DESCUARTIZADO Y NARCOS

Homicidio y descuartizamiento: una hoja de sierra para moladora y un escombro con manchas de sangre, en la escena del crimen
Peritos de Policía Científica, bomberos y brigadas caninas hicieron una inspección en un campo de General Rodríguez donde, según las pruebas reunidas hasta el momento, habrían asesinado al trader Fernando Pérez Algaba
Gabriel Di Nicola
Fernando Pérez Algaba tenía 41 años@fernandoperezalgaba
Para borrar las pruebas del homicidio de Fernando Pérez Algaba, el trader de 41 años asesinado de dos balazos y cuyo cuerpo fue descuartizado, fue demolida la construcción donde fue ejecutada la víctima. Los escombros debían ser retirados del lugar. Pero la orden no fue cumplida en su totalidad. Hoy, en una inspección en el predio de General Rodríguez, donde habría sido la escena del crimen, se secuestró una hoja de sierra tipo moladora dentada, tres guantes de nitrilo y un pedazo de mampostería con posible manchas de sangre.
Así lo informaron fuentes judiciales. La inspección se hizo hoy por pedido del fiscal Marcelo Domínguez, a cargo dela investigación del homicidio, en el predio situado en avenida De las Américas y ruta 6, donde Maxiliano Pilepich, uno de los detenidos acusados del crimen y señalado como el tirador, llevaba adelante el desarrollo de un barrio privado Renacer.
El escombro con manchas de sangre hallado en lo que se supone fue la escena del crimen
Además, hoy se supo que fue citada como testigo Charlotte Caniggia, la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia. Deberá declarar el lunes próximo. La presentación había sido solicitada por el abogado Javier Baños, que representa a Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, después de que el comisario Horacio Córdoba, imputado y detenido, dijera en su declaración indagatoria que la joven le había prestado una oficina en Puerto Madero a la víctima.
“El pedazo de escombro donde se hallaron las manchas, posiblemente de sangre, correspondería al piso de lo que era vivienda demolida después del crimen”, sostuvo una fuente con acceso al expediente.
En el lugar trabajaron durante varias horas los expertos de la División Casos Especiales Oeste de la Superintendencia de Policía Científica, un grupo de rescate de bomberos y brigadas caninas K9 con perros específicamente entrenados para rastrear restos cadavéricos. También, el fiscal Domínguez requirió la presencia de máquinas retroexcavadoras, informó la agencia de noticias Télam.
“Además del pedazo de escombro con manchas, se secuestró una hoja de sierra tipo moladora dentada, un clavo que también tendría manchas hemáticas y tres guantes de nitrilo”, dijeron fuentes judiciales.
Según declaró en su indagatoria Nahuel Vargas, otro de los detenidos, fue Pilepich el autor de los dos disparos que terminaron con la vida de Pérez Algaba, conocido por el apodo de Lechuga. ”Ya está, no aguantaba más, hay límites”, le habría dicho el tirador cuando Vargas le preguntó qué había hecho.
El homicidio ocurrió la tarde del 18 de julio pasado. Vargas y Pilepich, está imputado de “homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas”.

La inspección en la supuesta escena del crimen
La autopsia determinó que Pérez Algaba fue asesinado de dos disparos por la espalda. El desmembramiento del cuerpo se realizó luego de la muerte.
Vargas sostuvo que Pilepich estaba enojado porque Pérez Algaba “había agregado a Instagram a su hija de 13 años, le escribía y luego realizaba capturas de pantalla y se las enviaba para provocarlo”.
Vargas, en su declaración, también hizo referencia a la demolición. “Maxi [Pilepich] le dijo a las personas que manejaban las máquinas que la derrumbaran [la vivienda] así tapaban el hecho”, dijo. Aunque después aclaró que no sabía si lo había dicho directamente Pilepich o si le había pedido a Matías Gil, otro de los imputados, que se encargara de la demolición.
