SIGLO XX/ Y EDITORIAL

El mapa económico y el panorama climático han cambiado
En 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos eran el doble que las de China; hoy, las emisiones de China más que duplican las de EE.UU.
Alieto A. Guadagni
China y EEUU, economía y medio ambiente..Alfredo Sábat
La presidencia de Carlos Menem planteó desde su inicio, a fines de la década del 80, una política exterior que priorizaba las relaciones con Estados Unidos, convirtiéndolas en el eje central sobre el que se diseñó el manejo de los asuntos externos de nuestro país. Un aspecto importante de la dimensión político-diplomática fue la concreción de visitas, entre las que se destacan los tres viajes del presidente Menem a los Estados Unidos y la visita del presidente George Bush en diciembre de 1990. La presencia del presidente norteamericano brindó una ocasión para que este afirmara su respaldo al gobierno de Menem.
Luego de haber generado una fluida y personalizada relación política con la administración republicana de Bush, el gobierno de Menem debió realizar, a fines de 1992 y principios de 1993, una acción diplomática destinada a generar lazos con el presidente demócrata Bill Clinton. Menem se convirtió en el primer mandatario latinoamericano recibido por Clinton desde su asunción. La búsqueda de una sólida relación económica entre la Argentina y los Estados Unidos, que involucró comercio e inversiones, constituyó un importante factor determinante de la política internacional de alineamiento de Menem. Hay que tener presente que el PBI de Estados Unidos, hacia inicios de la década del 90, lo ubicaba holgadamente como la primera economía mundial, con un PBI que era nada menos que 22% total del PBI mundial, y 6 veces mayor que el de China. El mundo es muy distinto hoy.
En la última reunión mundial del FMI, celebrada en octubre, se presentó el actual panorama económico mundial, que es distinto del prevaleciente en los 90. Se prevé que el actual crecimiento económico mundial se mantenga estable, pero con tasas reducidas, salvo en las economías emergentes de Asia, en las que el fuerte aumento, impulsado por inversiones significativas en inteligencia artificial, ha intensificado el crecimiento, tendencia que se ve respaldada por la cuantiosa inversión pública en China y la India.
Es por eso que la ubicación de las naciones en el escenario económico internacional es hoy muy distinta de la de los 90, cuando las denominadas economías avanzadas, que eran las tradicionalmente industrializadas, aportaban nada menos que el 65% del PBI mundial (solamente el G-7 aportaba 52%). La realidad de hoy, en el siglo XXI, es bien diferente, ya que las economías avanzadas aportan mucho menos que en los 90 (40%, por su parte, el G-7 hoy representa apenas 29%); en la actualidad, las nuevas economías emergentes lideradas por China y la India ya representan el 60% del PBI mundial.
Entre otros cambios producidos respecto de los años 90, en esta reunión del mes pasado el FMI nos informa que el PBI de China ya es 27% superior al de los Estados Unidos, y a fines de esta década sería 40% mayor.
El diseño de una eficaz política internacional requiere tener presente cuáles son las tendencias globales del crecimiento económico de las naciones y también cómo están evolucionando los grandes mercados internacionales.
La historia nos dice que desde fines del siglo XVIII el liderazgo económico mundial le correspondió al Reino Unido, pero después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos este liderazgo se muda de Europa a América del Norte, donde se mantiene durante todo el siglo XX . Pero el escenario mundial vuelve a cambiar en este siglo por el liderazgo de China.
El avance de las economías asiáticas (en China y la India habita nada menos que la tercera parte de la humanidad) se afianza todos los años. Esto influye en el comercio internacional, actividad en la que es posible que en un futuro cercano China desplace a Estados Unidos como el primer importador mundial. En el actual escenario internacional, caracterizado por el mayor crecimiento económico y comercial de las naciones emergentes asiáticas, nuestra política exterior no debe tener vaivenes motivados por la superficialidad discursiva de algunas de nuestras posiciones internacionales, bien alejadas del claro realismo que caracterizó a Menem (quien seguramente hoy hubiese entendido claramente la creciente importancia de China y Asia en el mapa económico mundial).
El último siglo ha sido extraordinario por el desarrollo global de las fuerzas productivas, con un progreso tecnológico. El crecimiento económico de la centuria pasada fue el mayor de toda la historia; el progreso económico es indispensable, pero debemos reconocer que el medio ambiente y la biodiversidad deben ser preservados.
