HUGO ALCONADA MON ENTREVISTA A DELIA FERREIRA RUBIO

La argentina que preside Transparencia Internacional sostiene que a raíz del impacto de la pandemia hay un resurgimiento del Estado fuerte como actor en la sociedad; advierte que las apps ponen en riesgo la autonomía de las personas

Hugo Alconada Mon
Delia Ferreira Rubio
“La tendencia al autoritarismo se acentuó con el estado de emergencia. Lo mismo que la concentración de poder”
Su acento cordobés está allí, firme. Pero ella, Delia Ferreira Rubio, no está donde debería estar. Ni tampoco está donde debería estar de no estar donde debería estar. Traducción: la argentina que preside el board mundial de Transparencia Internacional (TI) desde 2017 debería estar ahora en Corea del Sur, país anfitrión de la XIX Conferencia Internacional Anticorrupción. Pero el encuentro se canceló por el Covid-19, cuyo avance la atrapó en Berlín, a punto de retornar a Buenos Aires. Y allí sigue, más de dos meses después, en un apart berlinés, porque cerraron los hoteles. Pero ella lo tomó como una oportunidad. Para redoblar su trabajo en las oficinas centrales de Transparencia, para observar in situ cómo reacciona la Unión Europea (UE) a la pandemia y para ahondar sobre uno de sus focos de interés: la expansión de la “sociedad de vigilancia”.
“Debemos mirar las dos caras de la tecnología, que puede favorecer la transparencia, como vemos en algunos países, pero también plantea sombras sobre el acceso y dominio de los datos privados por parte de empresas privadas o de los gobiernos. Es un nuevo tipo de concentración de poder que nada tiene que ver con el poder tradicional”, plantea Ferreira Rubio, quien considera que estamos “ante otra configuración del poder sobre la sociedad” que plantea interrogantes “sobre la verdadera autonomía de las personas”.
Ese no es, sin embargo, su único foco de interés. Ve acentuarse algunas tendencias que ya estaban latentes antes de la pandemia, como el nacionalismo, la concentración de poder, y el surgimiento de nuevos fenómenos, como la “appmedia” o epidemia de aplicaciones gubernamentales para teléfonos celulares, mientras también centra su mirada en los comités de expertos. ¿Quiénes son? ¿Cómo los seleccionaron? ¿Ocultan algún conflicto de interés? Por eso, en plena emergencia, considera “inconcebible” que los tribunales cierren sus puertas. “¡La administración de Justicia es un servicio esencial de la República!”, clama.

–¿Cree que los temores que despierta la pandemia pueden reducir la atención ciudadana a los abusos de poder?
–No creo. Los ciudadanos comprenden que incluso la llamada “pequeña” corrupción puede causar muertes: desde afectar el acceso a la vacuna, cuando esté disponible, a definir quién tiene el “amigo” que consigue el remedio o la cama que falta en el hospital, o quién le paga al médico para que el único respirador artificial que está disponible sea para tu familiar y no para otro, como han venido denunciándolos médicos en Italia, por ejemplo. –Y yendo más allá de la lucha contra la corrupción en sí, ¿qué observa?
–Que se han acelerado algunas tendencias que ya veníamos observando. La tendencia al autoritarismo era una de nuestras preocupaciones antes del Covid-19 y se ha acentuado con el estado de emergencia. Lo mismo que la concentración del poder y el crimen organizado. Y debemos mirar las dos caras de la tecnología, que puede favorecer la transparencia, como vemos en algunos países, pero también plantea sombras sobre el acceso y dominio de los datos privados por parte de empresas privadas o gobiernos. Es un nuevo tipo de concentración de poder que nada tiene que ver con el poder tradicional. Por nuestra formación estamos preparados para controlar a los funcionarios o a ciertas empresas, pero no para controlar a la “sociedad de vigilancia”. ¡Ni siquiera sabemos dónde está el centro de poder, que tampoco reside en las cinco grandes empresas tecnológicas! Estamos ante otra configuración del poder sobre la sociedad, con una “appdemia”, una epidemia de aplicaciones para el celular, que les agarró a los gobiernos. Y esto derivó en un fenómeno singular: han sido las grandes compañías, Google y Apple, las que en este caso defendieron los derechos individuales de las personas, no los gobiernos, fijando las reglas. Establecieron que los datos deben permanecer descentralizados en cada teléfono, que las apps no pueden ser obligatorias, que deben ofrecer distintos niveles de consentimiento de sus usuarios, y que la información se autodestruya a los 14 o 21 días, es decir, cuando se cumple el período de posible contagio. Porque, ¿para qué quiere un gobierno tener los datos sobre dónde estuviste o con quién te cruzaste hace ocho meses? Los riesgos con estas apps están allí. En algunas creadas para el autodiagnóstico, por ejemplo, el usuario debe detallar sus enfermedades preexistentes, ¿qué pasa si esa información de algún modo termina en las manos equivocadas? La discusión va más allá del derecho a la intimidad, lo que está en riesgo con estas apps es la autonomía de las personas. Está en riesgo cuánto puedo hacer y cuánto puedo decidir y cuánto están decidiendo otros por mí por motivos que ni sabemos. Todo eso requiere una regulación. Así que volviendo a su pregunta, sí, algunas tendencias se han exacerbado como el nacionalismo en algunos países, mientras que otros expresan su deseo de cerrarse sobre sí mismos o vemos un resurgimiento del Estado como actor en la sociedad, una vuelta a un Estado más fuerte. –En este contexto, ¿qué pueden hacer los ciudadanos, confinados como están en sus casas?

