CORRUPCIÓN KK Y LAS CONEXIONES CON LÁZARO BÁEZ

Vialidad: la Justicia confirmará la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner, quien apelará ante la Corte Suprema
La Casación ratificará el miércoles que cometió fraude con los negocios del Estado con Lázaro Báez; no quedará presa ni impedida de ser candidata, hasta que se pronuncie el máximo tribunal
Hernán Cappiello
Cristina Kirchner en Comodoro Py en 2020
La Cámara Federal de Casación Penal confirmará este miércoles la condena impuesta a Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción en el direccionamiento de obras públicas de Santa Cruz. La expresidenta ya decidió que va a recurrir ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no quedará firme aún.
“Vamos a apelar a la Corte”, dijo  un colaborador de Cristina Kirchner ante la inminencia del fallo, que incluso en el kirchnerismo dan por seguro que confirmará la condena que le impuso el Tribunal Oral Federal N° 2 el 6 de diciembre de 2022 por el delito de fraude contra la administración pública, como informó este diario en septiembre pasado.
EL candidato a presidente Sergio Tomás Massa, asiste al acto de la DAIA para dar el apoyo al estado de Israel tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, asisten también el embajador de Estados Unidos y el embajador de Israel.
Cristina Kirchner fue la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou en 2018 ya había dejado la función pública.
Aun con la condena confirmada por la Cámara de Casación, Cristina no irá presa, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
Y además, la que resolverá el caso de Cristina Kirchner no será esta Corte, con la actual integración, porque Juan Carlos Maqueda dejará el tribunal a fin de año.
Probablemente en el futuro próximo, a los tres jueces que quedarán (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se sumarán otros dos en los cargos que quedarán vacantes en el tribunal. Pueden ser el juez Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García Mansilla, u otros candidatos que envíe el Gobierno si es que sus pliegos no prosperan en el Senado.
Carlos Beraldi y su defendida Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad
Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que en esa circunstancia si la Corte se pronuncia en su contra, puede pedir cumplir la pena en su casa. Si prospera la ley de ficha limpia en el Congreso, con este fallo de Casación no podría ser candidata.
La decisión de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se conocerá el miércoles 13 de noviembre, en una audiencia oral y pública convocada en la planta baja de Comodoro Py 2002. Cristina Kirhner no tiene obligación de estar presente en el lugar. La policía sugirió usar esa sala por razones de seguridad: cuenta con un pasillo lateral para que acceden y se retiren los jueces.
Asimismo, el edificio de Comodoro Py 2002 tendrá un importante operativo de seguridad, ya que se aplicará un protocolo especial para estos casos importantes, máxime cuando el kirchnerismo convocó a una clase pública a realizarse esa mañana a las 9 en la puerta del edificio de Retiro. Invitaron a participar del acto a enviados del presidente de Brasil, Lula da Silva, que también se define como víctima del lawfare por su detención de casi dos años.
La convocatoria corrió por cuenta de Juan Grabois y del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y prometen denunciar el lawfare y explicar cómo operan ciertos mecanismos de supuesta persecución política y mediática, que a su juicio son los que determinaron la condena.
A las 11 está previsto que comience la audiencia que se transmitirá en directo por Youtube. El presidente de la Sala, Gustavo Hornos, leerá un texto que contiene las partes esenciales de la sentencia que firmará ese día con sus colegas Borinsky y Hornos. Tras la audiencia se confirmará electrónicamente.
El fallo tiene en total unas 1500 páginas, y consta de tres votos por separado de cada uno de los camaristas. No se leerá completo, sino que probablemente se lean los antecendentes, lo ocurrido en la audiencia oral de diciembre cuando se impusieron las condenas, lo ocurrido en las audiencias posteriores y se lea el veredicto final.
Habrá un análisis de las cuestiones procesales que motivan que los jueces rechacen los recursos, incluido el de la fiscalía, pero también un análisis de los hechos, de las pruebas, calificaciones legales y la extensión de las penas.
La postura de los jueces

En las deliberaciones para llegar a esta sentencia, que se iniciaron el 9 de mayo, antes de las vacaciones de invierno, cuando concluyeron una serie de audiencias orales con algunos acusados y sus defensores, hubo posturas divergentes entre los jueces.
