NARCOS Y VIOLACIÓN

Procesaron a un auxiliar fiscal por favorecer a acusados de narcotráfico
El funcionario judicial realizaba “gestiones” para que se otorgaran prisiones domiciliarias a cambio de dinero; fue atrapado tras la confesión de un detenido
Gabriel Di NicolaMartín Apóstolo fue acusado de tráfico de influencias
El mensaje de voz que le llegó por WhatsApp al auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo, que cumplía funciones ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, fue directo, no había forma de que se lo malinterpretara: alguien le decía que allegados habían tenido “un problemita con droga” y necesitaban que el funcionario “procediera”. Le aclaró que el dinero no era un inconveniente. “Plata hay”, le aseguró. No dio una respuesta negativa: se limitó a un “mañana lo vemos”. Los “allegados” recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y, durante meses, el representante del Ministerio Público reclamó lo que le habían prometido por esa gestión: $600.000.
Apóstolo, de 53 años, al que los narcos investigados en varios expedientes llamaban Padrino o El Jefe, fue procesado con prisión domiciliaria por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencias agravado, prevaricato fiscal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la resolución, firmada por el juez federal José Quiroga Uriburu, integrante del TOF de La Rioja, se trabó un embargo sobre los bienes del funcionario judicial hasta cubrir la suma de $5.000.000.
“Las funciones relevantes que cumplía Apóstolo, tanto en la fiscalía como el juzgado, lo habilitaban en la actividad diaria a tener la posibilidad de solicitar a funcionarios, magistrados y empleados informarse sobre el estado de causas en trámite. De esa manera configuraba el imputado un acceso idóneo al contacto con las causas usando su rol de funcionario del Ministerio Público Fiscal, para de esta forma desarrollar fraudulentamente su influencia ante las autoridades y agentes judiciales”, afirmó el juez Quiroga Uriburu en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
Según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal, el procurador general interino, Eduardo Casal, dispuso la suspensión preventiva de Apóstolo y le inició un sumario administrativo, que está a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica del MPF.
La investigación que puso en evidencia el desempeño delictivo del auxiliar fiscal Apóstolo comenzó el 18 de marzo pasado, tras la declaración de un sospechoso de operaciones vinculadas al narcotráfico.
Se trata de Pablo Gutiérrez, según el expediente judicial. El sospechoso “expresó espontáneamente que, desde hace aproximadamente un año, estaba recibiendo exigencias de Apóstolo para mantener la prisión domiciliaria que gozaba desde marzo de 2022”, recordó el juez federal Quiroga Uriburu en su resolución.
Las declaraciones de Gutiérrez fueron hechas cuando la fiscal federal Virginia Miguel Carmona allanó su domicilio ante la sospecha de que continuaba con la venta de estupefacientes durante su prisión domiciliaria.
El dólar, por las nubes
“Apóstolo, enojado, me decía que le tenía que pagar $400.000, que eran $200.000, pero como el dólar se había ido por las nubes le tenía que pagar $400.000 porque yo le debía la salida [la prisión domiciliaria] a él y así como él me sacó, me iba a meter” preso, afirmó el sospechoso, según se desprende del expediente judicial.
Cuando declaró Gutiérrez, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, a pedido de Casal, ya había abierto una investigación penal preparatoria (IPP).
En el dictamen donde solicitaron el procesamiento de Apóstolo, el fiscal Iglesias y su colega Diego Velasco, a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sostuvieron: “Se verificó que Apóstolo, en expedientes en los que intervenían abogados que mantenían una estrecha relación con él, efectuó presentaciones en su calidad de representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación asumiendo criterios jurídicos que favorecieron notablemente a los imputados en contra de lo sostenido por el fiscal que debía seguir interviniendo en esos sumarios; realizó gestiones como ‘contacto judicial’ y les brindó asesoramiento a los fines de que obtengan beneficios procesales en contra de lo requerido por el propio representante de la acusación, como así también efectuó gestiones para que sean designados en esos expedientes letrados allegados a él”.
En los hechos por los que pidieron el procesamiento, Iglesias y Velasco describieron el “Hecho 2” como “la maniobra ilícita mediante la cual [Apóstolo] aceptó una promesa directa de pago de una dádiva y/o recibió el pago de una dádiva por la suma de, al menos, $1.500.000, para hacer valer indebidamente su influencia ante el titular del Juzgado Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, a fin de obtener resoluciones procesales en el marco de la causa FCB 4974/2021 que tramitaba bajo su órbita, con el objeto de beneficiar a Luis Ariel Villafañe, alias Montana o Aarón, imputado y detenido en esas actuaciones, todo ello mientras se desempeñaba como auxiliar fiscal ante la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja”. Fuentes judiciales explicaron a que tienen pruebas de que para recibir el dinero a cambio de influir en las resoluciones judiciales, Apóstolo se habría reunido con los sospechosos o sus intermediarios en su casa del Barrio Del Golf o en los domicilios de los imputados en causas que estaban vinculadas con el narcotráfico.
Para avanzar en la investigación fue clave el secuestro del teléfono celular de Apóstolo. Los peritajes hechos sobre el móvil permitieron recuperar mensajes y conversaciones comprometedoras que el funcionario judicial mantenía con esos intermediarios de los procesados a los que se buscaba favorecer en los expedientes.
“A partir de los datos extraídos del aparato de telefonía celular incautado a Apóstolo se obtuvieron comunicaciones mantenidas a través del sistema de mensajería WhatsApp por el nombrado (con el contacto identificado como ‘Alicia Señora Montana’ a partir del 11 de noviembre de 2021, en las que se desprende que el auxiliar fiscal, en un primer momento, realizó gestiones para la devolución de la camioneta Dodge Journey, dominio JNU-575, que estaba bajo disposición judicial, requiriendo una suma de dinero –que no pudo ser especificada– a cambio de su intermediación”, según se consignó en el procesamiento.
Y se agregó: “Posteriormente, a partir del 8 de diciembre de 2021, se desprende que la nombrada le requirió a Apóstolo que interviniera a los fines de lograr la libertad de Villafañe, comprometiéndose Apóstolo a hacer valer indebidamente su influencia sobre el titular del Juzgado Federal de La Rioja, a cambio de una suma de dinero, que ascendió a $1.500.000 tal como se desprende de las comunicaciones interceptadas a Villafañe en el marco de la causa FCB 1796/2021, para beneficiar procesalmente a este último, incluso en contra de lo ya sostenido en esos autos por la fiscal federal interviniente, la doctora Miguel Carmona”.
El imputado se desempeñaba en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja
En un caso habría recibido $1.500.000

