EDITORIAL Y Bosques chaqueños, en peligro crítico

El caso del juez Bento: un escándalo que llegaría a su fin
En pocos días más, debería ser destituido de su cargo este nefasto personaje largamente protegido por parte del poder político y judicial
Juez Bento: hace años que debió ser destituido
El 8 del mes próximo se conocería la decisión del jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura sobre el escandaloso juez federal de Mendoza Walter Bento. Acusado de mal desempeño, los aplazamientos e inadmisibles diferimientos llegarían supuestamente a su fin con la destitución.
Designado en 2005, contó con el respaldo de figuras controvertidas como el empresario y exministro del Interior José Luis Manzano y la jueza federal María Servini de Cubría. Es evidente que este juez federal, a cargo también del juzgado electoral de Mendoza, tiene demasiados “padrinos” entre los empresarios prebendarios y los políticos que responden a deleznables intereses. Durante años, en los pasillos de los tribunales de esa provincia se hablaba no solo del ostentoso nivel de vida de este juez, sino también de la irregularidad de numerosas actuaciones.
Con la esperada decisión culminaría un largo proceso, pues durante mucho tiempo no se pudo promover su acusación en el Consejo de la Magistratura ante la defensa cerrada que hacían los consejeros que responden al oficialismo, a pesar de las múltiples denuncias y pruebas en su contra en Mendoza, con una foja plagada de imputaciones por graves delitos, claramente evidenciado también en el enriquecimiento ilícito del magistrado, quien, entre otras cuestiones, no ha podido explicar el origen de los fondos para adquirir numerosas propiedades y automotores. Igual de llamativa resulta la cantidad de viajes al exterior con su familia, mayormente a lugares de juego como Las Vegas y el Hotel Conrad de Punta del Este.
Si bien las causas penales le valieron el dictado de la prisión preventiva hace ya dos años, confirmada por la Cámara, el inefable magistrado Bento cuenta todavía con fueros por lo que evita aún la cárcel. En otro obsceno proceder, ha llegado también en este tiempo a postularse a concurso para cubrir una vacante en la Cámara Federal de Casación Penal.
Bento está acusado de dirigir una asociación ilícita que cobraba sobornos para resolver causas penales ligadas al contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. En esta causa están presos exfuncionarios policiales y abogados del foro de la provincia cuyana. Las acusaciones se extienden a la esposa e hijos, todos con cargos judiciales. Incluso se acusa al juez de apremios ilegales a detenidos que se negaban a pagar sobornos, otro ejemplo de su catadura moral.
Bento tramitó causas en las que debía haberse excusado; vendió un departamento antes de que se embargaran sus bienes, también vació una caja de seguridad horas antes de ser allanada. Se negó a entregar su celular y buscó manipular la tarjeta SIM del aparato. Además, falseó declaraciones juradas patrimoniales, ocultó cuentas y viajes al exterior.
Según el presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas, “las inconductas son tan graves, tan importantes, que han conmocionado al Consejo de la Magistratura de la Nación y ha logrado convencer de que debe ser removido”.
Con esta decisión, el Consejo de la Magistratura podría comenzar a revertir un ciclo de tolerancia hacia muchos magistrados cuestionados por sus inconductas y malos desempeños. Los niveles de complicidad y protección asegurados a lo largo de tanto tiempo, no solo por los consejeros mayormente provenientes de la política, ha sido una lastimosa constante. Es de esperar que se inicie una etapa de mayor celo en la selección de los candidatos a ocupar las vacantes judiciales y que los resultados de los concursos sean los que definan quiénes ocuparán los cargos, dejando atrás las componendas corporativas y políticas.
Está largamente demostrado que los países con mayores índices de desarrollo son los que tienen mejor calidad institucional. La Justicia es vital a ese fin, pues de ella depende el límite a los abusos de los gobernantes y el respeto y salvaguarda de las libertades y derechos de los ciudadanos.
El mérito, la formación, la independencia y la ejemplaridad de las conductas deben ser atributos irrenunciables que honren al Poder Judicial en la persona de sus magistrados.

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Bosques chaqueños, en peligro crítico

En los últimos años, la provincia de Chaco ha impulsado medidas de importancia para la biodiversidad local, como la creación de los parques nacionales El Impenetrable y Laguna El Palmar, el refuerzo de poblaciones de especies amenazadas y la promoción de cadenas de producción amigables con el ambiente, como la miel orgánica o el turismo de naturaleza, entre otras.
Sin embargo, tal como hemos expresado desde estas columnas al comienzo de la gestión de Jorge Capitanich, el principal termómetro ambiental para el llamado Norte Grande, y la provincia del Chaco en particular, inequívocamente es lo que ocurra con sus bosques.
Existen en el Chaco dos formaciones principales bien diferenciadas: el Chaco Húmedo y el Chaco Seco, donde los quebrachos y algarrobos dominan el paisaje. Su explotación irracional ha llevado a una reducción alarmante de las superficies boscosas, con impactos negativos para las economías locales de manera directa, a través de la pérdida de recursos e, indirecta, al incrementar el impacto del clima con sus olas de calor extremo y los incendios, cada vez más recurrentes.
Las cifras de este balance altamente deficitario hablan por sí solas. Las hectáreas deforestadas en la provincia han pasado de 20.000 en 2021 a 41.000 en el último año.
A esta situación terminal, la respuesta del gobierno provincial es errática y contradictoria, ya que, en forma acelerada, está impulsando a través del Ministerio de la Producción, con evidente exclusión del de Ambiente, una propuesta de ordenamiento territorial de bosques nativos para imponer un mapa de zonificación productiva que blanquee la deforestación de los últimos años y garantice una política extractivista que transformará irremediablemente y para siempre el bosque chaqueño.
Cuando faltan menos de dos meses para concluir el actual mandato, el gobierno impulsó tres audiencias públicas que generan más dudas que certezas, pues no respetan la normativa provincial ni la nacional, ni los acuerdos internacionales que exigen la participación de los chaqueños que viven del uso y la conservación del bosque.
La fragilidad del bosque chaqueño, una de las regiones más amenazadas de nuestro país, exige la mayor cautela institucional, evitando cualquier medida apresurada que comprometa el futuro. Urge detener de forma inmediata este proceso para que al momento de asumir las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto, revisen lo actuado y puedan planificar adecuadamente el futuro de los bosques, garantizando una mayor protección de la biodiversidad y fomentando que la producción sea sostenible.

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