SUBSIDIOS Y PETTOVELLO

Dos empresas detrás de la denuncia de facturas truchas del Polo Obrero
recorrió los domicilios, donde nadie responde por las firmas mencionadas; los investigadores sospechan que el grupo piquetero desvió fondos del plan Potenciar Trabajo

Camila DolabjianEn el edificio de Montes de Oca 242 no funcionó la firma que presentó el PO 
Alrededor del Polo Obrero orbitan una serie de empresas con las que la Justicia sospecha que se derivaron subsidios del Estado para fines privados, entre los que estaría el financiamiento del partido. El mecanismo trazado hasta el momento por la investigación apunta a cooperativas que recibían los fondos públicos para, supuestamente, funcionar como unidades de gestión de los planes Potenciar Trabajo y, del otro lado, empresas que presuntamente se usaban para dibujar gastos inexistentes.
El juez Sebastián Casanello hizo foco en dos empresas, por ahora. Son las que lograron comprobar que tenían facturas truchas.fue a los domicilios registrados cion para estas firmas y encontró múltiples irregularidades y vínculos con el Partido Obrero. Se trata de las empresas que hicieron las facturas para justificar entre el 22% y 23% del dinero que recibieron del entonces Ministerio de Desarrollo Social.
Una de ellas es Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, una imprenta fundada por Christian Rath y Roberto Albornoz, ambos aportantes a las campañas de la izquierda. El primero es un conocido militante y auspiciante de Prensa Obrera, el periódico del Partido Obrero. El segundo, un exempleado de la Cámara de Diputados. La empresa es, además, la que el Frente de Izquierda contrató para imprimir sus boletas para distintas elecciones, según la Cámara Nacional Electoral.
El domicilio fiscal que reportaron a la AFIP fue Bartolomé Mitre 2162, un viejo edificio de tres pisos en el barrio de Balvanera. De acuerdo con documentación oficial, está registrado como la sede del Partido Obrero. En la entrada hay solo un timbre y del otro lado, la voz de una mujer que aseguró a la nacion: “Acá no hay ni hubo ninguna empresa”. Tampoco reconoció los nombres de Rath y Albornoz, pero sí admitió que allí funciona el partido.
La empresa tiene reportados dos empleados, aunque no tiene en regla las contribuciones patronales ni los aportes a la obra social y a la seguridad social desde por lo menos mayo del año pasado. Sigue, sin embargo, emitiendo cheques. Entre julio de 2022 y la actualidad, totalizan $34.999.998.
La otra dirección de la empresa, la comercial, se ubica en Almagro. En Palestina 542 hay dos PH pintados de verde, con las persianas cerradas y sin nadie para atender la puerta. La policía, al allanar este domicilio, encontró una “vivienda normal” donde reside una pareja. Para la Justicia es imposible que allí haya funcionado una imprenta. Ante la presencia  nadie se acercó a hablar, pero cuando las autoridades estuvieron allí, se hizo presente Fernando Ramal, hijo del legislador porteño del FIT Marcelo Ramal. Dijo ser el hijo de la dueña.
La otra empresa observada por la Justicia es Coxtex SA, sociedad que parecería ser una caja vacía. Está situada en Av. Montes de Oca 242, cerca del Parque Lezama, en un enorme edificio de viviendas. De acuerdo con la información de la AFIP, el departamento debería ser el 52, pero el tablero de timbres solo llegaba al 46. Dos vecinos confirmaron que nunca existió una unidad con ese número y que allí nunca funcionó una empresa.
Coxtex, según los papeles, fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y María Soledad Vega, quienes no conocerían su participación en la sociedad y serían personas de bajos recursos.
El primero fue allanado en una habitación en la que residía toda su familia y desconoció su empresa. Esta había sido observada múltiples veces por la AFIP y reportada como sociedad emisora de facturas apócrifas el 20 de noviembre de 2020, tan solo un mes después de ser creada.
Durante la recorrida de la nacion, a menos de 10 metros del edificio, apareció sorpresivamente Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, exsecretario de Economía Social y quien firmaba las resoluciones para los subsidios que recibían las entidades investigadas. Pérsico aseguró que cruzó sin querer de vereda, pensando que su auto estaba allí, al salir del bar de Fernando “Chino” Navarro. En la esquina opuesta al edificio hay una sucursal de Le Blé. Dijo no tener vinculación con el domicilio investigado.
Los documentos de Capital Humano dan cuenta de que ambas empresas facturaron por “materiales, insumos e indumentaria” y “maquinarias, herramientas y equipamiento” a las cooperativas del Polo Obrero
Los supuestos fundadores de una de las empresas no conocerían su participación en la sociedad

