El Gobierno inicia una semana clave sin garantías para la ley ómnibus y el DNU
Ganancias y la movilidad jubilatoria no reúnen los votos necesarios en Diputados
Delfina Celichini
El presidente Javier Milei inicia una semana clave para su programa económico y político con los preparativos en el Congreso para que la renovada “Ley de bases” se discuta a mediados de mes y con la reunión que este jueves mantendrá con diez gobernadores de la oposición “dialoguista” sobre el futuro del paquete fiscal. Pero el Gobierno aún no tiene garantizados los votos para aprobar la ley ómnibus “bis”, y la reciente eliminación por decreto de las transferencias a 13 cajas jubilatorias (que se suma a los recortes en educación y transporte) puso en jaque todas las tratativas en el Congreso.
La reinstauración de Ganancias para empleados en relación de dependencia aún no tiene asegurados los apoyos necesarios, igual que la reforma pre vis ion al, mientras que la delegación de facultad es que reclama el Presidente está a tiro de ser rechazada.Mejor margen tiene la posibilidad de convertir en ley la reforma laboral que frenó la Justicia.
El comienzo de la discusión del proyecto de la “Ley de bases bis” está a la vuelta de la esquina y el Gobierno aún no tiene garantizados los votos para su aprobación. La tirantez entre el Poder Ejecutivo y las provincias por el recorte de las transferencias directas y fondos automáticos para educación, transporte y jubilaciones pone en jaque la suerte parlamentaria del paquete fiscal, clave para el proyecto económico de Javier Milei así como para exponer solidez política ante los mercados y el Fondo Monetario Internacional.
La fecha que la Casa Rosada definió para iniciar el tratamiento de la ley ómnibus retocada fue mediados de abril. Con reuniones con gobernadores y legisladores, el oficialismo preparó la cancha durante estas últimas semanas para iniciar su tratamiento “con los acuerdos cerrados” y evitar un nuevo fracaso. No obstante, las marchas y contramarchas de la administración libertaria erosionan las tratativas y complican los consensos.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de recomponer los puentes tras el fallido paso de la primera ley ómnibus por Diputados. Hilvanó, acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reuniones con los tres bloques dialoguistas en el Congreso: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal.
En tanto, los diez gobernadores que mueven los hilos en esta trinidad parlamentaria serán recibidos por los emisarios de la Casa Rosada este jueves. Será en el marco de un clima enrarecido, producto de la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes), referentes de esta liga de mandatarios, ya habían reclamado por el retraso en los pagos y advirtieron sobre la posibilidad de acudir a la Justicia.
Si bien Francos trató de bajarle el tono a la discusión y precisó que “las partidas están”, pero que “se reasignaron”, la puja entre la Nación y las provincias condiciona la discusión del paquete fiscal de la nueva “Ley de bases”. La reimposición de la cuarta categoría de Ganancias y la reforma previsional son dos temas espinosos que todavía no tienen las voluntades aseguradas. Se da a la par de la pretensión de algunos gobernadores de coparticipar una porción del impuesto al cheque, algo que la Casa Rosada se niega a conceder.
La reforma laboral, incluida en el DNU 70/2023 y suspendida por la Cámara del Trabajo, podría ser incorporada por el Poder Ejecutivo en la nueva iniciativa. Fue una petición de los bloques “amigos” del Gobierno, que ven en la presentación de “leyes espejo” la posibilidad de salvar del megadecreto las medidas que ellos consideran más virtuosas.
Jubilaciones y megadecreto
A pesar de que el Poder Ejecutivo apuró el dictado del DNU 274/2024 ante la presión opositora por las jubilaciones, eso no desactivó la discusión para imponer una recomposición mayor en el Congreso. El Gobierno buscó empalmar la fórmula vigente –que combina variación salarial y la recaudación de la Anses– con la nueva modalidad de actualización por el índice de precios al consumidor (IPC), que se aplicaría recién en julio.
Este mecanismo de transición que diseñó el Gobierno para los meses de abril, mayo y junio, que preserva las cuentas fiscales del ministro Luis Caputo, resulta insuficiente para la oposición, que pretende que el Gobierno contemple el poder adquisitivo perdido durante enero, cuando se registró un 20,6% de inflación.
