El escándalo de la compra de aviones: denuncian a más de 40 personas
Corrupción. Apuntan a la complicidad entre funcionarios de la gestión de Fernández y Massa y un grupo de empresariosCamila Dolabjian
Una investigación detectó un posible desfalco millonario con la importación de aeronaves durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía. La maniobra que el partido de Elisa Carrió pide investigar en la Justicia es la compra de aviones y helicópteros realizada por empresas que, para concretar las operaciones, accedían al dólar oficial. La denuncia fue presentada por el legislador porteño Hernán Reyes y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli ante la Justicia, por el presunto delito de “contrabando”.
Los denunciantes del caso, que el lunes reveló la nacion, radicaron el expediente en el fuero penal económico, ya que hay otra causa en marcha por la misma maniobra a cargo del juez federal Ariel Lijo, que aparece rodeada de controversias.
La nueva denuncia fue sorteada ayer y recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9, a cargo de Javier López Biscayart.
Desde la Coalición Cívica elaboraron un informe que indica que se trataba de una forma de hacerse de divisas al valor oficial y beneficiarse de la brecha cambiaria, aun en momentos de extrema restricción cambiaria, en los que se registraban problemas para acceder a insumos, medicamentos y bienes esenciales, entre otros, por falta de importaciones. Consignan que el monto de las operaciones relevadas es de US$252.516.153.
En paralelo tramita una causa desde 2022 en Comodoro Py, un punto polémico, debido a que el delito de contrabando es propio del fuero en lo penal económico. Como la denuncia que dio lugar a este proceso hizo foco sobre funcionarios de alto rango por incumplimiento de deberes, quedó en el juzgado de Lijo. Los denunciantes no descartan que haya un ida y vuelta entre los fueros por la competencia, aunque esperan que se instruya y se avance con medidas de prueba en el fuero en lo penal económico.
Los denunciados son Sergio Tomás Massa, Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera, Matías Tombolini, Martín Guzmán, Matías Sebastián Kulfas, Mercedes Marcó del Pont, Carlos Castagneto, Silvia Brunilda Traverso, Guillermo Michel, Paola Tamburelli y Miguel Ángel Pesce. Además, 18 empresas y otras 10 personas.
La denuncia hizo foco en las importaciones con dólares oficiales sobre aeronaves cuya matriculación no se pudo acreditar. La Coalición Cívica identificó 203 casos. La hipótesis es que dentro de este grupo hay aviones que nunca llegaron a la Argentina y su presunta importación se habría concretado tan solo a efectos de hacer un negocio financiero. También hicieron foco sobre aquellas aeronaves importadas en momentos de extrema restricción cambiaria.
Las empresas denunciadas son: Aerotec Argentinas SA, Aaxod SA,
Flexfly SAS, Fame Fábrica Argentina de Máquinas y Equipos SA, Helitours SA, Kube Aviación SA, Phoroneus SRL, Alas del Beagle SAS, Baires Fly SA, Atx Logistics SA, Just Flight SA, Lácteos Puyehue SRL, Servicios Helicenter SA, Terminales y Servicios SA, Servicios Aeronáuticos del Nea SRL, A Fondo Group SA, Aceitera General Deheza SA y Churrince SA. Las personas humanas denunciadas son Luis Ángel Cuadrado; Marcelo Juan Martino; Alesio Roberto Nardelli; Alejandro Adrián Papaianni; Germán José Gabriel Álvarez; Mercedes Susana Cuneo Lacoste; Lisandro Abel Morandi; Julián Van Dam; Enzio Fernando Rocha del Santo, y Norberto José Martinessi.
El equipo relevó el período que va entre 2020 y 2023, y encontraron cifras elocuentes. “Mientras se desarrollaba la pandemia y se profundizaba la crisis económica en parte por falta de dólares, el gobierno de Alberto Fernández habilitaba de forma generalizada la importación de aeronaves a dólar oficial”, remarca uno de los pasajes del informe, al cual tuvo acceso la nacion.
La investigación subraya también que estas operaciones se realizaban con autorización de la Secretaría de Comercio, primero mediante el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y luego, “con la llegada de Massa al Ministerio de Economía”, a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Con datos relevados a partir de pedidos de acceso a la información dirigidos a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los investigadores concluyeron que 203 aeronaves importadas en el período analizado no habían sido matriculadas. Implican US$131.129.769.
Según el documento de la Coalición Cívica, la importación de las aeronaves “habría sido una excusa para obtener acceso a dólares oficiales, vulnerando todas las normas aduaneras a partir de la omisión de requerimientos y/o de la simulación de los requerimientos a efectos de facilitar los dólares”.
El informe pone sobre la mesa tres características de las maniobras. Una, la participación de “empresas que no tendrían ningún tipo de conexión con la actividad de aeronavegación” y que están “entre las importadoras de aeronaves, al menos desde la información disponible en internet”. La segunda es “la importación masiva de algunas empresas por parte de aeronaves, en casos superando todo valor razonable de importaciones o de cantidad de aeronaves dadas las condiciones del mercado argentino y/o su actividad”. La tercera es “la importación de aeronaves por parte de empresas investigadas por violaciones a las normas aduaneras con anterioridad o que por sus circunstancias crediticias poco favorables sea posible que se estén alterando la finalidad del procedimiento de importación”.
