LA PUJA POR LOS RECURSOS

Corre riesgo el presupuesto por la tensión con los aliados
El Gobierno se muestra inflexible a los pedidos de fondos.
Laura Serra
En su pico de euforia tras encontrarse con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y coronar una de sus mejores semanas en lo que va de su gestión, Javier Milei enfrenta ahora el desafío de los gobernadores por el presupuesto 2025.
Indignados por el ninguneo del ministro de Economía, Luis Caputo, los mandatarios provinciales de Pro y la UCR advirtieron que si el Gobierno no quiere negociar modificaciones no avalarán el proyecto oficialista e instruyeron a sus diputados para que, junto al bloque Encuentro Federal –que comanda Miguel Pichetto–, elaboren un texto alternativo.
Los diez gobernadores aliados demandan que la Nación coparticipe recursos tributarios que, insisten, corresponden a las provincias, pero que el Gobierno no reparte. Advierten, además, que el Gobierno tampoco atiende las deudas con aquellas cajas previsionales no transferidas a la Anses, lo que acrecienta el agujero fiscal en esas provincias.
La respuesta desde el Ministerio de Economía fue lacónica: no abrirá la billetera del gasto ni ampliará el reparto tributario mientras los gobernadores no acepten discutir, en paralelo, sus deudas con la Nación.
“Si accedemos a coparticipar más impuestos, el principal beneficiado va a ser (Axel) Kicillof”, azuzan desde la Casa Rosada para desalentar las demandas de sus “aliados” frente a un adversario común, el gobernador de Buenos Aires.
Los negociadores de la Casa Rosada se muestran inflexibles. “Se vota este presupuesto o no se vota nada”, desafían. Los tiempos parlamentarios juegan a su favor: a fin de mes finaliza el período de sesiones ordinarias y ya avisó que si la oposición no acompaña su proyecto, prorrogará –por segunda vez consecutiva– el presupuesto vigente y, como hizo este año, manejará el gasto a su antojo. Una medida que, incluso, entusiasma a los libertarios con pocos pruritos institucionales.
“La verdad que el Gobierno no está preocupado porque tenga que aprobarse un presupuesto, aunque debiera aprobarse porque constitucionalmente es lo que corresponde. Pero si no (se aprueba), estamos dispuestos a manejarnos con una prórroga sin ningún problema”, ratificó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Insertos en un juego de presiones mutuas, el gobierno nacional y los mandatarios provinciales aliados tiran de la cuerda: habrá que ver quién cede primero. Los gobernadores necesitan que el Congreso sancione en tiempo y forma el presupuesto para garantizarse los recursos el año próximo y evitar que Milei les recorte partidas a discreción, como hizo este año. Por eso quieren forzar una negociación y hacer valer sus votos en Diputados.
“No tener ley de presupuesto les puede costar caro en su reputación ante los mercados”, azuzan. Los oficialistas, empero, no se inmutan. De mantener la intransigencia, la última bala la podrían usar el jueves próximo, cuando la oposición volvería a la carga con una nueva sesión especial para rechazar el DNU 846/2024, clave para la ingeniería financiera de Caputo: sin este decreto, el ministro no tendrá las manos libres para realizar canjes de deuda en moneda extranjera el año próximo, pues volverá a estar sujeto a la autorización del Congreso.
La ofensiva de los gobernadores aliados comenzó a tramarse el jueves pasado; ya entonces Caputo había avisado que no cedería a los pedidos de las provincias. En frenéticas reuniones por Zoom, las instrucciones a los jefes de bloque Cristian Ritondo (Pro) y Rodrigo de Loredo (UCR) fueron claras: romper filas con el oficialismo si no hay acuerdo hasta el martes. De las reuniones participó Pichetto. Macri dio su aval.
“Nos están tomando de estúpidos: nosotros los apoyamos en el Congreso y después ellos privilegian a los peronistas. Creen que porque somos dialoguistas estamos obligados a apoyar todos sus proyectos y se niegan a negociar”, despotrica un gobernador de indudable cercanía a la Casa Rosada mientras muestra, ofuscado, el último reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias: Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Cruz lideran el ranking.