Por eso, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), anticipó que motorizará la discusión de los 16 proyectos en juego. Se espera que esta semana se cite a funcionarios para abrir el debate. Su cronograma de trabajo apunta a emitir dictamen para finales del mes. No obstante, este despacho podría encontrar un freno en la Comisión de Presupuesto, liderada por José Luis Espert, quien se negó a trabajar en un plenario para acelerar el trámite parlamentario. Su aprobación en el recinto sin el aval de esta comisión necesitará de una mayoría especial.
Se le suma el rechazo de Unión por la Patria a la decisión del Gobierno de pagar en dos tramos las jubilaciones y pensiones del mes de abril. Su jefe de bloque en Diputados, Germán Martínez, adelantó que buscará obtener un dictamen de comisión donde se prohíba este desdoblamiento.
La resistencia al megadecreto de desregulación de Milei, impulsada por el kirchnerismo, el peronismo disidente y algunos de los gobernadores patagónicos desde el Senado, encontró un freno en Diputados. Sin los votos para su rechazo definitivo, tanto la izquierda como Unión por la Patria no evalúan por ahora pedir una sesión especial para llevar su discusión al recinto, aunque sí buscarán descontar la veintena de voluntades que le faltan para voltear la medida.
La UCR, Hacemos e Innovación Federal cuestionan la constitucionalidad de la herramienta del Gobierno. No obstante, evitarán por ahora sumarse a la ofensiva de rechazo del kirchnerismo y oponerse a un presidente que todavía cuenta con altos índices de aprobación. Utilizarán su posición intermedia como una prenda de negociación tanto con la Casa Rosada como con la oposición intransigente.
Emergencias y Ganancias
En el borrador de la nueva “Ley de bases”, el Ejecutivo contempla una reducción de las emergencias por las que busca tener poderes especiales: de las once facultades delegadas reclamadas originalmente, pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso. Pero un núcleo duro de alrededor de 119 diputados renuentes a otorgarle estas prerrogativas a la Casa Rosada está a solo a diez voluntades de frenar las aspiraciones del Presidente en el recinto.
A Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, los socialistas y los cinco díscolos de la UCR podrían acompañarlos un puñado de radicales cercanos al presidente del partido, Martín Lousteau, que está en una guerra declarada contra Milei y su tropa. La misma actitud podrían adoptar los dos diputados cercanos al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantiene una silenciosa batalla con la Casa Rosada por los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.
El proyecto de ley ómnibus bis podría incluir el capítulo de la reforma laboral que contemplaba el DNU y que fue frenado por la Justicia. De hecho, el jefe de bloque de Pro, Cristian Ritondo, satélite de la bancada oficialista, presentó junto a sus pares una iniciativa en este sentido. El impulso de “leyes espejo” es respaldado por la UCR y Hacemos, que buscan con este mecanismo blindar las medidas del DNU que pretenden salvar.
En el proyecto se busca, entre otras cosas, ampliar el período de prueba, incentivar y simplificar la registración laboral con beneficios en las cargas sociales y declarar servicios esenciales a áreas claves para sortear el peso de los reclamos sindicales y garantizar su prestación.
Este punto quiebra la lógica de partidos y divide las posturas por zonas geográficas. Mientras que los gobernadores del norte estarían dispuestos a compensar sus rojos fiscales con este tributo coparticipable, los patagónicos se niegan de plano porque afectaría a casi toda su población activa. Los del centro, en tanto, liderados por el cordobés Martín Llaryora, buscan subir el mínimo no imponible y hablan de convertirlo en un impuesto a las grandes fortunas.
Los más refractarios a reimponer el tributo son los patagónicos de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, los mismos que en el Senado bajaron línea a sus legisladores para que rechazaran el megadecreto de Milei. Como compensación, quieren coparticipar una porción del impuesto al cheque o una parte del impuesto PAIS. Ninguna de estas dos opciones es bienvenida por el Poder Ejecutivo, que mira con lupa las cuentas fiscales para avanzar en su proyecto económico.
La negociaciones sobre este punto están estancadas. Por eso, Francos viajó a Salta la semana pasada y se mostró solícito al pedido de los mandatarios para que la Nación reactive las obras públicas, frenadas desde el desembarco libertario en la Casa Rosada.
