El Gobierno modificará la manera de subsidiar las boletas de electricidad y gas
TARIFAS. Se pasará de la segmentación en tres niveles a una única tarifa social determinada por ingresos y una cantidad de consumo; se descarta la idea de la canasta básica energética
Sofía DiamanteLos equipos de aire acondicionado serán los grandes protagonistas en un verano que el Gobierno calificó como complicado
Con la salida del secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo y su reemplazo por María Tettamanti, el Ministerio de Economía busca acelerar cambios en la manera de subsidiar las tarifas de gas y electricidad para mejorar la focalización de las transferencias.
Hasta ahora, rige la segmentación en tres niveles, que toma en cuenta los ingresos familiares, que diseñó el entonces ministro de Economía Martín Guzmán y que se implementó con la llegada de Sergio Massa.
Rodríguez Chirillo había propuesto implementar una canasta básica energética (CBE), que implicaba tener un esquema de subsidios muy focalizado en los usuarios, ya que no solo se tenían en cuenta los ingresos del hogar y la cantidad de miembros que residían, sino la zona bioambiental del país en la que vivían.
Si bien el Ministerio de Economía había publicado el decreto 465/2024, en el cual se establecía un plazo de seis meses para aplicar la CBE, hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, en el Gobierno admiten que este esquema de subsidios no se va a implementar.
“Hay una idea que es eliminar la segmentación y que haya solo usuarios con subsidio y sin subsidio directamente, que es más simple. Lo que se está evaluando es prorrogar por otros seis meses el esquema de transición actual, en el cual se van a ir bajando los topes de subsidio hasta que queden solo los dos tipos de usuarios”, dijeron fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.
Actualmente, en gas, los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen una bonificación de 64% del valor de referencia sobre un bloque de consumo y los de ingresos medios (N3), el 55%. Luego pagan el precio pleno de referencia sobre el excedente de ese bloque de consumo. La idea del Gobierno es ir bajando los topes de bonificación en los próximos seis meses, para que cada vez los hogares paguen una mayor parte del valor de referencia.
Igualmente, el precio de referencia sigue subsidiado también: actualmente equivale a US$3,085 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando costo promedio del gas en la Argentina en 2024 fue de US$4,77 el millón de BTU.
Por lo tanto, las industrias, los comercios y los hogares de altos ingresos (N1) también reciben transferencias y pagan el 64% del costo del gas. Con las bonificaciones sobre un valor de referencia ya subsidiado, los N2 cubren el 23% del costo del gas y los N3, el 29%. El resto lo financia el Ministerio de Economía con subsidios.
En electricidad, los usuarios N2 y N3 tienen un consumo bonificado hasta un bloque máximo, que es de 350 kWh por mes para los hogares de ingresos bajos y de 250 kWh para los de ingresos medios. Hasta ese tope de consumo, los usuarios N2 tienen una bonificación de 72% y los N3, del 56%.
Al igual que en gas, como el valor de referencia también está subsidiado (es de $63.187 el MWh de un costo sin subsidios de $68.016), industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26% hasta 250 kWh de consumo por mes y 93% sobre el excedente, y los N3, el 41% por el consumo bonificado hasta 350 kWh y 93% sobre el excedente.
La idea oficial es volver a una política tarifaria similar a la que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri, en la cual había un precio único de gas y electricidad, y se les otorgaba una tarifa social a aquellos usuarios que percibían ingresos por debajo de dos salarios mínimos, enel tre otros requisitos, con un tope de consumo subsidiado.
La tarifa social implicaba una bonificación del 100% para usuarios residenciales que cumplieran las condiciones de ingresos por un consumo de hasta 150 kWh por mes y un descuento por el excedente de ese umbral, que todavía se mantiene a nivel provincial, ya que el financiamiento de los subsidios pasó a los gobernadores en el caso del servicio eléctrico. En gas, en tanto, se mantuvo el subsidio a cargo de la Nación.
