ESCENARIO

Una nueva época en la Justicia: juzgar al poder cuando aún es poder
Diego Cabot
La Argentina tiene, al menos, 200 lugares bautizados Néstor Kirchner y actualmente, las dos obras públicas más importantes, el gasoducto desde Vaca Muerta y una de las represas que se construyen en Santa Cruz, llevarán su nombre. Pues si el expresidente estuviera vivo y no se hubiera extinguido la acción penal, ayer hubiese sido condenado con su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Los dos máximos dirigentes políticos del oficialismo, que gobierna el país y que lo hizo 15 de los últimos 19 años, terminaron el día con una pena de prisión e inhabilitación a ocupar cargos públicos. Esa es la dimensión política de lo que sucedió.
Más allá de lo que significa la sentencia –de primera instancia y plausible de cantidad de recursos–, hay varias aristas como para entender la significación de la decisión.
La primera, la implicancia institucional. Por primera vez, la Justicia juzga al poder cuando es poder. Un pilar del Estado de Derecho, diseñado desde su origen para controlar a los otros, hace valer su contrapeso.
El fallo se dictó en medio de un arsenal de estrategias que hicieron lo posible para que la sentencia no llegue nunca. Claro que es legal utilizar apelaciones, nulidades, pedidos de incompetencia, intentos de correr jueces, entre otros muchos recursos procesales que se interpusieron. Pero que quede claro, fueron intentos válidos de las defensas para que el juicio oral no empiece jamás.
Este sistema de defensa, una vez más hay que decirlo que es legítimo, esconde otro paradigma: no discutir hechos o difuminarlos de tal manera que se pierda referencia de los sucesos que se juzgan. Todo pasa a ser un laberinto procesal donde cada avance siempre se detiene por una argucia más, y en el que el desenlace se parece más a un deseo que una circunstancia posible.
Ese esquema favorece al culpable. Siempre hay algo que hablar o que decir antes de referirse a los hechos que lo llevaron al banquillo. Solo para recordar qué es lo que aquí se juzga. Según el fiscal Diego Luciani, se trata de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.
A la dilación como estrategia, en este caso, se sumó otro elemento. El peso del Estado y de sus protagonistas como mascarón de proa para dirigir los embates no ya contra un juez o un fiscal, sino contra el Poder Judicial. La desmesura llegó a un punto cúlmine cuando Cristina Kirchner trazó una analogía y sostuvo que el tribunal es un pelotón de fusilamiento. Solo un país desencajado donde las palabras valen poco y solo apuntan a los fanáticos puede tolerar semejante desproporción.
La Argentina ha construido una Justicia que avanza con pereza en los casos de corrupción. Esta particularidad genera una sociedad política que no tiene condenados. Eso es un problema, pero el peor es que no tiene inocentes. En ese mundo sin inocentes vale todo; da lo mismo.
Ahora Cristina Kirchner y varios de los procesados ya no están parados en el mismo escalón que otros. Unos son condenados; otros sospechosos, y algunos, inocentes. Siempre es más fácil acudir a una supuesta persecución que revertir centenares de fojas donde se compilan pruebas y conductas antijurídicas.
El camino de Cristina Kirchner durante el proceso también debe mirarse con atención a la hora de imaginar lo que vendrá. La estrategia de la demolición del juzgador es uno de los pilares de su defensa desde que se empezó a ver cercada por las pruebas. Cualquier abogado que transite por los pasillos de las cárceles podrá contar lo que la mayoría de los presos opina respecto de su caso. Una enorme proporción de ellos sostendrán que son inocentes y que un juez se ensañó con ellos.
Esa forma de internalizar una condena tiene su motivación en la necesidad de mantener la esperanza ante una vida de encierro. La apropiación de esta argumentación carcelaria por parte de la vicepresidenta tiene otro peso institucional. Cristina Kirchner intentó desvirtuar al juzgador y al acusador. Juez y fiscal fueron apuntados por espionajes, fotos, descalificaciones y acusaciones. No sirvió nada. Entonces la tropa pasó a otra dimensión: destruir los cimientos de la institución.
La persecución como estrategia de victimización es repetida en la América Latina del siglo XXI. Lo que aún no se sabe es si además esa postura desafiante terminará con una desobediencia al fallo.
Tom Tyler, un profesor de la Universidad de Yale, escribió una obra llamada La obediencia del derecho. Parte sustancial de su trabajo trata sobre que el cumplimiento de las normas viene determinado por su aceptación social. “La ley y las decisiones de las distintas autoridades jamás van a llegar a ser útiles si la gente las ignora. Una de las claves para la eficacia de la política criminal es que se cumplan las normas, por eso es importante y necesario que exista una confianza pública en el sistema, y que los ciudadanos acepten que las instituciones legales tienen un derecho legítimo a ejercer su autoridad”, escribió Tyler. Se entiende por qué Cristina Kirchner apostó por el camino de restar legitimidad a la Justicia.
Los referentes políticos democráticos tienen algunas responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano. De las instituciones y del respeto a ellas surge la legitimidad de aquellos. No es posible soportar la demolición judicial cuando el proceso tuvo todas las instancias y las garantías.
Lo que sucedió es que nunca se discutieron los hechos ni se desvirtuaron las acusaciones. El agobio no llegó por una persecución, sino por una sedimentación de pruebas que abrieron el camino a una condena.
Pero eso importa poco para el kirchnerismo, que sigue los dichos y las acciones de Cristina Kirchner como un dogma.
Empezará el tiempo de las apelaciones para llevar la condena firme, como se dijo, a la línea del infinito. Solo que para defenderse, la vicepresidenta deberá transitar esos años eternos parada en el lugar de los condenados, y como hizo inmediatamente después del fallo, usando palabras ya gastadas, remanidas y oxidadas. Eso es pararse varios escalones por debajo de lo que requiere una república moderna.

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