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Los recortes profundizaron la tensión con las provincias
Siguen las diferencias por Ganancias y los gobernadores evalúan demandas ante la Corte por los fondos para las cajas jubilatorias
Gabriela Origlia
El ministro del Interior, Guillermo Francos
CÓRDOBA.– Pese a que ya transcurrió casi un mes desde la primera reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los gobernadores, y el impacto de la recesión se profundiza, la Nación y las provincias no lograron avances en sus negociaciones antes del segundo encuentro, previsto para el próximo jueves. No solo eso: si bien el clima de diálogo subsiste, “hay menos dinámica” –reconocen desde las provincias– y lo peor es que las tensiones se profundizaron desde que el Presidente recortó por decreto las partidas para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
El problema no es llegar al 25 de mayo sin más que el “enunciado general” –así lo definen desde una provincia– del Pacto de Mayo, lanzado por Javier Milei: en el encuentro de la semana pasada con los mandatarios del Norte Grande, el ministro Guillermo Francos escuchó advertencias respecto de que habría distritos que entrarán en crisis si no se resuelven los giros de recursos.
“No propusieron nada nuevo. Están desorganizados, se tienen que acomodar ellos”, dice a un la nacion mandatario dialoguista. Por la recesión, hay caída de la recaudación propia de las provincias, baja de la coparticipación (en marzo la reducción real fue de 27% interanual) y de los giros discrecionales, que prácticamente desaparecieron. Los mandatarios están convencidos de que Milei apuesta a que, “asfixiados”, apoyen sus iniciativas.
Aunque estaban previstos como parte de la agenda, apenas hubo contactos entre la cartera de Economía, que comanda Luis Caputo, y sus pares provinciales. De esas reuniones debía salir el acuerdo fiscal base. Fuentes de cuatro ministerios provinciales indicaron a la nacion que hubo “algunos llamados”, pero coincidieron en que “nada crucial”.
Sobre el DNU que elimina partidas para las cajas de jubilaciones no transferidas, el chubutense Ignacio Torres hizo un reclamo públicamente y Francos dijo que fueron “reasignadas”, pero que “están”pidió detalles y desde Economía nacion indicaron: “No está definido, porque hay auditorías pendientes”. Ante la consulta de cómo o hacia dónde se reasignaron esos fondos, tampoco hubo precisiones. “Están en otras partidas”, indicaron.
El eje para el Gobierno es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias que impulsa Caputo. En las cinco semanas transcurridas desde el último encuentro en la Rosada, el mapa de apoyos no varió: los del norte, en general, están dispuestos a acompañar, mientras que hay cuestionamientos de los patagónicos y de los del centro del país, que reclaman un piso más alto para que los trabajadores empiecen a pagar.
La clave sigue siendo quién paga el costo político del retorno de la carga.
Al nudo gordiano hay que cortarlo porque Ganancias es clave para las dos partes: para las provincias, porque se coparticipa, y para la Nación, porque si avanza con la eliminación del cepo y la consecuente caída del impuesto PAIS, debe garantizarse esos ingresos. La Rosada ya rechazó las otras alternativas que proponen los gobernadores, como coparticipar el impuesto al cheque.
Dos de los reclamos que viene escuchando Francos desde hace meses, como son los giros a las cajas de jubilaciones no transferidas y el incentivo docente (Fonid), fueron eliminados por decretos de Javier Milei. En el primer caso, 13 provincias se preparan para ir a la Justicia, mientras que por el Fonid ya hay demandas iniciadas. Junto con los subsidios al transporte, también retenidos por la Casa Rosada, volverán a estar en la mesa el 4 de abril. La obra pública también fue eliminada y no hay “ni una definición hacia adelante”, alertan desde una provincia. Todo suma a la desconfianza de las provincias.
“Estamos viendo el impacto negativo en nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios, como la salud o la educación”, le advirtió a Francos el tucumano Osvaldo Jaldo, el peronista más cercano a la Rosada.
El santiagueño Gerardo Zamora insistió en que todos los niveles de gobierno están “sufriendo” las consecuencias de la caída de ingresos: “Estamos permanentemente en contacto con la realidad quizá más urgente. Hay una preocupación de mucha gente que tiene miedo de que los gobernadores o los intendentes no podamos pagar sueldos”.
“Motosierra” provincial
Las transferencias nacionales automáticas acumulan una caída real interanual del 19% en lo que va del año, coinciden el Ieral, de la Fundación Mediterránea, y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf ). A eso se suma la caída de los giros discrecionales, que es mucho más profunda, de alrededor del 82% real respecto del mismo período de 2023, mientras que las recaudaciones propias pierden en promedio el 10%.