“La Nación nos transfirió servicios de los que ahora no se hace cargo, como el transporte y la educación, también la obra pública –agrega el mandatario–. No solo no transfiere los fondos, sino que, además, se apropia de recursos que son de las provincias. Llegó la hora de pelear por nuestra independencia económica”.
Ver para creer, deslizan, escépticos, los opositores más críticos.
“Tantas veces los gobernadores amenazaron con retobarse y nos usaron a nosotros como carne de cañón para presionar en el Congreso –reprochan desde el bloque que comanda Pichetto–. Después acuerdan por migajas para sus provincias, se muestran como la oposición racional y nosotros quedamos como ‘los policías malos’ que jugamos con el kirchnerismo”.
El bloque Encuentro Federal presentó, hace dos semanas, un proyecto alternativo al presupuesto que envió Milei al Congreso. En tándem con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el diputado Nicolás Massot –la pluma del proyecto– incluyó las demandas de los mandatarios provinciales de la UCR y Pro. Pero fue más allá e incorporó, también, una ampliación de partidas para jubilados y universidades, a ser financiadas con una reducción de los gastos tributarios para mantener la regla del déficit cero.
Los gobernadores no quieren ir tan lejos. Saben que Milei vetará cualquier aumento del gasto y, encima, les achacará el mote de “degenerados fiscales” frente a una opinión pública que lo aplaude. Prefieren focalizarse en demandas que ellos consideran “razonables” porque, sostienen, son fondos que corresponden a las provincias.
Además del financiamiento a las cajas previsionales, los gobernadores pretenden que la Nación elimine las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, que están dirigidas a obras públicas y transporte; aducen que estos fondos están subejecutados y reclaman que vuelvan a las provincias

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La Casa Rosada suma presión a la oposición en la recta final del Congreso y amenaza con no convocar a extraordinarias
En Balcarce 50 advierten que podrían eludir el debate en diciembre; está en riesgo el presupuesto 2025; los negociadores parlamentarios son menos intransigentes; la agenda de temas que quiere impulsar el Poder Ejecutivo
Maia Jastreblansky
El presidente Javier Milei
Envalentonada con la coyuntura, la Casa Rosada decidió redoblar la apuesta, de cara a las últimas dos semanas de actividad en el Congreso. En la mesa chica de Javier Milei comenzaron a advertir que no está contemplado convocar a sesiones extraordinarias, que no pretenden sumar tiempo complementario en diciembre para que se sancione la ley de presupuesto 2025.
La amenaza oficial busca, en rigor, presionar a la oposición. “Todo lo que necesitamos lo podemos resolver sin el Congreso”, soltaron en las últimas horas muy cerca de Milei. Si el Gobierno no prorroga las sesiones ordinarias los primeros días de diciembre o no convoca a extraordinarias (con un temario definido por el Poder Ejecutivo), el presupuesto 2025 no será sancionado. Los tiempos materiales difícilmente alcancen, cuando la ley de leyes todavía no obtuvo ni siquiera dictamen de comisión en Diputados.
Los negociadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, sin embargo, son menos intransigentes que el primer anillo presidencial. “Estamos trabajando para que haya presupuesto”, dijeron en el oficialismo en Diputados, a contramano de las voces de Balcarce 50. La expectativa está puesta en la reunión de la comisión de Presupuesto convocada para el martes (el 20 de noviembre es el último día para dictaminar en la Cámara baja). “La idea es que sí haya ley, para eso hubo 30 horas de sesiones informativas”, aseguraron cerca de José Luis Espert (LLA), titular de la comisión.
La “ley de leyes” no es el único tema que está pendiente de acá a fin de año. La Libertad Avanza y Pro consensuaron un temario para una sesión especial para el miércoles, en la que quieren tratar el proyecto de “ficha limpia”, la iniciativa que modifica el Código Penal en materia de reincidencia, y el proyecto de voto en el exterior.
