Proponen un plan social único para reducir la pobreza infantil en el país
Lo plantea la ACIJ al ver cómo la inflación afecta la calidad alimentaria de los menores de familias desfavorecidas; procuran que el cambio sea en el próximo gobierno
Evangelina Himitian
Hoy más de 1,8 millones de chicos crecen con hambre en la Argentina
Los números duelen en sí mismos y más aún cuando se los contrasta con imágenes como las del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde paseando por el Mediterráneo: hoy más de 1,8 millones de niñas y niños crecen con hambre. Sin embargo, “el hambre y la pobreza infantil no parecieran ser una prioridad en la campaña electoral”, denunció ayer Celeste Fernández, abogada y docente, codirectora de la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ), integrante del colectivo Infancia en Deuda, que presentó el informe “Crecer sin pobreza, para que la lucha contra la pobreza infantil sea prioridad en la agenda pública”.
El informe se basó en los datos oficiales sobre pobreza y los disponibles de Unicef sobre pobreza en infancia. “El 57% de la población infantil vive en condiciones de pobreza, y al menos el 12% sufre pobreza extrema. Eso significa que 7,4 millones de niñas, niños y adolescentes viven sin acceso a derechos básicos (según el Indec equivalen al 57% de los menores de 17 años), y que más de 1,8 millones (el 14,3%) crecen sin una alimentación mínima”, se destacó. Además, según datos de Unicef, el año pasado casi el 20% de los hogares con niños en nuestro país dejaron de realizar al menos una comida al día.
¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? El informe identificó un factor que aumenta las chances de caer en la pobreza: que haya chicos en la casa. “La infantilización de la pobreza es un problema estructural”, dice el documento, y aporta datos de Unicef: mientras entre 2017 y 2022 la pobreza infantil aumentó 8,4%, la pobreza monetaria extrema creció 2,7%.
En este grupo, también se identificaron tres grupos de mayor vulnerabilidad: los adolescentes de entre 10 a 17 años; los chicos que viven en hogares monoparentales con jefatura femenina o monomarentales, y los que viven en barrios populares.
“Pero hay otra escala que grafica quiénes son los que más dificultades tienen para cubrir las necesidades más básicas –acceder a la canasta básica y al derecho a la alimentación–, que es un derecho protegido por convención internacional”, apuntó Bárbara Zanino, abogada especialista en temáticas infantojuveniles y derechos sociales de ACIJ, que presentó el informe.
Un gráfico detalla cómo aquellas familias que no acceden a alguna de las prestaciones sociales que da el Gobierno para paliar el efecto de la caída bajo la línea de pobreza se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad.
Las transferencias del Estado para esta población son tres: Asignación Universal por Hijo (AUH), $17.000 por cada hijo menor de 17 años; Alimentar ($22.000 por un hijo hasta 14 años, $34.500 por dos hijos o $45.500 por tres o más), y las asignaciones familiares, de $17.000 por hijo menor de 17 años de familias cuyos padres trabajan en relación de dependencia, sean monotributistas o cobran un seguro de desempleo y tengan un ingreso familiar de hasta $264.703.
Así, por ejemplo, quienes cobren las tres prestaciones estarían en la parte más alta de la base de la pirámide. Serían quienes están mejor posicionados. Aun así, esas tres prestaciones alcanzarían apenas para cubrir el 77% de la canasta básica de alimentos para 2023. En 2021, cubrían el 94,7%, y el año pasado, el 85,6%; el último año perdieron un 8,6% de poder adquisitivo con los mismos recursos.
Los que le siguen en esta escala son quienes solo reciben las asignaciones familiares: cubren el 37,9% de la canasta básica. Los que están casi en el peor escenario solo cobran la AUH, por ejemplo porque sus hijos superaron los 14 años, y dejan de recibir el Alimentar: ellos retroceden más en su poder de compra: apenas el 37,5% de la canasta básica de alimentos. “La canasta básica no contempla necesidades nutricionales especiales ni de otro tipo”, apunta Fernández.
Los que peor situación atraviesan son quienes no reciben ninguna prestación social: según el informe, con datos propios y de Unicef, existen 1,4 millones de niños argentinos que están excluidos de los programas sociales, por cuestiones migratorias, suspensiones por falta de presentación de libretas sanitarias o por no estar registrados ante la Anses.