Sostuvo que la demolición se hizo entre el 19 y el 20 de julio. “Algunos de los escombros de la demolición se los llevaron, no sé dónde”, sostuvo Vargas. Evidentemente, para los investigadores no se llevaron todos los escombros.
La hoja tipo sierra para moladora
Sobre el descuartizamiento del cuerpo, Vargas dijo que Gil había asegurado que lo hizo Luis Contrera, una persona conocida de Pilepich que hasta su detención vivía en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora.
Cuando le preguntaron si sabía de qué manera habían descuartizado el cuerpo, respondió que no, pero que Pilepich le había transferido 100.000 pesos a Contrera.
Contrera fue el primero de los imputados y detenidos en romper el pacto de silencio. Su relato coincide en parte con lo dicho con Vargas, pero aseguró que él no se encargó de descuartizar el cuerpo de la víctima.
Según Contrera, a las 7 del 19 de julio pasado Pilepich y Vargas, llegaron a su casa en dos autos, un VW Polo azul oscuro y un Ford Ka blanco.
“Pilepich bajó de uno de los vehículos y le preguntó a Contrera si se animaba a tirar unas bolsas. Abrió el baúl del VW Polo y quedaron a la vista bolsas negras, Dentro de las bolsas se veía una parte de un cuerpo, específicamente una mano”, según el acta de la declaración indagatoria del imputado.
Contrera, según sus palabras, dijo que no al pedido de Pilepich. “Antes cortaba [desarmaba] autos con Pilepich, pero tirar un cuerpo no me animé. Pilepich me pidió que tirara el cuerpo por ahí, pero no dijo dónde. Me comentó que había matado a una persona, que era su socio, que le pegó dos tiros porque era un ´reverendo hijo de puta´, que lo tenía cansado, pero no contó dónde lo había matado”, afirmó el imputado al ampliar su declaración indagatoria.

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Amenaza narco: “Metete en tus cosas si querés a tu familia”, los mensajes intimidantes que recibió un fiscal de Córdoba
El destinatario de las advertencias fue Bernardo Alberione, funcionario a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de San Francisco; la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pidió proteger al representante del Ministerio Público
Gabriela Origlia
Las amenazas dirigidas al fiscal Bernardo Alberione
CÓRDOBA.- “Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra”; “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona” y “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia” fueron los textos de las amenazas dirigidas al fiscal de Delitos Complejos de la ciudad cordobesa de San Francisco, Bernardo Alberione. Los mensajes intimidatorios, escritos a mano en cartón, aparecieron ayer en la puerta de la Municipalidad de Frontera, ciudad santafesina que limita con esta provincia.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba manifestó su repudio por las amenazas anónimas y el fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, expresó su solidaridad y la de todo el Ministerio Público Fiscal.
La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich pidió protección para el representante del Ministerio Público: “Hay que proteger al fiscal Alberione y a todos aquellos que enfrentan a los narcos. Estuve en el límite entre San Francisco y Frontera y conozco de cerca el flagelo de la droga. Cuando fui ministra de Seguridad detuvimos a más de 100.000 personas vinculadas al narcotráfico en todo el país, y con mi equipo estamos trabajando para profundizar nuestra lucha contra estas mafias”.
Por el momento, Alberione decidió no hablar de las amenazas. Investigadores policiales y judiciales de Córdoba y Santa Fe trabajan en el caso.
Fuentes de la investigación explicaron que son claves las imágenes de las cámaras de la Central de Monitoreo de Frontera, que limita con San Francisco y con la localidad santafesina de Josefina, para poder reconstruir el momento que dejaron las amenazas. A la zona se la conoce como la “triple frontera”.
Alberione, el fiscal amenazado, por el momento, decidió no hablar de las amenazas.
Una calle divide Frontera de San Francisco y, a la vez, las dos provincias. De un lado tiene jurisdicción el juzgado federal de Rafaela y, del otro, el de San Francisco. El primero fue creado en marzo del 2015 y el cordobés, en 2012. En Frontera se realizan, desde hace varios años, operativos importantes contra el narcotráfico.
