Uno de los jueces del caso cuadernos pidió una audiencia con el Presidente
Castelli denuncia que el kirchnerismo lo quiso apartar “de prepo”; quiere conocer la postura del Gobierno
Hernán Cappiello
El juez federal Germán Castelli
El juez Germán Castelli, uno de los magistrados sorteados para juzgar a Cristina Kirchner en el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, le pidió una audiencia al presidente Javier Milei. La razón de la solicitud es que el Gobierno debe responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de Castelli contra el Estado, en la cual sostiene que se violó la independencia judicial, ya que el gobierno anterior pretendió desplazarlo del cargo que ocupa en el tribunal oral, donde fue trasladado.
Castelli ya pidió audiencias al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a la canciller Diana Mondino, sin obtener ninguna respuesta.
El magistrado, que integra el tribunal oral federal sorteado para juzgar el caso de los cuadernos de las coimas, había sido trasladado años atrás de un tribunal oral federal de San Martín a otro de Comodoro Py 2002. En una embestida del kirchnerismo contra los jueces trasladados (en particular, contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal) arrastraron en su reclamo al juez Castelli, y pidieron en 2020 retrotraer su situación. Los jueces que fueron blanco del kirchnerismo tenían en común que habían participado en causas de corrupción contra Cristina Kirchner.
El asunto llegó a la Corte Suprema, que dispuso que se realicen concursos para los cargos de todos los jueces trasladados. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura no se ocupó de los cerca de 50 magistrados que estaban en esa situación, sino que solo convocó a los concursos para los cargos de Bruglia Bertuzzi y del propio Castelli. El juez denuncia que esto evidencia que la actuación del gobierno anterior solo pretendió removerlos a ellos y no normalizar la situación de los jueces trasladados.
Por esta situación, Castelli planteó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del principio de independencia en la magistratura. El Estado argentino debe responder al organismo internacional un pedido de informes. Tiene plazo hasta 14 del actual para hacerlo.
El juez Castelli dijo que “el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo Nacional lograron de manera coordinada y de prepo” su “destitución ilegal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7”. Fue repuesto en ese cargo por la Corte Suprema hasta que se sustancie el concurso pero su alejamiento de su cargo implicaría que deje de ser “natural de los procesos allí radicados”, incluido el caso de los cuadernos de las coimas con 154 acusados, incluidos Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios que confesaron haber pagado y recibido sobornos para mantener su contratos con el Estado.
Si bien la denuncia ante la Comisión Interamericana incluyó también objeciones a la Corte Suprema porque en su fallo conocido como “Bertuzzi” declaró retroactivamente que los traslados de jueces no otorgaban estabilidad en el cargo y así “determinó su provisoriedad (tras 70 años de considerarse lo contrario), el grueso de las críticas se concentró en el Consejo de la Magistratura”, que debía llamar a concursos de cargos ocupados por los trasladados. Son 40 0 50 casos, pero avanzaron solo en tres casos. “El Consejo utilizó el fallo de la Corte bajo una fachada de legalidad como instrumento de persecución sobre los mismos jueces antes echados por la fuerza y, en simultáneo, esa discriminación se evidenciaba en indisimulada protección de otras juezas y jueces trasladados”, dijo Castelli.
“El pedido de audiencia al señor presidente de la Nación obedece a que entre los días 19 y 20 de marzo he pedido audiencias personales” a otros funcionarios que no le fueron respondidas a pesar de la “alta sensibilidad en virtud de encontrarse en juego la independencia de la magistratura” y el hecho de que este caso “será testigo de cómo se parará ese gobierno en la historia acerca del tema” en un asunto que “no registra antecedentes, por ejemplo, de una destitución ilegal de jueces en los últimos 40 años ininterrumpidos de democracia republicana”.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El Gobierno pide apoyo a las provincias para cambiar el impuesto a las ganancias
Francos dijo que si avanza la iniciativa oficial se evitaría un cobro retroactivo, y anticipó modificaciones en las escalas
El ministro del interior, Guillermo Francos
En su intento de reflotar la versión acotada de la denominada “Ley de bases”, el Gobierno les pidió apoyo a las provincias para modificar el impuesto a las ganancias y actualizar las escalas. A través del ministro del Interior, Guillermo Francos, la gestión libertaria condicionó el cobro retroactivo del tributo que pesa sobre los salarios a la suerte de la iniciativa oficialista en el Congreso.
Francos consideró ayer que la derogación de la cuarta categoría de Ganancias se hizo de forma “improvisada” el año pasado, en plena campaña electoral. Aquella modificación, impulsada por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, contó con el voto positivo de Javier Milei en Diputados.
“Se cometió una equivocación que haría que por el tercer trimestre del año 2023 tuviera que pagarse el impuesto, porque lo que hizo por decreto en su momento el gobierno nacional fue dictar una norma que decía que no se hacían las retenciones por parte de las empresas de la cuarta categoría”, dijo Francos en Radio La Red. Y prosiguió: “Después, cuando se sancionó la ley se eximió de ese impuesto a partir de enero de 2024, por el cual quedó el último trimestre de 2023 en que supuestamente está la obligación de pagar Ganancias aunque no se hizo la retención. Hay que corregir eso”.