Cristina Kirchner, en el centro, durante el juicio por la obra pública en Santa Cruz; adelante, Lázaro Báez y Julio De Vido
De hecho los plazos procesales en este caso están todos vencidos. Debieron pronunciarse 20 días hábiles después de las vacaciones de invierno, según los plazos del Código, pero eso no ocurrió. En la demora incidieron desacuerdos, licencias por viaje de los jueces y finalmente cuando crecían las especulaciones, que relacionaban los aplazos con la cobertura de las vacantes en la Corte, decidieron dar a conocer la sentencia en una audiencia oral, convocada para el miércoles, una decisión atípica reservada para casos especiales.
Según trascendió en fuentes de los tribunales, el fallo sería dividido por dos votos contra uno. No obstante, los camaristas rechazarán todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, cuando firmaron la sentencia el 6 de diciembre de 2022.
En el fallo hay posturas diferentes. El juez Gustavo Hornos, que preside la Sala IV en este caso y fue el primero en votar, se inclinó por endurecer la condena e incorporar al fraude contra el Estado, el delito de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani. Con este delito tanto Luciani como Villar reclamaron que la condena se eleve a 12 años de prisión.
Pero la posición de Hornos quedó solitaria. Los otros dos jueces que votan por separado son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Borinsky analizó en un momento reducir la condena tratándose de una persona primaria y sin antecedentes penales. Ya falló así en otros juicios como en el caso de la Ruta del dinero K, contra Lázaro Báez, y en una causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once, cuando le tocó votar como conjuez de la Corte Suprema.
El tercer juez a votar, Barroetaveña, mantendría las mismas penas que impuso el tribunal oral federal. Borinsky terminó por coincidir con su colega en esta posición.
Así las cosas, hoy en la Casación la decisión está tomada: se confirmará la sentencia por dos votos a uno, con la opinión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, con el voto de Hornos en disidencia, dijeron fuentes de los tribunales. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar, que se mantendrían todas como están.
El Código Procesal Penal refiere en el art. 458 inciso 2 que el fiscal puede apelar la sentencia condenatoria, “cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida”.
En este caso el fiscal de juicio, Diego Luciani, pidió 12 años y el tribunal oral impuso la condena de seis años, es decir que no es inferior a la mitad de lo pedido, sino justo la mitad. Este sería uno de los argumentos para rechazar el recurso de la fiscalía.
Hay otro asunto. Si la Casación cambia las penas, el caso debería ser revisado en un recurso de Casación horizontal por otra sala del mismo tribunal, lo que habilita el “efecto extensivo” del recurso que permite que los jueces alteren otras condenas y no solo las corregidas en un primer momento. Todo un escenario imprevisible. Ante esta situación, primó en la mayoría del tribuna la idea de dejar todo como está.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel, considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.
El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego. El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta.
El exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos por los que había sido acusado, y seguirá así. Héctor Garro, fue absuelto por el tribunal, pero fueron condenados los titulares durante tres gobiernos kirchneristas de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich 3 años y seis meses), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses), José Raúl Santibáñez (4 años) y Juan Carlos Villafañe (cinco años).
Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas, fue absuelto y seguirá así, al igual que Santiago Kirchner, primo de Néstor, que fue sobreseído.

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Las conexiones con Lázaro Báez que revisó la Casación
En esos contactos, que no siempre fueron directos, radica una de las claves de la sentencia; cesiones, alquileres y permutas

Federico González del Solar
“También quiero señalar: Lázaro Báez no es mi amigo ni socio comercial”, sostuvo Cristina Kirchner al declarar en la Justicia a fines de octubre de 2016. Repitió algo similar tres años después, en el juicio oral y público de la causa Vialidad, aunque sin negar ya los lazos comerciales que la unían con el empresario patagónico. “No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca”, afirmó frente al Tribunal Oral Federal N° 2.