Al profundizar en las adquisiciones de aeronaves puestas bajo la lupa, en el informe se mencionan una serie de “grandes compras” hechas por empresas. La firma Aerotec Argentina SA “importó un total de 65 aeronaves sin matricular”, por un total de “US$15.627.858”. Esa cantidad de aeronaves importadas en el período 2020-2024 “supone mucho más que la dotación de aviones de las Fuerzas Armadas y prácticamente la misma cantidad de aeronaves que tiene Aerolíneas Argentinas”, se informó en el texto del partido fundado por Carrió, que puntualizó: “Es una empresa familiar de la familia Cardama. Su actual presidente es Diego Cardama”. consultó a esta compañía, la nacion que explicó que, a diferencia de las empresas de taxi aéreo, ellos reparan y ensamblan aviones para su posterior venta a aeroclubes o escuelas de vuelo.
También se incluye en las “grandes compras” a las firmas Flexfly y A Fondo Group. A la primera, se le atribuye “la importación de nueve aeronaves por un total de US$6.508.017”, y “en todos los casos no se ha podido acreditar la matriculación de ninguna”. A la segunda, “una importación de US$1.396.200 por dos aeronaves”. Las firmas son propiedad de Andrés Pedro Peralta, se sostiene en el reporte de la Coalición Cívica, al que accedió la nacion.
Aaxod SA es mencionada con cinco aviones importados sin poder hallarse su “matriculación oficial”. El monto involucrado es de “US$7.504.704”. En el informe se puntualiza que “los administradores de esta sociedad son Fabián Omar Díaz Ferrari (presidente)” y “Andrea Soledad Quaglia (directora suplente)”. “Helitours SA”, que “es propiedad de Martín, Jorge Alberto”, figura en el informe con dos importaciones “por el total de US$4.897.700”. Esas son algunas de las principales empresas señaladas
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La unidad antilavado pide frenar el blanqueo de Clérici
La UIF se opuso a la decisión del juez, que le permitió “sincerar” casi US$600.000
Federico González del Solar Sofía Clérici modelo
La Unidad de Información Financiera (UIF) interpuso un recurso de apelación para que la modelo Sofía Clérici no pueda blanquear los casi 600.000 dólares que le autorizó un fallo del juez Ernesto Kreplak.
Clérici había transferido esos fondos a una cuenta específicamente creada para blanquearlos. Para el organismo antilavado, no hay elementos que prueben la existencia y veracidad de las operaciones por las cuales la modelo habría percibido esos recursos como “acompañante de viajes”, según argumentó Clérici ante la Justicia.
El organismo que preside Ignacio Yacobucci apeló la decisión del juez Kreplak que posibilitó la transferencia del dinero secuestrado en los allanamientos (US$569.911) que se activaron tras la difusión de las fotos de Marbella, que mostraban a Clérici arriba de un yate paseando por el mar Mediterráneo junto a Martín Insaurralde, por entonces jefe de Gabinete de Axel Kicillof.
Si bien el juez Kreplak allanó el camino para que Clérici pueda ingresar al blanqueo, no levantó la inhibición que pesa sobre los fondos, los cuales permanecen congelados.
Ahora, si la apelación no prospera, será la AFIP la que deba decidir sobre la suerte de la plata que había en la casa de Clérici.
A través de su abogado Martín Larralde, Clérici adujo ante la Justicia que la actividad que realiza como “acompañante de viajes”, por la cual percibe “importantes honorarios”, no permite un registro ante la AFIP.
La mujer reforzó su planteo con una exhortación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los gobiernos para que reconozcan la industria de la prostitución.
En el escrito que interpuso la UIF a través de su abogado en litigios, Mariano Abel Ezeyza, se remarca que, independientemente de que esa actividad no se encuentra registrada, la modelo no estaba impedida de acreditar las operaciones por otros medios.
Apurada por una fecha límite que luego el Gobierno prorrogó, la modelo había solicitado que se levante la inhibición que regía sobre los casi 600.000 dólares que busca “sincerar” para poder participar de la iniciativa del oficialismo.
El caso Insaurralde
La causa que mantiene los fondos congelados se abrió luego de que se conocieran las imágenes que mostraban a Clérici junto a Insaurralde, todavía jefe de Gabinete de Kicillof, de viaje por Marbella.
Insaurralde dejó el cargo en el gabinete del gobernador, pero mantuvo su influencia política en la provincia de Buenos Aires y en Lomas de Zamora, el distrito que gobernó.
El exintendente está siendo investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito luego del viaje que realizó a Marbella el año pasado con Clérici, donde se alojaron en una villa de lujo y abordaron el yate Bandido para una recorrida por el Mediterráneo mientras tomaban champagne francés.
Las fotos de ese viaje compartidas en Instagram por Clérici, junto con otras imágenes de joyas y relojes de alta gama, dispararon la investigación judicial.
El 1° de marzo pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, quien presionaba para que la investigación se mudara a la Justicia de Lomas de Zamora, donde tiene ascendencia.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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