EL ESCENARIO Y RECLAMO DE ATE

Se abre una polémica por la “retroactividad” del tributo
Esteban Lafuente
El debate en torno del impuesto a los ingresos personales –tal el cambio de nombre que el Gobierno propuso para el impuesto a las ganancias en el renovado paquete fiscal de la ley ómnibus– sigue generando disputas con la oposición y los gobernadores, tanto por la implementación en 2024 como por los grises regulatorios pendientes de 2023, sobre los que alertó ayer nuevamente el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La polémica es por la “retroactividad” que podría afectar a los contribuyentes que fueron eximidos sobre el final de 2023, en plena campaña presidencial del entonces ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. En septiembre, el exintendente de Tigre modificó por decreto el esquema de Ganancias vigente y eximió de ese impuesto a cerca de 800.000 trabajadores, al elevar el mínimo a unos $1,77 millones mensuales. Era entonces el equivalente a 15 salarios mínimos (SMVM), piso que luego el Congreso, con el voto positivo del ahora presidente Javier Milei, aprobó en la ley del nuevo impuesto cedular.
Pero esa ley comenzó a aplicarse para el período fiscal de 2024 y dejó paso a la duda respecto de los últimos meses del año pasado, una ventana que habilitaría al Gobierno a cobrar en forma retroactiva al realizar la AFIP la liquidación anual correspondiente. Lo que hizo por decreto el gobierno nacional –el anterior– fue dictar una norma por la que no se hacían las retenciones de la cuarta categoría. Cuando se sanciona la ley se exime de ese impuesto a partir de enero de 2024: quedó el último trimestre de 2023, donde está la obligación de pagar Ganancias, aunque no se hizo la retención. “Hay que corregirlo porque hay que dejar afuera ese cuarto trimestre”, dijo Francos, el funcionario encargado de conducir la negociación con los gobernadores alrededor de la nueva “Ley de bases”, que, entre otros puntos, propone reinstaurar el impuesto con un piso de ingresos mensuales netos de $1.053.291 para los solteros.
En medio de una ardua negociación con la oposición por la aprobación de la “Ley de bases”, el planteo del funcionario constituye un nuevo intento por sumar adhesiones a un proyecto que incluye en su articulado una ratificación de los decretos de 2023 y las exenciones dispuestas por Massa. En otras palabras, Francos plantea que, de no aprobarse la ley, se habilitaría al Gobierno a hacer el cobro de forma retroactiva.
El otro punto en disputa tiene que ver con el cobro eventual del impuesto hacia adelante. Es que, más allá de su pago mensual, Ganancias (ahora renombrado Ingresos Personales) es de liquidación anual. Por lo tanto, y dependiendo de la fecha en que se sancione la ley, podría generar una carga proporcional mayor sobre los contribuyentes en los meses restantes de 2024 para compensar esa diferencia. “Es un impuesto anual, con lo cual cuando salga la ley, si no se elimina este primer trimestre, tiene que pagarse”, aclaró también Francos, al explicar los detalles de la propuesta oficial que, de todas maneras, incluye una salvedad que resuelve este entuerto. En el artículo 100 del paquete fiscal, el proyecto del Gobierno afirma que “podrá computarse una deducción especial” por el período de enero de 2024 hasta el mes de entrada en vigor de la ley que compense la mayor carga impositiva. En otras palabras, se compensará en los meses anteriores al nuevo impuesto (y sí se cobrará en los meses siguientes con el esquema nuevo). La discusión está aún abierta.

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Los estatales de ATE desafían con ocupar ministerios por los despidos
Habrá mañana un reclamo del gremio en rechazo a las 12.000 cesantías en la administración pública
La decisión de Javier Milei de achicar el Estado abrió un conflicto con los gremios del sector, sobre todo con ATE, que amenaza esta semana con subir la tensión al habilitar “la ocupación pacífica” de los organismos en señal de rechazo a los 12.000 despidos que se contabilizaron por ahora en la administración pública.
ATE, que cuenta con unos 350.000 afiliados en todo el país, activará mañana una protesta en los lugares de trabajo. Ese mismo día, Rodolfo Aguiar, su referente a nivel nacional, convocó a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. No se descarta que se llame a una movilización callejera para el viernes en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
La protesta de mañana consistirá en el ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo. “La intención es coordinar un horario de ingreso y que entren a la vez los de planta permanente, los contratados temporalmente y los despedidos. Será una importante demostración de fuerza”, dijo ayer Aguiar 
El sindicalista, que fue secretario general de la seccional de Neuquén, no desestimó que los reclamos en los organismos puedan extenderse por tiempo indeterminado. “No acepto la palabra toma, pero si no hay una respuesta por parte del Gobierno para reincorporar al personal despedido la protesta puede derivar en ocupaciones pacíficas de los organismos”, desafió. En los ministerios en los que hubo más recortes podrían darse los reclamos más calientes, estimaron fuentes sindicales. Uno de esos lugares sería la Secretaría de Trabajo, donde hubo 523 cesantías en un mes.
Según los datos del Indec, hasta el pasado mes, en la Administración Pública Nacional se consolidaban un total de 9646 bajas, aunque en ATE consideran que los recortes continuarán y podrían llegar a los 70.000, según advirtió Aguiar.
Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra la CGT, monitorea por ahora las bajas y descartó avanzar en un paro sectorial. Es más, aceptó los dos últimos aumentos salariales a pesar de que el porcentaje de suba [8%] fue menos a la inflación relevada por el Indec. De todos modos, ambos sindicatos coincidieron en la letra chica de la última acta paritaria, en la que exigieron la reincorporación de los despedidos. El jefe de UPCN es Andrés Rodríguez, el número tres de la CGT y miembro del sector que se autodenomina “independiente”.
En paralelo a los conflictos que encabezan ATE y UPCN, hay otros gremios vinculados al Estado que también están con la guardia en alto. Uno de ellos es el de la Anses, cuyo referente, Leonardo Fabre, convocó a un paro sectorial para el 10 del mes en curso. Algo similar podría suceder con el sindicato del personal de Vialidad Nacional, donde hubo 67 despidos la semana pasada.
Denuncia en la Justicia
En paralelo a la protesta en las calles y en los organismos públicos, Aguiar define con el equipo de abogados de ATE avanzar en una denuncia penal contra el Presidente por considerar “arbitrarios” los despidos. “La decisión de echar a 70.000 personas sin motivo puede llevárselo puesto a Milei. Está vulnerando derechos que están tipificados en el derecho penal, como la protección ante el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Él y sus funcionarios podrían terminar presos”, insinuó Aguiar.
La semana pasada se dio un revoleo de cifras por los despidos en el Estado. El martes pasado, durante su exposición en el Foro Económico de las Américas, Milei insinuó que el Estado Nacional tendría un total de 120 mil trabajadores menos. Afirmó que los despidos realizados por el Gobierno ya alcanzaban los 50 mil y que se darían de baja unos 70 mil contratos más, que vencieron ayer. Por ahora, las bajas son 12.000, aunque la gestión de Milei, en su rol de empleador, como los sindicatos del sector, estiman que serán muchas más. El conflicto está lejos de resolverse

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