En las pruebas que dan cuenta del vínculo entre ambos radica una de las claves de la revisión que la Cámara de Casación realiza sobre el fallo del TOF 2, que sentenció a Cristina Kirchner y a Báez a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
“Lo relevante aquí es determinar si existía una relación entre la primera mandataria y el empresario susceptible de anteponerse […] por sobre el interés público”, se indica en el fallo del tribunal. Por fuera de los contactos indirectos y las alusiones que allegados y funcionarios hacen de ambos, existen documentos que dan cuenta de numerosas conexiones comerciales: cesiones de terrenos, préstamos, compraventa de propiedades, constitución de fideicomisos y contratos de locación y explotación de sociedades a su nombre.
Aunque en ocasiones mediado por personas, sociedades o instrumentos legales, el vínculo comercial entre Báez y Cristina está probado por la Justicia, al menos, en la sentencia que moldearon los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. “El volumen de la evidencia a ese respecto es realmente inmenso y lo cierto es que la existencia de aquellos negocios como tales no fue controvertida por ninguna de las defensas”, sostiene el fallo de diciembre de 2022.
En junio de 2005 se registra el primer contacto entre ambos, aunque como en la mayoría de los casos, es indirecto. Se trata de la constitución de un fideicomiso para la construcción de 10 unidades funcionales. Finalizada la obra, las unidades se dividirían en partes iguales: cinco para Néstor Kirchner y cinco para Austral Construcciones SA. En esta operación, la expresidenta solo prestó asentimiento conyugal.
En septiembre de 2006, durante el mandato de Néstor Kirchner, Cristina le cedió a Austral Construcciones –la empresa insignia de Báez– los derechos de un lote de aproximadamente 6000 metros cuadrados en la ciudad de Río Gallegos. Los firmantes de aquel acto fueron Máximo Kirchner –que haría de representante legal de su madre en muchos de ellos– y Fernando Butti, contador del conglomerado empresarial que forjó Báez.
Con Máximo y Butti como representantes, en febrero de 2007 Cristina y Néstor Kirchner realizaron un contrato de permuta con la empresa de Báez. Austral le entregó a Cristina un inmueble de la ciudad de El Calafate y ella –en ese entonces senadora– se comprometió a entregarle el 50% de otro inmueble, ubicado en la misma ciudad. Se concretó en julio de 2008 y la firma de Báez estuvo representada por su hijo Martín Báez.
Un mes antes, el matrimonio Kirchner y el empresario realizaron otras tres operaciones, aunque solo una la involucró exclusivamente a ella: el 19 de junio le vendió a Austral –esta vez representada directamente por Lázaro Báez– un lote de 220 metros en la ciudad en Río Gallegos por el monto de 317.000 pesos. Por el mismo monto, Néstor Kirchner le vendió otros dos inmuebles a la empresa.
Al día siguiente se registró otro movimiento inmobiliario: un boleto de compra venta entre Néstor Kirchner y Báez por la parcela, sin la participación directa de Cristina, aunque en su posterior formalización, en junio de 2009, la expresidenta figura junto a Néstor Kirchner como vendedora. Báez le entregó al matrimonio $1.331.400 en solo dos días de transferencias.
Lo mismo sucedió un mes después, con otras dos operaciones –venta y cesión de lotes– entre Néstor Kirchner y Martín Báez, en cuya operatoria Cristina Kirchner figura solo a través del asentimiento conyugal. La primera fue en marzo, por $381.600, y la segunda en agosto de 2008, cuando el expresidente, siempre a través de su hijo Máximo, acordó con Butti la venta de otro lote en la capital santacruceña por $349.800, que se concretaría en abril de 2009 con Martín Báez como apoderado de Austral Construcciones, operación de la cual Cristina Kirchner solo participó indirectamente, al igual que en otras oportunidades.
En diciembre de 2008, Néstor Kirchner concretó otra venta con Austral, pactada en agosto. Fue un lote que cambió por poco más de 1,2 millones de pesos. Máximo Kirchner representó a su padre y brindó el asentimiento conyugal de parte de su madre.
En cambio, Cristina participó de la venta de una parcela en Río Gallegos, vendida por el matrimonio a la empresa de Báez en junio de 2009, por 380.000 pesos. Máximo fue el representante de ambos y por la empresa constructora puso la firma Martín Báez.
En agosto de 2008, por intermedio de Máximo, su padre le vendió a Epelco, otra de las empresas pertenecientes a Báez, una propiedad por más de 3 millones de pesos. Nuevamente, Cristina tuvo una participación indirecta en la venta. Ninguno de estos movimientos fue negado por los abogados de la exvicepresidenta.
