CELULARES Y OPINIÓN

El Gobierno busca aprobar el pliego del 5G antes de las PASO
El Enacom subastaría la banda de 3300-3600 MHz y le daría un bloque a la estatal Arsat a nivel nacional por 20 años
María Julieta RumiLos operadores actuales tendrían un bloque de 5
En lo que sería un último intento, el Gobierno busca aprobar el pliego de la licitación de espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) en la próxima reunión de directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tendría lugar hoy, seis días antes de las primarias obligatorias.
Y como si no hubiera ya demasiadas polémicas, como las versiones de que, de alguna forma, se podría favorecer a la empresa china Huawei como proveedora de la tecnología, o el elevado precio que quiere el Poder Ejecutivo por el espectro, ahora se sumó un nuevo frente de conflicto, ya que el Enacom le daría un bloque de 100 MHz a la empresa estatal Arsat a nivel nacional por 20 años.
Es decir, por un lado, se subastaría la banda de 3300-3600 MHz en tres bloques de 100 MHz coincidentes con los tres operadores: Movistar, Telecom y Claro, por los que se espera recaudar cerca de US$1000 millones (US$350 millones por bloque); y, por otro lado, se atribuiría a Arsat la banda de 36003700 MHz para servicios de 5G.
“La idea es asignarle la porción de arriba de la banda para cuestiones estratégicas de largo plazo. En principio, hay acuerdo”, dijo una fuente oficial.
Pero las empresas que participarían de la puja se resisten a la idea porque a Arsat se le estaría regalando algo que a ellos se les cobra, además de generarles un competidor con respaldo estatal.
“No sería la primera vez que desde el Estado se coquetea con la idea de que Arsat se convierta en un operador móvil. Ya en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, hubo un intento similar que se oficializó, cuando se planteó la creación de Libre.ar. Esto implicaba asignarle a Arsat el espectro devuelto por Telefónica como consecuencia de su fusión con Movicom, que la llevó a exceder el límite entonces vigente. Ese proyecto nunca se concretó”, recordó el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.
Es que el espectro es apenas una de las condiciones para ofrecer servicios. “Hace falta una costosa infraestructura para operarlo, compuesta no solo por las antenas y radiobases, sino también por el backhaul (o red que interconecta las radiobases) y el core o red núcleo, que incluye los equipos que realizan las funciones de enrutamiento, conmutación y gestión de la red. En definitiva, hace falta contar con una red cuyo costo en términos de Capex (los gastos de capital o las inversiones que realiza una empresa al adquirir un activo) es del orden de miles de millones de dólares si la intención es tener una operación a nivel nacional”, apuntó el experto.
“Hay que tener presente también que una red 5G en bandas medias exige una densidad de antenas superior a la de 4G, con lo que el esfuerzo inversor es mayor. Esto incluye no solo más radiobases y antenas, sino contar con más sitios físicos, que a su vez deben estar conectados (o sea, más fibra). En definitiva, se trataría de una inversión importantísima y de escasa probabilidad de concreción, habida cuenta del déficit crónico del Estado argentino. Adicionalmente, sería difícil de justificar un nuevo operador de red en un mercado con tan alta penetración del servicio”, agregó.
Limitaciones
Si Arsat no despliega infraestructura propia, podría intentar usar la infraestructura de los operadores, con lo que se tendría que definir un precio por ese alquiler. De todos modos, si este fuera el camino elegido, tendría la limitación de no aportar cobertura nueva allí donde no hay servicio porque la infraestructura no llega. Sería competir con el servicio actual, y no complementarlo.
De acuerdo con esta situación, para Carrier lo que se plantea desde el Gobierno no tiene ningún sentido, salvo que se lo piense en términos políticos, es decir, como parte de la campaña
Por otro lado, señaló que sería un “milagro” que el Ejecutivo lograra recaudar US$350 millones por bloque de 100 MHz, al menos por lo que dejan trascender los operadores.
Según un estudio que realizó una consultora para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), el valor máximo estimado de una licencia por 20 años extrapolado para un bloque de 100 MHz de espectro en la banda de 3,5GHz en la Argentina tendría que situarse entre US$55 millones y US$110 millones. Es decir que por los 300 MHz se deberían pagar en promedio US$247,5 millones, bastante menos que los casi US$1000 millones que pretende el Gobierno.
El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil. Es vital para el desarrollo del ecosistema móvil.
El espectro permite que los dispositivos se comuniquen con la radio base y así accedan al contenido y a conectarse con el resto de los usuarios. Cuanto mayor es el espectro asignado, más ancho de banda hay disponible para cada usuario. Este recurso, escaso pero renovable, es regulado y administrado por el Estado en cada uno de los países

