Preocupa a las víctimas de Cromañón la demora en el trámite de expropiación
Aniversario. A fines de 2022, una ley dio dos años para iniciar el juicio, pero no hubo avances con Fernández; gestión contra reloj
Lucila Marin
Buscan transformar el predio de la calle Mitre en un espacio de memoria
Casi toda la cuadra de la calle Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaurès son persianas bajas. Detrás, están los inmuebles en los que funcionó el boliche República Cromañón, donde en la trágica noche del 30 de diciembre de 2004 fallecieron 194 jóvenes. “Espacio de memoria. Cromañón nos late”, dice en una de ellas. “Sin memoria, no hay futuro”, se puede leer en un poste de luz. “No olvidamos, no perdonamos, no se abre”, se expresa en otro. Y en otra de las persianas fueron escritos los nombres de las víctimas.
Cuando falta poco más de un mes para los 20 años del mortal incendio, aún no se concretó la expropiación de esos inmuebles, aprobada por una ley sancionada en el Congreso a fines de 2022. El plazo para iniciar el correspondiente juicio eran dos años, que se cumplieron anteayer. La administración de Alberto Fernández, pese a que dispuso que el Ministerio de Justicia sería el encargado de llevar adelante el proceso, no lo inició. Ahora, a punto de vencerse el plazo, la gestión libertaria empezó el juicio y solicitó que, a modo de excepción, se permita el anticipo de la toma de posesión de los inmuebles para poder avanzar con los pasos restantes, según explicaron representantes de las ocho organizaciones de víctimas. Ante la consulta de la nacion, la Secretaría de Derechos Humanos, que depende de aquel ministerio, solicitó más tiempo para contestar.
“Se inició el juicio expropiatorio sin la tasación porque no fue posible hacerla. No se pudo notificar a la empresa propietaria del inmueble porque ‘se mudó’ del domicilio legal y la Justicia no hizo lugar a entrar por la fuerza. Frente a la posibilidad de caída de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos inicia el juicio pidiendo la posesión. Por un lado, preventivamente, hasta tanto se pueda tasar y el juez fije el monto indemnizatorio. Por otro lado, pide una medida de constatación de los inmuebles, que sería entrar por la fuerza y permitir tasar”, explicaron fuentes de las organizaciones.
En paralelo, en el Congreso hay tres iniciativas que buscan la prórroga de la expropiación. El senador Sergio Uñac presentó un proyecto para que se extienda el plazo por dos años más; ese mismo plazo solicita el proyecto de sus pares cristinistas Anabel Fernández Sagasti e Inés Pilatti Vergara. En Diputados, la propuesta que cuenta con la firma de Paula Penacca, Vanina Biasi, Ana Carrizo, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Margarita Stolbizer solicita que se prorrogue por cuatro años; las organizaciones están en comunicación con los firmantes para que soliciten una sesión especial para su tratamiento.
La ley Nº27.695, aprobada por ambas cámaras del Congreso, declara en su artículo 1 “de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la ley 21.499” los inmuebles situados en Bartolomé Mitre 3038/78, predios popularmente conocidos como República Cromañón. Plantea en el siguiente artículo que serán destinados a la “creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004” y que se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, a la vez que se organizarán actividades culturales e informativas. Además, dispone que la “edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”.
La ley explicita también que “se tendrá por abandonada la expropiación –salvo disposición expresa de ley especial– si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice”. Los dos años se cumplieron anteayer.
“El gobierno nacional no estaba dispuesto a firmar un decreto en el que las organizaciones de víctimas tengan potestad y mayoría para decidir qué se iba a contar y cómo se iba a contar lo que sucedió en Cromañón, una vez construido el espacio de memoria”, consideró Nicolás Pappolla, sobreviviente de Cromañón e integrante de El Camino es Cultural.