–En eso, la tecnología nos ayuda. Por supuesto que el ciudadano, solo y aislado, es muy difícil que pueda hacer algo más que participar en las redes sociales y expresar lo que piensa. Eso es muy útil, pero también creo que la sociedad civil organizada tiene un rol que cumplir. Le doy un ejemplo: cuando el FMI y el Banco Mundial anuntexto ciaron grandes paquetes de ayuda ante la pandemia, nos movimos muy rápido con Human Rights Watch y Amnesty International para plantearles a esos organismos la necesidad de que fijen controles de transparencia y rendición de cuentas de esos fondos, como así también un monitoreo de su destino final para evitar que el dinero que entre a un país salga de inmediato hacia paraísos fiscales, como ya ocurrió en el pasado. Enseguida recogieron el guante. Si observa el discurso posterior a nuestra petición de la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo: “Guarden las facturas porque vamos a controlarlas”. El sentido es simple: ¿La gente afectada recibe la ayuda que se envía? –¿Hay prácticas corruptas distintivas de esta pandemia? ¿Qué información reciben de los países donde Transparencia
Internacional tiene “capítulos”?
–Sí, se repiten. En múltiples países se han repetido las compras públicas de elementos que no están probados, la incorporación de proveedores que no son los habituales de esos Estados y los procesos de compras con controles muy bajos dada la “urgencia”. Así es como aparecen proveedores de zapatillas que ahora ofrecen respiradores o que ni eran proveedores y que acumulan conflic
tos de interés a granel. Tenemos países, por ejemplo, incluso democracias consolidadas, en los que hay ministros que renuncian y a la semana siguiente aparecen como proveedores del Estado y venden productos para combatir el Covid-19. Numerosos gobiernos aprovecharon para bloquear el acceso a información pública y nuestros “capítulos” en América Latina y del norte de África insisten mucho ahora para obtener esos datos. Pero los funcionarios argumentan que no pueden estar contestando estos pedidos en medio de una pandemia. Y a otro eje que apuntan nuestros equipos en los países árabes y del norte de África son las donaciones. Es decir, ¿dónde terminan esas donaciones de dinero, de medicamentos, de insumos para los hospitales? En definitiva, habrá muchas lecciones para aprender, por ejemplo, para analizar quiénes están tomando las decisiones. –¿Cómo es eso? –¿Quiénes integran los comités que asesoran a las autoridades en las tomas de decisiones? Porque esos comités no son electivos, no responden a nadie salvo a quien los designó y muchas veces ni siquiera sabemos cuántos y quiénes son, y esto pasa en muchos países. Le aclaro: me parece muy bien que los jefes de Estado consulten a expertos. Pero algunos de esos expertos son más visibles que otros. Entonces tenemos al presidente o al primer ministro dando la cara, ¿pero quién está detrás de él? Puede ocurrir que algunos de los miembros de esos comités solo estén viendo una dimensión de los problemas, y esa es una discusión que se empieza a dar en la Argentina, por ejemplo. 