Catorce jurisdicciones pasarían a tener déficit corriente. Si quisieran evitarlo, deberían reducir el gasto corriente primario desde 3% San Juan hasta 18% Río Negro. Buenos Aires y La Rioja deberían recortar un 17%; Jujuy, 4%; Corrientes, 6%; Misiones, 6%; Santa Cruz, 8%; Santa Fe, 11%; Chaco, 11%; Tierra del Fuego, 11%; Tucumán, 13%; Entre Ríos, 14%, y Salta, 14%.
Aun reduciendo a cero el gasto de capital este año respecto de 2023, 14 distritos deberían ajustar también el gasto corriente: Jujuy, 1%; San Juan, 2%; Corrientes y Misiones, 5%; Santa Cruz y Santa Fe, 8%; Chaco y Tierra del Fuego, 10%; Tucumán, 13%; Entre Ríos y Salta, 14%; La Rioja, 15%, y Buenos Aires y Río Negro, 17%. En la hipótesis de que el gasto en capital cayera a la mitad, 20 provincias deberían aplicar “motosierra” a los gastos corrientes primarios, desde 2% Neuquén hasta 23% Chaco y San Luis, define Capello.
Nadin Argañaraz, del Iaraf, precisa que la caída real de los salarios es la “principal variable de ajuste” de la que van a echar mano los gobernadores. Estima que los giros automáticos empezarán a recomponerse, “al menos algo, en la medida en que la economía haga piso de actividad”.
En este contexto, analiza lo que pasó con los depósitos en pesos y en dólares de las provincias: entre enero de 2023 y el mismo mes de este año, el stock de los primeros cayó 21% en términos reales, mientras que la del sector público no financiero total fue de 11%. Excepto Neuquén y CABA, todas las provincias perdieron ahorros el año pasado. También se dio una baja del 6% de las colocaciones en dólares.
Para Argañaraz, es “imprescindible” que la Nación y las provincias diseñen una “hoja de ruta fiscal conjunta, evitando incertidumbre y aportando previsibilidad a los privados. Es preciso que en el segundo semestre la actividad económica empiece a recuperarse, para que lo hagan también los ingresos fiscales”.
CÓRDOBA.– Pese a que ya transcurrió casi un mes desde la primera reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los gobernadores, y el impacto de la recesión se profundiza, la Nación y las provincias no lograron avances en sus negociaciones antes del segundo encuentro, previsto para el próximo jueves. No solo eso: si bien el clima de diálogo subsiste, “hay menos dinámica” –reconocen desde las provincias– y lo peor es que las tensiones se profundizaron desde que el Presidente recortó por decreto las partidas para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
El problema no es llegar al 25 de mayo sin más que el “enunciado general” –así lo definen desde una provincia– del Pacto de Mayo, lanzado por Javier Milei: en el encuentro de la semana pasada con los mandatarios del Norte Grande, el ministro Guillermo Francos escuchó advertencias respecto de que habría distritos que entrarán en crisis si no se resuelven los giros de recursos.
“No propusieron nada nuevo. Están desorganizados, se tienen que acomodar ellos”, dice a un la nacion mandatario dialoguista. Por la recesión, hay caída de la recaudación propia de las provincias, baja de la coparticipación (en marzo la reducción real fue de 27% interanual) y de los giros discrecionales, que prácticamente desaparecieron. Los mandatarios están convencidos de que Milei apuesta a que, “asfixiados”, apoyen sus iniciativas.
Aunque estaban previstos como parte de la agenda, apenas hubo contactos entre la cartera de Economía, que comanda Luis Caputo, y sus pares provinciales. De esas reuniones debía salir el acuerdo fiscal base. Fuentes de cuatro ministerios provinciales indicaron a la nacion que hubo “algunos llamados”, pero coincidieron en que “nada crucial”.
Sobre el DNU que elimina partidas para las cajas de jubilaciones no transferidas, el chubutense Ignacio Torres hizo un reclamo públicamente y Francos dijo que fueron “reasignadas”, pero que “están”pidió detalles y desde Economía nacion indicaron: “No está definido, porque hay auditorías pendientes”. Ante la consulta de cómo o hacia dónde se reasignaron esos fondos, tampoco hubo precisiones. “Están en otras partidas”, indicaron.
