Avanza en Rosario el primer juicio por lavado de dinero
Delfín Zacarías es el principal acusado por la investigación que siguió la ruta del dinero generado en la venta mayorista de cocaína a los clanes de narcomenudeo
Germán de los Santos 
Delfín Zacarías cumple una condena de 16 años por narcotráfico
ROSARIO.– En el inicio de la audiencia, el fiscal federal Federico Reynares Solari hizo una aclaración previa, que sirvió para demarcar una cruda realidad de la Justicia Federal: “Tengo el privilegio de ser el fiscal que alega en la primera causa relevante por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto, si se quiere, en primer lugar, es una autocrítica”, admitió.
El proceso judicial por lavado de dinero a Delfín Zacarías se transformó en una bisagra en la Justicia Federal de Rosario por un motivo particular: es el primer juicio en esta ciudad en el que se acusa de lavado de dinero a un narcotraficante. Reynares Solari dijo, en el prólogo de su alegato, que cuando Zacarías fue detenido, hace una década, el Ministerio Público Fiscal no contaba con los recursos actuales y ahora, en cambio, tiene los medios para que las investigaciones se profundicen hasta tocar el nervio económico y financiero, que es lo que retroalimenta el funcionamiento de una organización criminal. Aunque el fiscal no lo dijo, se interpretó como que no hay más excusas.
Está previsto que el año próximo se lleve adelante el juicio por lavado contra la banda de Los Monos, que fue condenada por primera vez por delitos de narcotráfico en 2018. El expediente en el que se acumuló la prueba sobre la supuesta estructura económica del clan Cantero es una fotografía vieja y amarillenta, según se advierte en el fallo de elevación a juicio. Porque gran parte de la evidencia proviene de la investigación que se desarrolló hace casi una década en la Justicia provincial, en la llamada megacausa contra el clan Cantero.
Lo que refleja esa causa, que no avanzó más allá de la prueba heredada, es una historia pasada que nada tiene que ver con la estructura criminal y económica que posee hoy la banda, cuyo núcleo de liderazgo se dividió en los últimos años y está consolidado en las cárceles, que es donde están alojados los principales integrantes, entre ellos Ariel Cantero, alias Guille.
El juicio contra Zacarías se tradujo en un hecho histórico en la Justicia Federal, pero que deja al descubierto el agujero negro que persiste en materia de persecución penal. Por año se tramitan aquí unas 3000 causas por narcotráfico y ni una sola aborda el delito económico, que aparece detrás de las actividades de venta de drogas. Más del 50 por ciento de las causas son por tenencia de estupefacientes. Los tribunales federales están abarrotados de expedientes que no tienen un destino más allá de la condena de los acusados, que en su mayoría son menores de 35 años, como lo muestran los datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
Reynares Solari señaló que en la investigación que terminó con la detención de Zacarías y parte de su entorno familiar en 2013 se percibió “una exteriorización considerable de dinero proveniente de actividades ilícitas”.
“Había una disonancia considerable entre los perfiles patrimoniales de esas personas y los bienes que manejaban. Esa disonancia gritaba”, afirmó el funcionario en su alegato.
Esas maniobras de lavado, según el fiscal, tuvieron una recurrencia casi permanente. Es decir, no fueron una casualidad. En el expediente se detectó que esta organización adquirió más de 70 vehículos, un bloque de 32 cocheras en un edificio del microcentro de Rosario, y más de 45 terrenos comercializados por Tierra de Sueños, entre otros. El fiscal dijo que el valor de los bienes que estaban en manos de Zacarías y su entorno supera los 600 millones de pesos. El cálculo podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta el valor actual del mercado.
Uno de los hallazgos en la investigación fue sacar del archivo una vieja causa de 2011, en la que el principal acusado era el fallecido Jorge Halford, quien en un juicio declaró que la droga que traía de Corrientes era de David, que es uno de los nombres de Zacarías. Eso le sirvió al fiscal para tratar de establecer que Delfín estaba en el negocio de la droga mucho antes de ser detenido.
La caída de la fachada
Una de las razones por las que fue detenido Zacarías en una quinta en Funes, donde tenía un laboratorio con capacidad para producir 500 kilos de cocaína por mes fue que abandonó el perfil bajo y en la zona del Gran Rosario, como en San Lorenzo, comenzó a proyectar la inversión en un megagimnasio con locales comerciales en una zona rural. Era extraño el emprendimiento y para ello necesitó el aval de los concejales de San Lorenzo que aprobaron las excepciones que tenía el faraónico gym de tres pisos de Delfín.