En este mes se realizará otra importante reunión de todos los países, convocada por las Naciones Unidas: la Conferencia sobre el Cambio Climático COP29 tiene lugar en Bakú (Azerbaiyán).
Las emisiones de gases de efecto invernadero han alcanzado en los últimos años un nivel sin precedente, por eso es preciso tomar medidas urgentes para prevenir picos catastróficos de temperatura y evitar los peores efectos del cambio climático, según informa la ONU. Las emisiones deberían disminuir cada año hasta 2030 para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar lo peor del cambio climático, pero las políticas actuales nos encaminan hacia un aumento de la temperatura de 3,1 grados centígrados a finales de siglo.
Recordemos que el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que existe una relación directa entre el aumento de las emisiones y los desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos. “Estamos tambaleando sobre una cuerda floja planetaria”, advirtió en un mensaje de video dado a conocer tras su informe anual. “O los líderes abaten las emisiones o nos lanzamos de cabeza a un desastre climático en el que los más pobres y vulnerables serán los que más sufran”.
Se sabe, China y Estados Unidos son también los principales emisores mundiales de CO2. Pero también en este terreno, desde la década del 90, han ocurrido grandes cambios. En 1990 las emisiones de Estados Unidos eran el doble que las de China, mientras que actualmente las emisiones de China son más del doble que las de Estados Unidos. Destaquemos el hecho de que ambas naciones representan alrededor del 46% de las emisiones mundiales. Las tecnologías existentes y asequibles pueden lograr las reducciones de emisiones que necesitamos para cumplir el límite de 1,5 grados. Las nuevas energías limpias pueden cambiar la trayectoria actual. Además, la conservación de los bosques podría aportar importantes reducciones necesarias. El mundo deberá volverse rápidamente menos intensivo en emisiones de carbono para evitar desastres ambientales y volcarse hacia las energías “limpias”, alternativas eficientes menos contaminantes. La nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debería servir de plataforma de lanzamiento para un una nueva era ambiental.

Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del ambiente

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Auditar el gasto universitario: un deber ineludible
La resistencia de las autoridades de nivel superior a ser auditadas por la Sigen siembra aún más sospechas sobre el manejo de sus recursos
La decisión del Gobierno de designar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que audite los gastos de las universidades nacionales ha sido judicializada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que sostiene que no compete a ese organismo inmiscuirse en las cuentas universitarias porque daña su autonomía y porque ya hay otros entes que se encargan de la cuestión.
Si se confirman las numerosas sospechas sobre manejos espurios con los dineros de esas casas de altos estudios, podría afirmarse, sin temor a dudas, que de poco o nada valieron las otras auditorías aceptadas por las autoridades universitarias. Vaya como ejemplo una reciente investigación de que arrojó como la nacion resultado la existencia de una enorme “caja de Pandora” en esos gastos. Se trata de al menos 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios para la realización de auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.
Sin embargo, ese gigantesco gasto sobre el que hoy pone la lupa el gobierno nacional terminó por generar un festival de contrataciones de cuya eficacia se duda, degradando así un sistema de contratación que no se controló hasta aquí debidamente y del que apenas se ve una pequeña parte.
La presentación de las autoridades de la UBA –a la que siguió un escrito de la Sigen ante la Justicia para que la casa de altos estudios presente la documentación sobre la utilización de los fondos públicos que le otorga el Poder Ejecutivo– recayó en un juzgado en lo contencioso administrativo federal, que emplazó al Gobierno a que, en un breve plazo, argumente cuáles son las razones para la intervención de la Sigen en este asunto.
“No nos oponemos. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Pedimos que la Justicia decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente”, sostuvo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien no obstante reconoció que esa casa de estudios “se ha desfinanciado y eso es obvio” y que están “haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet”, institución con la que la UBA “está íntimamente ligada”.
No es menor la admisión de Gelpi. De ella podrían surgir varias preguntas: ¿por qué está desfinanciada?, ¿desde cuándo?, ¿qué organismo estaba al tanto de ese desfinanciamiento?, ¿qué medidas se sugirieron?, ¿en qué estado de cumplimiento se encuentran –si los hay– los procesos de recuperación? Y una larga serie de etcéteras que son los que precisamente ha puesto en debate el Poder Ejecutivo.