Y agregó: “Para acercarse a la realidad y contribuir a que Cromañón no suceda nunca más, es la mejor forma que encontramos de honrar la memoria y trascendernos. Convertir esos inmuebles en un espacio de memoria nos permite trascendernos, resguardar nuestros testimonios con la certeza de que cuando dejemos de estar en este plano ese espacio seguirá existiendo como una oportunidad a las nuevas generaciones de conocer el pasado reciente de nuestro país”.
Pese a que, según relatan las organizaciones de víctimas, no se reunieron con la nueva Secretaría de Derechos Humanos, como sujeto expropiante inició los trámites para terminar el proceso de tasación de los inmuebles y avanzar con la expropiación.
“Vuelven a quedar expuestos ante la falta de resolución, por acción, omisión o negligencia del Poder Ejecutivo. Una ley votada por unanimidad y de forma transversal en el Congreso de la Nación termina convirtiéndose en un papel vacío. Ojalá lleguemos a los 20 años con la tranquilidad de que tenemos una prórroga que garantice la construcción de un espacio de memoria para que en Cromañón, donde hubo tanta muerte joven, donde quedamos a oscuras, pueda volver a entrar luz, se pueda honrar la vida. Para que eso suceda, el Estado nacional debe ser quien tenga las llaves del lugar”, agregó.
A la vez, las víctimas reclaman una modificación de la ley Nº4786 de la Legislatura porteña, tendiente a cambiar un paradigma. “Proponemos modificar el objeto de la ley, para dejar de hablar de una ‘asistencia integral’ y pasar a hablar de una ‘reparación integral’. Que deje de citarse Cromañón como una ‘tragedia’ y en consecuencia como algo inevitable, para nombrarlo como una ‘masacre’, un hecho evitable en el que la responsabilidad estatal ocupa un lugar central en la semántica de la palabra”, explicó Pappolla.
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Emotivo homenaje al personal del Garrahan en la cancha de River
Lo organizó el club de fútbol y participaron 150 empleados del hospital pediátrico
Casi toda la cuadra de la calle Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaurès son persianas bajas. Detrás, están los inmuebles en los que funcionó el boliche República Cromañón, donde en la trágica noche del 30 de diciembre de 2004 fallecieron 194 jóvenes. “Espacio de memoria. Cromañón nos late”, dice en una de ellas. “Sin memoria, no hay futuro”, se puede leer en un poste de luz. “No olvidamos, no perdonamos, no se abre”, se expresa en otro. Y en otra de las persianas fueron escritos los nombres de las víctimas.
Cuando falta poco más de un mes para los 20 años del mortal incendio, aún no se concretó la expropiación de esos inmuebles, aprobada por una ley sancionada en el Congreso a fines de 2022. El plazo para iniciar el correspondiente juicio eran dos años, que se cumplieron anteayer. La administración de Alberto Fernández, pese a que dispuso que el Ministerio de Justicia sería el encargado de llevar adelante el proceso, no lo inició. Ahora, a punto de vencerse el plazo, la gestión libertaria empezó el juicio y solicitó que, a modo de excepción, se permita el anticipo de la toma de posesión de los inmuebles para poder avanzar con los pasos restantes, según explicaron representantes de las ocho organizaciones de víctimas. Ante la consulta de la nacion, la Secretaría de Derechos Humanos, que depende de aquel ministerio, solicitó más tiempo para contestar.
“Se inició el juicio expropiatorio sin la tasación porque no fue posible hacerla. No se pudo notificar a la empresa propietaria del inmueble porque ‘se mudó’ del domicilio legal y la Justicia no hizo lugar a entrar por la fuerza. Frente a la posibilidad de caída de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos inicia el juicio pidiendo la posesión. Por un lado, preventivamente, hasta tanto se pueda tasar y el juez fije el monto indemnizatorio. Por otro lado, pide una medida de constatación de los inmuebles, que sería entrar por la fuerza y permitir tasar”, explicaron fuentes de las organizaciones.