El informe de ACIJ apunta que, paradójicamente, frente al aumento de la inflación y de la pobreza, la inversión del Gobierno en programas sociales para mitigar el impacto retrocedió. Así, mientras en 2021 para la AUH se destinaban $931.586 millones, para este año se llevan gastados unos $737.360 millones (valores expresados en pesos reales, ajustados a 2023 según inflación promedio, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), de 116,8%). Si se miran los números de 2022, ($835.017 millones) en el último año se produjo una desinversión del 11,7% en esa asignación.
Algo similar ocurrió con las partidas para Alimentar y a las asignaciones familiares: tuvieron una reducción interanual de 18,5% y del 32,7%, respectivamente. El informe de ACIJ incluyó recomendaciones para que el próximo gobierno tenga en cuenta para evitar que se produzcan estas escalas arbitrarias en el descenso a la pobreza más extrema. Y proponen de dónde sacar los recursos: la propuesta es que se garantice “una protección social suficiente” para los niños y niñas de menores ingresos, mediante la creación de una única prestación que cubra el 100% de la canasta básica para garantizar que todos los chicos accedan a la alimentación que mínimamente necesita y a la que no acceden.
“El costo de elevar esas prestaciones hasta una canasta básica suficiente sería, a valores de 2023, un incremento de $1,2 billones, lo que equivale al 0,74 del PBI y al 3,44% del presupuesto”, apunta Zanino. “Este costo es inferior a lo que el Estado deja de recaudar por no cobrar Ganancias al Poder Judicial y por la quita más reciente en dicho impuesto a sectores de mayores ingresos”, apuntó.
La segunda opción que se presentó es modificar a una “AUH suficiente”, que logre garantizar que cada chico que percibe esta prestación (hoy son unos 4,2 millones de menores) reciba una asignación que cubra una canasta básica. “El costo de elevar la AUH a valores de 2023 sería de $622.228 millones, lo que equivale al 0,36% del PBI y al 1,68% de presupuesto”, se detalla.
La tercera propuesta apuntó a “jerarquizar y ampliar la prestación Alimentar, mediante la incorporación de los adolescentes de 15 a 17 años, que se sancionar una ley que reconozca la prestación Alimentar para asegurar su continuidad y estabilidad. Que se incluya una fórmula trimestral de actualización (como las asignaciones familiares). “El costo de esta propuesta a 2023 sería de $255.087 millones, lo que equivale al 0,15 del PBI y al 0,69% de presupuesto”, detalló Zanino.
Los números duelen en sí mismos y más aún cuando se los contrasta con imágenes como las del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde paseando por el Mediterráneo: hoy más de 1,8 millones de niñas y niños crecen con hambre. Sin embargo, “el hambre y la pobreza infantil no parecieran ser una prioridad en la campaña electoral”, denunció ayer Celeste Fernández, abogada y docente, codirectora de la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ), integrante del colectivo Infancia en Deuda, que presentó el informe “Crecer sin pobreza, para que la lucha contra la pobreza infantil sea prioridad en la agenda pública”.
El informe se basó en los datos oficiales sobre pobreza y los disponibles de Unicef sobre pobreza en infancia. “El 57% de la población infantil vive en condiciones de pobreza, y al menos el 12% sufre pobreza extrema. Eso significa que 7,4 millones de niñas, niños y adolescentes viven sin acceso a derechos básicos (según el Indec equivalen al 57% de los menores de 17 años), y que más de 1,8 millones (el 14,3%) crecen sin una alimentación mínima”, se destacó. Además, según datos de Unicef, el año pasado casi el 20% de los hogares con niños en nuestro país dejaron de realizar al menos una comida al día.
¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? El informe identificó un factor que aumenta las chances de caer en la pobreza: que haya chicos en la casa. “La infantilización de la pobreza es un problema estructural”, dice el documento, y aporta datos de Unicef: mientras entre 2017 y 2022 la pobreza infantil aumentó 8,4%, la pobreza monetaria extrema creció 2,7%.
En este grupo, también se identificaron tres grupos de mayor vulnerabilidad: los adolescentes de entre 10 a 17 años; los chicos que viven en hogares monoparentales con jefatura femenina o monomarentales, y los que viven en barrios populares.
“Pero hay otra escala que grafica quiénes son los que más dificultades tienen para cubrir las necesidades más básicas –acceder a la canasta básica y al derecho a la alimentación–, que es un derecho protegido por convención internacional”, apuntó Bárbara Zanino, abogada especialista en temáticas infantojuveniles y derechos sociales de ACIJ, que presentó el informe.
