EDITORIAL Y Agro: una decisión que urge

Devaluación, déficit récord y desborde inflacionario
La presente crisis económica es la consecuencia de intervenciones que pretenden tapar sus efectos sin atacar sus causas estructurales
La peor receta para resolver los problemas de una economía que presenta desequilibrios estructurales es la de aplicar intervenciones que pretendan borrar los efectos sin atacar las causas. Cuando así se actúa se avanza en callejones sin salida, con tensiones crecientes que terminan en fuertes correcciones incontroladas. Por ejemplo, el uso del retraso cambiario para combatir la inflación lleva inevitablemente al control de cambios, o sea, al cepo. En poco tiempo se desemboca en la pérdida de reservas que se resuelve con la limitación de las importaciones y de los pagos externos. Y así se afecta la producción y la oferta de bienes, lo que impulsa los precios hacia arriba. Las reservas finalmente se agotan, sin antes pasar por el uso indebido por el Banco Central de divisas que solo debe custodiar y no disponer. Entonces aumenta el riesgo de los depositantes y el llamado riesgo país. Se encarece el crédito y se ahuyentan las inversiones. Y así sigue el mundo del revés.
La política de tapar las consecuencias mientras se agravan las causas también se aplica en el plano fiscal. La expansión del gasto público continúa a pesar de su colosal crecimiento en los últimos veinte años. La dotación de empleados públicos crece y se siguen sumando moratorias previsionales para otorgar jubilaciones a quienes no hicieron aportes. Los planes sociales se multiplican, alimentando no solo a los necesitados, sino a intermediarios que frecuentemente llenan las calles de piquetes. De todo esto resulta que a pesar de la despiadada presión impositiva, persiste un elevado déficit fiscal. Agotadas las posibilidades de financiarlo con deuda en condiciones razonables, se ha recurrido inevitablemente a la emisión monetaria. Los límites que le impone al Banco Central su Carta Orgánica han sido superados mediante el arbitrio de la distribución de utilidades ficticias que supuestamente se logran con la devaluación sobre las reservas en moneda extranjera. Esa creación diarreica de dinero es parcialmente absorbida mediante la colocación de letras a muy alto interés suscriptas por bancos, que así retacean el más riesgoso crédito al sector privado. El gasto cuasifiscal por el pago de esos intereses se suma al déficit fiscal para constituir entre ambos el principal factor inflacionario.
Los resultados fiscales de julio ponen una nueva luz de alarma. El déficit de la administración nacional aumentó un 106% respecto del mismo mes del año anterior. Fue la consecuencia de una caída real de los ingresos del 3,4% en ese mes, versus un aumento del gasto primario del 2,6%. Estas cifras muestran la imposibilidad de cumplir con la meta de déficit primario no superior al 2,5% del PBI acordada con el FMI. Más comprometida aún es la situación si se incorpora el déficit cuasifiscal resultante de los intereses de la deuda emitida por el Banco Central. El stock de Leliq alcanza a 19 billones de pesos con altísimos intereses. Las estimaciones del total del déficit fiscal y cuasifiscal superan los seis puntos del PBI. Aquí está el meollo de la inflación que padecemos. Está claro que esta es la causa que hay que curar y eso no se logra con intervenciones y parches.
El reciente desembolso de 7500 millones de dólares del FMI fue condicionado a la aplicación, entre otras medidas de ajuste, de una corrección del retraso cambiario. El Gobierno accedió a devaluar el peso en un 20% al tipo de cambio oficial, sin el acompañamiento de un programa integral que corrigiera los problemas de fondo. Pese a que se considera probable un próximo gobierno de otro signo que aplique correcciones más ortodoxas, la devaluación deterioró aún más la confianza y tuvo un rápido traslado a precios. En este mismo contexto la cotización del dólar informal trepó velozmente y la brecha cambiaria se ubicó de nuevo arriba del 100%. Así persiste el ataque sobre las reservas y el contagio sobre los precios. La inflación para agosto se estima por arriba del 12%. La aceleración está acentuando el fenómeno de la huida del dinero, potenciando el efecto inflacionario de la propia emisión. Según estimaciones privadas, el agregado monetario M1 (monedas y billetes en circulación más depósitos a la vista) estaría pasando de rotar cada 8,4 días en junio a hacerlo cada 6,7 días en agosto. La velocidad de rotación se acerca así peligrosamente a la observada en la hiperinflación de 1989. También se ha comenzado a advertir la dificultad de comerciantes y fabricantes de fijar precios al no poder precisar el costo de reposición.
Los saqueos, aunque sean impulsados por grupos disolventes, encuentran un ambiente favorable en el fastidio social ante los aumentos de precios, para muchos inalcanzables. Tropezamos recurrentemente con la misma piedra. En un mundo donde la lista de países con alta inflación no supera el número de dedos de una mano, resulta incomprensible que no hagamos lo que todos saben que debe hacerse.

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Agro: una decisión que urge

Las cadenas de productores de maíz, soja, trigo y girasol han hecho un llamado a las autoridades económicas a fin de que destraben los impedimentos que postergan el ingreso en el país de los fertilizantes y agroquímicos indispensables para encarar la próxima siembra gruesa.
Se halla en juego la producción más importante para la economía argentina: aportó en 2021 un récord de 41.620 millones de dólares. El balance de la campaña que concluyó el último otoño se redujo a 24.350 millones por efecto de una sequía que en zonas de la provincia de Buenos Aires fue la más severa en cien años.
Las autorizaciones devengadas para el campo por el Sistema de Importaciones de la República Argentina están prácticamente detenidas. Ha sido un fenómeno con derivaciones patéticas, que se reflejan en haber elevado la deuda pública un 15% por encima del PBI. Con gobernantes casi con un pie en el estribo para bajarse forzosamente de un tren manejado desde las sombras, la máquina de fabricar empleos públicos trabaja, entretanto, a un ritmo de creación de más de 140 puestos diarios.
Esa máquina de succionar recursos de la población y de sus sectores productivos ha agotado las reservas netas de divisas y ahora hace agua por todos los lados. Ha hecho imposible el curso natural de las importaciones, con prohibiciones o silencios que agigantan los costos. Eso sucede por aumentos internacionales de los precios y por la pérdida de valor de una moneda cuyos billetes se rompen en los estadios de fútbol extranjeros como manifestación hiriente hacia la vana arrogancia argentina.
Todo esto ha afectado, incluso, a las actividades que generan los recursos externos más sensibles para el desenvolvimiento de la economía. El arrastre de la corrupción que el Gobierno pretende negar respecto de sus mentores, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, más la impericia abrumadora de los economistas que han ocupado altas posiciones públicas desde 2019, han llevado la pobreza al 43% de la población y, en el caso de los menores de 14 años de áreas urbanas, al 58%.
Las cuatro cadenas han debido recordar al Gobierno, en términos severos, que dependen de la agrobioindustria todos los alimentos y gran parte de la generación de divisas que el país necesita. Urge, entonces, la liberación de los insumos esenciales para esas industrias.
“Sin solución de corto plazo vamos hacia un quiebre del sector productivo”. La advertencia de las cadenas agrícolas Maizar, Acsoja, Argentrigo y Asagir se suma a la de las 60 cámaras agrupadas en el Consejo Agroindustrial Argentino: desprovista la siembra de los insumos esenciales para su realización, el campo, principal motor de nuestra economía, queda en situación insostenible.
La sociedad debe saber que, si el Gobierno no libera los insumos necesarios para el trabajo agrícola inmediato, los daños para el interés general podrán ser irreparables.

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