CONFUSIÓN Y EDITORIAL

Universidad y transparencia: soluciones lejos del humo y el eslogan
Confusión. El debate se ve nublado por la política; se trata de aplicar un marco científico a una institución icónica que debe evitar la discusión frívola y mezquina, y jamás impedir el libre intercambio de ideas
Sergio R. Palacios

Hasta aquí la confusión ha gobernado este debate. Mucho humo nublando las ideas. Mucha política limitada a eslóganes gastados. Pero lo que más afecta a la discusión pública es la desconfianza. Desde el “poder estatal” se ha creado un nuevo enemigo: la universidad pública. Se habla de corrupción, chorros, falta de transparencia de la universidad. Los acusadores son quienes quieren auditar a la par que dicen chorros a los futuros auditados. Se habla en forma generalizada. Una estrategia poco hábil si de generar confianza se trata.
Soy profesor universitario. Inicié mi carrera en 1988 en la cátedra en la que aún doy clases todos los lunes y miércoles en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. De 1988 a hoy, fuera de mi salario como docente en la UNLP, recibí cero pesos de su presupuesto. Pasé con éxito dos concursos y por eso soy profesor ordinario en una cátedra de Economía Política. Desde esos antecedentes opino. Un lugar muy lejano al interés corporativo o particular.
Mi planteo se centra en una posición científica aplicada a una institución icónica que debe evitar caer en el debate frívolo y mezquino, y jamás evitar o impedir el libre intercambio de ideas. La casa del conocimiento debe ser un templo de libertad y tolerancia. Por eso los buscas, oportunistas políticos y violentos deberían abstenerse de ensuciar el debate sobre la educación pública. ¿El problema es la transparencia? ¿La universidad debe rendir cuentas de lo que hace y cómo lo hace? Se pueden sintetizar en esos dos interrogantes las cuestiones debatidas.
La respuesta categórica es sí a ambos. Pero la solución o las respuestas eficientes a los problemas planteados están muy lejos de poder ver la luz, si es que el objetivo buscado es honrado y no una especulación política para apalear al flamante enemigo político. El gobierno libertario propone auditar a las universidades desde un “órgano estatal” por él controlado (la Sigen) cuando la ley en forma clara asigna el control externo de ellas a la “competencia directa e indelegable” de la Auditoría General de la Nación (art. 59 bis, ley 24.521). Para zanjar la cuestión de una forma positiva, imparcial y técnicamente acreditada, recordemos que existen herramientas probadas en todo el mundo para integrar las organizaciones a la sociedad y mostrar cómo, sin distinción de sector privado o público, ellas ejercen su “responsabilidad social” rindiendo cuentas de una forma técnicamente completa y bajo estándares incuestionables en su confiabilidad.
Hablamos de modos probados y eficientes de rendir cuentas apegados a métodos científicos alejados de la manipulación política. Toda acción humana, cuando consume o produce, genera riesgos e impactos diversos (ambientales, sociales, económicos). En el caso de las organizaciones, por sus dimensiones y actividades, el consumo de recursos escasos y sus impactos son mucho mayores. La idea que debe inspirarnos, en forma individual o agrupados en organizaciones, es minimizar o evitar los riesgos e impactos negativos y lograr extender los positivos, adoptando procedimientos que permitan una mejora continua.
Para este logro y en la evolución del principio de la responsabilidad social empresaria y de las organizaciones, en 1997 se fundó una ONG con actuación a escala planetaria: Global Reporting Initiative (GRI), inspirada luego del desastre ambiental provocado por el hundimiento del buque petrolero Exxon Valdez en las aguas de Prince William Sound en el Golfo de Alaska. Si bien existen muchas formas confiables de elaborar una memoria de sostenibilidad con toda la información que previamente se defina como relevante para los stakeholders (grupos de interés), como el caso de la norma ISO 26.000 (Guía de Responsabilidad Social), proponemos los estándares GRI por considerarlos una herramienta certificable y que es aplicada a los reportes de muchas universidades en el mundo a pesar de concebirse originariamente para el uso de empresas.
