BOCHORNO

Las reformas constitucionales, de Jujuy a La Rioja
La violencia de activistas en San Salvador de Jujuy y los despropósitos del gobernador riojano son las caras de una misma moneda antirrepublicana
Junto a los comicios para elegir gobernador y legisladores en las provincias de Jujuy y La Rioja, se votaron convencionales constituyentes con el objeto de promover sendas reformas constitucionales.
En el caso de Jujuy, se aprobó la semana última una reforma de la Constitución provincial que, a diferencia de otros procesos similares registrados en otros distritos, no tuvo como objetivo forzar una reelección indefinida del gobernador ni modificar el sistema electoral en beneficio del oficialismo.
No se puede dejar de recordar que, a partir de la reforma constitucional de la provincia de Córdoba, aprobada en 1987 por impulso del entonces gobernador Eduardo Angeloz, hubo una carrera de reformas que, con el pretexto de garantizar supuestos nuevos derechos, buscaron fundamentalmente implantar la reelección de los mandatarios provinciales, al igual que sistemas electorales tendientes a que disminuyera la representación de las minorías en las legislaturas locales.
Debe celebrarse que la reforma constitucional que se aprobó recientemente en Jujuy dejase de lado deformaciones del sistema electoral como los periódicos intentos de algunos gobernadores de imponer instrumentos que muchas veces distorsionan la voluntad popular, como la ley de lemas aplicada en San Luis. Otro avance ha sido la limitación del alcance de los fueros y el de las reelecciones de intendentes y legisladores. Evitar la prolongación en el poder fortalece la institucionalidad republicana.
Del mismo modo, se limitó la facultad del gobernador jujeño para conceder indultos a los culpables de delitos de corrupción.
También se estableció la prohibición del corte de rutas, preservando el derecho a la libre circulación por el territorio nacional que dispone la Constitución nacional. Se trata de un paso adelante en la medida en que no se afecta el derecho de reunión y se preserva el necesario equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y la responsabilidad de asegurar el orden.
Es trascendente que, pese a que la fuerza política oficialista, liderada por el gobernador Gerardo Morales, contaba con amplia mayoría propia en la Convención Constituyente, se consensuó la reforma con el bloque justicialista. De esta manera, se abandonó la idea inicial de restablecer el sistema de lista incompleta que puede asegurar una mayoría al gobierno, aunque triunfe siendo una primera minoría, y se mantuvo la representación proporcional. Este mecanismo permite reflejar en la Legislatura la representación de los partidos de acuerdo con su caudal electoral, sin dar lugar a mayorías artificiales como las existentes en otras provincias con sistemas que desvirtúan la voluntad popular. Otro acuerdo logrado fue desistir del propósito inicial del gobierno jujeño de concluir con las elecciones de medio término.
Frente a las disidencias manifestadas por representantes de pueblos originarios, el gobernador y los convencionales accedieron a suspender dos de los artículos que contemplaba el proyecto reformista: uno referido a la restitución de propiedades a sus dueños, y otro sobre derechos y garantías de las comunidades indígenas, según el cual el Estado promovía la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Ni el hecho de que imperara el diálogo y se alcanzaran amplios consensos políticos para determinar el contenido de la reforma constitucional evitó la reacción violenta de grupos sediciosos que el 20 de junio intentaron incendiar la sede de la Legislatura, donde se estaba aprobando y jurando la nueva Constitución, además de destruir automóviles particulares y protagonizar enfrentamientos con efectivos policiales, sobre quienes descargaron varias toneladas de piedras.
La jornada de violencia concluyó con unos 70 heridos y alrededor de 60 detenidos. Entre estos últimos, había muchos activistas con graves antecedentes delictivos, tales como tenencia ilegal de armas, robo, hurto, amenazas, violencia de género y hasta abuso sexual y violación. Llamativamente, todos fueron liberados por orden judicial, pese a que el fiscal de la causa abierta había solicitado que quedaran en prisión preventiva. Una decisión que puede relacionarse con el vergonzoso acompañamiento que tuvieron los violentos activistas de parte del gobierno nacional, cuyas autoridades repudiaron la represión policial sin expresar ni una sola frase de condena al accionar delictivo de los manifestantes, algunos de los cuales fueron movilizados desde otras provincias. Como señalamos en esta columna editorial una semana atrás, el episodio y las posteriores interpretaciones hechas públicas desde el kirchnerismo tuvieron todos los condimentos de un ensayo destituyente. Una suerte de amenaza anticipatoria de lo que podría esperar un hipotético gobierno de signo opositor a la actual coalición que gobierna el país, a partir del 10 de diciembre.
La provincia de La Rioja también se apresta a reformar su Constitución, en un contexto de desconfianza por parte de la oposición acerca de las posibles intenciones del gobernador Ricardo Quintela de modificar la cláusula que permite solo una reelección. Las declaraciones de este gobernador muestran un notorio desapego de la tradición republicana argentina.
Quintela ha colonizado el poder judicial riojano con familiares directos y las opiniones que ha vertido en los medios de comunicación muestran sus simpatías por las autocracias, que no reconocen límites al poder. El mandatario de La Rioja cree en una prensa subordinada al poder y una Justicia que siga ciegamente los dictados y caprichos del gobernante y aspira a que esos despropósitos queden plasmados en la letra del nuevo texto constitucional, mezclados con supuestos nuevos derechos como el derecho al agua o a la energía y la conectividad, al igual que a una renta básica que solo podría concretarse con más subsidios desde Buenos Aires, dado que la recaudación de esta provincia solo alcanza para pagar poco más de una quincena de los sueldos de su numerosa plantilla de empleados públicos. El 90% de los pueblos de La Rioja carecen de agua potable, porque esos problemas no se solucionan con la inclusión de un artículo en la Constitución, sino con inversión en infraestructura.
Se plantea establecer períodos de permanencia en el cargo a la Justicia similares a los de los legisladores, afectando la independencia judicial, y se pretende introducir normas sobre libertad de prensa, violando la Constitución nacional. Son conocidas las declaraciones del gobernador Quintela acerca de la necesidad de impedir el acceso de los medios nacionales a las provincias, por la razón de que son los únicos que informan sobre los atropellos de los regímenes patrimonialistas que imperan en casi todo el norte del país.
No se plantea, en cambio, establecer un régimen electoral que garantice a las minorías la representación legislativa acorde con sus caudales electorales. El vigente solo concede una escasa representación a la segunda fuerza, aunque pierda los comicios por un par de votos.
Es lamentable que en la provincia que dio al país un notable estadista como Joaquín V. González, autor del famoso Manual de la Constitución, que educó a miles de ciudadanos en el aprecio y respeto de la Constitución nacional de 1853/60, y gobernador de La Rioja hacia 1888, se haya dado, como en otros distritos con características feudales, la degradación de la política que encumbra a estos personajes menores que desmerecen esas tradiciones.
Entre los alrededor de 60 detenidos en Jujuy, había muchos con graves antecedentes delictivos. Llamativamente, todos fueron liberados

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