En paralelo, en el Congreso hay tres iniciativas que buscan la prórroga de la expropiación. El senador Sergio Uñac presentó un proyecto para que se extienda el plazo por dos años más; ese mismo plazo solicita el proyecto de sus pares cristinistas Anabel Fernández Sagasti e Inés Pilatti Vergara. En Diputados, la propuesta que cuenta con la firma de Paula Penacca, Vanina Biasi, Ana Carrizo, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Margarita Stolbizer solicita que se prorrogue por cuatro años; las organizaciones están en comunicación con los firmantes para que soliciten una sesión especial para su tratamiento.
La ley Nº27.695, aprobada por ambas cámaras del Congreso, declara en su artículo 1 “de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la ley 21.499” los inmuebles situados en Bartolomé Mitre 3038/78, predios popularmente conocidos como República Cromañón. Plantea en el siguiente artículo que serán destinados a la “creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004” y que se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, a la vez que se organizarán actividades culturales e informativas. Además, dispone que la “edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”.
La ley explicita también que “se tendrá por abandonada la expropiación –salvo disposición expresa de ley especial– si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice”. Los dos años se cumplieron anteayer.
“El gobierno nacional no estaba dispuesto a firmar un decreto en el que las organizaciones de víctimas tengan potestad y mayoría para decidir qué se iba a contar y cómo se iba a contar lo que sucedió en Cromañón, una vez construido el espacio de memoria”, consideró Nicolás Pappolla, sobreviviente de Cromañón e integrante de El Camino es Cultural.
Y agregó: “Para acercarse a la realidad y contribuir a que Cromañón no suceda nunca más, es la mejor forma que encontramos de honrar la memoria y trascendernos. Convertir esos inmuebles en un espacio de memoria nos permite trascendernos, resguardar nuestros testimonios con la certeza de que cuando dejemos de estar en este plano ese espacio seguirá existiendo como una oportunidad a las nuevas generaciones de conocer el pasado reciente de nuestro país”.
Pese a que, según relatan las organizaciones de víctimas, no se reunieron con la nueva Secretaría de Derechos Humanos, como sujeto expropiante inició los trámites para terminar el proceso de tasación de los inmuebles y avanzar con la expropiación.
“Vuelven a quedar expuestos ante la falta de resolución, por acción, omisión o negligencia del Poder Ejecutivo. Una ley votada por unanimidad y de forma transversal en el Congreso de la Nación termina convirtiéndose en un papel vacío. Ojalá lleguemos a los 20 años con la tranquilidad de que tenemos una prórroga que garantice la construcción de un espacio de memoria para que en Cromañón, donde hubo tanta muerte joven, donde quedamos a oscuras, pueda volver a entrar luz, se pueda honrar la vida. Para que eso suceda, el Estado nacional debe ser quien tenga las llaves del lugar”, agregó.
A la vez, las víctimas reclaman una modificación de la ley Nº4786 de la Legislatura porteña, tendiente a cambiar un paradigma. “Proponemos modificar el objeto de la ley, para dejar de hablar de una ‘asistencia integral’ y pasar a hablar de una ‘reparación integral’. Que deje de citarse Cromañón como una ‘tragedia’ y en consecuencia como algo inevitable, para nombrarlo como una ‘masacre’, un hecho evitable en el que la responsabilidad estatal ocupa un lugar central en la semántica de la palabra”, explicó Pappolla.
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Emotivo homenaje al personal del Garrahan en la cancha de River
Lo organizó el club de fútbol y participaron 150 empleados del hospital pediátrico
Luján Berardi
Los trabajadores dieron la vuelta al campo de juego
Una fecha típica de domingo se transformó en una jornada de homenaje. Ayer, en la previa al partido de River contra Barracas Central en el estadio Monumental, que tiene capacidad para más de 84.000 espectadores, el club de fútbol realizó un reconocimiento a uno de los centros de salud pediátricos más importantes del país: el Hospital Garrahan.