El consultor español José Luis Borrera resume que los estándares o marco GRI “consisten en una metodología para desarrollar, medir y estandarizar a nivel internacional, informes y memorias de sostenibilidad empresarial y crear reportes de información no financiera e informes integrados, de un modo transparente, voluntario, que permita rendir cuentas, tomar decisiones, cumplir normativa, y ponderar la evolución del cumplimiento, así como comparar con otras empresas para medir su éxito, mejorando su reputación y marca”.
Desde 2016, con una última actualización en 2023, los estándares GRI publican 4 series de estándares a ser usados en los reportes de las organizaciones: la serie 100, que versa sobre aspectos universales de las organizaciones involucrando temas como fundamentos de la organización, perfil de la organización, su estrategia y ética, gobernanza, participación de los grupos de interés, prácticas en elaboración de los informes, enfoques de gestión. La serie 200 sobre temas económicos y financieros: desempeño económico, presencia en el mercado, impactos económicos indirectos, prácticas de adquisición, anticorrupción, competencia desleal. La serie 300 sobre temas ambientales y sus impactos: materiales, energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes y residuos, cumplimiento ambiental, evaluación ambiental de proveedores. La serie 400 sobre temas laborales y sociales como empleo, relaciones entre trabajadores y empresa, salud y seguridad en el trabajo, formación y enseñanza, diversidad e igualdad de oportunidades, prácticas en materia de seguridad, derechos humanos, comunidades locales, evaluación social de los proveedores, salud y seguridad de los clientes.
La consultora AG Sustentable, tiene datos de 2024 que revelan que en nuestro país 340 empresas publican un reporte de sostenibilidad. Ente ellas aproximadamente el 70% utiliza los estándares GRI, sin distinción entre pymes y grandes corporaciones. La sostenibilidad es un paradigma donde las empresas asumen su responsabilidad ante la sociedad informando lo que hacen y cómo lo hacen, superando la idea que solo se es responsable ante los accionistas. Lo exige la sociedad y lo asumen las empresas como un salto de calidad. El detalle descripto de los distintos estándares ilustra el grado de profundidad de los temas acerca de los cuales se informa y rinden cuentas.
Es curioso que hoy, “desde el Estado”, se pretenda como solución que sea el “maldito Estado” quien audite, cuando la iniciativa privada tiene una forma acreditada de rendición de cuentas por demás completa, como detallan los estándares GRI mencionados. También resulta curioso que desde las principales universidades públicas no se haya reparado en la salida que aquí se propone: aplicar los estándares GRI como método de rendición de cuentas voluntario para luego certificarlo si se considerara necesario.
Muchas universidades del país, aun privadas, hacen informes de sostenibilidad incorporando los temas que consideran relevantes, pero desde el Congreso se podría dictar una ley, o desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) formar una comisión para que se acuerden estándares GRI que conformen las particularidades de una universidad como organización distinta a una empresa, e implementar los reportes de sostenibilidad como modo de rendición de cuentas a la sociedad y a los grupos de interés que se defina.
Hay muchos antecedentes en el mundo universitario y sería muy recomendable seguir el siguiente caso colaborativo: en “Adaptación de los estándares GRI y creación de indicadores de RSU: Un trabajo conjunto de la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra”, publicado en 2018, Roser Corretgé Bergua y Jordi Miret Martí, académicos de las dos universidades catalanas, relatan el trabajo conjunto para seleccionar estándares GRI que se adapten a la institución universitaria, y describen cómo ese procedimiento se está aplicando en la UE y en el sistema español de educación superior.
Basta ingresar en el portal de la Universidad de Barcelona y leer los muy completos reportes de sostenibilidad que se publican cada año.
La retórica vacía es un vicio argentino. Libertarios claman por más control estatal de las universidades. Sectores autorreferenciados como progresistas resisten el progreso y fingen demencia ante el paradigma de sostenibilidad, que exige reportar a la sociedad sobre sus acciones. Ojalá que, luego de estas líneas, de un lado y del otro, la vean.