Un gráfico detalla cómo aquellas familias que no acceden a alguna de las prestaciones sociales que da el Gobierno para paliar el efecto de la caída bajo la línea de pobreza se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad.
Las transferencias del Estado para esta población son tres: Asignación Universal por Hijo (AUH), $17.000 por cada hijo menor de 17 años; Alimentar ($22.000 por un hijo hasta 14 años, $34.500 por dos hijos o $45.500 por tres o más), y las asignaciones familiares, de $17.000 por hijo menor de 17 años de familias cuyos padres trabajan en relación de dependencia, sean monotributistas o cobran un seguro de desempleo y tengan un ingreso familiar de hasta $264.703.
Así, por ejemplo, quienes cobren las tres prestaciones estarían en la parte más alta de la base de la pirámide. Serían quienes están mejor posicionados. Aun así, esas tres prestaciones alcanzarían apenas para cubrir el 77% de la canasta básica de alimentos para 2023. En 2021, cubrían el 94,7%, y el año pasado, el 85,6%; el último año perdieron un 8,6% de poder adquisitivo con los mismos recursos.
Los que le siguen en esta escala son quienes solo reciben las asignaciones familiares: cubren el 37,9% de la canasta básica. Los que están casi en el peor escenario solo cobran la AUH, por ejemplo porque sus hijos superaron los 14 años, y dejan de recibir el Alimentar: ellos retroceden más en su poder de compra: apenas el 37,5% de la canasta básica de alimentos. “La canasta básica no contempla necesidades nutricionales especiales ni de otro tipo”, apunta Fernández.
Los que peor situación atraviesan son quienes no reciben ninguna prestación social: según el informe, con datos propios y de Unicef, existen 1,4 millones de niños argentinos que están excluidos de los programas sociales, por cuestiones migratorias, suspensiones por falta de presentación de libretas sanitarias o por no estar registrados ante la Anses.
El informe de ACIJ apunta que, paradójicamente, frente al aumento de la inflación y de la pobreza, la inversión del Gobierno en programas sociales para mitigar el impacto retrocedió. Así, mientras en 2021 para la AUH se destinaban $931.586 millones, para este año se llevan gastados unos $737.360 millones (valores expresados en pesos reales, ajustados a 2023 según inflación promedio, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), de 116,8%). Si se miran los números de 2022, ($835.017 millones) en el último año se produjo una desinversión del 11,7% en esa asignación.
Algo similar ocurrió con las partidas para Alimentar y a las asignaciones familiares: tuvieron una reducción interanual de 18,5% y del 32,7%, respectivamente. El informe de ACIJ incluyó recomendaciones para que el próximo gobierno tenga en cuenta para evitar que se produzcan estas escalas arbitrarias en el descenso a la pobreza más extrema. Y proponen de dónde sacar los recursos: la propuesta es que se garantice “una protección social suficiente” para los niños y niñas de menores ingresos, mediante la creación de una única prestación que cubra el 100% de la canasta básica para garantizar que todos los chicos accedan a la alimentación que mínimamente necesita y a la que no acceden.
“El costo de elevar esas prestaciones hasta una canasta básica suficiente sería, a valores de 2023, un incremento de $1,2 billones, lo que equivale al 0,74 del PBI y al 3,44% del presupuesto”, apunta Zanino. “Este costo es inferior a lo que el Estado deja de recaudar por no cobrar Ganancias al Poder Judicial y por la quita más reciente en dicho impuesto a sectores de mayores ingresos”, apuntó.
La segunda opción que se presentó es modificar a una “AUH suficiente”, que logre garantizar que cada chico que percibe esta prestación (hoy son unos 4,2 millones de menores) reciba una asignación que cubra una canasta básica. “El costo de elevar la AUH a valores de 2023 sería de $622.228 millones, lo que equivale al 0,36% del PBI y al 1,68% de presupuesto”, se detalla.
La tercera propuesta apuntó a “jerarquizar y ampliar la prestación Alimentar, mediante la incorporación de los adolescentes de 15 a 17 años, que se sancionar una ley que reconozca la prestación Alimentar para asegurar su continuidad y estabilidad. Que se incluya una fórmula trimestral de actualización (como las asignaciones familiares). “El costo de esta propuesta a 2023 sería de $255.087 millones, lo que equivale al 0,15 del PBI y al 0,69% de presupuesto”, detalló Zanino.
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