Con ayuda y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el objetivo de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que dirige Daniel González, es unificar todo el esquema de subsidios a la forma de segmentación que prevaleció durante el gobierno de Macri. Sin embargo, en vez de usar de referencia los dos salarios mínimos, se seguiría utilizando la variable de la canasta básica que publica el Indec, como ocurre actualmente para segmentar en tres niveles.
“Este cambio va a ser una corrección de rumbo de colisión justo a tiempo y, por lo tanto, un mejor camino. Va a ser, además, algo en línea con el ‘diálogo’ de apoyo financiero que el Gobierno está manejando con los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID”, opinó Fernando Navajas, economista jefe de FIEL.
“La Argentina tiene pendiente corregir una configuración ineficiente y no equitativa de bloques de consumo que determinan diferencias astronómicas de cargos fijos y de distintos cargos variables. Se debe ir a una tarifa en solo dos partes (cargo fijo y cargo variable) que acomode subsidios de suma fija en vez de precios diferenciados y se debe avanzar en coordinar una reforma impositiva (más allá de la reciente decisión de excluir cargos no vinculados al servicio) en todos los niveles de gobierno, que ayude a reformar las estructuras tarifarias, eliminar subsidios y financiar la instalación de medidores en los hogares, tal que permita la ‘tarificación’ inteligente de la energía y el uso de potencia”, agregó el economista, especializado en el sector energético.
En los primeros nueve meses del año (últimos datos oficiales), el Ministerio de Economía destinó subsidios por US$5192 millones, lo cual implica un ahorro de US$2895 millones con relación al mismo período del año pasado (US$8087 millones), según estimaciones de la consultora Economía y Energía (EyE
El ahorro se debió, por un lado, al aumento de tarifas de luz y gas a hogares de ingresos altos, industrias y comercios, y, por otro lado, a la baja de costos por los menores precios de gas, gracias a que se reemplazaron importaciones por producción local de Vaca Muerta.
De total de transferencias al sector energético, US$3186 millones se destinaron a Cammesa (62%), la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica; US$1721 a la empresa estatal Enarsa (33%), encargada de las importaciones de gas; apenas US$166 millones al esquema de subsidios a la producción de gas (3%), y US$119 millones a otras formas de bonificaciones (2%).
Economía busca la manera de mejorar la focalización de las transferencias
Se analiza llevar el esquema a que haya solo usuarios con y sin subsidios
La canasta energética tenía que aplicarse antes del 30 de noviembre
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Cuatro de cada diez personas que tienen un trabajo son pobres
CRISIS. Así se desprende de un cálculo de la consultora ExQuanti sobre la base de los datos del Indec del segundo trimestre; el número mejoró frente a los primeros meses del año
Con la salida del secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo y su reemplazo por María Tettamanti, el Ministerio de Economía busca acelerar cambios en la manera de subsidiar las tarifas de gas y electricidad para mejorar la focalización de las transferencias.
Hasta ahora, rige la segmentación en tres niveles, que toma en cuenta los ingresos familiares, que diseñó el entonces ministro de Economía Martín Guzmán y que se implementó con la llegada de Sergio Massa.
Rodríguez Chirillo había propuesto implementar una canasta básica energética (CBE), que implicaba tener un esquema de subsidios muy focalizado en los usuarios, ya que no solo se tenían en cuenta los ingresos del hogar y la cantidad de miembros que residían, sino la zona bioambiental del país en la que vivían.
Si bien el Ministerio de Economía había publicado el decreto 465/2024, en el cual se establecía un plazo de seis meses para aplicar la CBE, hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, en el Gobierno admiten que este esquema de subsidios no se va a implementar.
“Hay una idea que es eliminar la segmentación y que haya solo usuarios con subsidio y sin subsidio directamente, que es más simple. Lo que se está evaluando es prorrogar por otros seis meses el esquema de transición actual, en el cual se van a ir bajando los topes de subsidio hasta que queden solo los dos tipos de usuarios”, dijeron fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.