Abogado; mg. en Economía Circular (Universidad de Burgos); decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad del Este.

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Las penurias del campo en La Pampa
Es llamativo que el gobernador pampeano insista en arengas que están lejos de comprender el papel fundamental de la principal actividad de su provincia
Desde hace cuatro años se dirime en La Pampa un conflicto entre la política y el campo sobre prácticas agronómicas que ha entrado, en principio, en zona de negociación. Debió esto haber ocurrido mucho antes y de manera más abierta, más ventilada, de la que se pretende resguardar en secreto inexplicable.
Hace cuatro años se dictó en la provincia la ley 3288, referida a la gestión integral de plaguicidas, pero en lugar de haber sido reglamentada dentro de los 120 días siguientes a su sanción, sigue en el limbo de una administración que demoró hasta aquí el cumplimiento de la subsiguiente sanción legal que correspondía. La ley, en sí misma, es de exorbitancia restrictiva para los productores y en línea con todos los excesos que aquí, como en otras partes del mundo, se han manifestado en las últimas décadas, a tenor de un falso progresismo que ha pretendido alterarlo todo en nombre, curiosamente, de valores que destruye; desde las cuestiones de género hasta la lógica interna y estructura gramatical de las lenguas que se hablan.
El gobernador peronista Sergio Ziliotto, a pesar de su condición de veterinario, ha sido visto con desconfianza por las fuerzas productivas del campo. Sus arengas kirchneristas han estado lejos de comprender el papel fundamental de la producción agropecuaria para el país y, en particular, para su propia provincia, que depende esencialmente de las actividades rurales. Ha dicho que la ley 3288 no se puede tocar, como si una ley no pudiera ser derogada o modificada por otra ulterior.
La Legislatura provincial está empatada entre la oposición y el oficialismo y, en última instancia, en una votación parecida a la de la famosa resolución 125 en 2008 en el Senado de la Nación, aquí definiría la situación la vicegobernadora.
La Nación, por intermedio de la vicepresidenta del INTA, María Giraudo, hizo saber su posición, coincidente con la mesa de entidades que viene luchando para evitar que más de 200.000 hectáreas activas sean condenadas a la improductividad y se pierda una facturación anual estimada en 276.000 millones de pesos. Tanto Carbap como la Federación Agraria Argentina, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina han hecho en la Mesa de Enlace pampeana aportes conceptuales en el sentido de que la ley cuestionada desconoce los avances tecnológicos disponibles para trabajar con buenas prácticas agrícolas.
Las restricciones sin suficientes evidencias científicas, como dijo Giraudo, no pueden regir a tontas ni locas, sobre todo cuando existen instituciones de la seriedad del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) que autorizan los agroquímicos según normas estrictas sobre uso y aplicación. No solo eso: deben ser las provincias y no las intendencias los actores que actúen en representación del interés general a fin de evitar un caos de reglas que se sumaría a las perturbaciones burocráticas que afectan, en otro orden, a usuarios de agroquímicos, técnicos, distribuidores, expendedores y aplicadores. Por ejemplo, lo lógico que es que las aplicaciones sore los cultivos se hagan con aviso previo e indicación suficiente de los insumos por utilizar, y no después de obtenerse una autorización expresa de la autoridad local, con el riesgo de demoras y trámites a veces poco transparentes que enervan el trabajo rural.
Confiemos en que el espacio de tregua abierto con participación de la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González, sea utilizado para llegar a la brevedad a un acuerdo de razonabilidad que evite al campo más daños de los que ya sufre. Entre otros motivos, por las exacciones fiscales incomparablemente mayores a las que afectan a cualquier otro sector de la economía nacional.
Confiemos en que el espacio de tregua abierto sea utilizado para llegar a un acuerdo de razonabilidad que evite al campo más daños de los que ya sufre. Entre otros motivos, por las exacciones fiscales mayores a las que afectan a cualquier otro sector....

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