuerdo anterior.
En diciembre último, con la liberación dispuesta por el gobierno entonces recién asumido, las empresas comunicaron que para enero habría reajustes de alrededor de 40%. Según las entidades, el dinero cobrado fue usado para pagar prestaciones.
En una entrevista publicada el domingo Hugo Magonza, director del Cemic y nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) –entidad que nuclea a financiadores y prestadores–, dijo que “no hubo abuso ni cartelización” y afirmó que “los aumentos fueron destinado a los prestadores y a pagar servicios”.
Y agregó: “Lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo con otras áreas de la economía. Durante más de 12 años, los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”.
Según sus datos, entre 2012 (cuando se puso en vigencia la ley de regulación) y 2023, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%.
Dado que señalan que el dinero ya fue utilizado para pagar servicios, en el sector resistían la posibilidad de tener que hacer devoluciones a los afiliados. Tal cosa no había sido establecida por la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de abril último (una medida que, en rigor, tuvo alcance solo para siete empresas, a las que obligó a bajar precios), pero sí fue incluida en la medida cautelar otorgada por el juez Stinco. Hasta ayer no rigió, en la práctica, la obligación de hacer reintegros, mientras que ahora sí, deberán concretarse según lo pactado. “Hicieron socialismo con la plata de otro y es verdaderamente insólito”, dijo ayer por la mañana un referente del sector privado, tras calificar el acuerdo como “forzoso”. “El Banco Central hace poco mostró que había atraso en la tarifa y que las prepagas habían aumentado los precios para cubrir costos”, agregó.
Durante la extensa audiencia de este lunes, las prepagas habían consensuado una propuesta de devolución de dinero a los afiliados, que fue rechazada casi de inmediato por los representantes oficiales. Por la noche del lunes, desde el Gobierno se anunció un acuerdo en el que no estaba la liberación de cuotas desde julio y en el que, en cambio, se mencionaba que los precios se iban a ajustar, al igual que el monto a reintegrar, según la tasa pasiva del Banco Nación. Pero referentes del sector privado negaron en esas horas que se había producido un acuerdo y, finalmente, se logró firmar un acta y cerrar la reunión cerca de la 1.30 de la madrugada de ayer.
En tanto, la crisis se hace patente en el sistema de salud. La semana pasada, tal como informó la nacion, el sindicato de trabajadores de la salud intensificó sus reclamos. Las interrupciones de servicios en las clínicas convocadas por el sindicato se sumaron a otros efectos que pesan en definitiva sobre los pacientes, como las demoras para conseguir turnos, las salidas de médicos de las cartillas y el cobro o intentos de cobros de copagos o bonos contribución para recibir atención. Todos síntomas de una falta de revisión a fondo de viejos problemas del sector.
Un punto central es que desde julio los precios quedarán nuevamente liberados
En el sector decían que el dinero ya lo habían usado para pagar servicios
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Reforma. Preocupado por el bajo rendimiento en lengua y matemática de los alumnos primarios y secundarios, el distrito porteño reformula pedagógicamente varios contenidos
Lucila Marin
El programa ya se aplica en 500 escuelas de zonas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires
La ciudad de Buenos Aires impulsa un plan con la idea de cambiar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas primarias y secundarias de ese distrito con el foco puesto en lengua, matemática y educación digital.
Solamente el 29% de los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires llegan al último año del nivel secundario con los aprendizajes completos y en el tiempo esperado. Es decir que cumplen ese ciclo en la cantidad de años establecidos. En el distrito porteño, cuatro de cada 10 alumnos de primer grado de la escuela primaria no reconocen las letras. Y al terminar el nivel medio, uno de cada tres chicos se ubica en los grupos de desempeño más bajos de lengua. Mientras que en matemática son seis de cada 10 los que quedan por debajo del desempeño básico.
Los datos presentados ayer por el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, se desprenden de las evaluaciones Tercer Año de Estudios Secundarios en la Ciudad de Buenos Aires (Tesba) y Finalización de Estudios Primarios en la Ciudad de Buenos Aires (Fepba), Aprender 2022 y el Relevamiento Anual 2023.
“El mecanismo que se usaba no alcanza”, afirmó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que presentó la iniciativa, sobre la foto dramática que no es excluyente de esta jurisdicción y se extiende a todo el país. Hoy presentará en conferencia de prensa el plan Buenos Aires Aprende para sus cuatro años de gestión y que será evaluado cada dos.
Guiados por docentes
Así, se cambiará la forma de enseñar a leer y escribir en todas las escuelas primarias de gestión pública y privada que funcionan en esta jurisdicción a través de una intervención más directa y guiada de los docentes.
“Si los chicos escribían ‘elepante’ se les permitía porque comprendían qué quiso decir, cuál era la intención. Ahora será más explícito y estructurado con mayor intervención del docente. Volverán a corregir la ortografía marcando sobre los cuadernos, escribir en el pizarrón la forma correcta ortográfica de una palabra”, ejemplificó Mercedes Miguel, quien describió que cambiarán el modelo actual conocido como “psicogénesis de la lectura”, en donde los alumnos descubren cómo escribir de manera similar a cómo aprenden a hablar, hacia uno que retome las formas de enseñanza más tradicional.