Como devolución a la ciudad, Zacarías construyó una plaza, un espacio donde los chicos podían jugar y divertirse, tras acordar con los concejales de esa localidad vecina a Rosario, que en febrero de 2011 aprobaron una excepción al código urbano. ¿Quién iba a ir a un gimnasio en el medio del campo? Eso no importaba demasiado. Aparte de la plaza, Zacarías solventó también el alumbrado público de nueve cuadras y realizó el cordón cuneta.
Aunque todo parecía una locura, sus ideas prosperaban en ese momento. En ese predio, donde iba a funcionar el gimnasio y también tenía pensado que se instalara un local de una empresa de comida rápida, estaba previsto el armado de un laboratorio de cocaína, el más grande del país. Como parte de la fachada, pretendía tener la franquicia de una cadena de cine internacional.
Todo ese ambicioso plan de negocios se desmoronó antes de que estuviese en funcionamiento una mañana de septiembre de 2013, cuando la Policía Federal irrumpió en una mansión que Zacarías tenía en Funes, en las afueras de Rosario.
En el tradicional country de esa localidad también había armado otro laboratorio, que manejaba con su entorno más cercano, sus hijos y su pareja. En el chalet californiano, donde había una casita de madera para que jugaran sus nietos, funcionaba su fábrica de droga, un negocio con una ecuación beneficiosa para Delfín, que traía la pasta base de Bolivia y terminaba el proceso en Funes.
Ese ambiente afable y tranquilo también tenía que ver con la vida que llevaba Zacarías. No era una persona violenta, que estuviese involucrada en disputas territoriales, como otras bandas, para ganar mercado. Delfín estaba por arriba de todos aquellos que mataban por dinero y por drogas. Él proveía a la mayoría. Por eso tenía una vida relativamente común, sin altibajos. Llevaba a sus nietos a la escuela. Su hija manejaba la empresa legal que le servía de pantalla, una remisería, pero en todo ese engranaje no existían las balas ni los tiros. El insumo vital de ese negocio ilegal era la confianza y él lo tenía asegurado con su familia.
Este hombre de 66 años, que publicó libros de poesía y era un habitué de las mesas de póquer del Hotel Conrad de Punta del Este, entabló aceitados contactos políticos en la zona del Gran Rosario, donde su fachada comercial era la remisería Frecuencia Urbana, instalada a metros de la municipalidad de Granadero Baigorria, donde era vecino de otro narco “famoso”: Thierry Polus, el Francés, quien se ganó el mote del el “rey de la marihuana”.
Zacarías no despertaba ninguna sospecha evidente, salvo que un exfuncionario de la Municipalidad de San Lorenzo empezó a seguir e investigar de manera casi artesanal su crecimiento patrimonial. ¿Podía el dueño de una remisería vivir como un magnate? Nada cerraba.
Luego, la Subsecretaría de Delitos Económicos provincial centró la mirada en las propiedades y vehículos que había adquirido Zacarías: 36 inmuebles entre el 29 de diciembre de 2008 y el 23 de ese mes de 2009, y 24 autos y camionetas, entre ellos cuatro de alta gama. Flavia Zacarías, hija de Delfín, puso a su nombre ocho propiedades, que compró entre mayo y julio de 2009; después sumó otros cuatro inmuebles, cinco autos y un camión. Luego arrancó la investigación en el fuero federal. Todo se complicaba para Zacarías, pero él seguía recostado en su bajo perfil y la confianza de su entorno.
Parte de este patrimonio representa el paquete de evidencias en el juicio oral por lavado de dinero que se realiza desde hace tres meses.
Zacarías fue condenado en 2018 a 16 años de prisión por narcotráfico junto con su pareja Sandra Marín, que recibió una sentencia a 14 años, y sus hijos Joel y Flavia, a siete años.
El 3 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esas condenas, luego de que la defensa de esta familia apelara a la máxima instancia. El caso quedó cerrado, y ahora llegó la etapa de lavado de dinero.
El fiscal Reynares pidió para Zacarías una sentencia adicional de nueve años de cárcel por el lavado de activos obtenidos de la comercialización de droga. La pena requerida quedó unificada en un total de 22 años de cárcel.