Sin dar datos precisos, Francos dijo que el piso de Ganancias “empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba”. Y agregó: “Siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un impuesto que establece una progresión”.
Es decir, el ministro del Interior advirtió de un gris legal tras los decretos firmados por Massa en 2023, cuya ratificación estaría incluida en el articulado del paquete fiscal enviado por el Gobierno en la “Ley de bases”. En septiembre, Massa modificó por decreto el esquema de Ganancias vigente y eximió de ese impuesto a cerca de 800.000 trabajadores, al elevar el mínimo a unos $1,77 millones mensuales. Era entonces el equivalente a 15 salarios mínimos (SMVM). Milei votó en línea con el kirchnerismo. Esa normativa comenzó a aplicarse para el período fiscal de 2024 y dejó paso a la duda respecto de los últimos meses del año pasado, una ventana que habilitaría al Gobierno a cobrar en forma retroactiva al realizar la AFIP la liquidación anual correspondiente. En la “Ley de Bases” el oficialismo restablece un modelo de escalas progresivas y alícuotas incrementales (van del 5% al 35%), con piso de ingreso neto mensual de $1.053.291 para los contribuyentes solteros. Actualmente, esa cifra es de $3.042.000 (el salario mínimo desde marzo de 2024 se ubica en $202.800), lo cual implicaría que casi 1,5 millones de asalariados volverían a estar alcanzados por el impuesto.
Reforma laboral
Francos, además, indicó que el tratamiento de Ganancias no será incluido en la ley ómnibus, sino en una nueva ley “especial” que se enviará para ser debatida en el Congreso con distintos temas vinculados a la cuestión fiscal, como moratoria y blanqueo.
El ministro del Interior también se refirió al debate sobre la “Ley de bases”, que el Gobierno apuesta a sancionar antes del 25 de mayo. No descartó que se incluyan algunos puntos del decreto de necesidad y urgencia vinculado a las reformas de la legislación laboral. “No fue una propuesta nuestra, pero lo estamos analizando”, adelantó, y sostuvo: “Surgió en conversaciones con algunos legisladores a los que les pareció importante. Uno de los temas más complejos es la regulación laboral, que es obsoleta en la Argentina y que no genera el ánimo de los inversores para traer capitales”. El paquete de medidas –que proponía, entre otras cosas, modificar los cálculos indemnizatorios, aplicar una “modernización laboral” e implementar un seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones– fue originalmente eliminado del debate de la ley ómnibus por la administración mileísta, luego de ser objetada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y declarada inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Francos será uno de los anfitriones del encuentro que el gobierno nacional mantendrá pasado mañana con los representantes de las 24 provincias
El juez Germán Castelli, uno de los magistrados sorteados para juzgar a Cristina Kirchner en el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, le pidió una audiencia al presidente Javier Milei. La razón de la solicitud es que el Gobierno debe responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de Castelli contra el Estado, en la cual sostiene que se violó la independencia judicial, ya que el gobierno anterior pretendió desplazarlo del cargo que ocupa en el tribunal oral, donde fue trasladado.
Castelli ya pidió audiencias al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a la canciller Diana Mondino, sin obtener ninguna respuesta.
El magistrado, que integra el tribunal oral federal sorteado para juzgar el caso de los cuadernos de las coimas, había sido trasladado años atrás de un tribunal oral federal de San Martín a otro de Comodoro Py 2002. En una embestida del kirchnerismo contra los jueces trasladados (en particular, contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal) arrastraron en su reclamo al juez Castelli, y pidieron en 2020 retrotraer su situación. Los jueces que fueron blanco del kirchnerismo tenían en común que habían participado en causas de corrupción contra Cristina Kirchner.
El asunto llegó a la Corte Suprema, que dispuso que se realicen concursos para los cargos de todos los jueces trasladados. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura no se ocupó de los cerca de 50 magistrados que estaban en esa situación, sino que solo convocó a los concursos para los cargos de Bruglia Bertuzzi y del propio Castelli. El juez denuncia que esto evidencia que la actuación del gobierno anterior solo pretendió removerlos a ellos y no normalizar la situación de los jueces trasladados.
Por esta situación, Castelli planteó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del principio de independencia en la magistratura. El Estado argentino debe responder al organismo internacional un pedido de informes. Tiene plazo hasta 14 del actual para hacerlo.
El juez Castelli dijo que “el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo Nacional lograron de manera coordinada y de prepo” su “destitución ilegal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7”. Fue repuesto en ese cargo por la Corte Suprema hasta que se sustancie el concurso pero su alejamiento de su cargo implicaría que deje de ser “natural de los procesos allí radicados”, incluido el caso de los cuadernos de las coimas con 154 acusados, incluidos Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios que confesaron haber pagado y recibido sobornos para mantener su contratos con el Estado.