“Lo que estamos haciendo es poner foco y estrategia. Es una política pública integral para trabajar con todo el sistema al mismo tiempo. El gran fracaso [del rendimiento escolar] es porque se pensaba en proyectos y no en políticas”, consideró la ministra de Educación porteña.
El plan para cambiar las estrategias de aprendizaje de lengua y matemática es una de las 12 políticas que integran el programa. En el caso de lengua es el que la Ciudad ya presentó en el Consejo Federal de Educación (CFE) para el Plan de Alfabetización que impulsa la Secretaría de Educación de la Nación, que dirige Carlos Torrendell.
Ayer, se volvieron a reunir en el Palacio Sarmiento y las 24 jurisdicciones del país aprobaron de manera unánime el Compromiso Federal por la Alfabetización, según informó oficialmente el gobierno nacional.
“Celebramos el acuerdo unánime del Consejo Federal en torno del desafío que plantea la alfabetización. Hay un diagnóstico análogo de todos los ministros provinciales, de todos los signos políticos en el debate de cómo hacemos para que los chicos aprendan mejor”, planteó ayer Torrendell.
En matemática para intentar mejorar el mal desempeño que tienen los estudiantes, el gobierno porteño anticipó ayer que buscarán que los cálculos se relacionen “con lo concreto” y “eventos cotidianos”.
Mayor acompañamiento, más tiempo de enseñanza y asistencia sostenida a la escuela son las estrategias que la Ciudad aplicará para mejorar los aprendizajes en estas dos áreas que definen como fundacionales.
También buscan reformular la propuesta de la jornada extendida de una forma más lúdica, así como trabajar en la educación inclusiva y en el bienestar socioemocional de los estudiantes porteños.
En cuanto a la transformación digital, según explicó la Ciudad en la presentación de ayer, pretenden avanzar en cambios en la organización escolar e incorporar la tecnología en la escuela, tanto en el aspectos pedagógico como en el administrativo.
Los funcionarios hicieron hincapié en que apuntarán a desarrollar “un programa de abordaje integral de propuestas educativas mediadas por inteligencia artificial para brindar acompañamiento”. Para alcanzar ese objetivo, se anticipó que habrá talleres de ejercitación y también de capacitación para los docentes.
Este punto es otro de los que integran las políticas que pretende abarcar el plan Buenos Aires Aprende: el de la mejora de la formación docente. Incluye también ampliar su capacitación en el idioma inglés en el marco de la Ciudad bilingüe que presentó Jorge Macri como una de sus propuestas de campaña electoral del año pasado para postularse como jefe de gobierno.
El plan ya comenzó a aplicarse hace un mes y medio en las “Escuelas Foco”. Se trata de 500 establecimientos educativos en contexto de vulnerabilidad económica y con bajos resultados académicos, por lo menos un 50% por debajo del nivel esperado, tanto de gestión privada como de gestión estatal.
“Lo innovador no es solamente el abordaje, sino que lo hacemos en las 500 escuelas de peor desempeño, tanto de gestión pública como privada. Antes solo se aplicaba en las de gestión pública. Queremos integrar. Nos importa todo el sistema [educativo de la ciudad], nos importan los chicos, no los subsistemas divididos en público o privado”, afirmó el jefe de gobierno porteño.
En ese sentido, Jorge Macri señaló que una de las principales demandas del mercado es achicar las carreras universitarias, pero esa brecha no se puede saldar mientras las casas de altos estudios deban dedicarle tiempo a nivelar el conocimiento que logran alcanzar los estudiantes al egresar del nivel secundario.
“Es por eso que estas 500 escuelas son tan importantes. Tenemos que buscar quién está más al fondo de la fila y traerlo para lograr renivelar”, apuntó Macri.
Los docentes y directivos de estas 500 escuelas reciben asesoramiento de especialistas del Ministerio de Educación porteño. Prometen que para el año que viene el plan ya estará implementado en las 2880 escuelas de la ciudad.
La ciudad de Buenos Aires impulsa un plan con la idea de cambiar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas primarias y secundarias de ese distrito con el foco puesto en lengua, matemática y educación digital.
Solamente el 29% de los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires llegan al último año del nivel secundario con los aprendizajes completos y en el tiempo esperado. Es decir que cumplen ese ciclo en la cantidad de años establecidos. En el distrito porteño, cuatro de cada 10 alumnos de primer grado de la escuela primaria no reconocen las letras. Y al terminar el nivel medio, uno de cada tres chicos se ubica en los grupos de desempeño más bajos de lengua. Mientras que en matemática son seis de cada 10 los que quedan por debajo del desempeño básico.
Los datos presentados ayer por el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, se desprenden de las evaluaciones Tercer Año de Estudios Secundarios en la Ciudad de Buenos Aires (Tesba) y Finalización de Estudios Primarios en la Ciudad de Buenos Aires (Fepba), Aprender 2022 y el Relevamiento Anual 2023.