Entre 2008 y 2009, el imputado registró en Santa Fe 36 inmuebles y 24 autos
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Una familia tradicional, detrás de una estafa a inversores
Fueron arrestados integrantes del Grupo Spaggiari
ROSARIO.– En el inicio de la audiencia, el fiscal federal Federico Reynares Solari hizo una aclaración previa, que sirvió para demarcar una cruda realidad de la Justicia Federal: “Tengo el privilegio de ser el fiscal que alega en la primera causa relevante por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto, si se quiere, en primer lugar, es una autocrítica”, admitió.
El proceso judicial por lavado de dinero a Delfín Zacarías se transformó en una bisagra en la Justicia Federal de Rosario por un motivo particular: es el primer juicio en esta ciudad en el que se acusa de lavado de dinero a un narcotraficante. Reynares Solari dijo, en el prólogo de su alegato, que cuando Zacarías fue detenido, hace una década, el Ministerio Público Fiscal no contaba con los recursos actuales y ahora, en cambio, tiene los medios para que las investigaciones se profundicen hasta tocar el nervio económico y financiero, que es lo que retroalimenta el funcionamiento de una organización criminal. Aunque el fiscal no lo dijo, se interpretó como que no hay más excusas.
Está previsto que el año próximo se lleve adelante el juicio por lavado contra la banda de Los Monos, que fue condenada por primera vez por delitos de narcotráfico en 2018. El expediente en el que se acumuló la prueba sobre la supuesta estructura económica del clan Cantero es una fotografía vieja y amarillenta, según se advierte en el fallo de elevación a juicio. Porque gran parte de la evidencia proviene de la investigación que se desarrolló hace casi una década en la Justicia provincial, en la llamada megacausa contra el clan Cantero.
Lo que refleja esa causa, que no avanzó más allá de la prueba heredada, es una historia pasada que nada tiene que ver con la estructura criminal y económica que posee hoy la banda, cuyo núcleo de liderazgo se dividió en los últimos años y está consolidado en las cárceles, que es donde están alojados los principales integrantes, entre ellos Ariel Cantero, alias Guille.
El juicio contra Zacarías se tradujo en un hecho histórico en la Justicia Federal, pero que deja al descubierto el agujero negro que persiste en materia de persecución penal. Por año se tramitan aquí unas 3000 causas por narcotráfico y ni una sola aborda el delito económico, que aparece detrás de las actividades de venta de drogas. Más del 50 por ciento de las causas son por tenencia de estupefacientes. Los tribunales federales están abarrotados de expedientes que no tienen un destino más allá de la condena de los acusados, que en su mayoría son menores de 35 años, como lo muestran los datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
Reynares Solari señaló que en la investigación que terminó con la detención de Zacarías y parte de su entorno familiar en 2013 se percibió “una exteriorización considerable de dinero proveniente de actividades ilícitas”.
“Había una disonancia considerable entre los perfiles patrimoniales de esas personas y los bienes que manejaban. Esa disonancia gritaba”, afirmó el funcionario en su alegato.
Esas maniobras de lavado, según el fiscal, tuvieron una recurrencia casi permanente. Es decir, no fueron una casualidad. En el expediente se detectó que esta organización adquirió más de 70 vehículos, un bloque de 32 cocheras en un edificio del microcentro de Rosario, y más de 45 terrenos comercializados por Tierra de Sueños, entre otros. El fiscal dijo que el valor de los bienes que estaban en manos de Zacarías y su entorno supera los 600 millones de pesos. El cálculo podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta el valor actual del mercado.
Uno de los hallazgos en la investigación fue sacar del archivo una vieja causa de 2011, en la que el principal acusado era el fallecido Jorge Halford, quien en un juicio declaró que la droga que traía de Corrientes era de David, que es uno de los nombres de Zacarías. Eso le sirvió al fiscal para tratar de establecer que Delfín estaba en el negocio de la droga mucho antes de ser detenido.
La caída de la fachada
Una de las razones por las que fue detenido Zacarías en una quinta en Funes, donde tenía un laboratorio con capacidad para producir 500 kilos de cocaína por mes fue que abandonó el perfil bajo y en la zona del Gran Rosario, como en San Lorenzo, comenzó a proyectar la inversión en un megagimnasio con locales comerciales en una zona rural. Era extraño el emprendimiento y para ello necesitó el aval de los concejales de San Lorenzo que aprobaron las excepciones que tenía el faraónico gym de tres pisos de Delfín.
Como devolución a la ciudad, Zacarías construyó una plaza, un espacio donde los chicos podían jugar y divertirse, tras acordar con los concejales de esa localidad vecina a Rosario, que en febrero de 2011 aprobaron una excepción al código urbano. ¿Quién iba a ir a un gimnasio en el medio del campo? Eso no importaba demasiado. Aparte de la plaza, Zacarías solventó también el alumbrado público de nueve cuadras y realizó el cordón cuneta.