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Un escenario político sin propuestas para resolver los problemas

Alejandro Díaz El autor es CEO de AmCham (Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana)
En medio de una coyuntura desafiante, la Argentina enfrenta una nueva etapa electoral que marcará el rumbo del país en los próximos años. El escenario político se encuentra cargado de incertidumbre, mientras que los principales problemas económicos y sociales se mantienen sin claras propuestas de ataque a los problemas ni soluciones de largo plazo. En este contexto, el sector privado debería ser reconocido y valorado como un actor clave para impulsar el desarrollo productivo y contribuir al crecimiento sostenible de la Nación.
La inflación ha sido un flagelo constante para la Argentina en los últimos años. Los aumentos de precios y la distorsión de valores relativos erosionan el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Para afrontar este desafío es esencial una política monetaria y fiscal responsable que controle la emisión excesiva, fomente la competitividad del país y principalmente que se tomen decisiones que apunten a la generación de un superávit comercial y fiscal consistente. Además, se deben establecer políticas claras y coherentes que generen confianza en los mercados, alentando así la inversión y el desarrollo económico.
El excesivo gasto público es otra preocupación en la economía argentina. Un gasto desmedido sin una base económica sólida ha demostrado un alto déficit fiscal y altos niveles de endeudamiento, afectando la estabilidad macroeconómica. Es necesario un enfoque más responsable y eficiente en el manejo de los recursos públicos, priorizando la inversión en infraestructura, educación, seguridad y salud, con el objetivo de sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.
En particular, los marcos regulatorios poco estables representan un obstáculo para el desarrollo de nuestras empresas, las cuales necesitan un ambiente predecible y propicio para invertir y generar empleo. La inseguridad jurídica aleja inversiones y, en consecuencia, afecta el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. El diálogo y la articulación entre el sector público y el sector privado resultan fundamentales para consensuar normativas que promuevan el desarrollo sostenible del país.
Otro problema relevante es la alta carga impositiva, que ha impactado negativamente en la inversión y el empleo. Una reforma tributaria que promueva la equidad y la simplificación fiscal resulta esencial. La reducción de la carga tributaria tiene que estar apalancada por la implementación de nuevos mecanismos que combatan activamente la informalidad de nuestra economía. Nuevamente, es el sector privado el que debe asumir el compromiso de participar activamente en la definición de políticas que impulsen la inversión y favorezcan la creación de empleo formal.
A veces sorprende ver la poca valoración y reconocimiento que se le asignan al sector privado. De esto nos surgen dos reflexiones: las sociedades que han evolucionado buscando solucionar sus problemas estructurales son las que confían, apoyan y colaboran para el fortalecimiento de sus empresas, naturales generadoras de desarrollo. Y lo segundo: como sector empresarial, no debemos haber hecho bien las cosas para que no se manifiesten en nuestro país la valoración y el reconocimiento que el mundo nos asigna.
Finalmente, la promoción del sector privado debe ser reconocido como un actor clave para impulsar el desarrollo la innovación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para incrementar la productividad y la competitividad. El sector privado tiene la oportunidad de liderar el camino en la adopción de nuevas tecnologías, impulsar la investigación y el desarrollo, y colaborar con el Gobierno en la creación de políticas que fomenten la innovación en todos los sectores de la economía.
En conclusión, la coyuntura de la Argentina presenta desafíos económicos y sociales que requieren una mirada profunda y un abordaje responsable. La inflación, los marcos regulatorios poco estables, el excesivo gasto público, la carga tributaria para las empresas, la informalidad y la falta de acción del Congreso son temas que deben ser enfrentados con determinación y consenso político.
Priorizar la lucha contra la pobreza, fomentar la equidad social y buscar un crecimiento sostenible son objetivos que deben guiar las decisiones políticas de la próxima administración para asegurar un futuro próspero para todos los argentinos. Solo con un compromiso colectivo y una visión a largo plazo podremos superar los desafíos actuales y avanzar hacia un país más justo y solidario.

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