Actualmente, en gas, los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen una bonificación de 64% del valor de referencia sobre un bloque de consumo y los de ingresos medios (N3), el 55%. Luego pagan el precio pleno de referencia sobre el excedente de ese bloque de consumo. La idea del Gobierno es ir bajando los topes de bonificación en los próximos seis meses, para que cada vez los hogares paguen una mayor parte del valor de referencia.
Igualmente, el precio de referencia sigue subsidiado también: actualmente equivale a US$3,085 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando costo promedio del gas en la Argentina en 2024 fue de US$4,77 el millón de BTU.
Por lo tanto, las industrias, los comercios y los hogares de altos ingresos (N1) también reciben transferencias y pagan el 64% del costo del gas. Con las bonificaciones sobre un valor de referencia ya subsidiado, los N2 cubren el 23% del costo del gas y los N3, el 29%. El resto lo financia el Ministerio de Economía con subsidios.
En electricidad, los usuarios N2 y N3 tienen un consumo bonificado hasta un bloque máximo, que es de 350 kWh por mes para los hogares de ingresos bajos y de 250 kWh para los de ingresos medios. Hasta ese tope de consumo, los usuarios N2 tienen una bonificación de 72% y los N3, del 56%.
Al igual que en gas, como el valor de referencia también está subsidiado (es de $63.187 el MWh de un costo sin subsidios de $68.016), industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26% hasta 250 kWh de consumo por mes y 93% sobre el excedente, y los N3, el 41% por el consumo bonificado hasta 350 kWh y 93% sobre el excedente.
La idea oficial es volver a una política tarifaria similar a la que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri, en la cual había un precio único de gas y electricidad, y se les otorgaba una tarifa social a aquellos usuarios que percibían ingresos por debajo de dos salarios mínimos, enel tre otros requisitos, con un tope de consumo subsidiado.
La tarifa social implicaba una bonificación del 100% para usuarios residenciales que cumplieran las condiciones de ingresos por un consumo de hasta 150 kWh por mes y un descuento por el excedente de ese umbral, que todavía se mantiene a nivel provincial, ya que el financiamiento de los subsidios pasó a los gobernadores en el caso del servicio eléctrico. En gas, en tanto, se mantuvo el subsidio a cargo de la Nación.
Con ayuda y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el objetivo de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que dirige Daniel González, es unificar todo el esquema de subsidios a la forma de segmentación que prevaleció durante el gobierno de Macri. Sin embargo, en vez de usar de referencia los dos salarios mínimos, se seguiría utilizando la variable de la canasta básica que publica el Indec, como ocurre actualmente para segmentar en tres niveles.
“Este cambio va a ser una corrección de rumbo de colisión justo a tiempo y, por lo tanto, un mejor camino. Va a ser, además, algo en línea con el ‘diálogo’ de apoyo financiero que el Gobierno está manejando con los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID”, opinó Fernando Navajas, economista jefe de FIEL.
“La Argentina tiene pendiente corregir una configuración ineficiente y no equitativa de bloques de consumo que determinan diferencias astronómicas de cargos fijos y de distintos cargos variables. Se debe ir a una tarifa en solo dos partes (cargo fijo y cargo variable) que acomode subsidios de suma fija en vez de precios diferenciados y se debe avanzar en coordinar una reforma impositiva (más allá de la reciente decisión de excluir cargos no vinculados al servicio) en todos los niveles de gobierno, que ayude a reformar las estructuras tarifarias, eliminar subsidios y financiar la instalación de medidores en los hogares, tal que permita la ‘tarificación’ inteligente de la energía y el uso de potencia”, agregó el economista, especializado en el sector energético.
En los primeros nueve meses del año (últimos datos oficiales), el Ministerio de Economía destinó subsidios por US$5192 millones, lo cual implica un ahorro de US$2895 millones con relación al mismo período del año pasado (US$8087 millones), según estimaciones de la consultora Economía y Energía (EyE
El ahorro se debió, por un lado, al aumento de tarifas de luz y gas a hogares de ingresos altos, industrias y comercios, y, por otro lado, a la baja de costos por los menores precios de gas, gracias a que se reemplazaron importaciones por producción local de Vaca Muerta.
