ASESINATO, FEMICIDIO Y SENTENCIA

Comenzó el juicio por el homicidio de un abogado
Salvador Altamura desapareció en julio de 2020 y la fiscalía acusó del asesinato al mejor amigo de la víctima
Salvador Altamura era aficionado a las motos de carrera
El padre de Salvador Altamura, el abogado desaparecido y presuntamente asesinado en 2020, aseguró que a su hijo le robaron 250 mil dólares de su casa del partido de Quilmes, reconoció al principal acusado del hecho, un amigo de la infancia de la víctima que comenzó a ser juzgado ayer por homicidio, como la persona que fue registrada por las cámaras conduciendo su motocicleta, y dijo que el imputado estaba “inquieto, nervioso y gritón” el día que se hizo la denuncia por averiguación de paradero.
La declaración de Ángel Altamura tuvo lugar en los tribunales de Quilmes y fue el primer testimonio que recibieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 Rubén Darío Hernández, Alejandro Oscar Portunato y Julián Busteros en el debate que investiga la desaparición y asesinato del abogado.
”Siempre me causó rechazo su forma de ser. No se cómo explicarlo. No me gustaba su forma de ser, su forma de hablar, era fanfarrón”, describió Altamura padre al comenzar su testimonio, haciendo referencia al único imputado por el hecho Rubén Darío Dening, de 55 años, a quien dijo conocer “hace más de 40 años”.
Dening está acusado por el “robo calificado por el empleo de llave verdadera en concurso real con homicidio criminis causa” en perjuicio de Altamura, quien, vestido con una campera roja y jeans, escuchó impávido la acusación mientras era custodiado por dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ya que llegó detenido al juicio.
El padre del abogado desaparecido señaló que Dening era compañero de colegio de su hijo y que se dedicaba a fabricar moños destinados a regalería, aunque durante la pandemia padecía una “situación económica dramática” que le provocaba la necesidad de realizar reiterados pedidos de dinero a su amigo. “Mi hijo había vendido una empresa de polietileno y polipropileno por 450 mil dólares en 2017 que recibió en efectivo, así que tenía un buen pasar económico. En ese contexto, Salvador le había prestado plata a Dening para comer. Dening le había pedido 10 mil dólares y mi hijo le dio 2 mil”, ejemplificó el padre de la víctima.
Sobre el momento en el que se enteró de la desaparición de su hijo, el hombre recordó haber ido directamente hacia el domicilio de su hijo, en el cual notó una serie de detalles que le llamaron la atención, por lo que decidió radicar la denuncia en una comisaría. ”Vi su cuarto muy ordenado, la cama estaba hecha. Me sorprendió porque él no solía ordenar. Después encontré la escoba fuera de lugar, la heladera estaba media movida. Entonces decidí revisar el ropero: metí la mano buscando una pistola 9 milímetros que tenía Salvador y no estaba. Me llamó la atención porque no era de llevarse el fierro”, explicó
El padre de la víctima señaló que, junto con el tío de Salvador y la pareja de su hijo, encontraron vacía una caja de seguridad de la víctima, en la cual supuestamente guardaba más de 250 mil dólares. “Ahí estaban los pasaportes, un anillo de oro, chequeras. En ese momento, nos enteramos que había habido un robo”, indicó Altamura.
A continuación, a Ángel les fueron exhibidos los registros de las cámaras de seguridad que mostraban a una persona ingresar al domicilio de Salvador con una de sus motos en los supuestos instantes posteriores a su desaparición. Sobre ellos, el hombre reconoció al acusado Dening como quien manejaba la moto, al señalar que “tenía una manera particular de caminar, como Robocop”, “no tenía su estructura física de su hijo -que medía 1,95 metro-” y que “ingresó por un portón equivocado” al inmueble.
Más allá del comienzo del juicio, la Justicia mantiene la búsqueda del cuerpo de Altamura

