ESTILO Y EDITORIAL

Sin enojos no hay Milei
Francisco Olivera
Tan resistido en la oposición y en la política clásica, el estilo del Presidente se consolida como modo de gobernar; será difícil convencer a su entorno de que obtendría los mismos resultados con un tono más amable: la herramienta es similar a la de Kirchner
Tan resistido en la oposición y en foros de la política clásica, el estilo de Javier Milei se ha terminado de consolidar como modo de gobernar. Será difícil convencer a Santiago Caputo de que el Presidente obtendría los mismos resultados con un tono más amable porque la herramienta es en ese sentido, guste o no, bastante similar a la de Néstor Kirchner, que también llegó al poder con una debilidad de origen: golpear y negociar. Como si, consciente de su condición minoritaria en ambas cámaras del Congreso, el jefe del Estado hubiera resuelto ganar fortaleza a partir de la sobreactuación.
Es un método eficaz. La semana pasada, durante un encuentro que reunía a la mayoría de los gobernadores, y cuando estaban a punto de ponerse de acuerdo en cinco puntos que le exigirían al Poder Ejecutivo a cambio de aprobar la ley de presupuesto, apareció por sorpresa la objeción de Alberto Weretilneck. “Yo no me quiero pelear”, planteó el de Río Negro, y a esa primera defección se sumaron varias. Lo que vino después ya se sabe: se cayó el miércoles también la reunión de comisión para emitir dictamen y es muy probable que la ley de leyes no se apruebe. En la Casa Rosada no lo lamentan tanto: tendrán mayor discrecionalida
Milei al 100%. En las provincias se quejan de que el Presidente no negocia, pero asumen que tampoco hay condiciones para enfrentarlo porque tiene el respaldo de gran parte de la sociedad. “Nadie se separa en la luna de miel: por amor, por esperanza o por vergüenza”, dijo a un gobernador. La tranquilidad cambiaria, la caída en el riesgo país y la desaceleración de la inflación parecen haber confirmado al Gobierno en su espíritu confrontativo. Y no solo frente a la oposición, sino en las relaciones con todo el establishment. “Si los medios critican quiere decir que está bien”, es la consigna que repiten ante algunas disidencias. Pero esa política de disrupción dificulta también el entendimiento con un socio necesario, Pro, donde no todos advierten que las diferencias son acaso más profundas de lo que a simple vista parecen. Quienes hacen política con Milei están convencidos de que, en el fondo, él y Macri entienden la administración desde perspectivas no siempre compatibles: el líder de Pro, ingeniero, quisiera ver funcionando todas las áreas de la Argentina de la manera más eficiente, y el libertario, en cambio, se conforma apenas con retirar al Estado de la mayor cantidad de rincones.
Es una diferencia de cosmovisión. Hasta la valoración que ambos hacen de ciertos hechos políticos parte a veces de lógicas opuestas. Ya se notaba en la campaña electoral. Al día siguiente del debate presidencial previo al balotaje, por ejemplo, Macri llamó compungido a Santiago Caputo por lo que entendía había sido una verdadera paliza de Massa a Milei: “Perdimos”, le dijo. En el Gobierno suelen citar el episodio para explicar que analizan con criterios muy distintos.
Es imposible que estos desencuentros no dificulten también parte del armado electoral para 2025. Más que una victoria sobre el kirchnerismo o las posturas populistas, que es lo que miran los macristas para que vuelva la inversión, al Gobierno le preocupa sumar legisladores para obtener lo que le falta, que es un volumen parlamentario que le permita hacer reformas. Y eso no es igual en cada distrito. En la Capital Federal, por ejemplo, la decisión será ir separados de Pro para intentar evitar que el espacio de Leandro Santoro meta un senador. En el conurbano, en cambio, donde Cristina Kirchner es más fuerte, tal vez sea necesario un triunfo de carácter más simbólico e intenten una alianza.