Las autoridades de la UBA sostienen que varios organismos están al tanto de la evaluación de sus gastos, entre ellos, la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano de control externo dependiente del Congreso; la cuenta de inversión, que es la rendición del presupuesto anual; el Poder Ejecutivo, mediante informes de gastos remitidos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y balances semestrales a la Contaduría General de la Nación, en la órbita del Ministerio de Economía. Y que, además, existe para tal efecto la Auditoría General de la Universidad, independiente de la administración universitaria, cuyo titular es designado por el Consejo Superior, órgano colegiado donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos.
Algunos especialistas en derecho coinciden con la posición de la UBA. Otros, sin embargo, recuerdan que esa casa de altos estudios fue auditada por la Sigen de forma regular desde 2013, y que fue en 2022, a través de un dictamen del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que se impidió dicho control, con lo que la decisión del actual gobierno vendría a recomponer las competencias del órgano nacional.
“No veo una imposibilidad jurídica de que una universidad que es del Estado sea auditada por la Sigen. Está [la negativa] entre el capricho y la intención de ocultar datos. Todos sabemos que hay gastos en la universidad que se utilizan políticamente”, sostuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La pregunta que surge, en todo caso y mientras se espera que la Justicia emita su pronunciamiento, es la que se formulan innumerables ciudadanos de a pie: si las universidades nacionales nada tienen que esconder, si están siendo auditadas ya por otros organismos, ¿por qué semejante resistencia?
Es ya sabida la postura de Javier Milei sobre el recorte de gastos en el Estado nacional. Respecto de la reacción de las autoridades de la UBA, el Presidente azuzó: “¿Está claro que la negativa por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo? En definitiva, movilizaron recursos de todo tipo para montar las marchas y usaron a los estudiantes en todo el país (con mentiras) para que no tuvieran que dar cuentas de sus gastos”.
A propósito de las marchas por la supuesta “defensa de la universidad pública”, cuya asistencia fue notablemente inferior en la segunda respecto de la primera y en las cuales se colaron desembozadamente dirigentes partidarios y sindicales totalmente alejados de la realidad docente y estudiantil, se prepara una nueva movilización, esta vez para mediados del corriente mes. Según se conoció, la medida fue votada afirmativamente durante una asamblea interfacultades, en rechazo del “desfinanciamiento” y se dispuso que sea debatida en las distintas instituciones públicas a lo largo del país. También analizan cortes de calles y movilizaciones, entre ellas a la CGT, para pedir que se convoque a un paro nacional.
Las autoridades de la Sigen han señalado con acierto que “si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades”.
En oportunidad de la discusión abierta por la sanción de la ley de financiamiento universitario, el veto presidencial y su ratificación por parte del Congreso, hemos dicho desde este espacio editorial que debería ser este momento una oportunidad para debatir seriamente alternativas dirigidas a blindar el presupuesto de las universidades públicas mediante fórmulas más sustentables que fortalezcan su autonomía y autarquía, tomando especialmente en cuenta que hoy la realidad muestra que muchas de esas casas de altos estudios no son sustentables, al tiempo que el elevado número de estudiantes que tienen no se condice con el de sus graduados.
Es de esperar que la búsqueda de esas alternativas se oriente a pensar no solo en cómo resolver el presente, sino el mediano y largo plazo de la enseñanza universitaria, acercando cada parte al debate algo más que meras soluciones voluntaristas basadas en la inyección de recursos de un Estado que debe dejar definitivamente atrás el crónico desequilibrio fiscal producido por tantos años de ineficiencia de gestión, abuso de poder y malversación de los dineros públicos.
No se trata de seguir poniendo remiendos, sino de tejer un nuevo entramado en el que todos tengan participación, pero con la mira puesta en que los recursos públicos son finitos y que nadie, en nombre del Estado, puede arrogarse la pretendida facultad de gastarlos sin rendir las debidas cuentas.
Los recursos públicos son finitos y nadie en nombre del Estado puede arrogarse la pretendida facultad de gastarlos sin rendir debida cuenta
Si las universidades nacionales nada tienen que esconder, si están siendo auditadas por otros organismos, ¿cuál es el motivo entonces de tanta resistencia?, ¿qué tienen para ocultar?

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA