Habrá menos regulaciones en el rubro electro
Eliminan la certificación para fabricantes e importadores
Carlos Manzoni
En consonancia con su objetivo de desregular la economía, el Gobierno simplificará los trámites que los fabricantes e importadores de electrodomésticos debían realizar para poder comercializar sus productos. Esta medida incluirá acondicionadores de aire, heladeras, lavarropas, termotanques, televisores, microondas, lámparas, lavavajillas, electrobombas, motores y hornos eléctricos.
Según informó ayer la Secretaría de Industria y Comercio, esta decisión quedará oficializada hoy con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, mediante la cual se modificará el reglamento interno de eficiencia energética.
Hasta ahora, las empresas debían ensayar en el país los productos para corroborar el nivel de eficiencia energética, que mide el rendimiento y el consumo de estos. Además, tenían que enfrentar un proceso de certificación que incluía una auditoría en planta realizada en forma anual, incluso si se trataba de fábricas en el exterior.
Eso no era todo. Adicionalmente, las empresas debían tramitar en la Secretaría de Industria y Comercio un permiso de comercialización que las importadoras luego debían presentar en la Aduana para liberar la mercadería.
A partir de hoy ya no será necesario un trámite de autorización en la Secretaría de Industria y Comercio, una verificación por parte de la Aduana antes de la comercialización ni una certificación obligatoria. “Cumpliendo con las condiciones requeridas y suscribiendo una declaración jurada, las empresas podrán ofrecer sus productos en el mercado”, se informó desde el Gobierno.
Menores costos
Consultados al respecto, fabricantes de Tierra del Fuego se mostraron contentos con esta decisión. “Es una medida de total sentido común porque va a desburocratizar la operatoria y con una declaración jurada se podría ingresar el producto. Va a ahorrar mucho tiempo, porque una certificación tardaba, por caso, 30 días”, comentaron.
Estos fabricantes también señalaron: “Esto va a redundar en menores costos y va a permitir contar más rápido con los insumos para producir o con los productos terminados ya para vender”. Y agregaron: “Muchos artículos vienen ya certificados desde Estados Unidos o Europa, con lo cual no tenía sentido certificarlos de nuevo acá, con los costos y tiempos que todo eso acarreaba”.
Según se argumentó desde el Gobierno, esto permitirá bajar los costos de la burocracia con que cargan las más de 150 empresas del sector que importan y fabrican. “La medida redundará en una mayor oferta de productos y mayor competencia, con la consecuente baja de precios”, se agregó.
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Caputo rechazó con firmeza la posibilidad de un canje de deuda en 2025
Versiones. Sostuvo que se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y que ese dinero volverá al sector privado
En consonancia con su objetivo de desregular la economía, el Gobierno simplificará los trámites que los fabricantes e importadores de electrodomésticos debían realizar para poder comercializar sus productos. Esta medida incluirá acondicionadores de aire, heladeras, lavarropas, termotanques, televisores, microondas, lámparas, lavavajillas, electrobombas, motores y hornos eléctricos.
Según informó ayer la Secretaría de Industria y Comercio, esta decisión quedará oficializada hoy con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, mediante la cual se modificará el reglamento interno de eficiencia energética.
Hasta ahora, las empresas debían ensayar en el país los productos para corroborar el nivel de eficiencia energética, que mide el rendimiento y el consumo de estos. Además, tenían que enfrentar un proceso de certificación que incluía una auditoría en planta realizada en forma anual, incluso si se trataba de fábricas en el exterior.
Eso no era todo. Adicionalmente, las empresas debían tramitar en la Secretaría de Industria y Comercio un permiso de comercialización que las importadoras luego debían presentar en la Aduana para liberar la mercadería.
A partir de hoy ya no será necesario un trámite de autorización en la Secretaría de Industria y Comercio, una verificación por parte de la Aduana antes de la comercialización ni una certificación obligatoria. “Cumpliendo con las condiciones requeridas y suscribiendo una declaración jurada, las empresas podrán ofrecer sus productos en el mercado”, se informó desde el Gobierno.
Menores costos
Consultados al respecto, fabricantes de Tierra del Fuego se mostraron contentos con esta decisión. “Es una medida de total sentido común porque va a desburocratizar la operatoria y con una declaración jurada se podría ingresar el producto. Va a ahorrar mucho tiempo, porque una certificación tardaba, por caso, 30 días”, comentaron.
Estos fabricantes también señalaron: “Esto va a redundar en menores costos y va a permitir contar más rápido con los insumos para producir o con los productos terminados ya para vender”. Y agregaron: “Muchos artículos vienen ya certificados desde Estados Unidos o Europa, con lo cual no tenía sentido certificarlos de nuevo acá, con los costos y tiempos que todo eso acarreaba”.
Según se argumentó desde el Gobierno, esto permitirá bajar los costos de la burocracia con que cargan las más de 150 empresas del sector que importan y fabrican. “La medida redundará en una mayor oferta de productos y mayor competencia, con la consecuente baja de precios”, se agregó.
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Caputo rechazó con firmeza la posibilidad de un canje de deuda en 2025
Versiones. Sostuvo que se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y que ese dinero volverá al sector privado
Pablo Fernández Blanco
El ministro contestó en X a la duda planteada por un analista financiero
El ministro de Economía, Luis Caputo, parece cada vez más decidido a profundizar el camino que inició en diciembre pasado con el empujón del presidente Javier Milei. Con la voluntad de limpiar a la Argentina de las manchas que muestra a los ojos del mercado financiero, respondió con firmeza ayer a una conversación que se había iniciado en las redes sociales con respecto al futuro de la deuda soberana local. El tema representa algo así como un cable pelado debido al pasado oscuro que tiene el país en ese punto.
Todo comenzó con un posteo en X de Salvador Di Stéfano, un especialista en finanzas muy activo en esta red social. Difundía que, según la sociedad de Bolsa Cohen, los bonos de deuda soberana denominados GD30 –de la familia de los globales– y los muy populares AL30, emitidos bajo legislación local, eran candidatos a un canje.
En la práctica, hay muchos motivos que pueden llevar a un gobierno a hacer una operación financiera de ese estilo, aceptada por el mercado si no es compulsiva. Entre ellas, extender vencimientos y bajar las tasas de interés que paga.
De acuerdo con la explicación de Cohen que dio Di Stéfano, las razones que hacen a esos bonos interesantes desde la mirada del Ministerio de Economía para entrar en un canje son su elevada amortización semestral, del 8%, y el hecho de que representan la mitad de los vencimientos del año próximo.
“¿Será cierto”, comenzaba el posteo de Di Stéfano. Caputo le respondió con contundencia: “No lo es”. Luego, explicó por qué.
Según el ministro de Economía, el año próximo “se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y no se saldrá al mercado, independientemente del nivel del riesgo país”. Es una respuesta contundente en el actual contexto financiero de la Argentina.
Di Stéfano suele tener contacto con el Gobierno. El mejor ejemplo es la reunión que mantuvo el 25 de octubre pasado con Javier Milei en la Casa Rosada, según consta en los registros oficiales de audiencias.
Cohen precisó los alcances de su informe. “Cuando emitimos el artículo, nuestro propósito fue analizar los distintos escenarios que habilitaba el decreto pertinente [de canje de deuda], ofreciendo una evaluación objetiva de las posibles implicancias para el mercado de renta fija. En ningún momento buscamos predecir las probabilidades de un canje de deuda ni lo consideramos el escenario más probable. En efecto, destacamos que ‘... este decreto no significa que necesariamente se vaya a realizar un canje de la deuda en dólares. De hecho, es posible que la medida solo busque agilizar el proceso de renovación de los vencimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)’”.
Si hay una disciplina en la que el equipo económico superó las expectativas es en el frente financiero. Las empresas que cotizan en la Bolsa porteña más que duplicaron su valor, el riesgo país se desplomó a un tercio por la suba de los bonos y el dólar blue se orientó a la baja.
El último viernes, por caso, el paralelo se vendió a $1135. Ya van cuatro meses consecutivos de caídas nominales y esa cotización subió en el año apenas por encima del 10%, cuando la inflación fue mucho mayor.
Caputo siguió. “Son más de 4000 millones de dólares (sic) que inversores recibirán y probablemente querrán reinvertir en riesgo argentino, pero, como dije, no será en bonos soberanos. ¿Dónde irá esa plata entonces? Esa plata irá a financiar mayormente al sector privado y a alguna provincia. Eso se va a traducir en mayor inversión en la economía real, menores tasas de interés, crecimiento de la economía y trabajo para la gente”, cerró.
El hecho de retirarse del mercado masivo de deuda es una definición política del ministro. Sin el Estado aspirando la mayor parte de los pesos que estaban dando vueltas en la economía, los bancos volvieron a prestarle al sector privado.
Caputo no fue la única voz de su equipo que refrendó el hecho de que el Estado pagará los vencimientos del año próximo sin pedir prestado. Su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se sumó a la discusión y le respondió a Di Stéfano: “Todo, pero todo lo contrario”.
El equipo económico trabaja desde hace tiempo para darle señales al mercado que disipen cualquier posibilidad de incumplimiento –algo que no está en los planes de nadie, arrancando por el presidente Javier Milei– para mejorar la reputación crediticia del país.
La base de esa argumentación es el superávit fiscal. Desde el principio de la gestión, Economía y la Casa Rosada muestran y hacen propaganda con el hecho de que las cuentas cierran en la Argentina. Para eso, pagaron un alto costo político, con recortes en general y, en particular, sobre sectores sensibles como los jubilados y las universidades.
En octubre último, por caso, Quirno anunció que el Gobierno había girado los fondos al Bank of New York (BoNY) para pagar los intereses de la deuda que vence en enero.
Nadie duda, a esta altura, de que Economía resolverá los pagos de la primera parte del año. Más aún: en las condiciones actuales del mercado, el país tendría más facilidad para tomar deuda. De hecho, llegaron al equipo económico en el pasado reciente interesados en financiar a la Argentina, pero los rechazaron porque el Gobierno no está dispuesto a convalidar tasas de interés todavía altas.
De todas maneras, el futuro luce desafiante. En 2025 habrá vencimientos de títulos públicos por US$11.290 millones, sin contar la cuenta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de otros US$3000 millones. Los pasivos totales son, incluso, un poco más.
Pese al calendario abultado, el Gobierno tiene varias cartas para jugar. La Casa Rosada se entusiasma con anunciar una formalización de las conversaciones con el FMI por un nuevo programa antes de que termine el año. Eso allanaría cualquier otra negociación con acreedores de la Argentina. Más aún si, como se espera, el organismo con sede en Washington aporta fondos adicionales que permitan acelerar la salida del cepo cambiario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, parece cada vez más decidido a profundizar el camino que inició en diciembre pasado con el empujón del presidente Javier Milei. Con la voluntad de limpiar a la Argentina de las manchas que muestra a los ojos del mercado financiero, respondió con firmeza ayer a una conversación que se había iniciado en las redes sociales con respecto al futuro de la deuda soberana local. El tema representa algo así como un cable pelado debido al pasado oscuro que tiene el país en ese punto.
Todo comenzó con un posteo en X de Salvador Di Stéfano, un especialista en finanzas muy activo en esta red social. Difundía que, según la sociedad de Bolsa Cohen, los bonos de deuda soberana denominados GD30 –de la familia de los globales– y los muy populares AL30, emitidos bajo legislación local, eran candidatos a un canje.
En la práctica, hay muchos motivos que pueden llevar a un gobierno a hacer una operación financiera de ese estilo, aceptada por el mercado si no es compulsiva. Entre ellas, extender vencimientos y bajar las tasas de interés que paga.
De acuerdo con la explicación de Cohen que dio Di Stéfano, las razones que hacen a esos bonos interesantes desde la mirada del Ministerio de Economía para entrar en un canje son su elevada amortización semestral, del 8%, y el hecho de que representan la mitad de los vencimientos del año próximo.
“¿Será cierto”, comenzaba el posteo de Di Stéfano. Caputo le respondió con contundencia: “No lo es”. Luego, explicó por qué.