Aunque todo parecía una locura, sus ideas prosperaban en ese momento. En ese predio, donde iba a funcionar el gimnasio y también tenía pensado que se instalara un local de una empresa de comida rápida, estaba previsto el armado de un laboratorio de cocaína, el más grande del país. Como parte de la fachada, pretendía tener la franquicia de una cadena de cine internacional.
Todo ese ambicioso plan de negocios se desmoronó antes de que estuviese en funcionamiento una mañana de septiembre de 2013, cuando la Policía Federal irrumpió en una mansión que Zacarías tenía en Funes, en las afueras de Rosario.
En el tradicional country de esa localidad también había armado otro laboratorio, que manejaba con su entorno más cercano, sus hijos y su pareja. En el chalet californiano, donde había una casita de madera para que jugaran sus nietos, funcionaba su fábrica de droga, un negocio con una ecuación beneficiosa para Delfín, que traía la pasta base de Bolivia y terminaba el proceso en Funes.
Ese ambiente afable y tranquilo también tenía que ver con la vida que llevaba Zacarías. No era una persona violenta, que estuviese involucrada en disputas territoriales, como otras bandas, para ganar mercado. Delfín estaba por arriba de todos aquellos que mataban por dinero y por drogas. Él proveía a la mayoría. Por eso tenía una vida relativamente común, sin altibajos. Llevaba a sus nietos a la escuela. Su hija manejaba la empresa legal que le servía de pantalla, una remisería, pero en todo ese engranaje no existían las balas ni los tiros. El insumo vital de ese negocio ilegal era la confianza y él lo tenía asegurado con su familia.
Este hombre de 66 años, que publicó libros de poesía y era un habitué de las mesas de póquer del Hotel Conrad de Punta del Este, entabló aceitados contactos políticos en la zona del Gran Rosario, donde su fachada comercial era la remisería Frecuencia Urbana, instalada a metros de la municipalidad de Granadero Baigorria, donde era vecino de otro narco “famoso”: Thierry Polus, el Francés, quien se ganó el mote del el “rey de la marihuana”.
Zacarías no despertaba ninguna sospecha evidente, salvo que un exfuncionario de la Municipalidad de San Lorenzo empezó a seguir e investigar de manera casi artesanal su crecimiento patrimonial. ¿Podía el dueño de una remisería vivir como un magnate? Nada cerraba.
Luego, la Subsecretaría de Delitos Económicos provincial centró la mirada en las propiedades y vehículos que había adquirido Zacarías: 36 inmuebles entre el 29 de diciembre de 2008 y el 23 de ese mes de 2009, y 24 autos y camionetas, entre ellos cuatro de alta gama. Flavia Zacarías, hija de Delfín, puso a su nombre ocho propiedades, que compró entre mayo y julio de 2009; después sumó otros cuatro inmuebles, cinco autos y un camión. Luego arrancó la investigación en el fuero federal. Todo se complicaba para Zacarías, pero él seguía recostado en su bajo perfil y la confianza de su entorno.
Parte de este patrimonio representa el paquete de evidencias en el juicio oral por lavado de dinero que se realiza desde hace tres meses.
Zacarías fue condenado en 2018 a 16 años de prisión por narcotráfico junto con su pareja Sandra Marín, que recibió una sentencia a 14 años, y sus hijos Joel y Flavia, a siete años.
El 3 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esas condenas, luego de que la defensa de esta familia apelara a la máxima instancia. El caso quedó cerrado, y ahora llegó la etapa de lavado de dinero.
El fiscal Reynares pidió para Zacarías una sentencia adicional de nueve años de cárcel por el lavado de activos obtenidos de la comercialización de droga. La pena requerida quedó unificada en un total de 22 años de cárcel.
Entre 2008 y 2009, el imputado registró en Santa Fe 36 inmuebles y 24 autos
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Una familia tradicional, detrás de una estafa a inversores
Fueron arrestados integrantes del Grupo Spaggiari
José E. Bordón
SANTA FE.– Una estafa piramidal, a partir de un grupo familiar que comenzó a operar como agente inmobiliario, pero luego se dedicó al manejo de fondos financieros de terceros a través de la promesa de constitución de un fondo de inversión para la construcción de un barrio de viviendas, sacude a la ciudad de Rafaela, el tercer centro urbano más poblado e importante de la provincia, detrás de Rosario y la capital. En medios judiciales se estima que la maniobra habría perjudicado a unos mil ahorristas y que el monto de las operaciones superaría los US$20.000.000.