El evento se convirtió en otra oportunidad para que 150 trabajadores de la institución, entre médicos, técnicos, asistentes sociales y más, visibilizaran el reclamo por la recomposición de los ingresos que vienen impulsando desde hace varios meses ante el fuerte atraso salarial.
Ignacio Alonso, jefe de los consultorios prequirúrgicos, dialogó con en representación de la nacion todos los trabajadores. Contó que la idea original era realizar el evento el domingo 20 de octubre, Día del Pediatra, “en reconocimiento a la institución, que viene haciendo un laburazo: 12.000 cirugías por año, 100 trasplantes, 600.000 consultas en distintas especialidades que no se encuentran en otras instituciones del país en el sector público”.
“El homenaje es buenísimo, y lo agradecemos. Es un poco un mimo para los trabajadores de la salud en general. Nos ayuda a visibilizar lo que sentimos: que en el marco de un l aburo hiper especializado, con dedicación exclusiva, donde dedicamos inclusive tiempo extra, no hay un reconocimiento acorde a estas exigencias”, destacó.
De batas blancas y sosteniendo carteles con el nombre del hospital y la leyenda# Pone le garra al Garra han, los representantes del hospital dieron la vuelta al campo de juego mientras recibían la ovación del público. “El aplauso de la gente nos hace sentir escuchados, acompañados y reconocidos. Falta, pero está buenísimo poder hacerlo –comentó Alonso–. La posibilidad de visibilizar tanto lo que hace el hospital como las dificultades que atravesamos es superimportante y emocionante para nosotros”.
El homenaje, como se dijo, se da en un contexto de fuertes reclamos por los salarios y la pérdida de varios empleados, que empezaron a migrar al sector privado, donde duplican sus ingresos. Por ejemplo, en enfermería, medicina y farmacia los sueldos promedios que informaron en su momento rondan entre los $700.000 y $900.000. A esto se suma la decisión del ministro de Salud nacional, Mario Lugones, de relevar a los integrantes del Consejo de Administración del hospital luego de que estos otorgaran un bono complementario de $500.000 a todo el personal. Se trata de una suma no remunerativa proveniente de los recursos propios del establecimiento, según contaron. El centro de salud pediátrico, donde se desempeñan casi 4800 profesionales, depende en un 80% de la Nación y en un 20% de la Ciudad.
El viernes pasado, de hecho, hubo un paro de trabajadores. Las paritarias, explicó Alonso, son un tema complejo, ya que van de la mano con las del personal estatal y en el hospital no hay gremios propios. Este año, la pérdida adquisitiva viene siendo entre el 40% y el 50%, mientras que los dos aumentos que percibieron en los últimos meses fueron del 1% y 2%.
El mismo día, a través de un comunicado, el nuevo Consejo de Administración difundió el plan de acción presentado a las autoridades sanitarias “destinado a optimizar los recursos y mejorar la capacidad de la institución de cobrar las prestaciones que brinda al sector privado, con el objetivo de mejorar los ingresos del personal médico asistencial”, al detectar una falencia en el recupero de las prestaciones que brindan a pacientes con cobertura médica.
El Garrahan recibe pacientes de todo el país: “El 40% de los chicos con enfermedades oncológicas son atendidos en el hospital. Se trabaja ocho horas todos los días, hay personal de guardia, todo hace que las exigencias sean muy altas, con pacientes con condiciones crónicas y complejas. Hay que estar actualizados día a día. Requiere un nivel de formación y de carga horaria muy alto, pero no muy reconocido”, remarcó.
La próxima jornada de visibilización será el viernes 22 a las 19, con una marcha de antorchas en Callao y Corrientes, donde harán actividades de RCP para la comunidad.