La semana pasada, Alberione encabezó la reunión del Consejo de Seguridad Interprovincial junto a otros referentes de los poderes Judicial y Ejecutivo de Córdoba y Santa Fe. Según se comunicó, se intercambiaron puntos de vista sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y se propusieron actividades tendientes a lograr un trabajo mancomunado “no solo entre Santa Fe y Córdoba, sino también con otras provincias”.
Hace dos años Alberione fue amenazado por el padre de un acusado de abusar sexualmente a una menor de edad. Fue durante la búsqueda de Leonardo Sacco, quien estuvo prófugo varios meses hasta que fue localizado en Buenos Aires. El pastor evangélico Víctor Sacco, el padre, dijo adelante de los policías: “Lo voy a matar, estoy cansado de que Alberione haga lo que quiera, que trabaje como corresponde, donde lo cruce lo voy a dar vuelta como a una media”.
Los investigadores estiman que esta nueva intimidación contra el fiscal cordobés de San Francisco partió de los grupos narcos que operan en esa zona. esa clase de amenazas se reiteran en los últimos años contra los funcionarios judiciales que llevan adelante causas contra los vendedores de drogas.
“El que avisa no traiciona”
El texto del mensaje dirigido a Alberione tiene puntos de contacto con otra intimidación que en febrero de este año se conoció en Venado Tuerto, ciudad situada a unos 350 kilómetros de la sede de la fiscalía ahora amenazada. “El que avisa no traiciona”, fue una frase que se repitió en ambos casos.
En ese momento se había notificado que un juez, un fiscal, un senador provincial y un intendente recibieron fuertes amenazas de un narco de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, que advertía que iba a atacarlos con “balas y granadas”. “El que avisa no traiciona”, alertaba el mensaje intimidatorio que tenía como destinatarios una extensa lista de funcionarios judiciales y políticos de esa localidad.
Las sospechas apuntaron a a la banda dirigida por Nahuel Novelino, que sumó en los últimos años cinco causas por narcotráfico y que ya estaba siendo investigado por amenazar al senador provincial Lisandro Enrico y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella. En ese último caso, el texto enviado por WhatsApp incluía, además, al fiscal Javier Arzubi Calvo y al juez federal Aurelio Cuello Murúa.
En otras provincias también se registraron amenazas a jueces en los últimos años. Uno de los casos más preocupantes ocurrió en Misiones, donde dos magistrados fueron intimidados en diferentes momentos por el grupo liderado por Néstor Rojas, detenido en el penal de Ezeiza y que se expone como el nexo con la organización criminal brasileña Primer Comando Capital.
Se detectó en ese caso que el grupo narco dio, incluso, un paso más allá de vociferar sus amenazas a los investigadores, ya que fue desbaratado en marzo de 2020 un concreto plan de ataque al el juez de instrucción Nº3 de Posadas, Fernando Verón, que investigaba a Rojas por el homicidio de dos narcos en la capital de Misiones.
Algunos meses después, Rojas amenazó al juez federal de la ciudad misionera de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, y prometió que nadie lo iba a poder detener en la concreción de sus planes. “El peor error de ustedes es no haberme matado”, expresó ese narco en el momento de lanzar sus intimidaciones públicas contra el funcionario judicial.
Algunos años antes, en 2015, el objetivo de las amenazas del narcotráfico fue la jueza federal de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger. El autor de esa intimidación fue Carlos Salvatore, que manejaba una de las más importantes líneas de logística de tráfico de cocaína en nuestro país hasta que falleció en prisión en 2018, poco después de ser condenado a 21 años de prisión.
En Rosario, en tanto, las amenazas a funcionarios judiciales toman otra dimensión al incorporarse a los mensajes balaceras contra casas de magistrados o sedes de fiscalías y tribunales. Ariel “Guille” Cantero, el jefe de Los Monos no tuvo problemas en directamente declarar, al ser consultado sobre su profesión en un juicio: “Me dedico a contratar sicarios para tirar tiros a jueces”.

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