Desde el lunes pasado, cuando la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de allanamientos, están detenidos ocho sospechosos: una mujer de 70 años, sus dos hijos, una prima de ellos y cuatro empleados de la firma investigada (una mujer y tres hombres). Todos responden a lo que se conoce como Grupo Spaggiari, una tradicional familia rafaelina que comenzó dedicándose a las operaciones inmobiliarias, pero que luego se amplió a los rubros de la construcción y venta de insumos del ramo.
Los detenidos serían considerados, en mayor o menor grado, presuntos responsables de los delitos de estafa fraudulenta y asociación ilícita. No obstante, si se determina la existencia también de delitos de lavado de activos, la causa podría pasar al fuero federal.
El caso, que conmociona a la ciudad donde reside el gobernador Omar Perotti, en el corazón de la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, 100 kilómetros al oeste de la capital provincial, comenzó a generar preocupación entre los ahorristas a fines de 2022, cuando se discontinuó el pago de intereses que habrían pactado con el Grupo Spaggiari.
“Esto no es de ayer o de hace un año. Los Spaggiari comenzaron hace 7 u 8 años a recibir dólares y mensualmente devolvían los intereses pactados. Tenían la fachada de lo que fue, una inmobiliaria, pero trabajaba no solo la familia, con la madre de 70 años incluida, sino que también había empleados. Se recibían ‘depósitos’ de dólares y se pactaba un interés mensual; quien quería lo cobraba o lo dejaba para engrosar sus ahorros. Como otros casos que se conocieron en el país, se aplicaba el denominado Esquema Ponzi, un fraude de inversión que consiste en pagar a los inversores existentes con los fondos de los nuevos”, explicó una fuente cercana a la investigación.
Desde los Tribunales de Rafaela trascendió que el fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Loyola, de Delitos Complejos, ya contaría con 65 denuncias certificadas. No obstante, el número de damnificados se elevaría a unas mil personas
SANTA FE.– Una estafa piramidal, a partir de un grupo familiar que comenzó a operar como agente inmobiliario, pero luego se dedicó al manejo de fondos financieros de terceros a través de la promesa de constitución de un fondo de inversión para la construcción de un barrio de viviendas, sacude a la ciudad de Rafaela, el tercer centro urbano más poblado e importante de la provincia, detrás de Rosario y la capital. En medios judiciales se estima que la maniobra habría perjudicado a unos mil ahorristas y que el monto de las operaciones superaría los US$20.000.000.
Desde el lunes pasado, cuando la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de allanamientos, están detenidos ocho sospechosos: una mujer de 70 años, sus dos hijos, una prima de ellos y cuatro empleados de la firma investigada (una mujer y tres hombres). Todos responden a lo que se conoce como Grupo Spaggiari, una tradicional familia rafaelina que comenzó dedicándose a las operaciones inmobiliarias, pero que luego se amplió a los rubros de la construcción y venta de insumos del ramo.
Los detenidos serían considerados, en mayor o menor grado, presuntos responsables de los delitos de estafa fraudulenta y asociación ilícita. No obstante, si se determina la existencia también de delitos de lavado de activos, la causa podría pasar al fuero federal.
El caso, que conmociona a la ciudad donde reside el gobernador Omar Perotti, en el corazón de la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, 100 kilómetros al oeste de la capital provincial, comenzó a generar preocupación entre los ahorristas a fines de 2022, cuando se discontinuó el pago de intereses que habrían pactado con el Grupo Spaggiari.
“Esto no es de ayer o de hace un año. Los Spaggiari comenzaron hace 7 u 8 años a recibir dólares y mensualmente devolvían los intereses pactados. Tenían la fachada de lo que fue, una inmobiliaria, pero trabajaba no solo la familia, con la madre de 70 años incluida, sino que también había empleados. Se recibían ‘depósitos’ de dólares y se pactaba un interés mensual; quien quería lo cobraba o lo dejaba para engrosar sus ahorros. Como otros casos que se conocieron en el país, se aplicaba el denominado Esquema Ponzi, un fraude de inversión que consiste en pagar a los inversores existentes con los fondos de los nuevos”, explicó una fuente cercana a la investigación.
Desde los Tribunales de Rafaela trascendió que el fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Loyola, de Delitos Complejos, ya contaría con 65 denuncias certificadas. No obstante, el número de damnificados se elevaría a unas mil personas
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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