El Gobierno, por su parte, sumó complejidad a la incertidumbre general al presentar un nuevo proyecto de reforma política, al filo del año electoral.  la iniciativa (redactada por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, y presentada el viernes en la Casa Rosada), propone la eliminación de las PASO; la modificación del régimen de financiamiento electoral (se elimina el aporte del Estado para campañas y se suprimen los topes de los aportes privados); la suspensión de la elección de legisladores del Parlasur y la modificación del régimen de partidos políticos para evitar la proliferación de “sellos de goma”.
Nadie piensa que pueda ser tratado en el tiempo de descuento de este año. “Que se trate en 2025 para 2025″, soltó un ladero de Milei, convencido de que se puede vulnerar la regla no escrita que indica que las pautas electorales no se modifican en años impares.
Hay un tema más que es de sumo interés para la Casa Rosada: los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. El Gobierno había prometido enviar esta semana los pliegos de 150 jueces federales al Senado mientras mantenía abierta la ventanilla con gobernadores y jefes políticos con incidencia en los bloques de la Cámara alta (como Cristina Kirchner) para negociar nombres de magistrados federales a cambio de apoyos para García-Mansilla, el candidato que suscita menor consenso de los dos.
Sin embargo, hasta ahora no remitió ningún pliego al Senado. Nadie descarta de plano que asome un pacto de último minuto con el Instituto Patria luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara la pena a Cristina en la causa Vialidad y dejara su suerte atada a la decisión de la Corte. El senador Eduardo “Wado” De Pedro, principal espada de la expresidenta en cuestiones tribunalicias, dijo esta semana en El Destape Radio que “hay una negociación abierta por los candidatos a la Corte”.
Una vez más, si el Gobierno no convoca a extraordinarias -como promete- irá por la vía de nombrar a Lijo y a García-Mansilla en comisión por un año, vía decreto, con el mismo recurso que utilizó Mauricio Macri en 2016.
Dudas por el presupuesto
El Gobierno se endurece en el Congreso pese a que está latente la amenaza de que se trate el proyecto opositor que busca acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La primera sesión para tratar el tema se cayó por falta de quórum y en Balcarce 50 dieron por superado el riesgo. Pero hay una nueva sesión pedida para el jueves próximo que podría retomar el tratamiento de la iniciativa para limitar el poder del Presidente.
Las negociaciones por el presupuesto, en tanto, se empantanaron en las últimas horas. El ministro de Economía, Luis Caputo, le hizo saber a Pro que no está dispuesto a ceder en los pedidos que hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Sigue habiendo un ida y vuelta con los funcionarios de Economía. Pero las señales que dan indican que no van a aceptar los pedidos de los gobernadores aliados. Por ahora viene mal esto”, dijeron cerca de un mandatario de Pro.
Los mandatarios de Pro y la UCR piden que la Nación coparticipe nuevos recursos tributarios como el impuesto a los combustibles; el financiamiento de las 13 cajas provinciales previsionales no transferidas; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
Un negociador de Diputados se resignó: “El martes en la comisión de Presupuesto se va a saber realmente cómo viene la mano”. Otro colaborador del oficialismo en el Senado apuntó: “Quizás en la Casa Rosada creen que siendo amigos de Donald Trump y Elon Musk vamos a dar previsibilidad al mundo y garantizar inversiones. Entonces, no necesitamos el presupuesto”.

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“Hay que fijar un límite”: la reacción de las provincias
Se mantienen firmes en sus reclamos, pero hay dudas sobre la estrategia a seguir

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Con el tiempo jugándoles en contra, los gobernadores redoblan la presión sobre el presidente Javier Milei para que atienda sus reclamos y se incluyan las respuestas en el proyecto de presupuesto 2025. Hace meses que vienen demorando la decisión de “plantarse” para que la Casa Rosada les dé respuestas positivas, pero no encuentran la estrategia sin un alto costo político. Apuestan a tener un dictamen propio para el presupuesto de Pro, UCR y Encuentro Federal. Hasta hoy es el clima que impera, pero nadie –en función de las experiencias acumuladas– se anima a asegurarlo.
