El kirchnerismo apura las gestiones para nombrar jueces en cargos claves
Cristina quiere aprobarlos antes de fin de año; la oposición resiste
Gustavo Ybarra
La vicepresidenta impulsa una sesión en la Cámara alta
Condicionado por el interés de la vicepresidenta Cristina Kirchner en nombrar jueces en cargos claves, y ante el bloqueo que ejerce la oposición de Juntos por el Cambio, el senador oficialista José Mayans está haciendo gestiones para poder celebrar una sesión de la Cámara alta la última semana de este mes. El principal objetivo es aprobar los pliegos de varios jueces enviados por el Poder Ejecutivo, pero también la prórroga por cinco años de la jueza Ana María Figueroa, que tiene que votar si confirma el fallo de primera instancia que decretó el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces o si habilita el juicio oral.
Acorralado por el interés de Cristina Kirchner en nombrar jueces en cargos claves antes de abandonar el poder y por la consecuente negativa de la oposición a concederle ese triunfo a un gobierno que consideran en retirada, el jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans (Formosa), rema por estos días contra la corriente para tratar de armar una sesión en la última semana de junio.
El principal objetivo del Frente de Todos es un paquete de pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo que despiertan el interés de la vicepresidenta y que todavía no pueden ser discutidos en la Comisión de Acuerdos porque no han tomado “estado parlamentario” debido a que la Cámara alta no celebró ninguna sesión desde que el Gobierno envió los nombramientos.
Eso no es todo. Hace tres semanas que el oficialismo tiene en las gateras el dictamen de la jueza Ana María Figueroa, vocal de la Cámara de Casación Penal cuyo pliego el Poder Ejecutivo envió al Senado para prolongarle por cinco años su magistratura una vez que en agosto cumpla 75 años y deba jubilarse.
Con los plazos procesales vencidos, aunque Figueroa lo negó en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, la jueza tiene que votar si confirma el fallo de primera instancia que decretó el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia, o si habilita el juicio oral.
“De ninguna manera vamos a permitir que se apruebe el pliego de Figueroa, es una decisión que tomó el bloque”, le dijo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCRMendoza), confirmando la negativa que recibió Mayans la semana pasada cuando el oficialista le planteó la necesidad de realizar una sesión para tratar los pliegos judiciales con consenso.
Entre tanta demora, en los últimos días comenzó a circular el rumor de que el kirchnerismo habría perdido interés en apoyar a Figueroa. Suena lógico. El verdadero deseo del kirchnerismo es llamar a sesión para que ingresen los pliegos que más le interesan y convocar a audiencia pública, paso previo a la firma del dictamen.
Pero la situación no se presenta fácil para el oficialismo desde que a fines de febrero último cuatro senadores abandonaron el Frente de Todos. Ante este escenario, Juntos por el Cambio aprovecha la debilidad de sus rivales y bloquea cualquier posibilidad de que el oficialismo pueda abrir el recinto.
La lista de pliegos que interesa a Cristina Kirchner es breve, pero los nombres y cargos para los que están propuestos tienen la suficiente potencia para resaltar ante la mirada de Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos y perro cancerbero opositor en materia de acuerdos judiciales.
Uno de los que más rebelan a la oposición es el caso de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior que responde al titular de la cartera política, Eduardo De Pedro, y que está propuesta para una poltrona en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial con asiento en la Capital. Para el mismo tribunal también está propuesto Humberto Guardia Mendonca, otro candidato de vínculos subterráneos con el kirchnerismo judicial.
Tribunal estratégico
La Sala de Defensa de la Competencia tiene un papel estratégico en la definición de posiciones dominantes o monopólicas, fusiones y adquisiciones de empresas, por lo que sus fallos tienen fuerte incidencia en materia de intervención en los mercados.
Otro apuntado por la oposición es Juan Rafael Stinco, propuesto para el Juzgado Federal 7 en lo Contencioso Administrativo, fuero con peso político ya que decide en casos que involucran al Estado.