El Gobierno está convencido de que la emergencia obliga a centrarse en unas pocas cuestiones, como la inflación, la inseguridad y los cortes de calles, y que todo lo demás lo distrae
Pero necesitan entenderse con Macri y eso no parece sencillo. Incluso es probable que, si la estrategia electoral diera resultado y si Milei tuviera además éxito económico, algunos de sus rasgos más resistidos en espacios aliados tiendan a acrecentarse. Ya está claro que hay preocupaciones, como el futuro institucional, que Pro y La Libertad Avanza no comparten con la misma intensidad. Más aún, el Gobierno está convencido de que la emergencia obliga a centrarse en unas pocas cuestiones, como la inflación, la inseguridad y los cortes de calles, y que todo lo demás lo distrae de resolverlas. Las encuestas parecen estar sugiriendo que al menos una buena parte de la sociedad acompaña ese orden de prioridades. Hay un ejemplo reciente. La Casa Rosada acaba de hacer un sondeo en el que preguntaba a los consultados a quién preferían como ministro de la Corte Suprema y, en la terna, consignaba a estos candidatos: Ariel Lijo, Manuel GarcíaMansilla y uno de nombre inventado, “Juan López”. Los tres recabaron las mismas adhesiones.
El foco de Milei está puesto en consolidar el círculo virtuoso económico, que prevé apuntalar con reformas de fondo. Es también lo que pide la mayoría de los empresarios. El martes, en junta de la Unión Industrial Argentina, textiles y metalúrgicos iniciaron un reclamo que horas después se transformó en un comunicado general de todos los sectores: intuyen que viene un nuevo orden económico y esperan que el Gobierno los ayude a no perder competitividad. La principal dificultad hasta septiembre, pagar salarios, parece haber quedado atrás, pero les preocupa ahora cómo sobrevivir en un modelo de mayor apertura comercial. A algunos funcionarios el planteo les saca una sonrisa. Pero todos admiten la necesidad de una segunda etapa de reformas, la más difícil, para la que deberán contar con mayor volumen legislativo. Un cambio en el régimen impositivo, por ejemplo, que la Casa Rosada espera reducir a no más de 6 tributos nacionales de los actuales 50, y nuevas condiciones laborales y previsionales.
Son objetivos ambiciosos, solo posibles en la medida en que no aparezcan imponderables que los derriben. Hay áreas del Estado que asoman como riesgo permanente y en las que, mientras no se pueda privatizar, la idea de retirar al Estado jugará en contra. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. O los trenes, tan ausentes de las prioridades del Poder Ejecutivo que hasta se olvidó de incluirlos en el proyecto de presupuesto. Hasta ahora no apareció ni un peso de la “emergencia ferroviaria” a la que obligó el accidente del 10 de mayo.
Habrá que depender de la suerte o la Providencia. Pero es difícil imaginar de Milei otro interés que no sea el pase a manos privadas. ¿Y quién querrá invertir en servicios que tienen no solo gremios y convenios colectivos imposibles para cualquier inversor, sino tarifas irrisorias? Lo de los trenes es todavía peor porque, a diferencia de los vuelos, no se pueden apuntalar con nueva competencia. El Gobierno apartó ya a varios funcionarios que venían de la gestión anterior, la mayoría cercanos al Frente Renovador, pero el elenco de ese espacio parece inagotable. ¿Hay real voluntad de renovación? Desplazado definitivamente Fabián Carballo, empresario omnipresente de los andenes, apareció ahora otro massista, José María Paesani, exgerente administrativo de la empresa, que estuvo con Massa en la Anses, en Tigre y en la Jefatura de Gabinete y a quien se le encargó ordenar la gestión sin ningún cargo. ¿Podrá? Son dependencias en las que, como en la ex-AFIP, el Gobierno ha decidido aferrarse o convivir con estructuras de poder existentes y a las que el estilo confrontativo no llega. Al contrario: ahí todo se hace en voz baja.

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¿Otro triunfo de la impunidad?
Ni el Ministerio Público Fiscal ni la UIF apelaron polémicos sobreseimientos por los turbios negocios entre el clan Levy y el régimen de Venezuela
La trama de negocios que unió a la Argentina con Venezuela durante los críticos años del kirchnerismo estuvo signada por la corrupción. Valijas voladoras, fideicomiso bilateral, embajada paralela, opacidad informativa, boliburguesía y empresarios K fueron ejes recurrentes en aquel trasiego pornográfico que medió entre Buenos Aires y Caracas.