De total de transferencias al sector energético, US$3186 millones se destinaron a Cammesa (62%), la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica; US$1721 a la empresa estatal Enarsa (33%), encargada de las importaciones de gas; apenas US$166 millones al esquema de subsidios a la producción de gas (3%), y US$119 millones a otras formas de bonificaciones (2%).
Economía busca la manera de mejorar la focalización de las transferencias
Se analiza llevar el esquema a que haya solo usuarios con y sin subsidios
La canasta energética tenía que aplicarse antes del 30 de noviembre
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Cuatro de cada diez personas que tienen un trabajo son pobres
CRISIS. Así se desprende de un cálculo de la consultora ExQuanti sobre la base de los datos del Indec del segundo trimestre; el número mejoró frente a los primeros meses del año
Francisco JueguenLa fuerte caída de los ingresos impactó en los bolsillos de los trabajadores
La fiesta hay que pagarla y generalmente la billetera que sufre es la del trabajador. La inflación reprimida que dejó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sumada a la decisión de ajustar los precios relativos –particularmente el dólar a fin del año pasado– derivaron en que el trabajador pobre, ese personaje que se popularizó en los últimos años del cuarto kirchnerismo, se expandiera aún más en el país.
Según datos del Indec procesados por la consultora especializada ExQuanti, más de cuatro de cada diez ocupados –o sea, que tienen un trabajo registrado, informal o una changa– en la Argentina son pobres. Más precisamente, según los microdatos que publicó ayer el organismo estadístico, ese número llegaba al 41,3% en el segundo trimestre del año. La buena noticia es que –con la recuperación de los ingresos y la estabilización de los precios– se trata de un marcado descenso frente al 44,6% del primer trimestre. Sin embargo, a fines del año pasado, el número no empezaba con cuatro (34,9%).
“El primer trimestre fue una anomalía absoluta debido al cimbronazo espectacular del ajuste generado por Milei en la economía. Al punto de que se comió el aguinaldo, que no sirvió para bajar la pobreza”, analizaron los especialistas de ExQuanti. “Al tener una cosa tan espectacular, inevitablemente en el segundo trimestre aparece como una caída, lo que en realidad es todavía un nivel altísimo si lo comparás con todo el cuarto. La expectativa para el tercer trimestre es que vuelva a bajar [la pobreza] porque ahí de nuevo tenés el aguinaldo, y eso, en situación normal, va a generar un efecto de reducción con respecto al segundo trimestre par”, completaron los expertos.
Quienes siguen de cerca la situación social de la Argentina ya habían realizado la proyección –con datos del primer trimestre y el segundo trimestre– de la pobreza registrada en el segundo trimestre del año. Con los microdatos publicados, los especialistas no solo ratificaron esa foto, sino también una tendencia. Según esos números finos, la pobreza, que en el primer trimestre había tocado el 54,8%, bajó en el segundo a 51%. En cambio, la indigencia, que se había disparado en los primeros tres meses del año al 20,1% en los 31 aglomerados relevados, cerró el período de abril, mayo y junio en 15,8%. Los datos que ofrece el Indec en sus informes son semestrales. En ellos, según publicó el organismo que dirige Marco Lavagna a fines de septiembre, se calculaba que la pobreza llegó a 52,9%, mientras la indigencia, a 18,1%. La cantidad de pobres, si se proyectan los datos oficiales a todo el país, llega a casi 25 millones. Se trata del dato más alto desde 2003.
La cantidad de niños pobres de entre 0 y 14 años llegó entonces a 66,1% (al cierre del año pasado era 58,4%). Esto implica que hay 7,3 millones de chicos pobres. Si se tiene en cuenta que 2023 cerró con 19,5 millones de personas en la pobreza, se habrían sumado en seis meses 5,4 millones de nuevos pobres. En tanto, habrían caído en la indigencia casi tres millones de personas.