“El mecanismo que se usaba no alcanza”, afirmó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que presentó la iniciativa, sobre la foto dramática que no es excluyente de esta jurisdicción y se extiende a todo el país. Hoy presentará en conferencia de prensa el plan Buenos Aires Aprende para sus cuatro años de gestión y que será evaluado cada dos.
Guiados por docentes
Así, se cambiará la forma de enseñar a leer y escribir en todas las escuelas primarias de gestión pública y privada que funcionan en esta jurisdicción a través de una intervención más directa y guiada de los docentes.
“Si los chicos escribían ‘elepante’ se les permitía porque comprendían qué quiso decir, cuál era la intención. Ahora será más explícito y estructurado con mayor intervención del docente. Volverán a corregir la ortografía marcando sobre los cuadernos, escribir en el pizarrón la forma correcta ortográfica de una palabra”, ejemplificó Mercedes Miguel, quien describió que cambiarán el modelo actual conocido como “psicogénesis de la lectura”, en donde los alumnos descubren cómo escribir de manera similar a cómo aprenden a hablar, hacia uno que retome las formas de enseñanza más tradicional.
“Lo que estamos haciendo es poner foco y estrategia. Es una política pública integral para trabajar con todo el sistema al mismo tiempo. El gran fracaso [del rendimiento escolar] es porque se pensaba en proyectos y no en políticas”, consideró la ministra de Educación porteña.
El plan para cambiar las estrategias de aprendizaje de lengua y matemática es una de las 12 políticas que integran el programa. En el caso de lengua es el que la Ciudad ya presentó en el Consejo Federal de Educación (CFE) para el Plan de Alfabetización que impulsa la Secretaría de Educación de la Nación, que dirige Carlos Torrendell.
Ayer, se volvieron a reunir en el Palacio Sarmiento y las 24 jurisdicciones del país aprobaron de manera unánime el Compromiso Federal por la Alfabetización, según informó oficialmente el gobierno nacional.
“Celebramos el acuerdo unánime del Consejo Federal en torno del desafío que plantea la alfabetización. Hay un diagnóstico análogo de todos los ministros provinciales, de todos los signos políticos en el debate de cómo hacemos para que los chicos aprendan mejor”, planteó ayer Torrendell.
En matemática para intentar mejorar el mal desempeño que tienen los estudiantes, el gobierno porteño anticipó ayer que buscarán que los cálculos se relacionen “con lo concreto” y “eventos cotidianos”.
Mayor acompañamiento, más tiempo de enseñanza y asistencia sostenida a la escuela son las estrategias que la Ciudad aplicará para mejorar los aprendizajes en estas dos áreas que definen como fundacionales.
También buscan reformular la propuesta de la jornada extendida de una forma más lúdica, así como trabajar en la educación inclusiva y en el bienestar socioemocional de los estudiantes porteños.
En cuanto a la transformación digital, según explicó la Ciudad en la presentación de ayer, pretenden avanzar en cambios en la organización escolar e incorporar la tecnología en la escuela, tanto en el aspectos pedagógico como en el administrativo.
Los funcionarios hicieron hincapié en que apuntarán a desarrollar “un programa de abordaje integral de propuestas educativas mediadas por inteligencia artificial para brindar acompañamiento”. Para alcanzar ese objetivo, se anticipó que habrá talleres de ejercitación y también de capacitación para los docentes.
Este punto es otro de los que integran las políticas que pretende abarcar el plan Buenos Aires Aprende: el de la mejora de la formación docente. Incluye también ampliar su capacitación en el idioma inglés en el marco de la Ciudad bilingüe que presentó Jorge Macri como una de sus propuestas de campaña electoral del año pasado para postularse como jefe de gobierno.
El plan ya comenzó a aplicarse hace un mes y medio en las “Escuelas Foco”. Se trata de 500 establecimientos educativos en contexto de vulnerabilidad económica y con bajos resultados académicos, por lo menos un 50% por debajo del nivel esperado, tanto de gestión privada como de gestión estatal.
“Lo innovador no es solamente el abordaje, sino que lo hacemos en las 500 escuelas de peor desempeño, tanto de gestión pública como privada. Antes solo se aplicaba en las de gestión pública. Queremos integrar. Nos importa todo el sistema [educativo de la ciudad], nos importan los chicos, no los subsistemas divididos en público o privado”, afirmó el jefe de gobierno porteño.
En ese sentido, Jorge Macri señaló que una de las principales demandas del mercado es achicar las carreras universitarias, pero esa brecha no se puede saldar mientras las casas de altos estudios deban dedicarle tiempo a nivelar el conocimiento que logran alcanzar los estudiantes al egresar del nivel secundario.
“Es por eso que estas 500 escuelas son tan importantes. Tenemos que buscar quién está más al fondo de la fila y traerlo para lograr renivelar”, apuntó Macri.
Los docentes y directivos de estas 500 escuelas reciben asesoramiento de especialistas del Ministerio de Educación porteño. Prometen que para el año que viene el plan ya estará implementado en las 2880 escuelas de la ciudad.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.