Ahora, sin embargo, uno de los capítulos más indignantes de aquella relación bilateral quedó impune. Aludimos a los negocios que el llamado “clan Levy” tejió con funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de la mano del entonces ministro Julio De Vido y de su alfil para Caracas, José María Olazagasti.
Recordemos: el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky instruyó durante más de siete años una investigación sobre Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, tres hermanos que cobraron más de 282 millones de dólares del fideicomiso bilateral, tras venderle productos a Venezuela a precios que superaron los de mercado entre un 47 y un 441 por ciento, para luego girar esos fondos a un complejísimo entramado de decenas de sociedades y cuentas offshore. Dos veces los procesó el juez por el presunto lavado de cientos de millones de dólares y dos veces la cámara del fuero revocó su decisión.
En su extensa resolución, Aguinksy también había decretado los procesamientos de varios colaboradores de los Levy y dispuesto embargos multimillonarios contra todos ellos, además de avanzar sobre la eventual responsabilidad penal de cuatro empresas del clan: Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Pero los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron esa resolución. Concluyeron que no se constató la existencia de sobreprecios ni que los Levy hubieran perjudicado a los gobiernos de la Argentina o Venezuela, o que hubieran protagonizado maniobras para lavar activos ilícitos, más allá de que regularizaron activos durante el blanqueo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido, los citados camaristas remarcaron que no debía “confundirse sobrefacturación (facturación en exceso respecto de lo en realidad correspondiente) con precios eventualmente altos en la compra”, como los que se verificaron en las exportaciones de los Levy a Venezuela. “No cabría sostener que hay una ‘sobrevaluación’, sino que, en todo caso, se trataría de precios de la mercadería apreciados como elevados”, estimaron.
Apoyado en documentación contable, bancaria y societaria local y del exterior, además de documentos internos del grupo Levy, el juez Aguinsky había arribado a otras conclusiones. Había estimado que existían pruebas sobre una presunta trama de corrupción bilateral con varias etapas. La primera, una supuesta defraudación al Estado venezolano; la segunda, el cobro de cientos de millones de dólares, y la tercera, la canalización de esos fondos a través de paraísos fiscales para ocultarlos, ya fuera para evadir fondos o para el pago de retornos a funcionarios.
Los procesamientos de Aguinsky no constituyeron el primer contratiempo de los Levy en los tribunales argentinos o en el circuito financiero local e internacional. Como informó oportunamente la nacion, durante la última década acumularon sospechas de al menos tres jueces de dos fueros distintos, de dos cámaras de apelaciones, de dos veedores judiciales, de dos fiscales y de los bancos Galicia, BBVA y Citibank –que cerraron sus cuentas y al menos los primeros enviaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la unidad antilavado local (UIF)–, en tanto que el FPB Bank de Panamá inició una investigación por presunto lavado.
Los contratiempos se agudizaron para los Levy, en particular, durante el breve período en que se pelearon entre sí y sacaron sus trapitos al sol. Dejaron incluso constancias por escrito sobre el “pago de reintegros y comisiones indebidas”. Esto es, coimas a funcionarios argentinos y venezolanos, algo que luego negaron, al igual que intentaron desligarse de todo vínculo con De Vido y su ladero Olazagasti.
Todo eso, y más también, sin embargo, no influyó en la decisión de los camaristas Hornos y Robiglio, que revocaron sus procesamientos, forzando al juez Aguinsky a disponer los sobreseimientos de todos los acusados y a extender un manto de oprobio sobre aquellas operaciones comerciales que esquilmaron las cuentas públicas venezolanas y argentinas.
En ese contexto, solo cabía esperar que el Ministerio Público Fiscal o la Unidad de Información Financiera (UIF) acudieran a la Cámara Federal de Casación Penal para que la máxima instancia penal del país tuviera la oportunidad de fijar las pautas que hubieran permitido, de una vez por todas, avanzar sobre los imputados. Pero no ocurrió. A último momento decidieron no apelar y quedaron firmes los sobreseimientos del clan Levy.
El derrotero de este expediente penal deja en evidencia, con patética claridad, las dificultades que afrontan los investigadores judiciales cuando quieren honrar sus cargos. Dificultades derivadas de la burocracia, de la desidia o, en muchas ocasiones, de las complicidades con el poder de turno. Como resultado, esta vez ganó la impunidad.

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