El régimen chavista pide la detención de 16 argentinos
La réplica llega después de que la Justicia argentina impulsó la captura de Maduro por torturas
Tras ratificar la orden de detención del presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, determinó la captura de otros 16 argentinos.
El pedido abarca a funcionarios, políticos y otras figuras públicas relacionadas con el caso del avión venezolano-iraní de Emtrasur que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 y finalmente fue enviado a Estados Unidos.
Entre los mencionados por el fiscal chavista Tarek William Saab se encuentran los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro; los abogados María Eugenia Talerico y Leonardo Camicher; los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona y Diego Iglesias; Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial, y los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
El avión de origen venezolanoiraní que estaba retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 6 de junio de 2022, en medio de un complejo entramado judicial, fue decomisado por el gobierno de Joe Biden y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
El anuncio de Saab llega después de que la Justicia argentina aceptó una denuncia de refugiados venezolanos y pidió la captura de Nicolás Maduro por violaciones de los derechos humanos.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión en el marco de una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal.
El avión al que refiere el gobierno chavista fue vendido a Venezuela por la compañía aérea iraní Mahan Air y estuvo retenido en el país por una orden judicial emitida durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández.
El avión fue secuestrado por las autoridades argentinas cuando
llegó de México con un cargamento de piezas automotrices.
Su tripulación –que consistía en 14 venezolanos y cinco iraníes– tuvo prohibida la salida del país hasta octubre de ese mismo año, ya que se sospechaba que podían estar haciendo tareas de espionaje.
Tras la primera orden de detención que emitió el régimen chavista contra el presidente Milei, desde el Gobierno emitieron una respuesta a través de un comunicado de la Cancillería. “La Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur. El mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”, señalaron en su momento.
Las acusaciones del chavismo –que implicaron un pedido de alerta roja de Interpol– son por los supuestos cargos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
El trasfondo del conflicto es el aislamiento cada vez mayor que enfrenta el régimen de Maduro, tras el último fraude electoral, y ahora se suma un pedido de detención internacional por parte de la Argentina.
En las últimas elecciones, la oposición ratificó que tenía pruebas de su triunfo, pero la Justicia Electoral, manejada por el chavismo, dio ganador a Nicolás Maduro.
Desde entonces, el régimen intensificó la persecución y la detención de dirigentes y militantes opositores.
El gobierno de Maduro enfrenta denuncias de desapariciones forzadas de personas, torturas y persecuciones políticas, que fueron avaladas por organismos internacionales.
Maduro tiene también otro pedido de detención internacional por parte de Estados Unidos.
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Condenan a 7 mapuches por tomas violentas de tierras
Entre 2017 y 2022 ocuparon predios de Parques Nacionales; la líder fue absuelta.
Paz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A casi siete años del inicio de la causa, el juez federal Hugo Greca condenó ayer a dos años de prisión en suspenso a siete miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y usurpación, a raíz de la violenta ocupación de dos predios en Villa Mascardi, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales, entre 2017 y 2022.
Cuatro de los imputados –Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia– recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso, y la obligación de fijar domicilio y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de la provincia de Río Negro.
Yessica Fernanda Bonnefoi recibió una pena de dos años y dos meses de prisión como coautora del delito de usurpación, que se suman a los seis meses impuestos en 2023 por lesiones leves y dolosas agravadas, y resistencia a la autoridad. En tanto, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en suspenso.
La machi de la comunidad mapuche, Betiana Colhuan, fue absuelta durante la primera audiencia, ya que era menor de edad al momento del hecho: tenía 16 años.
La defensa había pedido que la machi declarara como testigo “para que detallara cómo se realizó el violento desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el 23 de noviembre de 2017”. Sin embargo, el juez decidió que declarara como amicus curiae para aportar sobre la cosmovisión mapuche. Así lo hizo Colhuan el viernes pasado, durante la segunda audiencia del juicio: dijo que la comunidad no eligió ese lugar por “un negocio inmobiliario o turístico”, sino porque “toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí está la placenta de los hijos que parí en el lugar”. Colhuan indicó que en la zona en disputa vivió su abuelo, y que desde pequeña mantuvo contacto con la zona, al igual que toda su familia.
Durante la tercera y última audiencia del juicio, los defensores de la Gremial de Abogados hicieron hincapié en que la decisión del juez podía inscribirse en un proceso histórico y dar un paso hacia una sociedad intercultural. De todos modos, desde la semana pasada venían manifestando que durante el juicio “se montó un show político para seguir estigmatizando al pueblo mapuche”, al tiempo que consideraron que la sentencia condenatoria “ya estaba escrita y firmada”.
Antes de la sentencia, dos de las mujeres mapuches afirmaron que continuarán luchando por las siete hectáreas donde actualmente está el rewe o sitio sagrado. El rewe se ubica en un terreno en el que funcionaba el hotel IOS, que fue destruido durante la usurpación.
“Allí está previsto hacer una escuela de guardaparques. Por eso es muy importante que el tótem que forma parte del rewe se retire. Es simbólico y es el lugar donde se produjeron los hechos de violencia. Para que podamos comenzar la construcción de la escuela de guardaparques, ese rewe debe ser retirado. Hoy la Justicia no permite ninguna modificación en ese espacio, pero esperamos que con la sentencia podamos empezar a poner las cosas en su lugar”, indicó a
el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.
La causa había comenzado el 10 de noviembre de 2017, cuando personas que decían pertenecer a la comunidad lof Lafken Winkul Mapu ingresaron a un predio ubicado en el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 sur propiedad de Parques Nacionales.
La primera usurpación se extendió luego a otros terrenos lindantes, pertenecientes a entidades públicas, sindicales, religiosas y personas particulares. Todos los predios ocupados sobre la ruta 40 fueron desalojados en octubre de 2022, durante un operativo del que participaron la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de ese desalojo, el Estado nacional se comprometió a reconocer el rewe como sitio sagrado de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. El acuerdo, cuestionado por los vecinos y la oposición, se concretó en junio de 2023
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Petri echó a un funcionario por nombrar a una influencer
Por desinteligencias a raíz del nombramiento de una abogada e influencer libertaria, el ministro de Defensa, Luis Petri, desplazó al secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, el militar retirado Raúl Marino. La fugaz funcionaria, Constanza Bravi, duró menos de 24 horas, ya que su nombramiento fue dejado sin efecto.
Bravi, mendocina como Petri y Marino, e identificada por fuentes castrenses como una free lance que apoyaba la gestión libertaria en las redes sociales, había sido nombrada coordinadora para el seguimiento de las exportaciones e importaciones de materiales estratégicos para la defensa.
La explicación oficial en Defensa apuntó a “diferencias en las metodologías de trabajo y por no ajustarse a los perfiles del área para el ejercicio del cargo por cubrir”.
La designación de la influencer, de 27 años, fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Petri. En redes sociales, Bravi cobró notoriedad por criticar a los militantes kirchneristas que eran nombrados en el Estado.
A la salida de Marino y Bravi se sumó ayer la renuncia de la presidenta de la Agencia I+D+i, Alicia Caballero, quien dejó el organismo que promociona la ciencia y la tecnología. El gobierno de Javier Milei acumula 70 bajas en los diez meses que lleva la gestión libertaria.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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