Si bien la denuncia ante la Comisión Interamericana incluyó también objeciones a la Corte Suprema porque en su fallo conocido como “Bertuzzi” declaró retroactivamente que los traslados de jueces no otorgaban estabilidad en el cargo y así “determinó su provisoriedad (tras 70 años de considerarse lo contrario), el grueso de las críticas se concentró en el Consejo de la Magistratura”, que debía llamar a concursos de cargos ocupados por los trasladados. Son 40 0 50 casos, pero avanzaron solo en tres casos. “El Consejo utilizó el fallo de la Corte bajo una fachada de legalidad como instrumento de persecución sobre los mismos jueces antes echados por la fuerza y, en simultáneo, esa discriminación se evidenciaba en indisimulada protección de otras juezas y jueces trasladados”, dijo Castelli.
“El pedido de audiencia al señor presidente de la Nación obedece a que entre los días 19 y 20 de marzo he pedido audiencias personales” a otros funcionarios que no le fueron respondidas a pesar de la “alta sensibilidad en virtud de encontrarse en juego la independencia de la magistratura” y el hecho de que este caso “será testigo de cómo se parará ese gobierno en la historia acerca del tema” en un asunto que “no registra antecedentes, por ejemplo, de una destitución ilegal de jueces en los últimos 40 años ininterrumpidos de democracia republicana”.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El Gobierno pide apoyo a las provincias para cambiar el impuesto a las ganancias
Francos dijo que si avanza la iniciativa oficial se evitaría un cobro retroactivo, y anticipó modificaciones en las escalas
En su intento de reflotar la versión acotada de la denominada “Ley de bases”, el Gobierno les pidió apoyo a las provincias para modificar el impuesto a las ganancias y actualizar las escalas. A través del ministro del Interior, Guillermo Francos, la gestión libertaria condicionó el cobro retroactivo del tributo que pesa sobre los salarios a la suerte de la iniciativa oficialista en el Congreso.
Francos consideró ayer que la derogación de la cuarta categoría de Ganancias se hizo de forma “improvisada” el año pasado, en plena campaña electoral. Aquella modificación, impulsada por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, contó con el voto positivo de Javier Milei en Diputados.
“Se cometió una equivocación que haría que por el tercer trimestre del año 2023 tuviera que pagarse el impuesto, porque lo que hizo por decreto en su momento el gobierno nacional fue dictar una norma que decía que no se hacían las retenciones por parte de las empresas de la cuarta categoría”, dijo Francos en Radio La Red. Y prosiguió: “Después, cuando se sancionó la ley se eximió de ese impuesto a partir de enero de 2024, por el cual quedó el último trimestre de 2023 en que supuestamente está la obligación de pagar Ganancias aunque no se hizo la retención. Hay que corregir eso”.
Sin dar datos precisos, Francos dijo que el piso de Ganancias “empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba”. Y agregó: “Siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un impuesto que establece una progresión”.
Es decir, el ministro del Interior advirtió de un gris legal tras los decretos firmados por Massa en 2023, cuya ratificación estaría incluida en el articulado del paquete fiscal enviado por el Gobierno en la “Ley de bases”. En septiembre, Massa modificó por decreto el esquema de Ganancias vigente y eximió de ese impuesto a cerca de 800.000 trabajadores, al elevar el mínimo a unos $1,77 millones mensuales. Era entonces el equivalente a 15 salarios mínimos (SMVM). Milei votó en línea con el kirchnerismo. Esa normativa comenzó a aplicarse para el período fiscal de 2024 y dejó paso a la duda respecto de los últimos meses del año pasado, una ventana que habilitaría al Gobierno a cobrar en forma retroactiva al realizar la AFIP la liquidación anual correspondiente. En la “Ley de Bases” el oficialismo restablece un modelo de escalas progresivas y alícuotas incrementales (van del 5% al 35%), con piso de ingreso neto mensual de $1.053.291 para los contribuyentes solteros. Actualmente, esa cifra es de $3.042.000 (el salario mínimo desde marzo de 2024 se ubica en $202.800), lo cual implicaría que casi 1,5 millones de asalariados volverían a estar alcanzados por el impuesto.
Reforma laboral
Francos, además, indicó que el tratamiento de Ganancias no será incluido en la ley ómnibus, sino en una nueva ley “especial” que se enviará para ser debatida en el Congreso con distintos temas vinculados a la cuestión fiscal, como moratoria y blanqueo.
El ministro del Interior también se refirió al debate sobre la “Ley de bases”, que el Gobierno apuesta a sancionar antes del 25 de mayo. No descartó que se incluyan algunos puntos del decreto de necesidad y urgencia vinculado a las reformas de la legislación laboral. “No fue una propuesta nuestra, pero lo estamos analizando”, adelantó, y sostuvo: “Surgió en conversaciones con algunos legisladores a los que les pareció importante. Uno de los temas más complejos es la regulación laboral, que es obsoleta en la Argentina y que no genera el ánimo de los inversores para traer capitales”. El paquete de medidas –que proponía, entre otras cosas, modificar los cálculos indemnizatorios, aplicar una “modernización laboral” e implementar un seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones– fue originalmente eliminado del debate de la ley ómnibus por la administración mileísta, luego de ser objetada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y declarada inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Francos será uno de los anfitriones del encuentro que el gobierno nacional mantendrá pasado mañana con los representantes de las 24 provincias
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.