Mandatarios de Pro sostienen que esta vez Mauricio Macri “habilitó” a que si no se atiende el pedido de sus gobernadores, no se acompañe a La Libertad Avanza con el presupuesto. “Llegó el momento de ponerse de pie”, repiten. No es la primera vez que lo dicen pero, llegado el momento, algunos se desmarcan y el oficialismo se impone.
En ese punto, enfatizan que hay que “mirar” a “otros dialoguistas” que “arreglan por su lado”. La referencia es a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqua (Misiones), e incluso al santiagueño Gerardo Zamora.
“Esta es la oportunidad para fijar un límite –dice un mandatario de Pro–. Otra vez volvieron a dejar sin efecto todo lo que veníamos conversando”. Al menos desde fines de marzo vienen insistiendo en eso, aunque enfatizan que “llegaron hasta acá”. Hay una instancia previa al tratamiento del presupuesto: la posibilidad de “voltearle” a Economía la posibilidad de renegociar deuda sin pasar por el Congreso.
Esa facultad le interesa más a Milei que contar con un presupuesto. De hecho, el Presidente –como ya contó la nacion– ya les había hecho llegar a los gobernadores el “mensaje” de que no le incomodaba seguir reconduciendo el del 2023 y convertirse en el primero en hacerlo durante dos años seguidos. La estrategia es la que también viene repitiendo hasta acá: responsabilizar a la oposición de no dejarlo hacer.
El rechazo a todo lo que reclaman los gobernadores terminó abriendo las puertas a que haya una sesión en Diputados el jueves próximo con el mismo temario de la que no pudo realizarse el martes pasado, el DNU del canje de deuda.
La reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), convocada de “urgencia”, terminó sin nada concreto, sí con la decisión de seguir negociando para encontrar un camino de presión directa. En el encuentro insistieron con la pérdida de recursos que registraron este año y con que Nación se queda con una porción mayor de los no coparticipables. Hubo ausencias (participaron 18), ni una foto y apenas una declaración del chubutense Ignacio Torres.
Tanto los diez de la UCR y Pro, como los otros “dialoguistas”, hace meses que vienen advirtiendo a la Casa Rosada que no están dispuestos a seguir acompañando si no les reintegran lo que les corresponde por ley. En ese reclamo figuran las transferencias a las 13 cajas de jubilaciones no transferidas y el pago de las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Esos dos puntos tienen fundamento legal y, en el caso del primero, incluso presentaciones en la Corte Suprema de Justicia.
Los de Pro y la UCR agregaron otros tres: la coparticipación del impuesto a los combustibles; la distribución equitativa del remanente Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y uno vinculado a una reforma instrumentada por los libertarios: reducir los aportes que iban a la ex-AFIP ya que la estructura que la reemplaza es más chica. Los gobernadores de los otros partidos también coinciden con ese pedido.
El ministro Luis Caputo le bajó el pulgar a todo el paquete. Quiere, además, que el régimen para saldar las deudas de la Nación con las provincias se incluya en el presupuesto. Los gobernadores dudan de esa propuesta y creen que la Nación terminará haciendo lo mismo que con las transferencias de obras públicas: asumir compromisos y no cumplirlos, según dicen
Sin mayores distinciones de pertenencia partidaria, los gobernadores piden la descentralización de partidas específicas, como es el caso del impuesto a los combustibles, que quieren que sea distribuido para cubrir gastos en áreas claves como educación y salud. En síntesis, reclaman debatir los aspectos necesarios para “alinear los presupuestos provinciales con la proyección fiscal dinámica sugerida por el gobierno nacional y el cumplimiento de fallos judiciales, en pos de mejorar la calidad institucional y evitar conflictos financieros entre Nación y provincias”

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