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Pettovello firmó un convenio de más de $1000 millones para contratar funcionarios
La OEI, una entidad internacional, recibe los fondos y les paga a los trabajadores de Capital Humano

Federico González del Solar
El Ministerio de Capital Humano mantiene a muchos de sus trabajadores bajo un polémico método de contratación. Al amparo siempre de un convenio, la cartera que dirige Sandra Pettovello fondea a un organismo internacional para que sea este, y no el Estado, quien contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios que se desempeñan en el ministerio. Este opaco mecanismo de contratación externa, que sirvió para atenuar el malestar interno por la falta de nombramientos –es decir, por la falta de una remuneración a fin de mes–, permite también eludir la denominada “cláusula Batakis”, que impide aumentar la planta de empleados del Estado.
Según pudo saber uno de estos convenios fue revalidado a fines de abril. Al calor de la alianza que Capital Humano heredó de la gestión anterior con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI), el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, dio luz verde a un nuevo desembolso de $645 millones, que se suma a los $395 millones que ya le fueron girados al organismo a fines de enero.
Tal como contó la nacion, el convenio habilita al organismo a realizar contrataciones de profesionales externos para proyectos puntuales en los ejes de trabajo sobre los que pivotea la OEI; educación y cultura, fundamentalmente. En principio, de acuerdo con distintas fuentes consultadas, el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo. Sin embargo, muchos de estos “terceros”, según pudo reconstruir este medio, son los propios trabajadores del ministerio.
Consultó a Capital Human sobre este mecanismo, sin obtener respuesta. También se contactó con el director de recursos humanos del ministerio, quien evitó hacer declaraciones.
Funcionarios que partieron sin llegar a ser nombrados, y otros que todavía se desempeñan en el ministerio aguardando –o no– una designación, le facturaron a la OEI como monotributistas. “Hay OEI en todos lados”, suelta un empleado bajo contrato que trabaja bajo las órdenes de la ministra Pettovello. Por ejemplo, para impulsar la batería de denuncias judiciales contra la gestión anterior, el ministerio contrata una asesoría legal a través del organismo.
La OEI se convierte así en el empleador de los funcionarios, que son digitados desde el ministerio. Por esa gestoría, el organismo cobraba el 6% de los contratos, que durante esta gestión se redujo al 5%.
El sistema de contratación, ideado para ser un auxilio en proyectos o problemáticas puntuales, surge como una alternativa gris a otro tipo de contrataciones temporales del Estado, como los denominados contratos 1109 o los contratos de locación, conocidos como contratos 778. A diferencia de estos últimos, en los cuales el empleador es el Estado, la información del vínculo laboral queda resguardada en el organismo, que se limita evaluar que el perfil del profesional se alinee con la tarea a desarrollar. Así, permitiría, por ejemplo, que los funcionarios que cobraron mediante OEI, de ser contratados de manera retroactiva por el Estado, reciban un doble sueldo por su trabajo.
Además, permite sortear la denominada cláusula Batakis, la cual impide sumar –con algunas excepciones puntuales– nuevos funcionarios a la administración pública por debajo de las direcciones generales. En su fugaz paso por la cartera de Economía, Silvina Batakis prohibió con un decreto –prorrogado por esta gestión– sumar nuevos empleados en la administración pública. “Esta forma de tercerizar contratos es mucho más ‘práctica’, por decirlo de alguna manera”, explica una fuente de un organismo internacional.
El mecanismo no es nuevo. Entre otros usos, algunas voces señalan que servía de complemento salarial para los funcionarios de segunda línea con recorridos largos y sueldos cortos. La novedad radicaría en utilizarlo como paliativo hasta tanto salgan las designaciones oficiales.



Grabois protestó por la comida sin repartir
SANTIAGO ORÓZ
Un grupo de manifestantes reclamó ayer a la mañana frente al galpón que el Ministerio de Capital Humano tiene en Villa Martelli, para pedir la entrega de las 5000 toneladas de mercadería que el Gobierno guarda allí. El dirigente social Juan Grabois se sumó. “Es mentira que los alimentos que están acá son para emergencias y catástrofes climáticas”, afirmó

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