Una fecha típica de domingo se transformó en una jornada de homenaje. Ayer, en la previa al partido de River contra Barracas Central en el estadio Monumental, que tiene capacidad para más de 84.000 espectadores, el club de fútbol realizó un reconocimiento a uno de los centros de salud pediátricos más importantes del país: el Hospital Garrahan.
El evento se convirtió en otra oportunidad para que 150 trabajadores de la institución, entre médicos, técnicos, asistentes sociales y más, visibilizaran el reclamo por la recomposición de los ingresos que vienen impulsando desde hace varios meses ante el fuerte atraso salarial.
Ignacio Alonso, jefe de los consultorios prequirúrgicos, dialogó con en representación de la nacion todos los trabajadores. Contó que la idea original era realizar el evento el domingo 20 de octubre, Día del Pediatra, “en reconocimiento a la institución, que viene haciendo un laburazo: 12.000 cirugías por año, 100 trasplantes, 600.000 consultas en distintas especialidades que no se encuentran en otras instituciones del país en el sector público”.
“El homenaje es buenísimo, y lo agradecemos. Es un poco un mimo para los trabajadores de la salud en general. Nos ayuda a visibilizar lo que sentimos: que en el marco de un l aburo hiper especializado, con dedicación exclusiva, donde dedicamos inclusive tiempo extra, no hay un reconocimiento acorde a estas exigencias”, destacó.
De batas blancas y sosteniendo carteles con el nombre del hospital y la leyenda# Pone le garra al Garra han, los representantes del hospital dieron la vuelta al campo de juego mientras recibían la ovación del público. “El aplauso de la gente nos hace sentir escuchados, acompañados y reconocidos. Falta, pero está buenísimo poder hacerlo –comentó Alonso–. La posibilidad de visibilizar tanto lo que hace el hospital como las dificultades que atravesamos es superimportante y emocionante para nosotros”.
El homenaje, como se dijo, se da en un contexto de fuertes reclamos por los salarios y la pérdida de varios empleados, que empezaron a migrar al sector privado, donde duplican sus ingresos. Por ejemplo, en enfermería, medicina y farmacia los sueldos promedios que informaron en su momento rondan entre los $700.000 y $900.000. A esto se suma la decisión del ministro de Salud nacional, Mario Lugones, de relevar a los integrantes del Consejo de Administración del hospital luego de que estos otorgaran un bono complementario de $500.000 a todo el personal. Se trata de una suma no remunerativa proveniente de los recursos propios del establecimiento, según contaron. El centro de salud pediátrico, donde se desempeñan casi 4800 profesionales, depende en un 80% de la Nación y en un 20% de la Ciudad.
El viernes pasado, de hecho, hubo un paro de trabajadores. Las paritarias, explicó Alonso, son un tema complejo, ya que van de la mano con las del personal estatal y en el hospital no hay gremios propios. Este año, la pérdida adquisitiva viene siendo entre el 40% y el 50%, mientras que los dos aumentos que percibieron en los últimos meses fueron del 1% y 2%.
El mismo día, a través de un comunicado, el nuevo Consejo de Administración difundió el plan de acción presentado a las autoridades sanitarias “destinado a optimizar los recursos y mejorar la capacidad de la institución de cobrar las prestaciones que brinda al sector privado, con el objetivo de mejorar los ingresos del personal médico asistencial”, al detectar una falencia en el recupero de las prestaciones que brindan a pacientes con cobertura médica.
El Garrahan recibe pacientes de todo el país: “El 40% de los chicos con enfermedades oncológicas son atendidos en el hospital. Se trabaja ocho horas todos los días, hay personal de guardia, todo hace que las exigencias sean muy altas, con pacientes con condiciones crónicas y complejas. Hay que estar actualizados día a día. Requiere un nivel de formación y de carga horaria muy alto, pero no muy reconocido”, remarcó.
La próxima jornada de visibilización será el viernes 22 a las 19, con una marcha de antorchas en Callao y Corrientes, donde harán actividades de RCP para la comunidad.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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