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Una docente fue abusada sexualmente por un camionero
La víctima fue atacada cuando volvía a su hogar tras dar clases

José E. Bordón
SANTA FE.– Un camionero que violó a una docente, a la que hizo subir a su vehículo cuando “hacía dedo” en una ruta del noroeste santafesino, seguirá detenido con prisión preventiva, mientras la Justicia evalúa la conducta de un acompañante del chofer, que pudo haber intervenido el aberrante hecho, pero no hizo nada para evitarlo, por lo que podría ser imputado como cómplice.
Para el camionero, si se confirma la imputación, la pena que le correspondería por el delito va de 3 a 10 años de prisión.
El caso provocó indignación entre los docentes de la región noroeste de la provincia, dado que es la primera vez que sucede un hecho de estas características, en un contexto en el que se multiplican a diario los casos de maestros y maestras que, por demoras en los servicios de ómnibus –muchas veces deben aguardar varias horas para abordarlos–, caminan hasta la ruta tratando de conseguir que alguien acceda a trasladarlos.
Este hecho ocurrió el lunes pasado, en horas de la tarde. La docente, que aguardaba a las afueras de la ciudad de Suardi, departamento San Cristóbal, 300 kilómetros al noroeste de esta capital, para dirigirse al casco urbano, donde reside, accedió al traslado propuesto por un camionero que paró en la banquina y le aseguró que se dirigía en esa dirección.
Según informes del Ministerio Público de la Acusación, ese día, alrededor de las 19, el camionero agredió sexualmente a la mujer que había subido al camión que él conducía. Al respecto, subrayó que “llevó a cabo la conducta ilícita con gran violencia y con la ayuda necesaria de otra persona que aún no fue identificada”.
La fiscal de los Tribunales de San Cristóbal, Hemilce Fissore, que se hizo cargo de la causa, afirmó que “en el marco del abuso, el imputado amenazó a la víctima con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo” hasta que “finalmente, el hombre, de 57 años, dejó descender del camión a la mujer en la intersección de la ruta 39 y la calle San Lorenzo, de San Cristóbal”, puntualizó. Y agregó que “el juez sostuvo que las evidencias recolectadas por la fiscalía son suficientes como para tener por acreditada la autoría del hecho con el grado de probabilidad que la ley exige para esta etapa procesal”.

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