En otros casos no hay protocolos para definir cómo se seleccionan a los expertos o cómo toman sus decisiones, ni rinden cuenta de lo que proponen e ignoramos si tienen algún conflicto de interés. ¡Pueden tenerlos, pero no lo sabemos! Por eso nuestros capítulos en algunos países han recurrido a los mecanismos de acceso a la información pública, como España, para pedir esos datos.
–¿El cierre de los parlamentos y tribunales es también una práctica que se repite en los países afectados por la pandemia?
–No hay una respuesta unívoca. Algunos países están más desarrollados que otros en tecnología y eso les permitió avanzar más rápido, mientras que otros han intentado abordajes mixtos, con variantes digitales y presenciales. En algunos países de Europa se tomaron medidas para que funcionen sus parlamentos de manera digital antes de que se produjera la necesidad de cerrarlos, mientras que ha habido algunos casos en los que cerraron completamente. Ahora, en el Reino Unido están discutiendo cómo lograr la presencia física de los parlamentarios, lo que provocó el reclamo de aquellos que integran algún grupo de riesgo y que plantean que podrían participar de las sesiones y votaciones desde sus casas apretando algún botón. Y en cuanto a los poderes judiciales, algunos países optaron por reducir los tribunales a sus equipos más básicos, otros optaron por continuar, pero sin que sus edificios estén totalmente abiertos al público, y otros mantuvieron abiertos sus tribunales, como Alemania, resolviendo planteos contra ciertas decisiones del gobierno imponiendo el confinamiento o definiendo la apertura parcial de comercios o las apps. –Sin embargo, usted ha sido muy clara en su posición…
–Es que cerrar el Poder Judicial por la pandemia es inconcebible. ¡La administración de Justicia es un servicio esencial de la República! En un momento discutimos esto con el equipo de Poder Ciudadano al mismo tiempo que estaban discutiendo si reabrían las peluquerías en la Argentina… ¡Que obviamente han sido todo un tema en todo el mundo! [Carcajadas] Si estamos discutiendo reabrir las peluquerías, ¿cómo es posible que no reabra la Justicia? Alguien cercano a la Corte Suprema me indicó que al Palacio de Tribunales [en Buenos Aires] entran unas 15.000 personas por día, lo cual es todo un riesgo en la situación actual, y mi respuesta fue que si los supermercados se las han apañado para reabrir y lograr que las personas ingresen en orden, que haya personal con alcohol y otras medidas de protección, ¿cómo puede ser que el Poder Judicial continúe cerrado? –¿Hay alguna pregunta que no le planteé y usted quisiera responder?
–No… [Calla durante unos segundos] Sí. Hay un tema aún muy incipiente, pero que vale la pena plantear: creemos que el Covid-19 afecta distinto a las mujeres. Por eso estamos haciendo ahora un estudio con ONU Mujeres sobre corrupción, género y Covid-19. Porque ya sabemos que la corrupción afecta distinto a las mujeres en términos generales, dado que, en ocasiones por ejemplo, la moneda de cambio para obtener algo puede ser el sexo, y a menudo son las mujeres las que dan la cara, las que van al hospital a pedir una cama para un familiar o al comedor comunitario a buscar comida, por lo que están más expuestas a los pedidos de coimas. Ahora es posible que con la pandemia las mujeres sean aún más afectadas. Estamos analizándolo en Asia y África.
–Alude a las mujeres, ¿es correcto afirmar que las líderes gobiernan mejor que sus pares varones durante la pandemia?
–Creer que las mujeres, de por sí, son más honestas que los hombres o más proclives a la honestidad, es una barbaridad. Es falso. No hay que mirar si se trata de mujeres o varones, si no a la calidad de su liderazgo: ¿toman decisiones rápidas, pensadas? ¿Comunican bien? ¿Muestran empatía con la sociedad? ¿Transmiten confianza? ¿Generan confianza en sus ciudadanos? Esas son, entre otras, las variables a mirar.