Hoteles familiares
Los contactos entre Cristina y las empresas constructoras de Báez se dieron también a través de las sociedades familiares de los Kirchner. En noviembre de 2008, la entonces presidenta le cedió a Los Sauces, empresa que fundó junto a Néstor y Máximo Kirchner, un terreno en Río Gallegos, valuado en 13.500 pesos, sobre el cual se encontraba construyendo un edificio de cuatro departamentos una de las firmas de Báez. En diciembre, el edificio fue entregado en locación a Kank y Costilla –otra firma del empresario–, y Los Sauces le facturó un total de 1.652.422 de pesos entre enero de 2009 y octubre de 2015.
La operación se repitió en noviembre de 2008, pero fue Néstor quien le cedió a Los Sauces este otro lote, donde también se encontraba construyendo una empresa de Báez. Austral Construcciones terminaría alquilando los departamentos.
A través de Los Sauces, los Kirchner también le comprarían a Austral Construcciones en junio de 2010 un terreno de 1250 metros por el valor de 97.000 dólares. Máximo y Martín Báez aportaron sus firmas para este nuevo intercambio.
Por fuera de las operaciones inmobiliarias existen distintas transferencias, más cuantiosas, entre las empresas de ambas partes. Entre 2009 y 2016, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones –todas de Báez– realizaron numerosos pagos a la firma Los Sauces. “Carecemos de elementos para brindar mayores explicaciones en relación a ese flujo de dinero”, sostiene el fallo del TOF 2.
Alquileres en dólares
En el expediente existe un tercer cuerpo de contratos que vincula a Cristina con Báez. Son aquellos por cuales el empresario patagónico –fundamentalmente a través de la empresa Valle Mitre– se hace cargo de la locación de la hostería Las Dunas –de Néstor Kirchner–; del hotel Alto Calafate, perteneciente a la firma Hotesur SA, y La Aldea Chaltén, de la empresa Los Sauces. Son hoteles cuyas acciones, tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, quedaron en manos de Cristina y sus hijos.
En noviembre de 2008, Valle Mitre se hizo cargo durante un año de la locación y explotación comercial de Hotesur, por un canon mensual de 120.000 dólares.
“El 17 de mayo de 2011 ambas firmas formalizaron nuevamente el acuerdo de locación por el hotel Alto Calafate por un plazo de doce meses y un valor de $408.000 mensuales. Nuevamente, la continuidad de los pagos indica que el acuerdo se prorrogó al menos tácitamente”, señala el fallo que fue puesto a revisión de la Cámara de Casación.
Entre 2008 y 2013, Valle Mitre le pagó a Hotesur un total de $2.859.7624, según un peritaje que cruzó la totalidad de las facturas emitidas por la firma hotelera, movimientos que representaron pérdidas para la empresa.
Algo similar ocurrió con la hostería Las Dunas, adquirida por Néstor en 2008, y cuya explotación y locación fue concedida de manera retroactiva a Kank y Costilla SA al 1 de junio de aquel año por un total de 10.000 dólares mensuales. A partir de marzo de 2009, Néstor Kirchner comenzó a alquilarle directamente a Austral el hotel.
Tras su fallecimiento, Máximo Kirchner se encargó de renovar el contrato. “El 17 de mayo de 2011, en representación de su madre y su hermana prorrogó la locación con Valle Mitre SA por el término de un año contado retroactivamente desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 28 de febrero de 2012”, se lee en la sentencia, cuya instrucción estuvo en manos de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
El último pago registrado fue en mayo de 2013, en coincidencia con la emisión del informe “La ruta del dinero K”, del programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, que hizo público parte del entramado.
Por su parte, la sociedad Los Sauces firmó un contrato con Valle Mitre en mayo de 2009, con un canon que osciló entre los 10.000 y 15.000 dólares mensuales. “Los Sauces SA se hizo de US$150.000 en el término de un año, lo que da cuenta de la conveniencia del negocio celebrado con Báez a la luz del monto de la inversión realizada en la compra del hotel (US$200.000)”, se indica en la causa puesta a revisión.

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