Según el ministro de Economía, el año próximo “se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y no se saldrá al mercado, independientemente del nivel del riesgo país”. Es una respuesta contundente en el actual contexto financiero de la Argentina.
Di Stéfano suele tener contacto con el Gobierno. El mejor ejemplo es la reunión que mantuvo el 25 de octubre pasado con Javier Milei en la Casa Rosada, según consta en los registros oficiales de audiencias.
Cohen precisó los alcances de su informe. “Cuando emitimos el artículo, nuestro propósito fue analizar los distintos escenarios que habilitaba el decreto pertinente [de canje de deuda], ofreciendo una evaluación objetiva de las posibles implicancias para el mercado de renta fija. En ningún momento buscamos predecir las probabilidades de un canje de deuda ni lo consideramos el escenario más probable. En efecto, destacamos que ‘... este decreto no significa que necesariamente se vaya a realizar un canje de la deuda en dólares. De hecho, es posible que la medida solo busque agilizar el proceso de renovación de los vencimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)’”.
Si hay una disciplina en la que el equipo económico superó las expectativas es en el frente financiero. Las empresas que cotizan en la Bolsa porteña más que duplicaron su valor, el riesgo país se desplomó a un tercio por la suba de los bonos y el dólar blue se orientó a la baja.
El último viernes, por caso, el paralelo se vendió a $1135. Ya van cuatro meses consecutivos de caídas nominales y esa cotización subió en el año apenas por encima del 10%, cuando la inflación fue mucho mayor.
Caputo siguió. “Son más de 4000 millones de dólares (sic) que inversores recibirán y probablemente querrán reinvertir en riesgo argentino, pero, como dije, no será en bonos soberanos. ¿Dónde irá esa plata entonces? Esa plata irá a financiar mayormente al sector privado y a alguna provincia. Eso se va a traducir en mayor inversión en la economía real, menores tasas de interés, crecimiento de la economía y trabajo para la gente”, cerró.
El hecho de retirarse del mercado masivo de deuda es una definición política del ministro. Sin el Estado aspirando la mayor parte de los pesos que estaban dando vueltas en la economía, los bancos volvieron a prestarle al sector privado.
Caputo no fue la única voz de su equipo que refrendó el hecho de que el Estado pagará los vencimientos del año próximo sin pedir prestado. Su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se sumó a la discusión y le respondió a Di Stéfano: “Todo, pero todo lo contrario”.
El equipo económico trabaja desde hace tiempo para darle señales al mercado que disipen cualquier posibilidad de incumplimiento –algo que no está en los planes de nadie, arrancando por el presidente Javier Milei– para mejorar la reputación crediticia del país.
La base de esa argumentación es el superávit fiscal. Desde el principio de la gestión, Economía y la Casa Rosada muestran y hacen propaganda con el hecho de que las cuentas cierran en la Argentina. Para eso, pagaron un alto costo político, con recortes en general y, en particular, sobre sectores sensibles como los jubilados y las universidades.
En octubre último, por caso, Quirno anunció que el Gobierno había girado los fondos al Bank of New York (BoNY) para pagar los intereses de la deuda que vence en enero.
Nadie duda, a esta altura, de que Economía resolverá los pagos de la primera parte del año. Más aún: en las condiciones actuales del mercado, el país tendría más facilidad para tomar deuda. De hecho, llegaron al equipo económico en el pasado reciente interesados en financiar a la Argentina, pero los rechazaron porque el Gobierno no está dispuesto a convalidar tasas de interés todavía altas.
De todas maneras, el futuro luce desafiante. En 2025 habrá vencimientos de títulos públicos por US$11.290 millones, sin contar la cuenta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de otros US$3000 millones. Los pasivos totales son, incluso, un poco más.
Pese al calendario abultado, el Gobierno tiene varias cartas para jugar. La Casa Rosada se entusiasma con anunciar una formalización de las conversaciones con el FMI por un nuevo programa antes de que termine el año. Eso allanaría cualquier otra negociación con acreedores de la Argentina. Más aún si, como se espera, el organismo con sede en Washington aporta fondos adicionales que permitan acelerar la salida del cepo cambiario.
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