EDITORIAL Y OTRA MUERTE EVITABLE

Votemos educación
Es fundamental que las autoridades que surjan de las elecciones presidenciales reafirmen en los hechos su apoyo al Compromiso por la Alfabetización
La educación fue una de las actividades más jaqueadas en tiempos de la pandemia. Desgraciadamente, por distintas razones, repetidamente revisadas desde estas columnas, el cumplimiento del calendario escolar y las horas de clase, así como distintas disposiciones vinculadas con la calidad y equidad educativa, siguen tan amenazados como durante el aislamiento social preventivo obligatorio.
Héctor Masoero, vicepresidente primero de la Academia Nacional de Educación (ANE) y presidente del consejo de administración de la Universidad Argentina de la Empresa, reflexionó en un medio colega que, desde el regreso a la democracia, nunca se han cumplido los días lectivos que dispone la ley. Mencionó también que distintos estudios confirman que no habría relación directa entre los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), los días de clase y las horas necesarias que la OCDE promedia en 4,3 diarias. Cita el ejemplo de Chile, el país de la región que se destaca por su mejor rendimiento en las referidas pruebas, y que ofrece 38 semanas de clase por año; mientras que Brasil no consigue tan buenos resultados a pesar de sus 200 días de clase. Cabe señalar que en países como Japón, otro ejemplo, son 203. “En educación no abundan las recetas”, reconoce Masoero.
Las características climáticas y las costumbres y necesidades locales son las que rigen los calendarios escolares de cada país sin que pueda hablarse de calendarios perfectos o de duración óptima. De hecho, Masoero señala que lo que cuenta es en qué medida se cumplen las horas del sistema. En el caso argentino, tanto los 180 días de clase que fija la ley como las 4,3 horas por jornada que responden adecuadamente al promedio recomendado sirven de poco cuando solo se declaman pero no se respetan. En nuestro país, también se incumple el artículo 28 de la ley de educación nacional, que exige para la escuela primaria una jornada “extendida o completa”, pero que solo es cumplida por el 21% de las escuelas. De igual modo, pese a distintos esfuerzos y al agregado reciente de una hora más de clase en distintas jurisdicciones, no se ha cumplido con la resolución del Consejo Federal de Educación del año pasado que tiende a este cumplimiento.
Lo grave es que, en la práctica, a duras penas llegamos a un promedio de 168 días en razón de la creciente politización y sindicalización de la labor docente, a pesar de que la ley estableció que “ante el eventual incumplimiento” de los 180 días de clase anuales, “las autoridades educativas” de cada jurisdicción “deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos”. Esta es una violación más a las leyes educativas.
Aun cuando pareciera no existir, en opinión del mencionado académico, correlación entre inversión educativa y rendimiento académico, no podemos soslayar que la asignación del 6% del PBI para el financiamiento educativo que prevé la ley nacional sancionada en 2006 solo se cumplió en 2013 y 2015; esto es, en apenas dos de los 16 años transcurridos. Está claro que la revisación de estas flagrantes violaciones de las leyes tiene consecuencias en la muy mala calidad educativa actual y en las enormes desigualdades que esto apareja.
Ya nos referimos desde este espacio a la reciente declaración que, bajo el título “La educación es una prioridad”, difundió la ANE. No es solo con más horas y días de clase como se resolverá la enorme crisis educativa argentina. Es clave que los candidatos y los partidos reconozcan la importancia estratégica de la cuestión para acordar que sea considerada un servicio de “importancia trascendental” o “esencial” como lo disponen las normas laborales. “No hay riqueza económica posible con los chicos fuera del aula”, sentencia con razón Masoero al mencionar el ejemplo de los Estados Unidos.
Si la dirigencia política dedicara la mitad de los esfuerzos que desperdicia en inconducentes enfrentamientos a diseñar y presentar los programas que los ciudadanos reclamamos en terrenos medulares como el de la educación, nuestros hijos podrían soñar que un mejor futuro es posible. Como viene señalando desde hace años la Asociación Civil Educar 2050, con su campaña #YoVotoEducación, la necesidad de mejor enseñanza y aprendizaje debe reclamarse también desde el voto y este es un año especial para recordarlo. Resulta imprescindible que quienes triunfen en las elecciones generales de este año reafirmen su apoyo al Compromiso por la Alfabetización, impulsado desde Argentinos por la Educación, junto a 130 organizaciones de la sociedad civil, y que no soslayen la importancia de la educación como principal motor del país al que aspiramos.

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Otra muerte evitable
Lo peor que puede hacer una sociedad y su dirigencia política es naturalizar un problema demasiado grave como el de la inseguridad. Lamentablemente, muchas personas que se levantan cada madrugada para trasladarse a su lugar de trabajo en zonas como el conurbano bonaerense saben que se exponen a lo peor: desde ser asaltados para quedarse con su celular hasta morir a manos de un delincuente que actúa bajo los efectos de estupefacientes y para quien ni su vida ni la de su prójimo tienen algún valor. Pero anteayer la delincuencia se cobró en Lanús la vida de una niña inocente, de solo 11 años, que caminaba hacia su escuela, como Morena Domínguez, y la conmoción se expandió, a tal punto que la totalidad de los candidatos que participarán en las elecciones primarias de este domingo suspendieron sus actos de cierre de campaña.
El dolor crece cuando se advierte que se trató de una muerte evitable. Los dos delincuentes imputados del crimen –dos hermanos de 28 y 25 años– tenían abundantes antecedentes penales. Uno de ellos había sido liberado en junio, tras siete meses de prisión, y tenía una orden de captura que no se hizo efectiva.
La Legislatura bonaerense había sancionado en mayo de 2019 una norma para prohibir en forma parcial la circulación de dos personas en una mismo moto. Fue una manera de acotar una de las modalidades de robo más utilizadas y temidas. Sin embargo, no se avanzó en su reglamentación. Se impuso una vez más el gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie.
Una frase del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, da cuenta de la ausencia del Estado a la hora de prevenir el delito: “Fue la crónica de una muerte anunciada”. Quedó demostrado que, como funcionario, Berni quedó autorrelegado al papel de comentarista de la triste realidad dentro de un gobierno, como el de Axel Kicillof, en el que la lucha contra la inseguridad fue siempre uno de sus puntos más flojos.
Los gobiernos kirchneristas se han caracterizado tradicionalmente por su afán por victimizar a los delincuentes antes que por proteger a la población. La absurda decisión de la administración del presidente Alberto Fernández de liberar a miles de delincuentes presos con el pretexto del coronavirus es uno de los peores ejemplos.
Las inconsistencias del derecho procesal penal y la ideología “garantista” que anidan en el oficialismo hacen el resto. La reincidencia en el delito debería ser una condición agravante de la pena que, entre otras cosas, mantenga en prisión a un delincuente considerado peligroso, pero sus defensores, amparados en la inexistencia de sentencias firmes por la lentitud de la Justicia, podrán imponer muchas veces su liberación por la vía de la puerta giratoria, y facilitar que aquel siga delinquiendo.
Es de esperar que la muerte de Morena sirva esta vez para algo, aunque poco podrá hacerse sin real voluntad política para desmontar el entramado corrupto entre el crimen organizado y parte de una dirigencia política cómplice, responsable de tantas zonas liberadas y de que el narcotráfico siga destruyendo familias.

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