El eje para el Gobierno es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias que impulsa Caputo. En las cinco semanas transcurridas desde el último encuentro en la Rosada, el mapa de apoyos no varió: los del norte, en general, están dispuestos a acompañar, mientras que hay cuestionamientos de los patagónicos y de los del centro del país, que reclaman un piso más alto para que los trabajadores empiecen a pagar.
La clave sigue siendo quién paga el costo político del retorno de la carga.
Al nudo gordiano hay que cortarlo porque Ganancias es clave para las dos partes: para las provincias, porque se coparticipa, y para la Nación, porque si avanza con la eliminación del cepo y la consecuente caída del impuesto PAIS, debe garantizarse esos ingresos. La Rosada ya rechazó las otras alternativas que proponen los gobernadores, como coparticipar el impuesto al cheque.
Dos de los reclamos que viene escuchando Francos desde hace meses, como son los giros a las cajas de jubilaciones no transferidas y el incentivo docente (Fonid), fueron eliminados por decretos de Javier Milei. En el primer caso, 13 provincias se preparan para ir a la Justicia, mientras que por el Fonid ya hay demandas iniciadas. Junto con los subsidios al transporte, también retenidos por la Casa Rosada, volverán a estar en la mesa el 4 de abril. La obra pública también fue eliminada y no hay “ni una definición hacia adelante”, alertan desde una provincia. Todo suma a la desconfianza de las provincias.
“Estamos viendo el impacto negativo en nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios, como la salud o la educación”, le advirtió a Francos el tucumano Osvaldo Jaldo, el peronista más cercano a la Rosada.
El santiagueño Gerardo Zamora insistió en que todos los niveles de gobierno están “sufriendo” las consecuencias de la caída de ingresos: “Estamos permanentemente en contacto con la realidad quizá más urgente. Hay una preocupación de mucha gente que tiene miedo de que los gobernadores o los intendentes no podamos pagar sueldos”.
“Motosierra” provincial
Las transferencias nacionales automáticas acumulan una caída real interanual del 19% en lo que va del año, coinciden el Ieral, de la Fundación Mediterránea, y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf ). A eso se suma la caída de los giros discrecionales, que es mucho más profunda, de alrededor del 82% real respecto del mismo período de 2023, mientras que las recaudaciones propias pierden en promedio el 10%.
Catorce jurisdicciones pasarían a tener déficit corriente. Si quisieran evitarlo, deberían reducir el gasto corriente primario desde 3% San Juan hasta 18% Río Negro. Buenos Aires y La Rioja deberían recortar un 17%; Jujuy, 4%; Corrientes, 6%; Misiones, 6%; Santa Cruz, 8%; Santa Fe, 11%; Chaco, 11%; Tierra del Fuego, 11%; Tucumán, 13%; Entre Ríos, 14%, y Salta, 14%.
Aun reduciendo a cero el gasto de capital este año respecto de 2023, 14 distritos deberían ajustar también el gasto corriente: Jujuy, 1%; San Juan, 2%; Corrientes y Misiones, 5%; Santa Cruz y Santa Fe, 8%; Chaco y Tierra del Fuego, 10%; Tucumán, 13%; Entre Ríos y Salta, 14%; La Rioja, 15%, y Buenos Aires y Río Negro, 17%. En la hipótesis de que el gasto en capital cayera a la mitad, 20 provincias deberían aplicar “motosierra” a los gastos corrientes primarios, desde 2% Neuquén hasta 23% Chaco y San Luis, define Capello.
Nadin Argañaraz, del Iaraf, precisa que la caída real de los salarios es la “principal variable de ajuste” de la que van a echar mano los gobernadores. Estima que los giros automáticos empezarán a recomponerse, “al menos algo, en la medida en que la economía haga piso de actividad”.
En este contexto, analiza lo que pasó con los depósitos en pesos y en dólares de las provincias: entre enero de 2023 y el mismo mes de este año, el stock de los primeros cayó 21% en términos reales, mientras que la del sector público no financiero total fue de 11%. Excepto Neuquén y CABA, todas las provincias perdieron ahorros el año pasado. También se dio una baja del 6% de las colocaciones en dólares.
Para Argañaraz, es “imprescindible” que la Nación y las provincias diseñen una “hoja de ruta fiscal conjunta, evitando incertidumbre y aportando previsibilidad a los privados. Es preciso que en el segundo semestre la actividad económica empiece a recuperarse, para que lo hagan también los ingresos fiscales”.
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