En Juntos por el Cambio recuerdan que Stinco fue asesor de Axel Kicillof cuando el ahora gobernador fue ministro de Economía y ocupó un lugar en el directorio de YPF. También fue funcionario del kirchnerismo en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
Eso no es todo. Stinco fue impugnado por un grupo de postulantes a juezas por considerar que su nominación viola la Constitución, entre otras razones, porque hace menos de dos años el Senado le dio su acuerdo como juez civil.
Otro caso de interés del kirchnerismo es el de Tomás Rodríguez Ponte, postulado para el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
El candidato estuvo al frente de la Dirección de Escuchas judiciales cuando, en la presidencia de Mauricio Macri, se filtraron los audios de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Ponte siempre negó haber tenido vinculación con el incidente. Parece que la vicepresidenta, ahora, cree en la inocencia del postulante.
Sin Juntos por el Cambio dispuesto a dar quorum, la única posibilidad de reunirlo que le queda a Mayans es convencer a los peronistas de Unidad Federal, el grupo de senadores integrado por los cuatro escindidos del Frente de Todos y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti.
La tarea no parece fácil, sobre todo porque dos de ellos, el presidente de la bancada, Guillermo Snopek (Jujuy), y Edgardo Kueider (Entre Ríos), se mostrarían resbaladizos a la hora de cumplir sus compromisos. “Te dicen una cosa y después hacen otra”, se quejó un oficialista.
A pesar de estar en un año electoral, lo que ayuda a que el Senado se encuentre paralizado, el tiempo juega a favor del oficialismo. Algunos memoriosos de las lides parlamentarias todavía recuerdan que Cristina Kirchner forzó la máquina hasta el último día de su segundo mandato, cuando obligó al bloque del Frente para la Victoria, que por entonces presidía Miguel Ángel Pichetto, a tratar de sancionar una ley que le transfería a Santa Cruz $5000 millones de fondos nacionales para recrear la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). No tuvo éxito: aquella sesión, convocada para el 9 de diciembre de 2015, fracasó por el rechazo de la oposición, pero también por la negativa de varios senadores oficialistas que consideraban un despropósito la medida.
Condicionado por el interés de la vicepresidenta Cristina Kirchner en nombrar jueces en cargos claves, y ante el bloqueo que ejerce la oposición de Juntos por el Cambio, el senador oficialista José Mayans está haciendo gestiones para poder celebrar una sesión de la Cámara alta la última semana de este mes. El principal objetivo es aprobar los pliegos de varios jueces enviados por el Poder Ejecutivo, pero también la prórroga por cinco años de la jueza Ana María Figueroa, que tiene que votar si confirma el fallo de primera instancia que decretó el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces o si habilita el juicio oral.
Acorralado por el interés de Cristina Kirchner en nombrar jueces en cargos claves antes de abandonar el poder y por la consecuente negativa de la oposición a concederle ese triunfo a un gobierno que consideran en retirada, el jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans (Formosa), rema por estos días contra la corriente para tratar de armar una sesión en la última semana de junio.
El principal objetivo del Frente de Todos es un paquete de pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo que despiertan el interés de la vicepresidenta y que todavía no pueden ser discutidos en la Comisión de Acuerdos porque no han tomado “estado parlamentario” debido a que la Cámara alta no celebró ninguna sesión desde que el Gobierno envió los nombramientos.
Eso no es todo. Hace tres semanas que el oficialismo tiene en las gateras el dictamen de la jueza Ana María Figueroa, vocal de la Cámara de Casación Penal cuyo pliego el Poder Ejecutivo envió al Senado para prolongarle por cinco años su magistratura una vez que en agosto cumpla 75 años y deba jubilarse.
Con los plazos procesales vencidos, aunque Figueroa lo negó en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, la jueza tiene que votar si confirma el fallo de primera instancia que decretó el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia, o si habilita el juicio oral.