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Confesó el imputado por el femicidio de una peluquera
El fisicoculturista Samuel Llanos reconoció que estranguló a Analía Maldonado
Un fisicoculturista que tenía denuncias por violencia de género y abuso sexual confesó ayer el femicidio de su pareja, Analía Maldonado, una peluquera de 40 años que fue golpeada y estrangulada y su cuerpo luego prendido fuego adentro de una bolsa de arpillera, en la ciudad bonaerense de Los Toldos en abril de 2021, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Samuel Moisés Llanos, de 43 años, quien admitió el hecho ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín en el inicio del juicio oral por el asesinato de la mujer. “El imputado aceptó la culpabilidad y los cargos en su contra y pidió retirarse de la audiencia. No tuvo el coraje de poder enfrentar las testimoniales de los testigos”, dijo a Télam Walter Maldonado, hermano de la víctima.
Según las fuentes judiciales, el defensor oficial Silvio Acerbo dijo en su lineamiento de apertura que no iba a cuestionar la autoría del hecho. Tras ello, Llanos aseguró que no negaba lo ocurrido, aunque sostuvo que no recordaba “nada” de lo que había pasado. El acusado le pidió “perdón” a la familia y “misericordia a Dios”, para luego no responder ninguna pregunta del fiscal Esteban Pedernera y solicitarle al tribunal que lo retiraran de la sala.
Tras las declaraciones de los testigos, que según el hermano de Analía fueron “firmes y contundentes”, los jueces Esteban Melili, Karina Piegari y Silvio Galdeano pasaron a un cuarto intermedio para este jueves, cuando el debate continuará con los alegatos del fiscal y del defensor.
El representante del Ministerio Público es el mismo de la etapa de instrucción y acusará al fisicoculturista por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser la víctima una mujer mediando violencia de género (femicidio)”, que prevé una pena de prisión perpetua.
Analía Maldonado trabajaba como peluquera cuando fue vista por última vez en la noche del sábado 17 de abril de 2021 junto a su pareja, el fisicoculturista Llanos, dueño de un gimnasio y quien ya había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y lesiones, pero por otras víctimas.
Al día siguiente, la familia de la mujer hizo la denuncia por averiguación de paradero luego de ir a la casa y descubrir que había algunos objetos rotos y que tanto ella como Llanos habían desaparecido.
De acuerdo con los informantes, en una inspección en el domicilio donde la pareja convivía, ubicada en la calle Moreno al 700 de Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte, los peritos hallaron manchas hemáticas y signos de arrastre, por lo que se cree que esa fue la escena primaria del femicidio. Los vecinos declararon que esa noche escucharon gritos y la policía determinó a partir de videos de las cámaras de tránsito que Llanos se había ido de la ciudad en el auto Nissan Tiida de la víctima.
Un cuerpo carbonizado
El cadáver de Maldonado fue hallado por perros rastreadores tres días después de la desaparición, carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera en un camino rural de San Emilio, una localidad también perteneciente al partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, a partir de la pista del automóvil, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo de esas características en el estacionamiento del hotel Victoria en el centro urbano de Luján, donde el sospechoso fue finalmente capturado por personal policial.
La Fiscalía General de Junín reveló que según la autopsia Maldonado fue atacada a golpes y, luego, estrangulada y calcinada. Los forenses también concluyeron en su informe que “no existen elementos evaluables que permitan determinar el horario de la muerte”.
”Quiero agradecer en especial al doctor Esteban Pedernera y a todo su equipo por el asesoramiento profesional y por la calidad humana dedicando tiempo a cada requerimiento de la familia, y por todo el trabajo que viene realizando, como también a los letrados que lo antecedieron en la representación legal de Analía”, destacó el hermano sobre el accionar en la investigación

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Fuerte condena para un militar por agresión sexual
El acusado recibió una pena de 10 años de prisión por abuso y trata de personas con fines de explotación laboral
“Estamos ante una víctima con su vida destrozada. Sería ficticio asignar esta realidad exclusivamente a un abuso sexual descontextualizado; hubo una contribución dañosa de ambos acusados que, antes y después de eso, la sometieron a trabajo forzado, a esclavitud doméstica. Seguramente la víctima no pudo percibir lo que ocurría mientras declaraba; ha sido desgarrador escucharla. Quizás en algún momento escuche este alegato, que si bien tengo que dirigir al tribunal, entiendo también procedente dirigirme a la víctima, directamente, y decirle que la fiscalía cree en su palabra. Que su palabra es cierta, es verdadera, que lo que dijo ocurrió tal como lo relató. No es una cuestión de fe, es la consecuencia de la prueba que sustenta también su relato”.
Con esa crudeza y dramatismo, el fiscal federal Abel Córdoba dimensionó, en su alegato, el impacto de los hechos que justificaron la acusación por la cual, ayer, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a 10 años de prisión a un militar de la Armada, de 46 años, como autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una chica salteña, menor de edad y de condición de extrema vulnerabilidad.
Esa es la descripción técnicalegal de una secuencia de eventos aberrante: la víctima fue obligada durante un año y medio a realizar tareas domésticas en la casa del imputado, que una noche violó a la joven –cuando dormía junto a la pequeña hija del marino–, la dejó embarazada y la expulsó de su hogar una vez que ella dio a luz a una niña, producto de esa agresión sexual.
Ella misma, en la única palabra que pudo expresar antes de quebrarse en llanto, definió la magnitud del impacto de su calvario en la gran ciudad: “Destrozada”.
Los jueces federales Néstor Costabel, Luciano Gorini y María Gabriela López Iñiguez resolvieron aplicar la mitad de la pena que había solicitado Córdoba, que también había requerido una condena a 10 años de prisión para la esposa del militar, una docente que, finalmente, fue absuelta por el TOF 4 en cuanto al delito de trata de personas con fines de explotación laboral por el que había llegado al juicio oral. Las identidades fueron mantenidas en reserva, por ser la víctima menor de edad y víctima de un delito gravísimo contra su integridad sexual.
Según publicó el Ministerio Público Fiscal en su portal de informaciones, “en línea con el petitorio de la fiscalía, el tribunal ordenó la inclusión del perfil genético del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. También dispuso la reparación económica integral de la víctima –la fiscalía la calculó en su alegato en más de 30,5 millones de pesos– y el privilegio de cobro”.
La causa comenzó en noviembre de 2020, cuando una investigación preliminar de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) certificó la verosimilitud de los datos aportados por una persona con un llamado a la línea telefónica gratuita 137, del Programa de Víctimas contra las Violencias.

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