Jubilados pobres
La publicación de los microdatos del segundo trimestre del año les permitió a los especialistas de ExQuanti hacer otros cruces importantes. Por caso, la cantidad de jubilados pobres fue de 34,2% al finalizar ese período. O sea que más de tres de casi diez jubilados vivían entonces en la pobreza. En el primer trimestre, era el 35,5%. Y a fines de 2023, 23,6%.
En el mismo camino, la cantidad de jubilados indigentes fue de 5,4% en el segundo trimestre. En el primero, según los datos de Indec procesados por ExQuanti, era, 6,5%.
“Una cosa a rescatar, interesante, es lo que pasa con los jubilados. Para el segundo trimestre no les cae la pobreza; no hay una reducción significativa”, dijeron en ExQuanti.
También estudiantes
En la consultora especializada cruzaron además los datos de la pobreza del segundo trimestre con un tema que se volvió candente en las últimas semanas: los estudiantes universitarios y las denuncias del desfinanciamiento de la universidad pública. Según los datos del Indec, procesados por ExQuanti, la cantidad de estudiantes universitarios pobres llegó a 44,1% en el segundo trimestre del año. En el primero habían sido 48,1%. Pero a fin de año, esa cifra era de 33,8%.
“La información de que cuatro de cada 10 jóvenes universitarios son pobres, en un país donde en el primer trimestre de 2024 el 55% de la población era pobre, solo indica que los que no llegan a la universidad tienen muchas más chances de ser pobres, o a la inversa, que los universitarios tienen menos probabilidad de ser pobres que el resto de los jóvenes”, afirmó Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. “Por otra parte, no considerar a los jóvenes que ni siquiera terminan o llegan a la universidad presenta un sesgo de selección. Un análisis mejor planteado sería tomar al total de los jóvenes de 18 a 29 años y comparar la probabilidad de que, según estrato, pueda llegar a la universidad y no abandonar. Cuando hacemos ese análisis nos da que solo cursan o terminaron estudios universitarios un 3,8% de los indigentes, 11% de los pobres no indigentes y 29% de los no pobres”, dijo Salvia.
Los especialistas en materia social proyectan que en el tercer trimestre volverá a reducirse la pobreza –más lentamente que en el segundo trimestre– gracias a la menor inflación, el rebote de los salarios –que es heterogéneo por sector y tipo de vínculo laboral– y de algunas actividades económicas, que creen mensualmente. Sin embargo, la pobreza seguirá estando en niveles todavía muy elevados.
La pobreza en el primer semestre alcanzó al 52,9% de los argentinos
Actualmente afecta a casi 25 millones de personas en todo el país, según el Indec
La fiesta hay que pagarla y generalmente la billetera que sufre es la del trabajador. La inflación reprimida que dejó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sumada a la decisión de ajustar los precios relativos –particularmente el dólar a fin del año pasado– derivaron en que el trabajador pobre, ese personaje que se popularizó en los últimos años del cuarto kirchnerismo, se expandiera aún más en el país.
Según datos del Indec procesados por la consultora especializada ExQuanti, más de cuatro de cada diez ocupados –o sea, que tienen un trabajo registrado, informal o una changa– en la Argentina son pobres. Más precisamente, según los microdatos que publicó ayer el organismo estadístico, ese número llegaba al 41,3% en el segundo trimestre del año. La buena noticia es que –con la recuperación de los ingresos y la estabilización de los precios– se trata de un marcado descenso frente al 44,6% del primer trimestre. Sin embargo, a fines del año pasado, el número no empezaba con cuatro (34,9%).
“El primer trimestre fue una anomalía absoluta debido al cimbronazo espectacular del ajuste generado por Milei en la economía. Al punto de que se comió el aguinaldo, que no sirvió para bajar la pobreza”, analizaron los especialistas de ExQuanti. “Al tener una cosa tan espectacular, inevitablemente en el segundo trimestre aparece como una caída, lo que en realidad es todavía un nivel altísimo si lo comparás con todo el cuarto. La expectativa para el tercer trimestre es que vuelva a bajar [la pobreza] porque ahí de nuevo tenés el aguinaldo, y eso, en situación normal, va a generar un efecto de reducción con respecto al segundo trimestre par”, completaron los expertos.