“De ninguna manera vamos a permitir que se apruebe el pliego de Figueroa, es una decisión que tomó el bloque”, le dijo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCRMendoza), confirmando la negativa que recibió Mayans la semana pasada cuando el oficialista le planteó la necesidad de realizar una sesión para tratar los pliegos judiciales con consenso.
Entre tanta demora, en los últimos días comenzó a circular el rumor de que el kirchnerismo habría perdido interés en apoyar a Figueroa. Suena lógico. El verdadero deseo del kirchnerismo es llamar a sesión para que ingresen los pliegos que más le interesan y convocar a audiencia pública, paso previo a la firma del dictamen.
Pero la situación no se presenta fácil para el oficialismo desde que a fines de febrero último cuatro senadores abandonaron el Frente de Todos. Ante este escenario, Juntos por el Cambio aprovecha la debilidad de sus rivales y bloquea cualquier posibilidad de que el oficialismo pueda abrir el recinto.
La lista de pliegos que interesa a Cristina Kirchner es breve, pero los nombres y cargos para los que están propuestos tienen la suficiente potencia para resaltar ante la mirada de Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos y perro cancerbero opositor en materia de acuerdos judiciales.
Uno de los que más rebelan a la oposición es el caso de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior que responde al titular de la cartera política, Eduardo De Pedro, y que está propuesta para una poltrona en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial con asiento en la Capital. Para el mismo tribunal también está propuesto Humberto Guardia Mendonca, otro candidato de vínculos subterráneos con el kirchnerismo judicial.
Tribunal estratégico
La Sala de Defensa de la Competencia tiene un papel estratégico en la definición de posiciones dominantes o monopólicas, fusiones y adquisiciones de empresas, por lo que sus fallos tienen fuerte incidencia en materia de intervención en los mercados.
Otro apuntado por la oposición es Juan Rafael Stinco, propuesto para el Juzgado Federal 7 en lo Contencioso Administrativo, fuero con peso político ya que decide en casos que involucran al Estado.
En Juntos por el Cambio recuerdan que Stinco fue asesor de Axel Kicillof cuando el ahora gobernador fue ministro de Economía y ocupó un lugar en el directorio de YPF. También fue funcionario del kirchnerismo en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
Eso no es todo. Stinco fue impugnado por un grupo de postulantes a juezas por considerar que su nominación viola la Constitución, entre otras razones, porque hace menos de dos años el Senado le dio su acuerdo como juez civil.
Otro caso de interés del kirchnerismo es el de Tomás Rodríguez Ponte, postulado para el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
El candidato estuvo al frente de la Dirección de Escuchas judiciales cuando, en la presidencia de Mauricio Macri, se filtraron los audios de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Ponte siempre negó haber tenido vinculación con el incidente. Parece que la vicepresidenta, ahora, cree en la inocencia del postulante.
Sin Juntos por el Cambio dispuesto a dar quorum, la única posibilidad de reunirlo que le queda a Mayans es convencer a los peronistas de Unidad Federal, el grupo de senadores integrado por los cuatro escindidos del Frente de Todos y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti.
La tarea no parece fácil, sobre todo porque dos de ellos, el presidente de la bancada, Guillermo Snopek (Jujuy), y Edgardo Kueider (Entre Ríos), se mostrarían resbaladizos a la hora de cumplir sus compromisos. “Te dicen una cosa y después hacen otra”, se quejó un oficialista.
A pesar de estar en un año electoral, lo que ayuda a que el Senado se encuentre paralizado, el tiempo juega a favor del oficialismo. Algunos memoriosos de las lides parlamentarias todavía recuerdan que Cristina Kirchner forzó la máquina hasta el último día de su segundo mandato, cuando obligó al bloque del Frente para la Victoria, que por entonces presidía Miguel Ángel Pichetto, a tratar de sancionar una ley que le transfería a Santa Cruz $5000 millones de fondos nacionales para recrear la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). No tuvo éxito: aquella sesión, convocada para el 9 de diciembre de 2015, fracasó por el rechazo de la oposición, pero también por la negativa de varios senadores oficialistas que consideraban un despropósito la medida.
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