Quienes siguen de cerca la situación social de la Argentina ya habían realizado la proyección –con datos del primer trimestre y el segundo trimestre– de la pobreza registrada en el segundo trimestre del año. Con los microdatos publicados, los especialistas no solo ratificaron esa foto, sino también una tendencia. Según esos números finos, la pobreza, que en el primer trimestre había tocado el 54,8%, bajó en el segundo a 51%. En cambio, la indigencia, que se había disparado en los primeros tres meses del año al 20,1% en los 31 aglomerados relevados, cerró el período de abril, mayo y junio en 15,8%. Los datos que ofrece el Indec en sus informes son semestrales. En ellos, según publicó el organismo que dirige Marco Lavagna a fines de septiembre, se calculaba que la pobreza llegó a 52,9%, mientras la indigencia, a 18,1%. La cantidad de pobres, si se proyectan los datos oficiales a todo el país, llega a casi 25 millones. Se trata del dato más alto desde 2003.
La cantidad de niños pobres de entre 0 y 14 años llegó entonces a 66,1% (al cierre del año pasado era 58,4%). Esto implica que hay 7,3 millones de chicos pobres. Si se tiene en cuenta que 2023 cerró con 19,5 millones de personas en la pobreza, se habrían sumado en seis meses 5,4 millones de nuevos pobres. En tanto, habrían caído en la indigencia casi tres millones de personas.
Jubilados pobres
La publicación de los microdatos del segundo trimestre del año les permitió a los especialistas de ExQuanti hacer otros cruces importantes. Por caso, la cantidad de jubilados pobres fue de 34,2% al finalizar ese período. O sea que más de tres de casi diez jubilados vivían entonces en la pobreza. En el primer trimestre, era el 35,5%. Y a fines de 2023, 23,6%.
En el mismo camino, la cantidad de jubilados indigentes fue de 5,4% en el segundo trimestre. En el primero, según los datos de Indec procesados por ExQuanti, era, 6,5%.
“Una cosa a rescatar, interesante, es lo que pasa con los jubilados. Para el segundo trimestre no les cae la pobreza; no hay una reducción significativa”, dijeron en ExQuanti.
También estudiantes
En la consultora especializada cruzaron además los datos de la pobreza del segundo trimestre con un tema que se volvió candente en las últimas semanas: los estudiantes universitarios y las denuncias del desfinanciamiento de la universidad pública. Según los datos del Indec, procesados por ExQuanti, la cantidad de estudiantes universitarios pobres llegó a 44,1% en el segundo trimestre del año. En el primero habían sido 48,1%. Pero a fin de año, esa cifra era de 33,8%.
“La información de que cuatro de cada 10 jóvenes universitarios son pobres, en un país donde en el primer trimestre de 2024 el 55% de la población era pobre, solo indica que los que no llegan a la universidad tienen muchas más chances de ser pobres, o a la inversa, que los universitarios tienen menos probabilidad de ser pobres que el resto de los jóvenes”, afirmó Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. “Por otra parte, no considerar a los jóvenes que ni siquiera terminan o llegan a la universidad presenta un sesgo de selección. Un análisis mejor planteado sería tomar al total de los jóvenes de 18 a 29 años y comparar la probabilidad de que, según estrato, pueda llegar a la universidad y no abandonar. Cuando hacemos ese análisis nos da que solo cursan o terminaron estudios universitarios un 3,8% de los indigentes, 11% de los pobres no indigentes y 29% de los no pobres”, dijo Salvia.
Los especialistas en materia social proyectan que en el tercer trimestre volverá a reducirse la pobreza –más lentamente que en el segundo trimestre– gracias a la menor inflación, el rebote de los salarios –que es heterogéneo por sector y tipo de vínculo laboral– y de algunas actividades económicas, que creen mensualmente. Sin embargo, la pobreza seguirá estando en niveles todavía muy elevados.
La pobreza en el primer semestre alcanzó al 52,9% de los argentinos
Actualmente afecta a casi 25 millones de personas en todo el país, según el Indec
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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